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El mercado de la Identidad Digital Europea: previsiones de 2021 y conjeturas de 2026


En abril de 2021, dos meses antes de que la Comisión presentara su propuesta de revisión de eIDAS, se cerró el Study to support the impact assessment for the revision of the eIDAS regulation, el estudio de apoyo a la evaluación de impacto elaborado por PwC y DLA Piper para la DG CNECT. Son 248 páginas que sirvieron de base técnica y económica a la propuesta que acabó convertida en el Reglamento (UE) 2024/1183, el que conocemos como eIDAS2.

Releerlo cinco años después resulta muy instructivo: permite ver qué problemas se identificaron, qué alternativas se barajaron, cuáles se eligieron y cuánto se ha transformado el mercado de la identidad digital desde entonces. En esta entrada resumo el estudio y hago ese repaso.

El punto de partida: el diagnóstico de 2021

El estudio partía de una constatación: el Reglamento eIDAS de 2014 había dado seguridad jurídica a los servicios de confianza y se había convertido en una referencia mundial, pero la parte de identificación electrónica no estaba funcionando como se esperaba. Los problemas que identificaba eran estos:

  • Cobertura insuficiente. Seis años después de eIDAS, los esquemas notificados cubrían solo a un 59 % de la población de la UE, y el 41 % de los ciudadanos no podía usar ninguna identificación electrónica fiable en otro país.
  • Uso transfronterizo testimonial. Las autenticaciones transfronterizas con identidades notificadas no llegaban a 10.000 al año, frente a millones de usos nacionales.
  • Limitación al sector público. eIDAS solo obligaba a reconocer identidades para servicios públicos, que son de uso poco frecuente: los entrevistados calculaban que un ciudadano necesita identificarse 1,5 veces al año ante la Administración y diez veces más ante servicios privados. En Suecia, solo el 7 % de las 4.100 millones de autenticaciones con BankID de 2019 correspondían a servicios públicos.
  • Ausencia de un marco para los atributos. Las credenciales que acreditan títulos, certificados médicos o cualificaciones profesionales quedaban fuera de eIDAS, lo que obligaba a cada país y sector a crear sus propios marcos.
  • Privacidad mejorable. eIDAS transmitía siempre el conjunto mínimo de datos completo, no permitía la divulgación selectiva y no admitía las pruebas de conocimiento cero.
  • Problemas en los servicios de confianza. Había divergencias nacionales en la supervisión y la evaluación de la conformidad, no estaba regulada la verificación remota de la identidad, el archivo electrónico carecía de reglas comunes y los navegadores se negaban a reconocer los certificados cualificados de autenticación de sitios web (QWAC).

Sobre todo, el estudio describía un mercado en el que los gobiernos habían dejado de ser los proveedores dominantes de identidad. Seis grandes plataformas (Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Twitter y Amazon) acaparaban el 87 % de los inicios de sesión sociales en Europa y se usaban en más de 50.000 servicios. A ellas se sumaban los bancos (con BankID como referencia nórdica), los operadores móviles con Mobile Connect, las empresas de identidad digital (Yoti, Onfido…), las redes de identidad derivada (Verimi, Yes, Mastercard) y los proveedores de identidad como servicio. El temor explícito era que, sin regulación, unas pocas plataformas aumentasen su dominio, con dependencia para los proveedores de servicios, cautividad de los usuarios y pérdida de autonomía digital europea.

Las cuatro opciones que se estudiaron

  • Opción 0, sin cambios: mantener eIDAS y completarlo solo con actos de ejecución y con los efectos de otras normas, como la Ley de Mercados Digitales.
  • Opción 1, reforzar el marco existente: obligar a los Estados a ofrecer identidades notificadas a todos los ciudadanos, ampliar el conjunto de datos, facilitar su uso por el sector privado, simplificar las revisiones inter pares y crear el archivo electrónico como servicio de confianza.
  • Opción 2, crear un mercado de atributos: un nuevo servicio de confianza cualificado para intercambiar atributos vinculados a la identidad legal (edad, títulos, permisos de conducir, certificados médicos), con acceso de los prestadores a las fuentes auténticas.
  • Opción 3, una cartera de identidad personal: un marco jurídico y técnico para una aplicación móvil controlada por el usuario, con dos variantes de despliegue: por prestadores cualificados privados o por los gobiernos (directamente, por mandato o mediante reconocimiento).

La conclusión fue que la mejor solución era combinar las opciones 1, 2 y 3. Y eso es, en esencia, lo que hizo el legislador: el Reglamento 2024/1183 refuerza el marco de identificación, crea las declaraciones electrónicas de atributos (cualificadas y del sector público) y establece la Cartera de Identidad Digital Europea, cuya provisión sigue siendo responsabilidad de los Estados miembros, de forma directa, por mandato o mediante reconocimiento.

Algunas cifras del estudio

El estudio cuantificaba los costes y beneficios de cada opción. Algunas estimaciones son especialmente interesantes vistas hoy:

  • El desarrollo y despliegue inicial de una cartera se estimaba en unos 10 millones de euros para 2021-2023.
  • Obtener la cualificación como prestador de un nuevo servicio de confianza costaría de media 545.000 euros iniciales y 255.000 euros anuales.
  • Conectar un proveedor de servicios a un nodo eIDAS costaba unos 42.000 euros.
  • El intercambio de atributos podría ahorrar al sector financiero entre 410 y 1.360 millones de euros al año en incorporación de clientes y cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida, y reducir el fraude en entre 850 y 1.400 millones, con hipótesis de adopción del 20 % al 33 %.
  • Se citaban previsiones de crecimiento del mercado mundial de identidad de entre el 13 % y el 20 % anual.

Qué ha pasado desde entonces

Del estudio a la norma, y de la norma a la técnica

La propuesta se presentó en junio de 2021 y, tras casi tres años de negociación, el Reglamento 2024/1183 entró en vigor en mayo de 2024. Desde entonces se ha publicado una avalancha de actos de ejecución (más de treinta, que he ido recogiendo en el blog) y se ha desarrollado el marco técnico de la cartera: el ARF, que ya va por la versión 3.0, los protocolos OpenID4VCI y OpenID4VP, las normas ISO/IEC 18013-5 y 18013-7 y la serie ETSI TS 119 472. Los Estados miembros deben tener su cartera disponible a finales de 2026, y las partes usuarias privadas obligadas deben aceptarla a finales de 2027.

Muchos de los problemas de los servicios de confianza que señalaba el estudio tienen hoy respuesta normativa: la verificación remota de la identidad (CIR 2025/1566 y ETSI TS 119 461), el archivo electrónico cualificado (CIR 2025/2532), la acreditación armonizada de los organismos de evaluación de la conformidad (CIR 2025/2162) y los QWAC, cuya coexistencia con los certificados web de los navegadores regula el CIR 2025/2527. A ellos se suman servicios que el estudio no contemplaba, como los libros registro electrónicos cualificados.

De los pilotos al despliegue

Entre 2023 y 2025, los primeros pilotos a gran escala (POTENTIAL, EWC, NOBID y DC4EU) probaron la cartera en casos reales, y hoy les han tomado el relevo APTITUDE y WE BUILD. En diciembre de 2025, el primer Launchpad reunió en Bruselas a los equipos nacionales para probar la interoperabilidad, y la segunda edición, a finales de este mes, ya está pensada para el lanzamiento. La estimación de 10 millones por cartera contrasta con experiencias como la de Rumanía, que ha construido su cartera nacional en seis meses reutilizando componentes de código abierto alemanes: la implementación de referencia de la Comisión y el código abierto han abaratado la entrada mucho más de lo que se preveía.

Las plataformas, contenidas, pero no ausentes

El estudio temía la consolidación de las grandes plataformas como guardianes de la identidad. La respuesta ha llegado por dos vías: la Ley de Mercados Digitales y la obligación de las plataformas en línea de muy gran tamaño de aceptar la Cartera de Identidad Digital Europea cuando exijan autenticación. Pero las plataformas no se han quedado quietas: sus carteras móviles ya almacenan documentos de identidad en algunos mercados fuera de la UE, y los navegadores han incorporado la Digital Credentials API, por la que pasará buena parte de la presentación remota de credenciales. La competencia ya no está en el inicio de sesión social, sino en quién controla la interfaz en la que el usuario guarda y presenta sus credenciales.

Algunas de las alternativas que citaba el estudio han desaparecido o se han reorientado. Libra, la moneda de Facebook mencionada como ejemplo de identidad ligada a pagos, se abandonó en 2022 tras convertirse en Diem. Los esquemas nacionales consolidados, como itsme en Bélgica, han optado por convivir con la cartera en lugar de competir con ella.

De los atributos al ecosistema

La opción 2 del estudio se ha materializado en las declaraciones electrónicas de atributos, pero el mercado aún está en sus inicios. Según el resumen de una de las sesiones del Launchpad 2026, en septiembre solo tres de los unos 250 prestadores cualificados europeos tenían en producción un servicio de declaraciones electrónicas cualificadas de atributos, y todavía no había ningún organismo de evaluación acreditado para él. El ahorro que el estudio atribuía al intercambio de atributos sigue siendo, por tanto, una promesa.

El cambio de mirada sobre los intermediarios

Quizá la evolución más llamativa sea esta. En 2021, el estudio veía como ventaja de la cartera que «reduciría la necesidad de intermediarios», al permitir que el ciudadano se comunicara directamente con los proveedores de servicios y de credenciales, y dejaba el modelo de negocio sin prescribir. Cinco años después, el informe de la Comisión sobre modelos de negocio sitúa a los intermediarios en el centro del ecosistema: serán ellos quienes incorporen a las partes usuarias y a los emisores, gestionen miles de relaciones contractuales y redistribuyan los ingresos. La experiencia ha demostrado que ningún proveedor de cartera puede gestionar por sí solo miles de partes usuarias.

Lo que sigue pendiente

Algunas de las preocupaciones de 2021 siguen abiertas:

  • Las pruebas de conocimiento cero, cuya ausencia criticaba el estudio, siguen en discusión. La verificación de edad se resuelve por ahora con declaraciones de un solo uso y atributos como «mayor de 18», mientras se debate cómo incorporar soluciones más flexibles.
  • La financiación del ecosistema choca con el principio de no observabilidad, que impide facturar por uso sin mecanismos específicos de privacidad.
  • La responsabilidad de cada actor del ecosistema sigue sin un marco claro.
  • El riesgo de fragmentación, que motivó la revisión, reaparece ahora en otra forma: veintisiete despliegues nacionales con opciones distintas de modelo de negocio, casos de uso y funcionalidades.

¿Cuánto vale el mercado? Lo que dicen las consultoras

El estudio de 2021 se limitaba a citar previsiones de crecimiento del 13 % al 20 % anual para el mercado mundial de identidad. Cinco años después, he buscado estimaciones más recientes del mercado de identidad digital basada en carteras con horizonte 2030-2035. Lo que hay es escaso y poco homogéneo:

No he encontrado ningún estudio solvente que cuantifique en euros el mercado europeo de servicios ligados a la Cartera de Identidad Digital Europea para 2031 o 2036. El propio informe de la Comisión sobre modelos de negocio evita deliberadamente dar cifras.

Una referencia más sólida: la verificación de identidad en el alta de clientes

Un mercado comparable, y mucho mejor medido, es el de la verificación de identidad para el alta remota de clientes, sobre todo en banca. Es el de los sistemas de documento más biometría facial que ofrecen empresas como Onfido (integrada en Entrust desde 2024), Jumio, Veriff, IDnow, Signicat, Sumsub, Mitek, IDEMIA, Thales, GBG, Trulioo, AU10TIX o Shufti Pro, entre otras. Este es precisamente el mercado que la cartera puede transformar, porque permite sustituir la foto del documento y el selfie por la presentación de un PID de nivel alto.

Estas cifras dan una idea del orden de magnitud que está en juego: miles de millones al año que hoy se pagan por comprobar identidades con métodos que la cartera puede abaratar. El informe de la Comisión calcula, con datos de PwC, unos 10,4 euros por cada KYC básico de una persona física. La cuestión no es tanto si ese mercado desaparecerá como quién lo capturará. Lo más probable es que los actuales proveedores de verificación de identidad se reconviertan en intermediarios de la cartera: ya tienen las relaciones con los bancos, la integración técnica y la experiencia en cumplimiento. Varios de ellos, como Signicat o IDnow, participan activamente en los foros del ecosistema de la cartera. Para los prestadores cualificados, la oportunidad está en combinar ese papel con los servicios que solo nosotros podemos prestar: certificados cualificados, firma a distancia y declaraciones electrónicas cualificadas de atributos.

Conclusión

El estudio de 2021 acertó en el diagnóstico y en la solución: la combinación de identidad notificada reforzada, declaraciones de atributos y cartera es la que recoge el Reglamento 2024/1183. Donde más ha cambiado la visión es en la economía del ecosistema: de una cartera que eliminaría intermediarios hemos pasado a un ecosistema que depende de ellos, y de un modelo de negocio sin definir a un debate abierto sobre quién paga y cómo. Para los prestadores de servicios de confianza, las oportunidades que el estudio vislumbraba (expedición de declaraciones de atributos, firma a distancia, intermediación) son hoy más concretas que nunca, aunque el mercado esté todavía despegando.

Si quieres comentar cómo afecta esta evolución a tu organización, puedes escribirme a julian.inza@eadtrust.com o contactar con EADTrust en info@eadtrust.com.

Enlaces

El Estudio de 2021

Laboratorio de Confianza Digital ICADE Garrigues


La Universidad Pontificia Comillas y el despacho de abogados Garrigues, firmaron un convenio para crear el Observatorio ‘Legaltech’, Garrigues-ICADE.

El Observatorio, depende de la Facultad de Derecho (Comillas ICADE), a través del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE).

En la organización del Observatorio destacan Fernando Vives (Presidente), Iñigo Navarro (Codirector), Moisés Menéndez (Codirector), Ofelia Tejerina (Coordinadora) y Hugo Alonso (Gestión de Proyectos).

Formando parte del Observatorio se han definido ya varios laboratorios:

Ahora se crea el Laboratorio de Confianza Digital ICADE Garrigues y he sido nombrado Director del Laboratorio, lo que para mi es un gran honor.

Aunque todavía estoy recopilando información para incorporarla a la página web del Laboratorio que se creará en el sitio de la Universidad de Comillas quisiera comentar que en este momento estamos dando prioridad al análisis del futuro Reglamento EIDAS2 y a la formulación de la Cartera IDUE que se espera que en unos dos años esté disponible para todos los ciudadanos europeos.

Hemos creado un Enlace de invitación al Canal de Whatsapp del Laboratorio de Confianza Digital en el que comentaremos novedades y al que se pueden conectar las personas interesadas.

Posteriormente organizaremos eventos presenciales con diversos ponentes en las instalaciones de la Universidad.

Y dado que soy de Pamplona y hoy es 6 de julio, pongo esta fotico del chupinazo que se ha disparado a las 12 de la mañana desde el balcón del ayuntamiento para celebrar que hoy comienzan las fiestas de San Fermín.

La Comisión Europea impulsa nuevos Reglamentos para los servicios y las plataformas digitales


El pasado 15 de diciembre 2020, la Comisión Europea ha hecho públicos los borradores de futuros Reglamentos Europeos que supondrán una ambiciosa reforma del espacio digital, con nuevas normas para los servicios digitales, incluidas las redes sociales, los mercados en línea y otras plataformas en línea que operan en la Unión Europea: el Reglamento de Servicios Digitales (que además modifica la Directiva 2000/31/EC)  y el Reglamento de Mercados Digitales.

Al adoptar la forma de Reglamento, serán de directa aplicación en todos los paises miembros de la Unión Europea con lo que armonizará su aplicación en todo el mercado único fomentando la innovación, el crecimiento y la competitividad.

Los valores europeos están en el centro de ambas propuestas. Se pretende que las nuevas normas protejan mejor a los consumidores y sus derechos fundamentales en línea, y que favorezcan mercados digitales más justos y abiertos para todos.

Además, las nuevas normas prohibirán que las plataformas en línea puedan imponer condiciones desequilibradas a los usuarios de forma unilateral.

Margrethe Vestager, Vicepresidenta Ejecutiva de la iniciativa «Una Europa adaptada a la era digital» dentro de las prioridades de la Comisión Europea afirmó  «Las dos propuestas tienen un único propósito: asegurarnos de que nosotros, como usuarios, tengamos acceso a una amplia selección de productos y servicios seguros en línea. Y que las empresas que operan en Europa pueden competir libre y justamente en línea al igual que lo hacen fuera de línea. Deberíamos ser capaces de hacer nuestras compras de una manera segura y confiar en las noticias que leemos. Porque lo que es ilegal fuera de línea es igualmente ilegal en línea.»

El Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton,  ha declarado:  «Muchas plataformas en línea han llegado a desempeñar un papel central en la vida de los ciudadanos y empresas europeos, e incluso de la sociedad y de la democracia en general. Con las propuestas anunciadas, estamos organizando nuestro espacio digital para las próximas décadas. Con normas armonizadas, obligaciones ex ante, mejor supervisión, aplicación rápida y sanciones disuasorias, nos aseguraremos de que cualquier iniciativa que ofrezca y utilice servicios digitales en Europa se beneficie de la seguridad, la confianza, la innovación y las oportunidades de negocio. «

Reglamento de Servicios Digitales

El panorama de los servicios digitales es significativamente diferente hoy en día respecto al de hace 20 años, cuando se adoptó la Directiva sobre comercio electrónico. Los intermediarios en línea se han convertido en actores vitales en la transformación digital. Las plataformas en línea, en particular, han creado importantes beneficios para los consumidores y la innovación, han facilitado el comercio transfronterizo dentro y fuera de la Unión, así como han abierto nuevas oportunidades a una variedad de empresas y comerciantes europeos. Al mismo tiempo, pueden utilizarse como vehículo para difundir contenido ilegal o vender bienes o servicios ilegales en línea. Algunos actores muy grandes han surgido como espacios cuasi-públicos para el intercambio de información y el comercio en línea. Han pasado a ser de naturaleza sistémica y plantean riesgos particulares para los derechos de los usuarios, los flujos de información y la participación pública.

En virtud del Reglamento de Servicios Digitales, se aplicarán obligaciones vinculantes en toda la Unión Europea a todos los servicios digitales que conecten a los consumidores con bienes, servicios o contenidos, lo que incluye nuevos procedimientos para una eliminación más rápida de los contenidos ilegales, así como una protección integral de los derechos fundamentales de los usuarios en línea. El nuevo marco legal reequilibrará los derechos y responsabilidades de los usuarios, las plataformas intermediarias y las autoridades públicas y se basará en los valores europeos, incluido el respeto de los derechos humanos, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. La propuesta complementa el Plan de Acción Europeo para la Democracia con el objetivo de hacer que las democracias sean más resilientes.

Concretamente, el Reglamento de Servicios Digitales introducirá una serie de nuevas obligaciones armonizadas en toda la Unión Europeapara los servicios digitales, cuidadosamente graduadas sobre la base del tamaño y el impacto de esos servicios, tales como:

  • Normas para la eliminación de bienes, servicios o contenidos ilegales en línea;
  • Salvaguardas para los usuarios cuyo contenido ha sido eliminado erróneamente por las plataformas;
  • Nuevas obligaciones para que las plataformas muy grandes adopten medidas basadas en el riesgo para evitar el abuso de sus sistemas;
  • Amplias medidas de transparencia, incluidas las relativas a la publicidad en línea y a los algoritmos utilizados para recomendar contenido a los usuarios;
  • Nuevos poderes para examinar el funcionamiento de las plataformas, incluso facilitando el acceso de los investigadores a los datos clave de la plataforma;
  • Nuevas normas sobre trazabilidad de los usuarios empresariales en los mercados en línea, para ayudar a localizar a los vendedores de bienes o servicios ilegales;
  • Un proceso de cooperación innovador entre las autoridades públicas para garantizar una aplicación eficaz en el mercado único.

Las plataformas que llegan a más del 10 % de la población de la UE (45 millones de usuarios) se consideran de naturaleza sistémica y están sujetas no sólo a obligaciones específicas de controlar sus propios riesgos, sino también a una nueva estructura de supervisión. Este nuevo marco de rendición de cuentas estará compuesto por un consejo de coordinadores nacionales de servicios digitales, con poderes especiales para la Comisión en la supervisión de plataformas muy grandes, incluida la capacidad de sancionarlos directamente.

Reglamento de Mercados Digitales

El Reglamento de Mercados Digitales aborda las consecuencias negativas derivadas de determinados comportamientos de plataformas que actúan como «porteros» o «controladores de acceso» (gatekeepers) digitales para el mercado único. Se trata de plataformas que tienen un impacto significativo en el mercado interior, sirven como un importante portal para que los usuarios empresariales lleguen a sus clientes y que gozan, o disfrutarán previsiblemente, de una posición arraigada y duradera. Esto puede otorgarles el poder de establecersus propias reglas privadas y de funcionar como cuellos de botella entre las empresas y los consumidores. A veces, estas empresas tienen control sobre ecosistemas de plataformas enteras. Si un controlador de acceso se dedicara a prácticas comerciales desleales, podría impedir o ralentizar que los servicios valiosos e innovadores de sus usuarios de negocios y competidores lleguen al consumidor. Ejemplos de estas prácticas podrían incluir el uso injusto de datos de empresas que operan en estas plataformas, o situaciones en las que los usuarios están bloqueados en un servicio en particular y tienen opciones limitadas para cambiar a otro.

El Reglamento de Mercados Digitales se basa en el Reglamento sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea al, sobre las conclusiones del Observatorio de la UE sobre la economía de las plataformas en línea, y en la amplia experiencia de la Comisión en el tratamiento de los mercados en línea a través de la aplicación de la normativa de competencia en vigor. En particular, establece normas armonizadas que definen y prohíben esas prácticas desleales por parte de los porteros y proporcionan un mecanismo de observancia basado en investigaciones de mercado. El mismo mecanismo garantizará que las obligaciones establecidas en el Reglamento se mantengan actualizadas en la realidad digital en constante evolución.

Concretamente, el Reglamento de Mercados Digitales:

  • Obligará sólo a los principales proveedores de grandes plataformas de servicios más propensos a desarrollar prácticas desleales, como los motores de búsqueda, las redes sociales o los servicios de intermediación en línea, que cumplen los criterios legislativos objetivos que deben designarse como controladores de acceso;
  • Definirá los umbrales cuantitativos como base para identificar a los potenciales controladores de acceso. La Comisión también tendrá facultades para designar a ciertas empresas como porteros tras una investigación de mercado;
  • Prohibirá una serie de prácticas que son claramente injustas, como impedir que los usuarios puedan desinstalar cualquier software o aplicaciones preinstaladas;
  • Exigirá a los controladores de acceso que pongan en marcha proactivamente ciertas medidas, en particular aquellas que permitan que el software de terceros funcione e interopere correctamente con sus propios servicios;
  • Impondrá sanciones por incumplimiento, que podrían suponer multas de hasta el 10 % del volumen de negocios mundial del controlador de acceso, para garantizar la eficacia de las nuevas normas. En el caso de los infractores recurrentes, estas sanciones también pueden implicar la obligación de adoptar medidas estructurales, que podrían extenderse a la enajenación de determinadas empresas, cuando no se disponga de ninguna otra medida alternativa igualmente eficaz para garantizar el cumplimiento;
  • Permitirá que la Comisión lleve a cabo investigaciones de mercado específicas para evaluar si es necesario añadir nuevas prácticas y servicios de control de acceso a esta regulación, a fin de garantizar que las nuevas normas de portero se mantengan al día con el ritmo rápido de los mercados digitales.

Próximos pasos

El Parlamento Europeo y los Estados miembros debatirán las propuestas de la Comisión en el procedimiento legislativo ordinario. Si se adopta, el texto final será directamente aplicable en toda la Unión Europea.

Trasfondo

El Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento Mercados Digitales  son la respuesta europea al profundo proceso de reflexión en el que la Comisión, los Estados miembros de la UE y muchas otras jurisdicciones han participado en los últimos años para comprender los efectos que la digitalización, y más concretamente, el desarrollo de las plataformas en línea, tienen en los derechos fundamentales, la competencia y, en general, en nuestras sociedades y economías.

La Comisión consultó a una amplia gama de partes interesadas en la preparación de este paquete legislativo. Durante el verano de 2020, la Comisión consultó a las partes interesadas para que apoyaran aún más la labor de análisis y recopilación de pruebas para analizar las cuestiones específicas que pueden requerir una intervención a nivel de la UE en el contexto del Reglamento de Servicios Digitales y la Nueva Herramienta de Competencia, que sirvió de base para la propuesta sobre el Reglamento de Mercados Digitales. Las consultas públicas abiertas en preparación del paquete legislativo, que se desarrollaron entre junio de 2020 y septiembre de 2020, recibieron más de 3000 respuestas de todo el espectro de la economía digital y de todo el mundo.

Documentos:

El mercado de las Tecnologías de la Información creció un 3,3% en 2016 en España


El mercado de las TIC alcanza una facturación de 23.441 millones de euros en España.

Los Servicios TI con un 5,2% y el Software con un 3,6% de aumento de negocio, contrastan con el decrecimiento del mercado del Hardware que cae un 3,4%.

Se recoge un dato positivo para el empleo con un repunte del 2,8%.

Según una nota de la Patronal AMETIC que recoge el resumen de un estudio realizado en España sobre el mercado de las Tecnologías de la Información (TECNOLOGÍAS-DE-LA-INFORMACIÓN-2016), este creció, en 2016 un 3,3%, respecto al año anterior, alcanzando los 23.441 millones de euros. En lo que respecta al empleo, el dato también es positivo con un aumento en la contratación de un 2,8%.

A destacar los Servicios TI que aumentan un 5,2%, hasta los 15.963 M€ de facturación; el Software, por su parte, crece un 3,6% con una facturación de 3.099 M€. La nota negativa la pone el segmento de los equipos Hardware cuyas ventas descendieron un 3,4%, con una facturación que baja hasta los 4.379 M€.

Cabe resaltar que estamos ante el tercer año consecutivo que el Sector de las TI en su conjunto arroja resultados positivos. Si bien, el volumen de mercado se sitúa en cifras similares a las que ya se alcanzaban en el año 2010, e incluso por debajo de las del año 2008.

A diferencia de los dos ejercicios anteriores (2014 y 2015), esta evolución positiva no se ha trasladado en 2016 a los tres segmentos que conforman el Sector TI debido al mencionado decrecimiento del Hardware.

No obstante, al analizar las cifras es importante tener en cuenta el carácter anti inflacionista del Sector de las TI, no solo debido a la evolución a la baja año tras año del precio de los productos y servicios TI, sino también por el continuo aumento de prestaciones y capacidades de las nuevas versiones tecnológicas que van apareciendo. En definitiva, en el análisis de los datos hay que tener en cuenta que incluso un mismo valor de mercado TI en términos económicos respecto de años anteriores, significaría un nivel de productos y servicios TI consumidos superior.

Con carácter general, los procesos de transformación digital en el ámbito de las empresas han sido los principales responsables del aumento de la actividad TI, y muy especialmente la de los Servicios TI. Por el contrario, la inestabilidad política y la demora de formación de Gobierno, que se prolongó hasta el mes de octubre, afectaron muy significativamente a la baja las inversiones TI en el sector público.

En un análisis por sectores, han destacado por su mayor crecimiento de su inversión en TI durante 2016 la industria, la banca y el sector asegurador. De cara a 2017, es muy importante el impulso que pueda suponer el nuevo plan digital a publicar por el Gobierno, así como la ejecución de proyectos de transformación digital de las Administraciones Públicas.

Con relación a las cifras que se dan conviene tener en cuenta que solo analizan el mercado interno, si bien se puede destacar que este ha sido el principal impulsor de la actividad de las empresas TI radicadas en España a lo largo de 2016.

Segmento

Mercado 2015
(En M€)
Crecimiento
(En %)
Mercado 2016
(En M€)

Hardware

4.534 -3,4% 4.379

Software

2.992 3,6%

3.099

Servicios TI 15.168 5,2%

15.963

Total TI 22.694 3,3%

23.441

Empleo

2,8%

 

 

Análisis por segmentos

HARDWARE

La evolución a la baja del segmento del Hardware se ha visto afectada por el importante repunte registrado en el año anterior que no ha tenido continuidad en 2016. Los incipientes proyectos de renovación del parque tecnológico obsoleto de nuestro país en 2015 se han visto sustituidos en 2016 por un alargamiento de la vida en activo del equipamiento TI, acompañada de más tareas de mantenimiento (Servicios TI).

También han contribuido a esta bajada de forma notoria el movimiento hacia soluciones basadas en cloud, así como las crecientes funcionalidades y capacidades de otros dispositivos no puramente del ámbito de las TI (smartphones).

Por tipo de equipo, los PC e impresoras se encuentran entre los que mayor descenso de ventas han registrado, destacando nuevamente en sentido contrario las soluciones de equipamiento orientadas a entornos de movilidad.

Por sectores usuarios, todos han disminuido su inversión en equipamiento TI. Con una caída suave en lo que respecta al consumo por la ciudadanía y las empresas y muy acusada en cuanto al sector público.

SOFTWARE

Las aplicaciones orientadas al aumento de la productividad y competitividad han impulsado el crecimiento del Software durante 2016, tanto en nuevas inversiones como en la actualización de sistemas ya existentes.

Durante el ejercicio, continuó el imparable y notable repunte de ventas de aplicaciones y servicios de software en la nube, siendo sus principales consumidores los usuarios particulares y las empresas. Hay que destacar, asimismo, las adquisiciones relacionadas con la regularización de licenciamientos de software a raíz del mayor riesgo legal tras las reformas normativas introducidas durante el año precedente (2015).

Por sectores usuarios, destaca por su crecimiento en el consumo de software durante el ejercicio, el sector empresarial, y muy especialmente en las pymes.

SERVICIOS TI

El crecimiento del PIB y de la economía española en general han propiciado la activación de proyectos de Servicios de TI y el relanzamiento de planes de inversión que se habían visto frenados o incluso paralizados en años anteriores. Las reducciones de costes y la eficiencia operacional siguen siendo los aspectos que más influyen en el crecimiento de los Servicios TI.

Los proyectos de transformación digital están en la agenda de muchas empresas como una de sus prioridades y su impulso ha constituido, en 2016, el motor de crecimiento de los Servicios de TI, lo que ha permitido que este aumento se produzca tanto en volumen económico del mercado, como en número de clientes.
Por sectores usuarios, han liderado el crecimiento del consumo de Servicios TI, durante 2016, los sectores financiero, energía e industria. Por su parte, las Administraciones Públicas se mantienen entre los principales consumidores de Servicios TI, aunque su cifra de inversión se ha visto nuevamente mermada a lo largo de 2016.

EMPLEO

Durante el pasado ejercicio, el sector mantuvo su esfuerzo de contratación, lo que ha elevado la cifra de empleados directos por encima de los 200.000. Este crecimiento se ha debido principalmente en la evolución positiva del segmento de los Servicios TI que constituye el mayor consumidor de recursos de personal. El empleo en el Sector TI mantiene sus características de calidad y estabilidad superior al del conjunto del tejido productivo, pero también los desequilibrios en algunos perfiles muy demandados por el sector para los que la oferta de profesionales es insuficiente.