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Cumplir a la vez NIS2, CRA, DORA, CER y la Ley de IA: el GRC como hilo conductor


Hace un año repasé en este blog los retos de adecuación a las normas NIS2, CRA, CER y DORA. Desde entonces he hablado de ellas con partners y clientes en el roadshow NIS2 & DORA de Ingram Micro, en Madrid, Barcelona, Málaga y, este octubre, en Bilbao. La pregunta que más se repite en el turno de preguntas no es «¿qué dice cada norma?», sino «¿cómo cumplo todas a la vez sin montar cinco proyectos distintos?».

En 2026 la lista se ha alargado con el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), y varias fechas se han movido. Este artículo actualiza el calendario y propone una respuesta práctica a esa pregunta: tratar el cumplimiento como un único sistema de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC), con un mapa de controles común para todas las normas.

Qué ha cambiado desde 2025

En un año, tres normas han empezado a exigir cosas nuevas y dos siguen esperando su ley española. DORA se aplica desde enero de 2025; la notificación de vulnerabilidades del CRA, desde septiembre de 2026; y las reglas de transparencia del AI Act, desde agosto de 2026. NIS2 y CER, en cambio, siguen sin transponer en España, y el alto riesgo del AI Act se ha aplazado a 2027 y 2028. A eso se suma la disolución de las Cortes el 6 de octubre, con elecciones generales el 29 de noviembre: los proyectos de ley españoles sobre entidades críticas y sobre inteligencia artificial han decaído y vuelven a la casilla de salida.


Calendario de NIS2, DORA, CER, CRA y AI Act: hitos de 2024 a 2028. La línea discontinua marca noviembre de 2026.

La línea discontinua marca el dia de hoy: todo lo que queda a su izquierda ya debería estar resuelto.

Norma por norma

Cada norma mira el riesgo digital desde un ángulo distinto: la entidad, el producto, el sector financiero, la infraestructura física o el algoritmo.

NIS2: la ciberseguridad de la organización

La Directiva (UE) 2022/2555 obliga a las entidades esenciales e importantes de 18 sectores a gestionar sus riesgos de ciberseguridad y a notificar los incidentes significativos: alerta temprana en 24 horas, notificación en 72 horas e informe final en un mes. Exige que los órganos de dirección aprueben las medidas, se formen y respondan de su cumplimiento.

En España seguimos sin ley. El anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad se aprobó en primera vuelta en enero de 2025, pero nunca llegó a remitirse a las Cortes como proyecto de ley, y en julio de 2026 la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no transponer la directiva. Tras la disolución de las Cortes, su futuro depende del Gobierno que salga de las elecciones. Mientras tanto siguen vigentes el Real Decreto-ley 12/2018 y el Esquema Nacional de Seguridad, y muchas empresas españolas ya reciben exigencias NIS2 por contrato de clientes de otros países que sí la han transpuesto. Pero el terreno no está vacío.

Que no haya ley no significa que no haya obligaciones. El Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2690, de 17 de octubre de 2024, desarrolla NIS2 para once tipos de proveedores digitales: servicios DNS, registros de dominios de primer nivel, computación en nube, centros de datos, redes de distribución de contenidos, servicios gestionados y de seguridad gestionada, mercados en línea, motores de búsqueda, redes sociales y prestadores de servicios de confianza. Al ser un reglamento, es directamente aplicable y no necesita transposición, como ya comenté a propósito del roadshow de Ingram Micro.

Su anexo detalla, en trece secciones, las medidas técnicas y metodológicas que se esperan: política de seguridad, gestión de riesgos, gestión de incidentes, continuidad, cadena de suministro, control de accesos o criptografía, entre otras. También fija cuándo un incidente es significativo, por ejemplo una pérdida económica directa superior a 500.000 euros o al 5 % de la facturación anual, o un servicio en la nube indisponible más de 30 minutos. Para cualquier otra empresa es, además, la mejor guía disponible de lo que un supervisor considerará «medidas adecuadas» cuando llegue la ley española.

CRA: la seguridad del producto

El Reglamento (UE) 2024/2847, de ciberresiliencia, se dirige a fabricantes, importadores y distribuidores de productos con elementos digitales, del software al dispositivo conectado. Exige seguridad desde el diseño, gestión de vulnerabilidades durante todo el ciclo de vida, actualizaciones de seguridad y una lista de componentes (SBOM).

Desde el 11 de septiembre de 2026 ya hay que notificar las vulnerabilidades explotadas activamente y los incidentes graves que afecten a un producto: alerta en 24 horas, notificación en 72 horas e informe final, a través de la plataforma única de notificación de ENISA. El resto de obligaciones, incluido el marcado CE con requisitos de ciberseguridad, se aplica desde el 11 de diciembre de 2027.

DORA: la resiliencia operativa del sector financiero

El Reglamento (UE) 2022/2554 se aplica desde el 17 de enero de 2025 a bancos, aseguradoras, gestoras, entidades de pago y proveedores de criptoactivos. Pide un marco de gestión del riesgo TIC aprobado por el consejo, notificación de incidentes graves, pruebas de resiliencia (incluidas pruebas de penetración basadas en amenazas para las entidades más relevantes) y un control estricto de los proveedores TIC, con registro de información de todos los contratos.

En noviembre de 2025 las autoridades europeas de supervisión publicaron la primera lista de proveedores TIC críticos, que pasan a supervisión europea directa. Para el resto de proveedores de la banca, DORA llega por contrato: cláusulas obligatorias, derecho de auditoría y planes de salida.

CER: la resiliencia física de las entidades críticas

La Directiva (UE) 2022/2557 amplía la protección de infraestructuras críticas a toda amenaza que pueda interrumpir un servicio esencial: catástrofes naturales, sabotaje, terrorismo, crisis sanitarias o fallos en la cadena de suministro. Las entidades designadas como críticas deben evaluar sus riesgos, aprobar un plan de resiliencia y notificar los incidentes en 24 horas.

El Gobierno llevó al Congreso en marzo de 2026 el proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, que designaba a la Secretaría de Estado de Seguridad como autoridad competente y convertía el CNPIC en CNPREC. Preveía nueve meses para la evaluación de riesgos tras la designación, seis para el plan de resiliencia y multas de hasta 10 millones de euros o el 2 % de la facturación mundial. La parte de ciberseguridad de estas entidades se remitía a NIS2. El proyecto decayó con la disolución de las Cortes y tendrá que aprobarse y presentarse de nuevo en la próxima legislatura. Mientras tanto sigue vigente la Ley 8/2011 de protección de infraestructuras críticas, y el plazo europeo para identificar a las entidades críticas, julio de 2026, ya ha vencido.

AI Act: el riesgo del algoritmo

El Reglamento (UE) 2024/1689 clasifica los sistemas de IA por nivel de riesgo. Las prácticas prohibidas y la obligación de alfabetización en IA rigen desde febrero de 2025; las obligaciones de los modelos de uso general, desde agosto de 2025; y las de transparencia del artículo 50 (avisar de que se habla con una IA, marcar el contenido sintético), desde el 2 de agosto de 2026.

El paquete ómnibus digital, publicado en julio de 2026 como Reglamento (UE) 2026/1744, aplazó las obligaciones de los sistemas de alto riesgo: al 2 de diciembre de 2027 los del anexo III (empleo, solvencia crediticia, educación, biometría, servicios esenciales) y al 2 de agosto de 2028 los integrados en productos regulados. El aplazamiento da aire, pero no cambia lo que hay que preparar: inventario de sistemas, gestión de riesgos, gobernanza de datos, supervisión humana, registros y ciberseguridad del propio sistema. En España, la autoridad de supervisión es la AESIA. El Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que debía completar el reparto de autoridades y el régimen sancionador nacional, estaba en el Congreso desde junio de 2026 y también decayó con la disolución. El reglamento europeo se sigue aplicando directamente, pero sin esa ley el régimen sancionador español queda incompleto.

Lo que tienen en común

Leídas juntas, las cinco normas piden casi lo mismo con distinto vocabulario. Hay seis piezas que se repiten:

  1. Responsabilidad de la dirección. NIS2 y DORA exigen que el consejo apruebe y supervise las medidas; CER pide una función de seguridad y resiliencia asignada; el AI Act exige un sistema de gestión de la calidad y responsables identificados.
  2. Gestión de riesgos documentada. Todas parten de un análisis de riesgos periódico, con medidas proporcionales y revisiones regulares.
  3. Notificación de incidentes con reloj. NIS2, CRA y CER coinciden en las 24 horas para el primer aviso; DORA pide la notificación inicial en 4 horas desde que el incidente se clasifica como grave, y el AI Act exige comunicar los incidentes graves de los sistemas de alto riesgo.
  4. Cadena de suministro. NIS2 pide evaluar a los proveedores, DORA regula sus contratos, el CRA obliga a controlar los componentes de terceros y el AI Act reparte obligaciones entre proveedor y responsable del despliegue.
  5. Continuidad y recuperación. Copias de seguridad, planes de continuidad y pruebas periódicas aparecen en NIS2, DORA y CER.
  6. Evidencias. Todas esperan que se pueda demostrar el cumplimiento ante un supervisor, un auditor o un cliente: políticas aprobadas, registros fechados, informes de pruebas y trazas de decisión.

La sexta pieza es la que más se olvida. Cumplir y no poder demostrarlo, a efectos prácticos, es no cumplir.

El GRC como hilo conductor

Si las seis piezas se repiten, lo razonable es construirlas una vez. Eso es un sistema de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC): un único marco en el que la dirección fija responsabilidades, se mantiene un solo registro de riesgos y cada control se asocia a todas las obligaciones que satisface.

En la práctica, un GRC bien planteado se apoya en cuatro elementos:

  • Un mapa de controles común. Se parte de un marco de referencia ya conocido (ISO/IEC 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad) y se marca, control a control, a qué artículo de NIS2, DORA, CRA, CER o AI Act responde. Un mismo control de gestión de vulnerabilidades, por ejemplo, sirve a NIS2, al CRA y a DORA.
  • Normas de gestión complementarias. ISO 22301 para la continuidad, que alimenta DORA y CER, e ISO/IEC 42001 para los sistemas de gestión de la IA, que encaja con el AI Act.
  • Un procedimiento único de incidentes. Una sola clasificación y un solo flujo que, según el tipo de incidente, dispare la notificación a INCIBE-CERT o CCN-CERT, al Banco de España o la CNMV, a la plataforma de ENISA o al CNPREC, con sus plazos.
  • Una gestión de proveedores integrada. Un único inventario de terceros, con las cláusulas de DORA, las exigencias de seguridad de NIS2 y los requisitos de producto del CRA en el mismo expediente.

Las herramientas GRC del mercado automatizan buena parte de este trabajo: catálogos de controles con correspondencias entre normas, recogida de evidencias, cuadros de mando para la dirección y seguimiento de planes de acción. Pero la herramienta no sustituye al diseño: primero hay que decidir qué normas aplican y con qué alcance, y después elegir cómo gestionarlo.

La pieza que no aparece en ninguna norma: la criptografía poscuántica

Ninguna de las cinco normas menciona la criptografía poscuántica, pero todas exigen medidas acordes con el estado de la técnica. NIS2 pide políticas sobre el uso de la criptografía y el cifrado, y la sección 9 del anexo del Reglamento de Ejecución 2024/2690 exige una política criptográfica con gestión de claves; DORA, controles criptográficos que se revisen ante la evolución de las amenazas; el CRA, cifrado de los datos con mecanismos actualizados. Un algoritmo que un ordenador cuántico podrá romper dejará de ser estado de la técnica mucho antes de que ese ordenador exista, porque lo que hoy se cifra o se firma puede capturarse ahora y descifrarse o falsificarse después.

El calendario ya lo ha puesto la propia Unión Europea. La hoja de ruta coordinada para la transición a la criptografía poscuántica, publicada en junio de 2025, pide que a finales de 2026 estén hechos los inventarios de activos criptográficos, incluida la cadena de suministro; que en 2030 estén protegidos los casos de uso de alto riesgo; y que en 2035 la transición esté completa para los de riesgo medio. Los algoritmos de referencia, ML-KEM y ML-DSA, están normalizados por el NIST desde agosto de 2024.

Para un sistema GRC esto se traduce en tres tareas concretas: añadir al inventario de activos un inventario criptográfico (qué algoritmos, claves y certificados se usan y dónde), incluir la amenaza cuántica en el registro de riesgos, y exigir criptoagilidad a los proveedores, es decir, la capacidad de cambiar de algoritmo sin rediseñar el sistema. Un fabricante que hoy prepara el marcado CE de su producto para el CRA haría bien en contar con que ese producto seguirá en el mercado en 2030.

Las cinco normas de un vistazo

NormaQué protegeA quién obligaPrimer aviso de incidenteSituación a noviembre de 2026
NIS2Redes y sistemas de informaciónEntidades esenciales e importantes de 18 sectores24 horasAnteproyecto nunca remitido a las Cortes; España, ante el TJUE
CRAProductos con elementos digitalesFabricantes, importadores y distribuidores24 horasNotificación obligatoria desde el 11-09-2026; resto, desde el 11-12-2027
DORAResiliencia operativa TICEntidades financieras y proveedores TIC críticos4 horas tras clasificarlo como grave (máximo 24 horas)Aplicable desde el 17-01-2025
CERContinuidad de servicios esenciales ante cualquier amenazaEntidades designadas como críticas24 horasProyecto de ley decaído al disolverse las Cortes; sigue la Ley 8/2011
AI ActDerechos y seguridad frente a sistemas de IAProveedores y responsables del despliegue de IAIncidentes graves de sistemas de alto riesgoTransparencia desde el 02-08-2026; alto riesgo, 2027 y 2028; ley orgánica española decaída

Una hoja de ruta en seis pasos

  1. Determinar qué normas aplican. Por sector, tamaño, productos que se fabrican o distribuyen, uso de IA y relación con clientes financieros o entidades críticas. Muchas empresas descubren que les afectan tres o cuatro, aunque sea por contrato.
  2. Nombrar un responsable y llevarlo al consejo. La dirección tiene que aprobar el marco y recibir informes periódicos.
  3. Hacer un análisis de brechas único contra el mapa de controles común, no uno por norma.
  4. Priorizar por plazos ya vencidos. DORA y la notificación del CRA ya se aplican; la transparencia del AI Act, también.
  5. Unificar incidentes y proveedores en un solo procedimiento y un solo inventario.
  6. Preparar las evidencias desde el principio, con fecha cierta y conservación a largo plazo.

En este último punto los servicios de confianza del Reglamento eIDAS aportan algo que ninguna hoja de cálculo ofrece: la firma y el sello electrónico acreditan quién aprobó una política o emitió un informe, el sello de tiempo cualificado prueba cuándo, y la conservación cualificada mantiene ese valor probatorio durante años. Un registro de incidentes o un informe de pruebas de resiliencia sellado en el momento en que se genera es mucho más difícil de discutir ante un supervisor. Y conviene que esas firmas y sellos sigan siendo válidos cuando llegue la criptografía poscuántica, otra razón para planificar la criptoagilidad.

Ninguna organización tiene que recorrer este camino sola. En el roadshow de Ingram Micro lo hemos visto en cada parada: fabricantes como HPE, SonicWall, Hornetsecurity, Barracuda o Bitdefender aportan la tecnología de protección, copia y recuperación, y la red de partners de Ingram Micro la integra en soluciones adaptadas a cada cliente. El cumplimiento normativo es, al final, una buena excusa para hacer bien lo que habría que hacer de todos modos.

Cómo puede ayudar EADTrust

En EADTrust llevamos años cumpliendo como prestador cualificado de servicios de confianza bajo eIDAS, con certificaciones en el Esquema Nacional de Seguridad (categoría alta), ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 e ISO 22301, y esa experiencia es la que ponemos al servicio de otras organizaciones. Nuestra división de servicios profesionales acompaña a las empresas en todo el recorrido descrito en este artículo: el análisis de brechas unificado frente a NIS2, DORA, CRA, CER y AI Act, la implantación de las medidas y la preparación de evidencias con firma, sello y sello de tiempo cualificados. También ayudamos a hacer el inventario criptográfico y a planificar la migración a la criptografía poscuántica, un trabajo que ya hacemos con grandes clientes, y ofrecemos formación in company en computación cuántica y criptografía poscuántica.

Cuando el reto tiene tanto de jurídico como de técnico, nuestro trabajo puede completar el asesoramiento de Garrigues, accionista de EADTrust y referente en alinear las exigencias legales con las tecnológicas: el despacho interpreta la norma y nosotros la convertimos en controles, procedimientos y evidencias que funcionan. Si quiere un primer diagnóstico, puede escribirnos a info@eadtrust.com o llamarnos al 91 716 05 55 o al 902 365 612.

Fuentes

¿Quién paga la Cartera de Identidad Digital Europea? Nuevo informe de la Comisión sobre su modelo de negocio y el ecosistema asociado


La Comisión Europea (DG CNECT) ha publicado el Business Models Study Report – EUDI Wallet Ecosystem Sustainability and Business Models, un estudio de 62 páginas sobre cómo hacer sostenible el ecosistema de la Cartera de Identidad Digital Europea. La propia Comisión lo presenta como una base para el debate sobre el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo del ecosistema, y destaca tres ideas: la propuesta de valor de la cartera para las partes usuarias, la importancia de la cooperación público-privada y el papel clave de los intermediarios.

Es un documento que muchos esperábamos, porque aborda la pregunta que lleva años sobrevolando todas las reuniones sobre la cartera: si el uso es gratuito para los ciudadanos, ¿quién paga el ecosistema? Lo he leído con atención y comparto aquí sus ideas principales y algunas reflexiones como prestador cualificado de servicios de confianza.

Conviene empezar por una advertencia que el propio informe hace: sus recomendaciones no son vinculantes, no fija precios ni modelos contractuales y respeta la autonomía de los Estados miembros. Es un marco de referencia para la discusión, no una norma.

El ecosistema como círculo virtuoso

El informe describe el ecosistema a partir de sus roles: usuarios, proveedores de carteras, proveedores de datos de identificación personal (PID), emisores de declaraciones electrónicas de atributos (públicos y privados), prestadores de firma electrónica cualificada, fuentes auténticas, partes usuarias e intermediarios. Todo ello se apoya en dos capas transversales: el marco jurídico del Reglamento y una capa de gobernanza de la confianza (certificación de carteras, registro de emisores y partes usuarias, supervisión y listas de confianza).

La tesis central es la de un círculo virtuoso: más usuarios atraen a más partes usuarias, que generan más valor e ingresos, que a su vez financian la incorporación de nuevos emisores y casos de uso, lo que atrae a más usuarios. Y la cadena de valor se simplifica en una idea muy clara: el valor está en los datos que custodian los emisores, que llegan a través de la cartera a las partes usuarias, y son estas las que, por los ahorros y las oportunidades que obtienen, estarían dispuestas a pagar. Ese flujo económico tendría que redistribuirse después hacia proveedores de carteras, emisores e intermediarios.

El valor para las partes usuarias

El informe agrupa las necesidades de las partes usuarias en cuatro tipos de riesgo: de seguridad, de cumplimiento, financiero y de fraude. Hoy los mitigan con herramientas tecnológicas, procesos manuales, seguros o la externalización de comprobaciones, todo ello costoso. La cartera puede reducir esos costes e incluso eliminar la raíz de algunos riesgos, porque disminuye la necesidad de conservar datos personales.

Como referencia cita un coste de unos 10,4 € por cada KYC básico de una persona física (dato de PwC de 2022) y propone ejemplos como la contratación de personal (verificación de títulos), el alquiler de vehículos (identidad, permiso de conducir y seguros) o la venta en línea de productos con restricción de edad.

Pero el informe insiste en que la cartera no es solo una herramienta para reducir costes: también abre nuevas oportunidades de negocio. Y reconoce algo importante: en los países con sistemas de identidad electrónica maduros, muchos de esos casos de uso ya funcionan. Allí el reto no es demostrar que hay quien está dispuesto a pagar, sino explicar qué aporta la cartera adicionalmente: interoperabilidad transfronteriza, revelación selectiva de datos y control del usuario sobre sus datos.

Cuatro fases de despliegue

El estudio propone un despliegue en cuatro fases, que no tienen por qué seguirse de forma lineal:

  1. Lanzamiento. Liderado por el sector público y financiado con fondos públicos. Los Estados miembros proporcionan al menos una cartera «núcleo», aprovechando las soluciones de identidad electrónica existentes y su base de usuarios. Los primeros casos de uso son la identificación y la autenticación, primero ante organismos públicos y después ante las partes usuarias privadas obligadas a aceptar la cartera. El informe recuerda que todos los Estados deben tener una cartera operativa antes del 1 de enero de 2027 y que las partes usuarias privadas obligadas deberán aceptarla a finales de 2027.
  2. Expansión. Entran las partes usuarias privadas voluntarias, atraídas por la base de usuarios y por declaraciones de atributos públicas como el permiso de conducir móvil. Empiezan a probarse cuotas de acceso e integración.
  3. Comercialización. Se incorporan emisores privados de declaraciones electrónicas de atributos, cualificadas o no, y aparecen nuevas carteras, incluidas carteras sectoriales. Aquí los intermediarios pasan a ser imprescindibles.
  4. Consolidación. Los intermediarios compiten entre sí, gestionan las relaciones comerciales y reparten los ingresos de forma equilibrada, también entre países.

El informe advierte de un riesgo propio de la primera fase: los casos de uso públicos movilizan a muchos usuarios, pero se usan con poca frecuencia (la declaración de la renta se hace una vez al año). Por eso es necesario pasar pronto a casos de uso privados de alta frecuencia para no perder impulso.

Cinco opciones de monetización

El estudio identifica cinco mecanismos, combinables entre sí:

  • Cuotas por transacción, por cada solicitud de verificación de una parte usuaria.
  • Cuotas por usuario, según los usuarios activos o el público alcanzable.
  • Cuotas de integración técnica, por conectores, API o plataformas, con pagos únicos o suscripciones.
  • Cuotas de acceso, a modo de afiliación para registrarse como parte usuaria y solicitar determinados atributos.
  • Financiación pública, que no es un modelo comercial pero sirve para arrancar el ecosistema.

Menciona una sexta posibilidad: cobrar al usuario por la expedición de atributos. El Reglamento exige que la expedición, el uso y la revocación de la cartera sean gratuitos para las personas físicas, pero no la expedición de los atributos que contiene. El informe la considera legal y técnicamente viable, igual que hoy se cobran tasas por un certificado de nacimiento o un permiso de conducir, pero la descarta como motor del ecosistema por el riesgo de frenar la adopción.

La propuesta es combinar estas opciones según la fase: financiación pública en el lanzamiento, cuotas de acceso e integración en la expansión, y cuotas por transacción o por usuario cuando los intermediarios estén consolidados.

El «problema de la privacidad»

Esta es, a mi juicio, la parte más delicada del informe. Los modelos por transacción o por usuario chocan con el principio de no observabilidad del Reglamento, que impide a los proveedores de carteras conocer el uso que el ciudadano hace de ella. Una factura detallada a una parte usuaria podría revelar qué usuario presentó qué atributo y cuándo. El informe llega a señalar que esta limitación podría impedir incluso recopilar datos agregados de uso, como el número de usuarios activos.

Como posibles soluciones menciona el informe técnico ETSI TR 119 479-2 sobre servicios de validación extendida de declaraciones electrónicas de atributos, el análisis económico del piloto EWC, soluciones de mercado que combinan presentación y pago en una única operación «atómica», cámaras de compensación anónimas y la facturación a través de intermediarios que actúan por cuenta de las partes usuarias. Pide además guías más detalladas sobre qué recopilación de datos es admisible.

Los intermediarios, protagonistas

Si hay un mensaje que se repite en todo el documento es que los intermediarios serán el motor comercial del ecosistema. Su función: facilitar la incorporación técnica de emisores y partes usuarias, gestionar el volumen de contratos (el informe pone el ejemplo de 10 carteras certificadas y 10.000 partes usuarias, con lo que ningún proveedor de cartera podría negociar y mantener 10.000 contratos), orquestar el reparto de ingresos, impulsar los casos de uso transfronterizos y convencer a nuevos emisores de que pongan sus datos a disposición.

El informe recomienda incorporarlos desde el lanzamiento, porque considera que serán imprescindibles en la fase de comercialización, y prevé que el rol de intermediario será más rentable que el de proveedor de cartera. Las empresas privadas que ofrezcan carteras lo harían más por la ventaja estratégica y por los servicios complementarios que por ingresos directos.

Riesgos y recomendaciones

El estudio identifica cuatro riesgos que podrían romper el círculo virtuoso:

  • un ecosistema limitado al sector público, sin viabilidad comercial;
  • la limitación o el bloqueo de la entrada de actores privados;
  • la aparición de ecosistemas privados paralelos de carteras no conformes, con menos garantías de privacidad;
  • la fragmentación por enfoques nacionales divergentes en implantación, funcionalidades y mecanismos de cobro.

Las recomendaciones se agrupan en dos bloques. A los Estados miembros les pide Initiate (proporcionar la cartera certificada apoyándose en la identidad electrónica existente), Open-up (mantener el ecosistema abierto a nuevos actores y funcionalidades) y Entrust (permitir que actores privados participen como proveedores de carteras e intermediarios). A los actores privados les pide Connect (incorporarse como emisores, partes usuarias, proveedores de carteras, prestadores cualificados o intermediarios y desarrollar las API y herramientas), Expand (convertir necesidades reales en nuevos casos de uso) y Collect (aportar valor económico al ecosistema y redistribuirlo preservando la privacidad).

Como próximos pasos, la Comisión anuncia debates de seguimiento con los Estados miembros y los pilotos a gran escala, la incorporación de elementos de modelo de negocio a los manuales de casos de uso y el seguimiento de cómo se configuran en la práctica los modelos de negocio en cada país.

Mi lectura como prestador cualificado de servicios de confianza

El informe acierta en lo esencial: sin partes usuarias privadas dispuestas a pagar por un valor real, la cartera se quedará en una infraestructura pública de uso esporádico. Y es valiente al reconocer que la tensión entre la no observabilidad y los modelos de cobro por uso no está resuelta. Pero hay algunos aspectos que me parece importante señalar.

  • Los prestadores cualificados aparecen poco. El estudio se centró en el mercado de identidad electrónica y no en el de los servicios de confianza, porque consideró que este último no estaba suficientemente maduro: según el informe, en el momento del análisis la expedición y verificación de declaraciones electrónicas de atributos cualificadas para personas físicas era «inexistente» en Europa. Es comprensible, pero precisamente por eso los prestadores cualificados tenemos que hacernos visibles. Muchas de las funciones que el informe atribuye a los intermediarios (incorporar emisores, digitalizar fuentes de datos, expedir declaraciones, gestionar la confianza) encajan de forma natural con lo que ya hacemos. El propio documento precisa que, cuando un intermediario apoya a emisores, actúa de hecho como proveedor de declaraciones electrónicas de atributos.
  • La responsabilidad sigue siendo una incógnita. El informe reconoce que el Reglamento no establece principios sobre la responsabilidad en el ecosistema y que los emisores piden garantías al respecto. Sin un reparto claro de responsabilidades, será difícil convencer a los emisores privados.
  • El rol de intermediario necesita definición. Los propios entrevistados piden clarificar sus funciones y sus requisitos de certificación. Si los intermediarios van a concentrar el acceso al ecosistema, su régimen jurídico no puede quedar en el aire.
  • La firma cualificada gratuita. El informe interpreta que la gratuidad de la firma electrónica cualificada para fines no profesionales no debería alterar gravemente el modelo de negocio de los prestadores, siempre que los Estados miembros eviten abusos. Será clave cómo se concrete el concepto de «fines no profesionales».
  • Los escépticos del KYC. Es llamativo que, mientras el informe usa el KYC bancario como ejemplo principal de ahorro, parte de los entrevistados considere que su valor aún no está demostrado y señale como más prometedores casos como el registro en hoteles o el alta de eSIM.

En EADTrust estamos preparando nuestro servicio de expedición y verificación de declaraciones electrónicas de atributos, tanto cualificadas como no cualificadas, también para el mercado privado de credenciales. Este informe confirma que ese es uno de los espacios donde se jugará la sostenibilidad del ecosistema: los atributos privados que hoy no están digitalizados son, en palabras del propio estudio, el valor que aún no se ha activado.

En España, con el proyecto de Real Decreto sobre el ecosistema de la cartera en tramitación, sería una buena ocasión para incorporar algunas de estas ideas: un ecosistema abierto a los actores privados desde el inicio, un papel definido para los intermediarios y los prestadores cualificados, y reglas claras sobre cómo financiar el sistema sin comprometer la privacidad.

Si quieres comentar el informe o explorar cómo encajan las declaraciones electrónicas de atributos en tu organización, puedes escribirme a julian.inza@eadtrust.com o contactar con EADTrust en en info@eadtrust.com.

El informe

Enlaces

Cartera de Identidad Digital Europea: nuevo borrador de Real Decreto, a información pública (y con prisas)


El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha abierto el trámite de audiencia e información pública sobre el proyecto de real decreto por el que se regula el ecosistema de cartera europea de identidad digital en España de acuerdo con el marco europeo de identidad digital. Es la norma que debe completar en España el Reglamento eIDAS 2 en lo relativo a la cartera, y llega con muy poco margen: el plazo para enviar observaciones vence el 13 de octubre de 2026 y la cartera debe estar disponible, por mandato europeo, antes del 24 de diciembre de 2026.

He dedicado unos días a leer el borrador (versión V-12, de 29 de septiembre de 2026) y a compararlo con lo que ya han aprobado otros Estados miembros. Resumo aquí lo que regula, lo que echo en falta y cómo lo han resuelto fuera de nuestras fronteras, con la esperanza de animar a más personas y entidades a participar en el trámite.

Qué regula el proyecto

El proyecto es, sobre todo, una norma de designación de autoridades. En trece artículos, tres disposiciones adicionales y tres finales, reparte los papeles que el Reglamento (UE) n.º 910/2014, modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183, encomienda a los Estados miembros:

FunciónOrganismo designadoArtículo
Proveedor de la cartera del EstadoAgencia Estatal de Administración Digital (AEAD)7
Punto de contacto únicoAEAD2
Organismo de supervisiónDirección General de Ordenación de los Servicios de Digitalización y de Comunicación Audiovisual (DGOSDCA)3
Propietario del esquema de certificación y organismo certificadorCentro Criptológico Nacional (CCN)4 y 9
Acreditación de organismos de evaluación de la conformidadENAC5
Correspondencia transfronteriza de la identidadAEAD, Agencia Tributaria y Dirección General de la Policía6
Registro nacional de partes usuarias de las carterasAEAD11
Autorización de proveedores de certificados de acceso y de registroDGOSDCA12
Catálogo nacional de fuentes auténticasDirección General del Dato13

Las disposiciones adicionales regulan la verificación previa de quienes expidan declaraciones electrónicas cualificadas de atributos y de los organismos públicos que expidan declaraciones electrónicas de atributos desde una fuente auténtica, y la representación de España en el Grupo de Cooperación sobre la Identidad Digital Europea.

Un plazo demasiado corto

El anuncio se publicó el 1 de octubre de 2026 y las observaciones pueden enviarse hasta el 13 oct 2026 a audienciapublica.prdcarteradigital@digital.gob.es. Son siete días hábiles, contando con que el 12 de octubre es festivo: el mínimo que permite la Ley del Gobierno.

La razón está en el propio anuncio. El Consejo de Ministros acordó el 29 de septiembre de 2026 la tramitación urgente del proyecto (art. 27.1.a de la Ley 50/1997), lo que suprime la consulta pública previa y reduce la audiencia a siete días hábiles (art. 27.2.b). La primera ocasión que tiene la sociedad para opinar sobre la norma es también la última, y dura poco más de una semana.

El anuncio añade algunos detalles prácticos. Las aportaciones deben identificar a su autor (nombre o razón social, datos de contacto y, en su caso, representación). Se consideran públicas, salvo las partes que se marquen y justifiquen como confidenciales. Junto al proyecto se publica la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Y llama la atención que el órgano responsable sea la Agencia Estatal de Administración Digital, la misma que el proyecto designa como proveedor de la cartera, punto de contacto único y registrador de partes usuarias.

Llegados a esta fecha, se entiende la urgencia: el Reglamento obliga a proporcionar al menos una cartera antes del 24 de diciembre de 2026, y las partes usuarias privadas obligadas deberán aceptarla antes del 24 de diciembre de 2027. Pero la prisa no debería reducir la participación a un trámite formal. Esta propuesta debería haberse publicado con más antelación, pero aprovechemos el escaso margen.

Mi manía: «cartera de identidad digital europea»

Quienes me leen ya saben que escribo «Cartera de Identidad Digital Europea» y no «cartera europea de identidad digital», que es la traducción oficial del artículo 3.42 del Reglamento. Es una manía, lo reconozco, pero tiene fundamento: lo europeo es la identidad, no la cartera. En inglés, European Digital Identity Wallet, el bloque European Digital Identity califica entero a Wallet.

La propia versión española del Reglamento me da la razón en otros pasajes:

  • habla del «Grupo de Cooperación sobre la Identidad Digital Europea» (art. 46 sexies);
  • define la «etiqueta de confianza de la UE para la cartera de identidad digital» (art. 3.50);
  • y usa «marco europeo de identidad digital», donde el adjetivo sí corresponde al marco.

No me hago ilusiones: el francés, el italiano o el alemán también ponen el adjetivo «europeo» junto a la cartera. Por eso no propongo cambiar la definición por las bravas, sino una cláusula de equivalencia en el real decreto y una corrección de la versión española del Reglamento. Fuera de esta excepción, defiendo lo contrario: que el real decreto respete la terminología oficial, cosa que hoy no siempre hace. Usa «autenticación fuerte» en lugar de «autenticación reforzada de usuario», habla de carteras «autorizadas» cuando el Reglamento dice «proporcionadas» y llama de cuatro maneras distintas al organismo de supervisión.

Lo que echo en falta y lo que me choca

Un real decreto que solo designa autoridades se queda corto. Estas son las carencias que me parecen más relevantes:

  1. Supervisor y supervisado bajo el mismo techo. El artículo 46 bis exige que el organismo de supervisión actúe de forma independiente, pero DGOSDCA y AEAD pertenecen al mismo Ministerio.
  2. Un punto de contacto único que no es único. El artículo 46 quater pide uno solo para servicios de confianza, carteras y sistemas de identificación notificados; el proyecto lo designa solo para las carteras y no coincide con el supervisor de los Prestadores Cualificados de Servicios de Confianza.
  3. Nada sobre la verificación de atributos frente a fuentes auténticas. El artículo 45 sexies obliga a que los prestadores cualificados puedan contrastar domicilio, edad, titulaciones, poderes o datos societarios con la fuente correspondiente. Sin ese mecanismo no habrá mercado de declaraciones electrónicas cualificadas de atributos.
  4. Personas jurídicas y representación, ausentes. El Reglamento incluye a las personas jurídicas y a quienes actúan en nombre de otros; el proyecto solo contempla titulares de DNI o NIE.
  5. Solo la cartera del Estado. No hay procedimiento para reconocer carteras proporcionadas por mandato o de forma independiente, como permite el artículo 5 bis.2. No se indica la posibilidad de certificar las Carteras en esquemas de certificación de otros países.
  6. El número de DNI o NIE como atributo obligatorio, que facilita vincular la actividad del usuario entre partes usuarias. La definición del PID indica que este número es opcional y probablemente no se incluirá en relaciones con ciudadanos de otros países.
  7. Un requisito que el Reglamento no exige: condicionar la cualificación de los prestadores de declaraciones cualificadas a la conformidad con el esquema de certificación de las carteras.
  8. Barreras a prestadores de otros Estados miembros para expedir certificados de acceso de parte usuaria.

Qué han hecho otros Estados miembros

Varios países ya han aprobado o tramitan su normativa, casi siempre con rango de ley y con bastante más contenido que la mera designación de autoridades. Doy el título en español y en la lengua original, y un resumen de lo principal. Los artículos citados proceden de los textos consultados y conviene contrastarlos con la publicación oficial.

Alemania — proyecto de ley en el Bundestag

Proyecto de Ley de aplicación de las disposiciones de la Unión sobre la Cartera de Identidad Digital Europea y de modificación de otras disposiciones (DIdG) — Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der unionsrechtlichen Vorschriften über die Europäische Brieftasche für die Digitale Identität sowie zur Änderung anderer Rechtsvorschriften, BT-Drs. 21/7408, de 29 de julio de 2026. Audiencia pública en el Bundestag el 6 de octubre de 2026.

  • Tres modelos de provisión a elección del Ministerio Federal de Digitalización: directa, por contrato público o reconociendo carteras privadas.
  • La Agencia Federal de Redes (BNetzA) es organismo de supervisión y punto de contacto único; la Oficina Federal de Administración (BVA), registrador de partes usuarias; la Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI), responsable de la certificación y de las violaciones de seguridad.
  • Datos de identificación de personas jurídicas a partir de los registros mercantil, de cooperativas, de fundaciones y de asociaciones; la representación se acredita con declaraciones electrónicas de atributos.
  • El emisor de los datos de identificación no puede ser el proveedor de la cartera, y este debe ser técnicamente incapaz de conocer su contenido.
  • En 24 meses, las autoridades federales deberán expedir sus documentos como declaraciones electrónicas de atributos, con valor equivalente a la forma escrita.
  • Multas de hasta 5 millones de euros o el 1 % del volumen de negocio (Ley de servicios de confianza).

Finlandia — en vigor desde el 1 de octubre de 2026

Proyecto de ley del Gobierno sobre la legislación complementaria del Reglamento de la UE relativo a la identificación electrónica transfronteriza, los servicios de confianza y la identidad digital europea — Hallituksen esitys eduskunnalle rajat ylittävää sähköistä tunnistamista, luottamuspalveluita ja eurooppalaista digitaalista identiteettiä koskevaa EU:n asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi, HE 17/2026 vp. Incluye una nueva Laki digitaalisesta henkilöllisyystodistuksesta (Ley del documento de identidad digital).

  • Proveedor: la Agencia de Servicios Digitales y de Datos de Población (DVV). Supervisor y registrador: la Agencia de Transportes y Comunicaciones (Traficom), un organismo distinto.
  • Se admiten carteras privadas que cumplan los requisitos.
  • La Oficina de Patentes y Registros expide los datos de identificación de las personas jurídicas desde el Registro Mercantil.
  • Primera credencial: un certificado de identidad digital derivado del pasaporte o del documento de identidad.
  • Cartera gratuita y voluntaria; firma electrónica cualificada gratuita para uso no profesional.

Dinamarca — en vigor desde el 1 de abril de 2026

Ley sobre la cartera nacional de identidad digital — Lov om den nationale digitale identitetstegnebog, LOV nr. 301 af 24/02/2026.

  • La Agencia de Digitalización gestiona la cartera, el servicio de expedición de credenciales y el registro de partes usuarias.
  • Las autoridades responsables de fuentes auténticas deben expedir sus credenciales a través de ese servicio común.
  • Las entidades deben registrarse para recibir credenciales en línea, salvo para la mera verificación de edad; la Agencia puede suspender a quien actúe de forma fraudulenta.
  • Regula los efectos jurídicos de las credenciales, la responsabilidad e indemnización y el reparto de responsabilidades de tratamiento de datos.

Eslovaquia — en vigor desde el 1 de enero de 2025

Ley n.º 365/2024, de 27 de noviembre de 2024, por la que se modifica y completa la Ley n.º 272/2016 de servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior — Zákon z 27. novembra 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (n.º 365/2024 Z. z.).

  • El Ministerio del Interior proporciona la cartera y mantiene la lista de partes usuarias.
  • La Autoridad Nacional de Seguridad (NBÚ) supervisa tanto los servicios de confianza como el marco de la cartera.
  • Los proveedores de carteras deben ser prestadores cualificados de servicios de confianza o tener contrato con uno.
  • Multas de hasta 500.000 euros a proveedores de carteras y de hasta 5 millones o el 1 % a prestadores cualificados.

Luxemburgo — proyecto de ley

Proyecto de ley relativa a la implantación de la cartera de identidad digital europea y por la que se aplica el Reglamento (UE) 2024/1183 — Projet de loi relative à la mise en place du portefeuille européen d’identité numérique et portant mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1183, n° 8583, presentado el 14 de julio de 2025.

  • Proveedor: el Centro de Tecnologías de la Información del Estado (CTIE). Supervisor: el Instituto Luxemburgués de Regulación (ILR), regulador independiente.
  • El registro de partes usuarias es público; para inscribirse se exige, entre otros, un certificado de antecedentes penales.
  • Los datos de identificación incluyen un número administrativo seudonimizado.
  • Inspecciones, medidas correctoras y multas de hasta 1 millón de euros; recurso ante el Tribunal administrativo.

Italia — en vigor, en fase de experimentación

Decreto-ley n.º 19, de 2 de marzo de 2024, de disposiciones urgentes para la aplicación del Plan de Recuperación — Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», que introduce el artículo 64-quater del Código de la Administración Digital, «Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet». Lo desarrolla el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 31 de julio de 2026 sobre los organismos nacionales competentes para la identidad digital europea — «Organismi nazionali competenti per l’identità digitale europea».

  • Cartera pública en la aplicación IO, proporcionada por PagoPA, y carteras privadas acreditadas con requisitos de solvencia y seguros.
  • La Agencia para la Italia Digital (AgID) es organismo de supervisión, punto de contacto único y registrador; el Instituto Poligráfico (IPZS), proveedor de los datos de identificación; la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ACN), propietaria del esquema de certificación.
  • Ocho declaraciones prioritarias, entre ellas títulos académicos, tarjeta sanitaria, permiso de conducir y tarjeta de discapacidad.

En tramitación o en estudio

  • Polonia: Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Proyecto de ley de modificación de la Ley de servicios de confianza e identificación electrónica y de otras leyes, UC122), publicado el 19 de febrero de 2026. Adapta mObywatel, ofrece firma cualificada gratuita para uso no profesional y obliga a las fuentes auténticas a ofrecer verificación a los prestadores cualificados.
  • Chequia: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (Proyecto de ley por el que se modifican las leyes de servicios de confianza, de identificación electrónica y de tasas administrativas), aprobado por el Gobierno en marzo de 2026. La cartera la operará un concesionario privado.
  • Suecia: SOU 2024:45 Kompletterande bestämmelser till EU:s reviderade förordning om elektronisk identifiering (Disposiciones complementarias al Reglamento revisado de la UE sobre identificación electrónica), informe de 2024 que propone separar proveedor (Digg) y supervisor (PTS), admitir carteras privadas y sanciones de hasta 5 millones de euros.

Participar, aunque el tiempo apriete

La comparación deja una conclusión clara: España necesitará, además de este real decreto, una norma con rango de ley que regule aspectos pendientes no cubiertos por el Reglamento EIDAS2: el valor jurídico de las declaraciones electrónicas de atributos y el encaje de la cartera con la Ley 39/2015, uso de Cl@ve, Carpeta Ciudadana, utilización en Lexnet y Citius… Pero lo urgente es mejorar el texto que hoy está en audiencia.

Animo a todas las partes interesadas en los servicios de confianza a leer el proyecto y enviar sus observaciones, hasta el 13 de octubre de 2026, a audienciapublica.prdcarteradigital@digital.gob.es.

Quien quiera comentar conmigo estas ideas y otras que se le ocurran puede escribirme a julian (at) inza.net . También puede contactar con EADTrust en info@eadtrust.com o en el 91 716 05 55.

Rumbo a Poznań: Trusted Economy Forum 2026


Después de Ginebra, Tallin y Sophia Antipolis, la siguiente parada de este otoño dedicado a la confianza digital será Poznań. Los días 14 y 15 de octubre asistiré al Trusted Economy Forum 2026, uno de los encuentros europeos con más solera en firma electrónica, identificación y servicios de confianza. Llega en el mejor momento: a dos meses del plazo de diciembre de 2026 en que los Estados miembros deben poner a disposición de sus ciudadanos la Cartera Europea de Identidad Digital.

Como conté en mi artículo sobre Ginebra, Tallin y Sophia Antipolis, cada foro aporta una pieza distinta del puzle. Ginebra aportó la gobernanza global, Tallin la certificación y los prestadores cualificados, y Sophia Antipolis la normalización y los grandes pilotos. Poznań añade algo que no siempre se encuentra en otros escenarios: el punto de vista de quienes ya están integrando carteras, firmas y verificación de identidad en procesos reales de bancos, aseguradoras, administraciones locales y empresas.

Un foro con casi dos décadas de historia

El Trusted Economy Forum es heredero del European Electronic Signature Forum, que celebró 19 ediciones. Entre 2020 y 2023 lo organizó Asseco Data Systems, y desde 2024 lo organiza Obserwatorium.biz. Pocas citas europeas pueden presumir de una continuidad así en el sector de la confianza digital.

El lema de este año es «Connected by trust». Se espera a cerca de 300 participantes de unos 20 países, con representación de la administración pública, la empresa, la universidad y la industria tecnológica. La sede es Concordia Design, en Poznań, y las sesiones serán en inglés con traducción simultánea al polaco.

El comité de programa reúne a nombres muy conocidos en el sector:

  • Arno Fiedler (Nimbus Technologieberatung), referente del ETSI ESI.
  • Sławomir Górniak, experto en Ciberseguridad de ENISA.
  • Viky Manaila, presidenta del Cloud Signature Consortium.
  • Andrzej Ruciński, Experto en identificación y firma electrónica. Presidente en Grupos de normalización
  • Dariusz Szostek, CEO de Szostek Digital y Profesor de la Universidad de Silesia
  • Michał Tabor, Socio de Obserwatorium.biz Experto en identificación y firma electrónica. Editor de estándares en ETSI.

ETSI figura como patrocinador honorífico.

Un programa en seis módulos

El programa cubre todo el recorrido de la confianza digital, desde la regulación hasta la experiencia del usuario:

  1. On the way to European Identity Wallets. How prepared are we? Estado de la implantación de la EUDI Wallet antes de diciembre de 2026.
  2. Trust trends. Nuevos servicios, mercados y tecnologías, entre ellos la criptografía postcuántica, la procedencia del contenido generado por IA y el Pasaporte Digital de Producto.
  3. Digital market players. Cómo funcionar en el mercado digital de forma eficiente y conforme a la normativa.
  4. Trust in action! Servicios de confianza, carteras e identificación remota aplicados en empresas y administraciones.
  5. Customer in the centre! La experiencia de usuario en los servicios de confianza y la identificación electrónica.
  6. Global Trust Services. Interoperabilidad y expansión internacional de los servicios de confianza.

Los temas de fondo son los que marcan la agenda europea: la cartera, la firma, el sello y la entrega electrónica certificada, y las declaraciones electrónicas de atributos. También el impacto del Marco Europeo de Identidad Digital y del Sistema Nacional de Ciberseguridad polaco, los modelos de negocio de la identidad digital y la administración electrónica.

Me parece un acierto que el programa combine conferencias con muchos debates. Es en los debates donde aparecen las preguntas que las presentaciones no siempre responden.

Ponentes que merece la pena escuchar

El cartel reúne a más de 60 intervinientes. Varios ya me los he encontrado en otros foros de este año, lo que confirma que se está formando una comunidad europea estable en torno a la cartera.

  • Carteras nacionales.
    • Joanna Koczorowska y Rafał Sionkowski (COI) presentarán la cartera polaca.
    • Adrian Bieschke y Björn Boening, del Ministerio Federal de Asuntos Digitales, explicarán la implantación alemana.
    • Giorgia Dragoni (Politecnico di Milano) abrirá con el panorama europeo de las carteras.
  • Certificación. Elżbieta Andrukiewicz, del Instituto Nacional de Telecomunicaciones de Polonia, hablará de la certificación de la EUDI Wallet, un tema que seguimos de cerca en el grupo ad hoc de ENISA.
  • Pilotos y ecosistema europeo.
    • Kevin Meijer (Asociación de Pagos de Países Bajos) y Xavier Juredieu (EUROPEUM-EDIC), ambos del consorcio WE BUILD.
    • Juredieu hablará además de la hoja de ruta de EBSI.
  • Prestadores de confianza.
    • Andrea Sassetti (Aruba PEC y AssoCertificatori), Igor Marcolongo (Tinexta InfoCert) y Marcin Szulga (Asseco Data Systems).
    • Arno Fiedler, sobre C2PA y credenciales de contenido.
    • Guillaume Forget (Cryptomathic), sobre el Cloud Signature Consortium como pilar de la interoperabilidad. Coincidimos de nuevo con el CSC tras la cumbre de Bogotá.
  • Experiencia de usuario e integración.
    • Adrian Doerk (Lissi) y Andreas Freitag (Procivis).
    • Aleksandra Nowak (IDENTT), sobre la integración de las partes usuarias.
  • Sector financiero. VISA, BNP Paribas, ING Leasing, BIK y FinTech Poland llevarán el debate a los pagos y la banca.
  • Mirada global. Karen Mkoyan (imID) presentará el ecosistema de Armenia, alineado con eIDAS. Es una prueba de que el modelo europeo ya se exporta.

Por qué Poznań, y por qué ahora

Lo que distingue al Trusted Economy Forum es su equilibrio. Junta a reguladores y a quienes despliegan, a grandes prestadores y a startups, y a la visión europea con la experiencia de un país, Polonia, que tiene uno de los ecosistemas de identidad digital más activos de la Unión. Que en el mismo programa convivan la cartera, la firma en la nube, la criptografía postcuántica, la procedencia del contenido de IA y el Pasaporte Digital de Producto refleja muy bien hacia dónde va el sector.

Además, el calendario no podría ser más oportuno. Dos semanas después se celebra en Bruselas el EU Digital Identity Wallet Launchpad 2026, del 29 al 30 de octubre. Es la segunda edición de la cita que comenté en EUDI Wallets Launchpad 2025. Seguramente asistiré también, así que Poznań será un buen ensayo de lo que allí se verá. Y en diciembre llegará el evento sobre identidad digital y Business Wallet que preparamos con el Observatorio Legaltech Garrigues-ICADE, continuación de la jornada del 28 de abril.

Volveré de Poznań con notas y contactos, y los compartiré aquí. Si vas a estar allí, escríbeme y nos vemos en Concordia Design.

Enlaces

Servicios societarios digitales para las juntas de accionistas de 2027


Los servicios societarios digitales son los servicios electrónicos que permiten a una sociedad cumplir por medios telemáticos las obligaciones de su vida corporativa, dejando a la vez prueba fiable de ese cumplimiento: publicar en su web la convocatoria de la junta y la documentación que la ley exige, habilitar canales de comunicación con los accionistas y permitirles asistir, delegar y votar a distancia. Los presta un tercero de confianza, ajeno a la sociedad, que genera evidencias electrónicas independientes, fechadas con sellos cualificados de tiempo y verificables por notarios, registradores y tribunales. Así, lo que antes se acreditaba con anuncios en prensa, actas presenciales o la simple declaración de los administradores se acredita ahora con pruebas técnicas que, cuando proceden de un servicio de confianza cualificado, gozan de presunción legal de autenticidad e integridad.

Por qué ahora

En el último trimestre del año las sociedades cierran sus presupuestos, y las juntas generales ordinarias se concentran en el primer semestre: la junta ordinaria debe reunirse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para aprobar las cuentas. Si en 2027 la sociedad va a publicar su convocatoria en la web, ofrecer voto o asistencia a distancia o, si es cotizada, habilitar el Foro Electrónico de Accionistas, conviene presupuestarlo ahora.

La Ley de Sociedades de Capital (LSC) y el Real Decreto-ley 5/2023, que regula las modificaciones estructurales (fusiones, escisiones, cesiones globales y traslados), imponen tres tipos de obligaciones que se resuelven con servicios digitales:

  1. Publicar documentos en la web corporativa y poder probarlo. La carga de la prueba de la inserción y de su fecha recae en la sociedad (art. 11 ter.2 LSC).
  2. Habilitar un Foro Electrónico de Accionistas, en el caso de las sociedades cotizadas (art. 539.2 LSC).
  3. Permitir la participación y el voto a distancia con garantías de identidad y seguridad, cuando los estatutos lo prevean o la junta sea exclusivamente telemática (arts. 182, 182 bis, 189 y 521 LSC).

A estas obligaciones se suma una necesidad práctica: poder probar cómo se desarrolló la junta cuando se retransmite o se celebra con asistencia telemática, ante el notario o frente a una impugnación.

EADTrust, prestador cualificado de servicios de confianza, presta cuatro servicios: Publicación fehaciente (comprobación fehaciente de documentación en página web), Foro Electrónico de Accionistas, Voto Electrónico para Juntas de Accionistas y Testimonio de acceso y grabación de la junta. Este artículo repasa en qué consiste cada uno y en qué artículos se apoya. Está pensado para secretarios de consejo y abogados de sociedades, y lo acompaña un dosier en PDF con el texto literal de los preceptos.

Quién está obligado a qué

Las obligaciones varían según el tipo de sociedad y la operación.

ObligaciónSL y SA no cotizadaSA cotizadaBase legalServicio EADTrust
Web corporativaVoluntaria; si existe, debe acordarse, inscribirse y publicarse en el BORMEObligatoriaArts. 11 bis y 539.2 LSC—
Convocar la junta en la web y probar la inserción y su fechaSí, si tiene web inscritaSí, además de BORME o diario y web de la CNMVArts. 11 ter, 173 y 516 LSCPublicación fehaciente
Mantener publicada la documentación de la junta sin interrupciónSí, durante el plazo legalSí, desde la convocatoria hasta la juntaArts. 11 ter y 518 LSCPublicación fehaciente
Resultados de las votaciones en la web—En 5 días desde la juntaArt. 525.2 LSCPublicación fehaciente
Foro Electrónico de Accionistas—Obligatorio en cada juntaArt. 539.2 LSCForo Electrónico de Accionistas
Voto y delegación a distanciaSi lo prevén los estatutos (SA)Según estatutos; obligatorio si la junta es solo telemáticaArts. 189 y 521 LSCVoto Electrónico
Confirmación del voto electrónico—Recepción inmediata; registro y recuento a peticiónArt. 527 bis LSC y R. (UE) 2018/1212Voto Electrónico
Junta exclusivamente telemáticaSi lo autorizan los estatutos (2/3 del capital)Ídem, con voto anticipado y acta notarialArts. 182 bis y 521.3 LSCVoto Electrónico
Retransmisión de la junta y prueba de su desarrolloSi hay asistencia telemática o junta solo telemáticaTransmisión en tiempo real (Rec. 7 CBG); acta notarial si es solo telemáticaArts. 182 bis, 203 y 521 LSC; art. 382 LEC Testimonio de acceso y grabación
Publicidad preparatoria de fusiones, escisiones y otras modificaciones estructuralesSí, si tiene webSíArts. 7 y 46 RDL 5/2023Publicación fehaciente

Para las cotizadas, no tener la web del artículo 539 LSC o no publicar en ella lo exigido es una infracción grave (art. 292.1.e de la Ley 6/2023, de los Mercados de Valores).

Publicación fehaciente: probar qué se publicó, cuándo y durante cuánto tiempo

El problema jurídico

Desde la Ley 1/2012, la web corporativa inscrita sustituye al BORME y a la prensa como medio de convocatoria de la junta (art. 173.1 LSC). Esa comodidad tiene un coste probatorio que recoge el artículo 11 ter LSC:

  • La sociedad debe garantizar la seguridad de la web, la autenticidad de lo publicado y el acceso gratuito, con posibilidad de descarga e impresión (apartado 1).
  • La carga de la prueba de la inserción y de su fecha corresponde a la sociedad (apartado 2).
  • Los administradores deben mantener lo insertado durante el plazo legal y responden solidariamente de los perjuicios causados por las interrupciones. Basta su declaración para acreditar el mantenimiento, pero «podrá ser desvirtuada por cualquier interesado mediante cualquier prueba admisible en Derecho» (apartado 3).
  • Si el acceso se interrumpe más de dos días consecutivos o cuatro alternos, no podrá celebrarse la junta convocada para el asunto afectado, salvo que el total de días de publicación efectiva alcance el plazo legal (apartado 4).

El plazo mínimo entre la convocatoria y la junta es de un mes en las sociedades anónimas y de quince días en las limitadas (art. 176 LSC). Las cotizadas deben mantener publicada «ininterrumpidamente» toda la documentación de la junta desde la convocatoria hasta su celebración (art. 518 LSC).

En las modificaciones estructurales el Real Decreto-ley 5/2023 va más allá: «la inserción en la web del proyecto y la fecha de la misma se acreditarán mediante la certificación del contenido de aquélla», que se remite al Registro Mercantil (art. 7.2).

Una declaración de los administradores es una prueba de parte. En caso de impugnación de la junta, lo que protege a la sociedad es una evidencia independiente, fechada y verificable.

Cómo funciona el servicio

La Publicación fehaciente de EADTrust, que en su web figura como Comprobación Fehaciente de Documentación, actúa como un tercero de confianza que vigila la web corporativa durante todo el plazo legal:

  1. Acceso como un accionista cualquiera. Un sistema automatizado accede a la página desde el exterior, igual que lo haría un accionista, y descarga los documentos publicados.
  2. Comprobación de integridad. Calcula la huella digital (hash) de cada documento y verifica que no ha cambiado desde la primera comprobación.
  3. Sello de tiempo cualificado. Cada evidencia se fecha con un sello de tiempo cualificado conforme al Reglamento eIDAS, que goza de presunción de exactitud de la fecha y la hora y de integridad de los datos (art. 41.2 del Reglamento (UE) 910/2014).
  4. Comprobaciones repetidas y aleatorias. Las comprobaciones se hacen varias veces al día, entre dos y cuatro, en horas aleatorias, durante todo el periodo de exposición. Así se puede acreditar tanto la disponibilidad continuada como la ausencia de interrupciones relevantes a efectos del art. 11 ter.4.
  5. Certificado final. Al terminar el periodo, EADTrust entrega un certificado que acredita la fecha de la primera publicación, el contenido publicado y su permanencia inalterada. Puede aportarse al notario que levante el acta, al Registro Mercantil o, en su caso, al juzgado.

Valor probatorio: la presunción del artículo 326.4 LEC

Desde la Ley 6/2020, el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil distingue según el servicio de confianza empleado. Si se ha utilizado un servicio de confianza cualificado incluido en la lista de confianza, se presume que el documento electrónico reúne la característica cuestionada, como su autenticidad, su integridad o su fecha y hora, y que el servicio se prestó correctamente.

Es una presunción iuris tantum: admite prueba en contrario, pero traslada a quien impugna la carga de la comprobación y sus costes. Si la impugnación es temeraria, el tribunal puede imponer además una multa de 300 a 1.200 euros (art. 326.4 LEC). A ello se suma la presunción de exactitud de la fecha y la hora y de integridad de los datos que el artículo 41.2 del Reglamento eIDAS reconoce a los sellos cualificados de tiempo electrónicos.

Por eso las evidencias de la Publicación fehaciente, fechadas con sellos cualificados de tiempo de EADTrust, refuerzan la posición de la sociedad frente a la mera declaración de los administradores del artículo 11 ter.3 LSC, que cualquier interesado puede desvirtuar.

Qué se puede certificar

  • Anuncio de convocatoria de la junta general, ordinaria o extraordinaria (arts. 173 y 516 LSC).
  • Documentación puesta a disposición de los socios: cuentas anuales, informes, propuestas de acuerdo y formularios de voto (arts. 272 y 518 LSC).
  • Complemento del orden del día (art. 519 LSC), preguntas y respuestas (art. 520 LSC) y resultados de las votaciones (art. 525.2 LSC).
  • Acuerdo de modificación, traslado o supresión de la propia web, que debe permanecer publicado 30 días (art. 11 bis.3 LSC).
  • Acuerdo de reducción de capital (art. 319 LSC).
  • Proyectos y documentación de modificaciones estructurales (arts. 7 y 46 RDL 5/2023).
  • Política de remuneraciones, operaciones vinculadas y otros documentos que las cotizadas deben mantener en su web (arts. 529 novodecies, 529 unvicies y 541 LSC).

El servicio sirve tanto para sociedades limitadas y anónimas no cotizadas, que no están obligadas a tener web pero la usan para convocar, como para cotizadas y SICAV.

Foro Electrónico de Accionistas

Base legal

El artículo 539.2 LSC obliga a las sociedades anónimas cotizadas a habilitar en su página web un foro electrónico de accionistas «al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de las juntas generales». En el foro pueden publicarse:

  • propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día;
  • solicitudes de adhesión a esas propuestas;
  • iniciativas para alcanzar el porcentaje necesario para ejercer un derecho de minoría, que en las cotizadas es del 3 % (art. 495 LSC);
  • ofertas o peticiones de representación voluntaria.

El consejo de administración fija el contenido de la web conforme a la Circular 3/2015 de la CNMV (art. 539.3 LSC). La falta de publicación de lo exigido en esa web es infracción grave (art. 292.1.e de la Ley 6/2023).

Cómo funciona el servicio

  • Plataforma integrada en la web corporativa, con acceso cifrado y la imagen de la sociedad.
  • Verificación de la condición de accionista antes de admitir a un participante. Se cruza con los datos de la sociedad y con la información de titularidad de Iberclear, y la identificación puede hacerse con DNI electrónico o certificado cualificado.
  • Moderación permanente por EADTrust, para que solo se publiquen contenidos de los cuatro tipos que permite la ley.
  • Modelo de Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas adaptado a la sociedad. Lo aprueba el consejo, se integra con el reglamento de la junta y se menciona en la convocatoria.

EADTrust mantiene una demostración pública del foro en accionistas.de.

Voto electrónico, delegación a distancia y juntas telemáticas

Base legal

La LSC admite varios grados de participación a distancia:

  • Voto y delegación a distancia en la SA (art. 189.2 LSC): si lo prevén los estatutos, el voto puede emitirse o delegarse «mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto». Quien vota a distancia cuenta como presente para constituir la junta (art. 189.3).
  • Asistencia telemática (art. 182 LSC): si los estatutos la prevén, la convocatoria debe describir plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos.
  • Junta exclusivamente telemática (art. 182 bis LSC, introducido por la Ley 5/2021): exige autorización estatutaria aprobada por dos tercios del capital presente o representado, garantía de la identidad y legitimación de los socios, participación efectiva en tiempo real y un registro previo que no puede exigirse con más de una hora de antelación. Se aplica también a las sociedades limitadas.
  • Cotizadas (art. 521 LSC): el voto y la delegación a distancia requieren garantizar la identidad «y la seguridad de las comunicaciones electrónicas». Si la junta es exclusivamente telemática, los accionistas deben poder votar o delegar anticipadamente y el acta debe levantarla un notario (art. 521.3).
  • Anuncio de convocatoria de cotizadas (art. 517.2 LSC): debe describir el sistema de delegación, con los medios para notificar electrónicamente las representaciones, y los procedimientos de voto a distancia.
  • Confirmación del voto (art. 527 bis LSC): la cotizada debe enviar al accionista que vota por medios electrónicos una confirmación de recepción. Además, a petición del accionista y dentro del mes siguiente a la junta, debe confirmar que su voto se registró y contabilizó. El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1212 exige que la primera confirmación se envíe inmediatamente y la segunda en un máximo de quince días (art. 9.5).
  • Plazo de convocatoria reducido (art. 515 LSC): si la cotizada ofrece «la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos» los accionistas, las juntas extraordinarias pueden convocarse con quince días de antelación. Hace falta un acuerdo de la junta ordinaria adoptado por dos tercios del capital con derecho a voto, válido hasta la siguiente junta ordinaria.

A estas normas se suma la Recomendación 7 del Código de Buen Gobierno de la CNMV. Pide transmitir la junta en directo por la web y contar con mecanismos de delegación y voto telemáticos.

Cómo funciona el servicio

El Voto Electrónico para Juntas de Accionistas de EADTrust funciona sobre la plataforma Innovoto:

  • Identificación fuerte del accionista con DNI electrónico, certificado cualificado o firma electrónica, o con el sistema de acceso que la sociedad ya use con sus accionistas.
  • Voto y delegación en cada punto del orden del día, a favor, en contra o en abstención, desde ordenador, tableta o móvil (Android e iOS).
  • Secreto del voto: la sociedad ve el recuento y la relación de participantes, no el sentido de cada voto individual.
  • Actas y certificaciones con la lista de asistentes, el quórum y los resultados, útiles para el notario o para el secretario que levante el acta.
  • Apoyo en la redacción del apartado de voto y delegación a distancia del anuncio de convocatoria, conforme al art. 517 LSC. En la convocatoria debe hablarse de «certificado cualificado», no de «certificado reconocido».

La misma plataforma sirve para juntas de sociedades limitadas y anónimas no cotizadas, y para asociaciones, colegios profesionales o universidades.

Testimonio de acceso y grabación de la junta

El problema jurídico

En una junta con asistencia telemática, su validez depende de hechos que ocurren dentro de una plataforma. Los socios tienen que poder registrarse y conectarse, seguir las intervenciones y ejercer en tiempo real sus derechos de palabra, información, propuesta y voto (art. 182 bis.3 LSC). El acta, además, debe reflejar adecuadamente el desarrollo de la reunión (art. 182 bis.4).

En las cotizadas, el reglamento de la junta puede prever su transmisión en tiempo real (art. 521.2.a LSC), y la Recomendación 7 del Código de Buen Gobierno pide hacerla por la web. Si la junta es exclusivamente telemática, el acta la levanta un notario (art. 521.3.b). En cualquier sociedad, los socios que representen el 1 % del capital en la SA o el 5 % en la SL pueden exigir acta notarial (art. 203.1).

Los acuerdos pueden impugnarse durante un año, o durante tres meses en las cotizadas (arts. 205.1 y 495.2.c LSC). Las infracciones de procedimiento solo justifican la anulación cuando son relevantes (art. 204.3.a). Por eso, cuando alguien alega fallos de la plataforma o de la participación a distancia, la sociedad necesita probar qué ocurrió realmente, con una evidencia independiente y fechada.

Cómo funciona el servicio

  1. Acceso a la junta. La sociedad facilita a EADTrust el acceso a la emisión privada y a la aplicación de gestión de la junta. Si no fuera posible, se estudia que EADTrust adquiera una acción de la sociedad para acceder a la junta y a la retransmisión como un accionista más.
  2. Testimonio de acceso. EADTrust deja constancia del acceso a la aplicación de gestión de la junta y de su disponibilidad, con evidencias fechadas con sello cualificado de tiempo.
  3. Grabación en vídeo de la retransmisión, desde la apertura hasta el cierre de la sesión.
  4. Huella digital y sello de tiempo. Se calcula la huella (hash) del fichero de la grabación y se fecha con un sello cualificado de tiempo de EADTrust.
  5. Testimonio digital. EADTrust emite un documento que identifica la junta, describe el acceso y la grabación e incorpora la huella y el sello. Cualquier copia de la grabación puede cotejarse recalculando su huella.

Si EADTrust debe adquirir una acción

Para asistir como accionista hay que cumplir los requisitos de legitimación:

  • tener las acciones inscritas con cinco días de antelación (art. 179.3 LSC);
  • alcanzar, en su caso, el número mínimo que exijan los estatutos, que no puede superar el uno por mil del capital (art. 179.2) ni, en las cotizadas, las mil acciones (art. 521 bis);
  • registrarse en la plataforma en el plazo que fije la convocatoria.

En las sociedades limitadas, la transmisión de participaciones exige documento público y está sujeta a restricciones (arts. 106 y 107 LSC). Por eso, en ellas el acceso debe facilitarlo la sociedad.

Valor probatorio

La grabación es un medio de prueba que el tribunal valora según las reglas de la sana crítica. Quien la aporta puede acompañar los dictámenes y medios instrumentales que acrediten su autenticidad (art. 382 LEC), y el testimonio de EADTrust cumple esa función. El sello cualificado de tiempo hace presumir la fecha y la integridad de la grabación (art. 41.2 del Reglamento eIDAS). Además, al proceder de un servicio cualificado, traslada a quien la impugne la carga de la comprobación (art. 326.4 LEC).

El testimonio no sustituye al acta, sea notarial o no: la complementa, y puede ponerse a disposición del notario o del secretario que la redacte.

Conviene conservar la grabación al menos hasta que caduque la acción de impugnación. Como contiene la imagen y la voz de quienes intervienen, la convocatoria debe informar de la grabación, y la relación con EADTrust se formaliza como encargo de tratamiento (art. 28 RGPD).

Modificaciones estructurales, OPAs y otras publicaciones

Las juntas no son el único momento en que la ley exige publicar en la web y poder probarlo.

Fusiones, escisiones y demás modificaciones estructurales

El Real Decreto-ley 5/2023, que sustituyó a la Ley 3/2009, organiza la publicidad preparatoria en torno a la web:

  • Art. 7.1: al menos un mes antes de la junta, los administradores deben insertar en la web el proyecto, un anuncio que informe a socios, acreedores y trabajadores de que pueden presentar observaciones y, cuando proceda, el informe del experto independiente. La inserción debe mantenerse hasta que termine el plazo de los acreedores: un mes en operaciones internas y tres en transfronterizas (art. 13).
  • Art. 7.2: el hecho de la inserción se publica en el BORME, y la inserción y su fecha se acreditan «mediante la certificación del contenido» de la web remitida al Registro Mercantil.
  • Art. 7.5: la convocatoria no puede publicarse antes de que el BORME publique la inserción.
  • Art. 46: antes de convocar, deben insertarse en la web, con posibilidad de descarga e impresión, las cuentas de los tres últimos ejercicios, el balance de fusión, los estatutos y la identidad de los administradores.
  • Art. 47.2: la convocatoria debe hacer constar la fecha de inserción de esos documentos.

La Publicación fehaciente aporta la certificación del contenido y de su fecha, y acredita que la documentación permaneció publicada durante todo el plazo de oposición de los acreedores.

Ofertas públicas de adquisición

El Real Decreto 1066/2007 permite difundir el folleto de la OPA en la web de la sociedad afectada (art. 22). Además, obliga al consejo de administración de la sociedad afectada a publicar su informe sobre la oferta en un plazo máximo de diez días naturales desde el inicio del plazo de aceptación (art. 24). La Circular 3/2015 de la CNMV exige mantener la documentación de la OPA en la web al menos un año desde la publicación del resultado.

Información permanente de las cotizadas

Las cotizadas deben mantener en su web, durante plazos largos:

  • la política de remuneraciones, mientras sea aplicable (art. 529 novodecies.2 LSC);
  • los anuncios de operaciones vinculadas relevantes (art. 529 unvicies LSC);
  • el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, al menos diez años (art. 541.3 LSC);
  • los informes financieros anuales y semestrales, al menos diez años (arts. 99 y 100 de la Ley 6/2023).

La comprobación periódica de estos contenidos permite al secretario del consejo acreditar su cumplimiento ante la CNMV.

Cómo prepararse para las juntas de 2027

Un calendario orientativo para una junta ordinaria en junio de 2027:

  1. Octubre–diciembre de 2026: incluir en el presupuesto de 2027 los servicios que la sociedad necesitará y revisar si los estatutos y el reglamento de la junta permiten la asistencia telemática, el voto a distancia o la junta exclusivamente telemática. Si hay que modificarlos, el acuerdo exige dos tercios del capital para la junta solo telemática (art. 182 bis.2 LSC) y debe llevarse a la próxima junta.
  2. Enero–febrero de 2027: comprobar que la web corporativa está inscrita y publicada en el BORME (art. 11 bis LSC) y, en las cotizadas, aprobar o revisar el Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
  3. Marzo–abril de 2027: formular las cuentas, preparar la documentación y redactar el anuncio de convocatoria, con el apartado de voto y delegación a distancia (art. 517 LSC) y el aviso de grabación de la junta.
  4. Desde la convocatoria, con al menos un mes de antelación en la SA: activar la Publicación fehaciente y, en las cotizadas, abrir el Foro Electrónico de Accionistas. Y acordar el acceso de EADTrust a la emisión privada o, si no es posible, adquirir e inscribir la acción con al menos cinco días de antelación (art. 179.3 LSC).
  5. Día de la junta: voto y participación a distancia, recuento y acta, testimonio de acceso y grabación de la retransmisión.
  6. Después de la junta: confirmaciones de voto (art. 527 bis LSC) y publicación de los resultados en cinco días (art. 525.2 LSC), también con comprobación fehaciente, entrega del testimonio digital con la huella de la grabación y sello de tiempo.

Contacto

EADTrust (European Agency of Digital Trust) es prestador cualificado de servicios de confianza. Para solicitar una propuesta de servicios societarios para 2027:

  • Web: www.eadtrust.eu
  • Correo: info@eadtrust.com
  • Teléfonos: 902 365 612 y 91 716 05 55

La información de este artículo es divulgativa y no sustituye al asesoramiento jurídico sobre cada caso concreto.

Normativa citada y fuentes

Summary in English

Spanish companies are now setting their 2027 budgets, and annual general meetings must be held within the first six months of the financial year. Spanish company law turns three digital needs into legal obligations. First, companies must be able to prove what they publish on their corporate website, and when. The burden of proof lies with the company (art. 11 ter of the Capital Companies Act, LSC), and a website outage of more than two consecutive or four alternate days prevents the meeting from being held. In mergers and other structural changes, publication must be evidenced by a certification of the website’s content (art. 7 of Royal Decree-law 5/2023). Second, listed companies must run an Electronic Shareholders’ Forum before every meeting (art. 539.2 LSC). Third, remote voting, proxy appointment and fully virtual meetings require guaranteed identity and secure communications, and listed companies must confirm electronic votes (arts. 182 bis, 189, 521 and 527 bis LSC; Implementing Regulation (EU) 2018/1212).

EADTrust, a qualified trust service provider under eIDAS, covers the three needs with Certified Publication (continuous, randomly timed checks of the corporate website, sealed with qualified electronic time stamps), the Electronic Shareholders’ Forum and Electronic Voting for Shareholder Meetings. Because the evidence comes from a qualified trust service, Spanish procedural law presumes, subject to proof to the contrary, that it is authentic, intact and accurately dated. It also shifts the cost of any verification to whoever challenges it (art. 326.4 of the Civil Procedure Act; art. 41.2 eIDAS).

EADTrust also offers a Meeting Testimony service. It accesses the meeting management application and records the live broadcast, either through private access granted by the company or, failing that, by acquiring a share. It then issues a digital testimony containing the recording’s hash and a qualified electronic time stamp.

Contact: www.eadtrust.eu · info@eadtrust.com · +34 91 716 05 55

Cómo implementar el registro de jornada digital: hashes encadenados y sellos de tiempo cualificados para un fichaje con valor probatorio


Aviso. Este análisis se basa en el borrador del Real Decreto «por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de jornada» que circuló hacia octubre de 2025 (tramitación urgente autorizada por el Consejo de Ministros el 30 de septiembre de 2025). A día de hoy la norma no está publicada en el BOE. Tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, la tramitación se aplazó y se ha publicado que su tramitación se retoma en septiembre de 2026. Estamos atentos. El texto que finalmente se apruebe puede diferir del que aquí se comenta. Por otro lado, las orientaciones de este blog no pueden considerarse asesoramiento jurídico.

El artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores ya obliga, desde el 12 de mayo de 2019, a garantizar el registro diario de jornada (inicio y fin), a conservarlo cuatro años y a ponerlo a disposición de la persona trabajadora, de su representación legal y de la Inspección de Trabajo. Ese marco sigue vigente. Admite, hoy, papel, hoja de cálculo u otros medios si el registro es objetivo y fiable.

El borrador de real decreto pretende ir más allá: registro por medios digitales, con un contenido mínimo más amplio, y con tres cualidades definidas (objetividad, fiabilidad y accesibilidad). No impone técnicas como las que voy a describir en este artículo: hashes, sellos de tiempo ni un prestador cualificado. Lo que sigue es una propuesta de implementación para quien quiera que el registro no solo «exista», sino que resista un peritaje o una inspección cuando se discuta si se ha alterado.

Hitos de la tramitación (hasta septiembre de 2026)

  • 8 de marzo de 2019 – El Real Decreto-ley 8/2019 da nueva redacción al artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores e impone el registro diario de jornada (obligación efectiva desde el 12 de mayo de 2019). Es el marco que sigue vigente.
  • 2024–2025 – La reforma del registro se vincula al proyecto de ley de reducción de jornada a 37,5 horas.
  • Septiembre de 2025 – El proyecto de reducción de jornada decae en el Congreso; el registro de jornada se desgaja y continúa por vía reglamentaria propia.
  • 30 de septiembre de 2025 – El Consejo de Ministros autoriza la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto de registro de jornada.
  • Octubre de 2025 – Consulta pública y trámites de audiencia e información pública (es el borrador que se comenta en este artículo).
  • 17 de febrero de 2026 – El expediente entra en el Consejo de Estado.
  • 23 de marzo de 2026 – El Consejo de Estado emite dictamen desfavorable (preceptivo, no vinculante).
  • Junio–julio de 2026 – Discrepancias entre ministerios; el Ministerio de Trabajo se muestra dispuesto a incorporar cambios manteniendo la digitalización como objetivo.
  • 24 de julio de 2026 – Los Ministerios de Trabajo y Economía aplazan la aprobación a septiembre para reelaborar el texto.
  • Septiembre de 2026 – Se retoma la tramitación. A la fecha de este artículo, la norma sigue sin publicarse en el BOE.

Qué dijo el Consejo de Estado (y qué no dijo)

El dictamen de 23 de marzo de 2026 fue desfavorable (concluyó que no procedía aprobar el real decreto en esos términos), si bien no es vinculante y el Gobierno puede continuar la tramitación. Sus objeciones principales, resumidas, fueron:

  • Rango normativo insuficiente. Una obligación de este calado debería articularse por ley tramitada en las Cortes, y no mediante real decreto, por dudas sobre la cobertura legal.
  • Impacto económico infravalorado. Consideró poco realista la estimación de coste del Ministerio (del orden de 55 € por trabajador y año) y cifró un impacto muy superior para las pymes (según el dictamen, del orden de 800–900 millones de euros al año).
  • Falta de adaptación sectorial. Un sistema único no encaja igual en todos los sectores (hostelería, ferrocarril, construcción, empleo del hogar,…); pidió excepciones y mayor flexibilidad.
  • Garantías de protección de datos. La AEPD informó en sentido desfavorable. Advirtió que la protección frente a riesgos no puede quedar en meras alegaciones y cuestionó el acceso remoto de la Inspección sin salvaguardas técnicas concretas.
  • Urgencia y plazo. No vio justificada la vía de urgencia y consideró escaso el periodo de adaptación de apenas 20 días.

En este contexto, se refuerza la idea de que si se digitaliza el registro, la integridad tiene que ser demostrable, no solo declarada. Por eso puede ayudar contar con servicios de confianza: un registro con integridad demostrable y una capa de custodia independiente responden justamente a esas preocupaciones, con independencia del rango final de la norma.

Qué pide el borrador

El borrador desarrolla los artículos 12.4.c), 34.9 y 35.5 del Estatuto de los Trabajadores. En lo que aquí importa:

  • Registro diario por medios digitales (con matices: en el servicio del hogar se admite un medio proporcionado a los recursos; las actividades con normativa específica se rigen por esta en lo que no sea incompatible).
  • Objetividad: información imparcial, perceptible e «indiscutible» (en el sentido del propio borrador: calidad del dato registrado, no un sello mágico de inatacabilidad judicial).
  • Fiabilidad: los asientos no se modifican sin autorización de empresa y de la persona trabajadora; toda modificación deja huella clara e indeleble de los cambios y de su autoría.
  • Accesibilidad: uso sencillo, sin discriminación.
  • Asiento libre, personal, directo e inmediato al inicio y al fin de cada situación que deba registrarse.
  • Contenido mínimo más amplio que el inicio y el fin: régimen de jornada, pausas no computables, presencial o a distancia, naturaleza de las horas, tiempos de espera, interrupciones de la desconexión, medidas de conciliación o irregularidad, totalización diaria y mensual, y autoría de las modificaciones.
  • Conservación cuatro años.
  • Consulta y copia inmediatas por la persona trabajadora; resumen con el recibo de salarios; acceso de la representación legal con minimización de datos; acceso de la Inspección remoto y presencial, en cualquier momento.
  • Formato tratable, legible y compatible.
  • Protocolo interno, evaluación periódica y formación (el tiempo de formación es tiempo de trabajo).

El artículo 5 del borrador presume, salvo prueba en contrario, que un sistema que cumpla los requisitos técnicos de futuras disposiciones de desarrollo respeta los artículos 2 y 3. Esas disposiciones aún no existen.

La propuesta: un diario append-only con cadena de hashes y cierre diario sellado

La idea es sencilla: no modificar los datos ya registrados. Cada hecho (entrada, salida, pausa, corrección) se añade. Nunca se sustituye un asiento anterior.

Propongo usar dos piezas que se refuerzan entre sí.

1) Encadenamiento de hashes

Para cada asiento n:

  1. Se construye un registro canónico (mismos campos, mismo orden, misma codificación y misma zona horaria; por ejemplo UTC con offset explícito). Ahí entra, como mínimo, el contenido del artículo 3 del borrador.
  2. Se calcula hash1(n) = H(registro_canónico_n).
  3. Se calcula hash2(n) = H(hash2(n-1) || hash1(n)).
    En el primer asiento del día, hash2(n-1) es el hash2 de cierre del día anterior (o un valor inicial público y documentado).

H debe ser una función hash criptográfica de uso general (por ejemplo SHA-256 o SHA-3). El detalle del algoritmo, la canonicalización y el valor inicial tienen que estar en el protocolo interno; si no, dos implementaciones distintas (aun auditadas) no obtendrán el mismo hash.

Cualquier cambio en un asiento pasado rompe la cadena a partir de ese punto. Eso es una huella detectable de alteración. No es, por sí sola, prueba de que el fichaje original fuera veraz ni de que lo hiciera la persona trabajadora.

En otros artículos de este blog he llamado RJT (Replicated Journal Technology) a un diario append-only replicado. No es un estándar ETSI ni un RFC: es una forma de describir este tipo de libro diario.

2) Cierre diario con sello de tiempo cualificado

Al cierre de cada día se toma el último hash2 y se solicita un sello de tiempo cualificado sobre ese hash (RFC 3161 / ETSI EN 319 422), emitido por un prestador cualificado.

Aquí se tienen en cuenta, dos artículos del Reglamento eIDAS:

  • Artículo 42: requisitos del sello cualificado (vinculación criptográfica fecha-datos, fuente ligada a UTC, firma o sello del prestador cualificado).
  • Artículo 41.2: efecto jurídico. El sello cualificado presume (admite prueba en contrario) la exactitud de la fecha y hora que indica y la integridad de los datos a los que esa fecha y hora están vinculadas.

Qué prueba, entonces, el sello diario: que ese hash de cierre existía en ese instante y no se ha alterado desde entonces. Qué no prueba: que cada fichaje intramardía se produjo exactamente a la hora que figura en el asiento. Esa hora intramardía depende del reloj del sistema, salvo que se selle (o se ancle de otro modo auditable) cada evento, no solo el cierre.

Las modificaciones autorizadas no reescriben el asiento original: se añade uno nuevo que identifica el asiento afectado, el autor, el momento, el motivo y, si hay discrepancia, la posición de cada parte. Así se cumple la lógica del borrador (autorización dual y huella) sin romper la cadena.

Conservación y puesta a disposición: informes periódicos en el eArchivo

Una capa de custodia ante un prestador cualificado (archivo electrónico / cartulario) puede guardar, cada mes, un informe consolidado sellado del periodo: totalizaciones, resumen entregado con la nómina, hash de cierre de cada día y evidencia de los sellos. Eso ayuda a la conservación a cuatro años y a reconstruir el estado del diario si el sistema de producción falla.

No sustituye:

  • el registro diario en el que se practican los asientos;
  • la consulta inmediata de la persona trabajadora sobre sus asientos;
  • el acceso inmediato, remoto y presencial de la Inspección al sistema;
  • el formato tratable del registro vivo.

La obligación sigue siendo del empleador. El prestador aporta sellado y, en su caso, custodia de evidencias. Tampoco hay que situar el registro en zonas de acceso público ni permitir que un tercero fiche por la persona trabajadora: la criptografía no sana un asiento que no sea personal, directo e inmediato.

Checklist de requisitos (según el borrador)

Lista para verificar un sistema de registro frente al borrador. Recordatorio: el texto definitivo que se publique en el BOE puede cambiar estos puntos.

Obligación y forma

  • ☐ Registro diario y por medios digitales de toda persona trabajadora.
  • ☐ Sistema objetivo (imparcial, perceptible e indiscutible), fiable y accesible.
  • ☐ Asientos inmodificables sin autorización; toda modificación con huella indeleble y autoría.

Contenido mínimo

  • ☐ Identificación de la persona trabajadora.
  • ☐ Régimen de jornada (completa/parcial, con porcentaje de parcialidad).
  • ☐ Inicio y fin de cada jornada (hora y minuto).
  • ☐ Inicio y fin de las pausas no computables como trabajo efectivo.
  • ☐ Trabajo presencial o a distancia.
  • ☐ Naturaleza de las horas (ordinarias, extraordinarias o complementarias; y si las extra se compensan o retribuyen).
  • ☐ Tiempos de espera y a disposición de la empresa.
  • ☐ Interrupciones del derecho a la desconexión.
  • ☐ Horas por conciliación, flexibilidad o distribución irregular.
  • ☐ Totalización diaria y mensual.
  • ☐ Identificación, autorizaciones y autoría de todas las modificaciones.

Práctica de los asientos y conservación

  • ☐ Asiento libre, personal, directo e inmediato al iniciar y al terminar.
  • ☐ Modificaciones autorizadas; discrepancias trasladadas a la representación legal.
  • ☐ Asientos sin condicionamiento ni presión.
  • ☐ Alternativa ante incidencia técnica, con paso posterior a soporte digital.
  • ☐ Registro no accesible a terceros ni en zonas de acceso público.
  • ☐ Conservación durante cuatro años.

Requisitos técnicos y prueba

  • ☐ Cumplir los requisitos técnicos de desarrollo, o un sistema alternativo con informe de técnico competente.
  • ☐ Aprovechar la presunción de conformidad para quien cumpla la totalidad de requisitos técnicos.

Acceso, copia y organización

  • ☐ Consulta y copia inmediatas por la persona trabajadora; resumen con el recibo de salarios.
  • ☐ Acceso de la representación legal (con minimización de datos personales).
  • ☐ Acceso remoto y presencial de la Inspección de Trabajo, en cualquier momento.
  • ☐ Formato tratable, legible y compatible.
  • ☐ Protocolo de organización y documentación, con evaluación periódica y participación de la representación legal.
  • ☐ Formación a las personas que asienten o accedan (tiempo de trabajo; coste no repercutible).

En resumen

El borrador (si se aprueba en términos parecidos) pedirá un registro digital objetivo, fiable y accesible.

Un diario encadenado con cierre diario sellado mejora la integridad demostrable y encaja con la idea de huella indeleble. Un sello cualificado, por el artículo 41 eIDAS, presume fecha e integridad del hash sellado; no convierte en indiscutible ni la hora de cada fichaje ni la veracidad de la jornada.

Cuando el texto salga en el BOE habrá que ajustar el detalle (plazo de adaptación, requisitos técnicos de desarrollo, especialidades). El criterio no cambia: separar el sistema con el que se ficha, la prueba de que ese sistema no se ha reescrito, y la custodia de lo que se quiera conservar fuera de la aplicación de producción.

Lo que añade esta propuesta (no es requisito legal hoy)

  • Diario append-only.
  • hash1 / hash2 documentados y verificables.
  • Sello cualificado de cierre diario sobre el último hash2.
  • Correcciones como asientos nuevos, nunca como tachadura invisible.
  • Depósito periódico de informes sellados, además del sistema operativo.

Cuando el texto se publique en el BOE, ajustaremos el detalle; el enfoque, previsiblemente, seguirá siendo válido.


Cómo puede ayudar EADTrust

EADTrust (European Agency of Digital Trust) puede intervenir en dos planos complementarios:

  • Servicios de confianza. Sellado de tiempo cualificado y archivo electrónico (eArchivo / Cartulario) para robustecer el registro de jornada: cierres diarios anclados en el tiempo, integridad demostrable y custodia de los informes periódicos con valor probatorio, a disposición de la empresa, la representación legal y la Inspección.
  • Servicios Profesionales. Nuestra división de Servicios Profesionales asesora a las empresas que desarrollan sistemas de control horario para diseñar la mejor solución técnica desde el inicio (hashes encadenados, sellado, trazabilidad de modificaciones, conservación y accesibilidad), y también audita soluciones ya desarrolladas para verificar y garantizar que cumplen todos los requisitos exigibles.

¿Hablamos? Tanto si va a incorporar servicios de confianza a su registro de jornada, como si desarrolla una solución de control horario o necesita auditar la que ya tiene, en EADTrust podemos ayudarle a hacerlo con garantías de integridad y valor probatorio.
Web: www.eadtrust.eu · Correo: info@eadtrust.com · Teléfonos: 902 365 612 y 91 716 05 55.

EPSA 2025-26: España, el país con más candidaturas, coloca dos administraciones entre las ganadoras


El Premio Europeo del Sector Público (EPSA) que concede el EIPA (el Instituto Europeo de Administración Pública, con sede en Maastricht) celebra el 24 de septiembre de 2026 en esa ciudad la ceremonia de su décima edición, la EPSA 2025-26. Y lo hace con un dato que merece titular propio: España ha sido el país con más candidaturas de toda Europa, con 26 proyectos destacados. Además, dos administraciones españolas figuran entre las ganadoras y varios de nuestros grandes «históricos» de la administración electrónica reciben reconocimiento especial.

Qué es EPSA y las cifras de esta edición

EPSA es, desde 2007, el gran escaparate de la innovación en el sector público europeo. En esta edición se admitieron 134 candidaturas procedentes de 30 países: 108 proyectos nuevos repartidos en tres categorías —Innovar en el gobierno, la gobernanza y las políticas (51), Invertir en infraestructuras, movilidad y energía (21) y Prestar servicios centrados en el usuario a nivel subnacional (36)— más 26 proyectos actualizados de ediciones anteriores que optan a un reconocimiento especial.

España encabezó la participación histórica con 26 candidaturas, por delante de Austria (16), Italia (11) y Polonia (10). Un liderazgo que, por sí solo, dice bastante sobre el pulso innovador de nuestras administraciones.

Cómo se ha evaluado

El proceso ha combinado una evaluación en línea de las candidaturas con entrevistas a los proyectos preseleccionados; tras la reunión de consenso de los evaluadores se eligieron tres proyectos ganadores por categoría. El orden final —primer, segundo y tercer puesto— se desvela en la propia ceremonia de Maastricht, de modo que, a la fecha de este artículo, ya conocemos el grupo ganador aunque no su posición exacta.

Los premiados españoles

Los dos proyectos españoles reconocidos como ganadores compiten en la categoría de servicios centrados en el usuario a nivel subnacional, precisamente el terreno donde la administración local y autonómica está tirando de la transformación digital:

Suma CivicData Engine, de Suma Gestión Tributaria (Diputación de Alicante). Un motor de datos cívicos a escala subnacional orientado a lograr tarifas justas y servicios públicos centrados en el ciudadano. Un buen ejemplo de administración basada en datos: usar la información de forma responsable para ajustar la relación tributaria y de servicio con el ciudadano.

La Estrategia gallega de Compra Pública de Soluciones Innovadoras en salud, del Servicio Gallego de Salud (SERGAS). Un caso destacado de compra pública de innovación (CPI), que emplea la contratación como palanca para incorporar soluciones innovadoras al sistema sanitario, alineando la demanda pública con el desarrollo tecnológico.

Justicia digital: el Ministerio de Justicia, en el foco

Mención aparte merece el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, presente en EPSA 2025-26 con Justicia Digital y la Carpeta Justicia. La Carpeta Justicia es el punto único de acceso del ciudadano a sus asuntos judiciales y, en su versión más reciente, permite consultar el expediente judicial electrónico desde la Sede Judicial Electrónica. Es uno de los proyectos de modernización más ambiciosos de la Administración General del Estado y, para quien trabaja en confianza digital, un caso de manual: detrás de esa carpeta hay identidad electrónica, firma y sello, expediente electrónico y preservación de evidencias con garantías jurídicas. La transformación digital de la Justicia española es, además, un esfuerzo sostenido que ya ha cosechado reconocimiento europeo en ediciones anteriores.

Los «históricos»: reconocimiento especial a la mejora continua

Junto a los ganadores, EPSA reserva un reconocimiento especial a los 26 proyectos que ya pasaron por ediciones anteriores y regresan demostrando mejora continua y sostenibilidad en el tiempo. Ahí España tiene otro nombre propio: SEDIPUALB@, la plataforma de administración electrónica de la Diputación de Albacete. Nacida de un plan de transformación digital de la Diputación y sus municipios, se ha convertido en la mayor plataforma de gestión pública del país, al servicio de más de 1.000 administraciones y con más de 35.000 usuarios diarios. Que un proyecto así siga recibiendo reconocimiento europeo años después de su lanzamiento subraya lo que de verdad importa en la digitalización pública: no solo innovar, sino sostener y hacer crecer lo construido.

La presencia española se completa con otras iniciativas de referencia en gobierno digital:

  • Next Diba Service — apoyo a la captación y gestión de fondos europeos — Diputació de Barcelona.
  • Madrid, Digital Capital — servicios públicos basados en datos, automatización, IA y gobierno digital interoperable — Ayuntamiento de Madrid.
  • Destination Barcelona — gobernanza multinivel para la competitividad y la descentralización de la oferta turística de la provincia — Diputació de Barcelona.

En conjunto, un mapa que va de lo local y provincial (Alicante, Albacete, Barcelona) a lo autonómico (Galicia) y lo estatal (Justicia), y que confirma que la modernización digital del sector público español tiene profundidad y recorrido, no solo casos aislados.

Por qué interesa (también) a quien trabaja en confianza digital

Puede parecer que un premio de administración pública queda lejos de la firma electrónica o la identidad digital, pero es justo lo contrario. Los proyectos que EPSA reconoce —datos cívicos, servicios centrados en el usuario, compra pública de innovación, justicia digital— son la capa de servicio que se apoya, para funcionar con garantías, en la infraestructura de confianza digital: identidad, atributos verificables (declaraciones electrónicas de atributos), firma y sello electrónicos, preservación de evidencias. Cuanto más avanza la administración hacia servicios digitales centrados en el ciudadano, más críticos se vuelven los servicios de confianza que los sostienen. Los premiados españoles demuestran que esa modernización no es teoría: ya entrega resultados premiables a escala europea.

La cita: agenda e inscripción

La ceremonia EPSA 2025-26 se celebra el 24 de septiembre de 2026, de 9:30 a 16:00 (CET) —con acreditación desde las 9:00 y recepción de clausura hasta las 17:00— en la sede del EIPA en Maastricht (Onze Lieve Vrouweplein 22, 6211 HE Maastricht, Países Bajos). Puede seguirse presencialmente o en directo por streaming.

El programa incluye la apertura institucional, una ponencia de Marie Donnay (Reform and Investment Task Force de la Comisión Europea), dos mesas redondas —sobre las reformas para la competitividad y sobre la administración basada en datos—, las sesiones de entrega de reconocimientos especiales y buenas prácticas, el anuncio de las posiciones finales y una recepción de clausura. La inscripción es gratuita a través del formulario en la página del evento del EIPA. Un buen momento para seguir de cerca a las administraciones españolas y celebrar que la innovación pública española vuelve a tener acento propio en Europa.


Para ampliar información sobre la vinculación de los proyectos de las administraciones públicas y conceptos como EIDAS2 y la Cartera de Identidad Digital Europea contacte con EADTrust — European Agency of Digital Trust. www.eadtrust.eu · info@eadtrust.com · 902 365 612 / 91 716 05 55


English abstract: The European Public Sector Award (EPSA 2025-26), run by EIPA in Maastricht, holds its ceremony on 24 September 2026 (9:30–16:00 CET, in person and live-streamed). Spain led all countries with 26 of the 134 eligible submissions from 30 countries. Two Spanish projects are among the winners in «Delivering User-Centric Services at Subnational Level»: Suma CivicData Engine (Suma, Diputación de Alicante) and the Galician Strategy for Public Procurement of Innovative Solutions in Health (SERGAS). Spain’s Ministry of Justice features with Digital Justice & Justice Folder, and veteran e-government platform SEDIPUALB@ (Diputación de Albacete) earns Special Recognition, alongside Next Diba, Madrid Digital Capital and Destination Barcelona. The piece reads these results through the lens of digital trust.

From qualified preservation of electronic signatures and seals to qualified chronological-order archiving services (qDLT)


On 14 September 2026 I took part, in Tallinn (Estonia), in the ETSI ESI Certification Authority (CA) Open Session. I went as an attendee, but by the end of the afternoon I ended up on the panel as a speaker.

The slot had been planned for Steffen Schwalm, who in the end could not attend, and I was asked to step in to talk about how the standardisation of distributed ledger technologies (DLT) is evolving and, in particular, about what we are beginning to call qDLT: the qualified distributed ledger.

I was glad to accept, although (given the short time available to think about what to say) I told my own ideas, not those of the announced speaker.

And in this summary I set out those ideas about what is happening in the standardisation of DLTs: not so much a technological revolution arriving from outside to reinvent digital trust, but a very coherent evolution of something we have been building in Europe for almost a decade. The line of reasoning runs from the preservation of qualified signatures and seals to the ordering of archived files with respect to the moment their custody was requested from the Trust Service Provider. This is how I see it.

The starting point: preserving qualified electronic signatures and seals

The first piece is the one that has been standardised longest, and the one we sometimes forget to mention when we talk about blockchain as if it were virgin territory. Under the umbrella of the first eIDAS, ETSI developed the standard TS 119 511 (the one we usually cite simply as «511») which sets the policy and security requirements for providers offering long-term preservation of electronic signatures (or of data in general) using digital-signature techniques. Its companion, TS 119 512, defines the protocols for interoperating with those preservation services. This first variant (the qualified preservation of qualified electronic signatures and qualified electronic seals) already has its own implementing act: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1946, adopted on the basis of Articles 34(2) and 40 of the eIDAS Regulation. It is worth noting that these are original eIDAS articles, plain numbers, with none of the letter suffixes (Article 45a, 45b, 45c…) that English-language EU legislation uses to mark the provisions eIDAS2 kept inserting; its annex points to ETSI TS 119 511 (together with TS 119 172-4) as the reference standard.

The problem 511 solves is subtle but enormous: an electronic signature is valid today because the certificate backing it is still in force, because the cryptographic algorithms used are considered robust, and because there is an infrastructure that confirms it. But time erodes all of that. Certificates expire, authorities change, and (increasingly relevant ) algorithms age. A qualified preservation service keeps the evidence alive: it periodically reasserts integrity and validity through new time stamps or preservation techniques (such as chained hashes) and new layers of cryptographic protection, so that twenty years from now one can still prove that the document was signed and has not been altered.

This is worth pausing on, because it is exactly the ground where crypto-agility and post-quantum cryptography stop being an academic debate. Preserving for the long term means, by definition, surviving the moment when today’s algorithms cease to be trustworthy. A good preservation service is, at heart, a machine designed to migrate algorithms without losing the evidentiary thread. Whoever understands 511 already understands half of why the rest of this story matters.

The second step: qualified electronic archiving

The second eIDAS (Regulation (EU) 2024/1183) threw nothing away. It broadened. Among the new qualified trust services appears qualified electronic archiving, abbreviated in English jargon as q-earchiving, which in the European standardisation work relies on the technical specification CEN/TS 18170. Its implementing act is Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2532, of 16 December 2025, adopted on the basis of Article 45j(2) of the Regulation (the provision eIDAS2 added for qualified electronic archiving) whose annex points precisely to CEN/TS 18170:2025 as the reference standard.

The difference with signature preservation is one of scope. 511 focuses on maintaining the validity of the cryptographic evidence of a signed document. Qualified archiving goes a step further and deals with the document as an object that must be kept intact, legible and available over time, whether signed or not, including the guarantee of its integrity, the traceability of access, and retention policies. It is the regulatory translation of a very old need — the archive — into the language of qualified trust services. For the first time, a provider can offer archiving with the same level of legal assurance already enjoyed by the signature, the seal or the time stamp.

And it is worth clearing up a common misunderstanding: archiving does not replace signature preservation, it relies on it. 511 remains the piece that guarantees the survival of the signature evidence, so a qualified electronic archiving provider can use the services of a preservation provider for that part, turning to a 511 service to keep alive the signatures and seals of the documents it holds. These are not competing services but complementary ones: archiving orchestrates the custody of the file and delegates to preservation the long-term care of the cryptographic evidence. It is exactly the layered logic that runs through this whole article.

There is also a second function of archiving worth highlighting, because it often goes unnoticed: format conversion. Keeping a document for decades is not only about its bits not changing; it is about it remaining legible. And formats age too. A file format that is universal today may become obsolete and fall out of use in favour of others, and when that happens the archiving service must be able to convert the document to the new format while preserving its content, its faithful rendering and its evidentiary value. It is, in the realm of formats, the exact parallel of what preservation does in the realm of algorithms: just as a 511 service migrates cryptographic algorithms before they cease to be trustworthy, an archiving service migrates formats before they cease to be openable. Future legibility of the data and future robustness of the cryptography are two sides of the same promise: that twenty years from now the document will not only exist, but can be opened and proven.

If preservation protects the signature, archiving protects the file. And the next step is to ask what happens when what we need to protect is not an isolated document, but the relationship among many facts over time.

The third step: temporal ordering

Here comes the most interesting novelty of the second eIDAS: electronic ledgers as a new qualified trust service. The reference specification is CEN/TS 18264, published in 2025.

And its implementing act, from the same December 2025 batch, is Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2531, adopted on the basis of Article 45l(3) of the Regulation (the provision eIDAS2 devoted to qualified electronic ledgers).

I prefer to explain it with a simple idea: an electronic ledger is a chronologically ordered archive. It does not merely store data entries; it guarantees their temporal sequence in such a way that none can be inserted, deleted or reordered without it showing. It is, if you like, time-stamping raised to the level of a structure: we do not mark a single document with a date, but build a chain of events whose ordering is itself the proof.

And once we accept that what adds value is the guaranteed chronological ordering, the technical question that gives the session its name arises: how is that order built? And there are two legitimate answers.

The first is to use a centralised infrastructure: a single qualified provider maintains the ledger, seals it and is accountable for its integrity. It is simple to audit and fits perfectly into the qualified-provider model we already know.

The second is to use an infrastructure of interconnected nodes that replicate the information (sometimes called a distributed infrastructure): the chronological order is built through the connection of nodes that agree among themselves (through governance rules) on the sequence of entries. This is where distributed ledger technology (DLT) comes into play — not as a fashion, but as a concrete way of achieving that ordering without depending on a single point. When that distributed ledger is provided with the guarantees of a qualified trust service, we speak of qDLT: a qualified distributed ledger.

Allow me a terminological note here that I have been making for some time. The Regulation has enshrined the term DLT (Distributed Ledger Technology), and I stick to it for regulatory rigour. But, if we were to name the idea precisely, I would rather speak of RJT (Replicated Journal Technology). The reason is accounting: in double-entry bookkeeping, the chronological order of events is not kept in the ledger (the general ledger, which groups entries by account) but in the journal (the day book, which records them one after another as they happen). And since what we are preserving here is precisely the temporal sequence, the fitting name for this technology should point to the replicated journal rather than to the distributed ledger. It is, most likely, a terminological battle already lost against the official text, but no less accurate for that.

A good European example of this approach is EBSI, the European Blockchain Services Infrastructure, today governed through the figure of the Europeum-EDIC (a European digital-infrastructure consortium). EBSI shows that the distributed model is not incompatible with qualified trust: the nodes can be operated by identified administrations and providers, with governmental trust anchors, so that the result combines the resilience of distribution with the legal accountability that the eIDAS framework demands.

And it is worth noting a detail of Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2531, because it captures this duality precisely. The implementing act requires all providers of qualified electronic ledgers to comply with the standard ETSI EN 319 401 (general policy requirements for trust service providers) and adds specific requirements for the distributed variant: when the ledger is built through nodes, the provider must also comply with ISO 23257:2022 (reference architecture for distributed ledger technologies) and ISO/TS 23635:2022 (governance guidelines). In other words, it is the implementing act itself that recognises the two variants and reserves the DLT consensus and governance standards for the distributed case, which is when we speak, properly, of qDLT. Regulation, once again, does not impose a technology: it describes guarantees and leaves the way of achieving them open.

It is worth underlining the regulatory continuity: from preservation (511) we move to qualified archiving (18170), and from there to chronological ledger, or qDLT (18264). These are not three worlds but three layers of a single idea that keeps gaining ambition: first, keeping an electronic signature fully effective; then, holding a document (signed or not) while guaranteeing its future recovery; and finally, ordering and relating the facts in a verifiable way, when that order can produce legal effects.

What a chronological ledger makes possible

The part I find most interesting (and to which I devoted much of my intervention) is not the ledger technology itself, but the functionalities it enables when we register not only the document but also its context: who its owner is, what rights it embodies and how it evolves. A well-designed chronological ledger opens the door to three capabilities that until now were hard to bring into the digital world with full guarantees.

The first is transferability (or endorsability). If the ledger records not only that a document exists, but also who its holder is, then it can equally record the transfer of that ownership. This is what allows an electronic file to be treated as an asset that changes hands: think of commercial paper, of documents of title to goods, or of any right that was traditionally «endorsed» on paper. The chronological ledger turns the chain of endorsements into a verifiable sequence of entries.

The second is obliterability (or cancellability). A right is not only transferred: it is also consumed. If a file represents a cinema ticket or admission to a show, we need to be able to mark that the right has already been exercised, so that it cannot be used twice. The ledger does not delete the entry (the evidence remains) but records indelibly its change of state: issued, transferred, consumed. It is the difference between crossing out and throwing away: the fact that a right has been exhausted is, in itself, a fact worth recording. The postmark is a good example.

The third is completeness, which I like to describe as an electronic staple. A document rarely travels alone. A contract carries annexes; a deed carries endorsements; an agreement evolves through successive versions. Think of contractual novations, in which the parties agree to modify the clauses: what matters legally is not only the latest text, but the complete relationship between the original document, its annexes and each of its evolutions. Completeness consists of keeping the document and everything that accompanies it (notes, annexes and their own versions) verifiably bound together, so that the whole is preserved as an indivisible and traceable unit. The staple does not just hold papers together: it records the order in which they were joined.

These three functionalities share one trait: they are only possible if the ledger stores more than the document. It stores its ownership, its state and its relationships. And they are only trustworthy if that information is ordered in time in a way that cannot be tampered with. That is why the qualified chronological ledger is not a technical whim, but the substrate on which one can build services that until now were tied to paper or to closed trusted intermediaries.

A database with legal ancestry: book-entry securities and EADTrust’s Cartulario

For these three functionalities to be more than a promise, one needs to manage a database associated with the service, with very specific properties: it must record, for each archived object, who its holder is, in what state the embodied right stands (and where or against whom that right is exercised) and how it relates to other documents; and it must do so in such a way that every change is recorded in sequence and is enforceable against third parties. Anyone familiar with securities law will recognise the pattern at once, because it is exactly the one governing the representation of securities through book entries («anotaciones en cuenta» in spanish): an accounting register in which ownership, transfers, encumbrances and the extinction of rights are not documented on a physical certificate but are constituted and proven by their inscription. Transferability is, in that language, the transfer of the entry; obliterability, its cancellation; completeness, the link between the principal entry and its ancillary ones. It is no coincidence: the qualified chronological ledger and the book-entry register solve the same problem (giving certainty about the ownership and state of a right over time) with the same tool: a reliable, ordered database.

At EADTrust we have been working on this idea for a long time. Our Cartulario service was designed many years ago on precisely those premises: treating the archive not as a mere repository of files, but as a register that records ownership, state and relationships, with an eye on functionalities such as endorsability, cancellability and completeness long before the European regulatory framework captured them explicitly.

And since we are on the subject of the name: Cartulario is simply the Spanish word for a cartulary (also spelled chartulary) — in the Middle Ages, the codex in which monasteries and cathedral chapters copied and safeguarded their charters, privileges and donations so they would not be lost (it is, roughly, the great-grandfather of the notarial protocol). So, all things considered, at EADTrust we have been in this business of chronological-order archiving for several centuries before the PDF was invented; the only difference is that we have swapped the vellum for a digital server and the copyist monk for a millisecond-precision time stamp.

And to that foundation Cartulario now adds a refinement that goes straight to the heart of what we were discussing in Tallinn: millisecond-precision (1 ms) time stamps associated with every archiving request. When the proof is the ordering, temporal resolution matters: having a millisecond-precision mark on each operation makes it possible to guarantee the chronological order of entries with far greater fineness, and to resolve the sequence unambiguously even when several requests pile up within a very short interval. It is, in practice, the materialisation of that idea of a «chronologically ordered archive» from which this whole line of reasoning starts.

Why this fits with the rest of the ecosystem

I do not want to close the article without connecting this story to the broader conversation about European digital identity. The ecosystem of the European wallet (EUDI Wallet) and of electronic attestations of attributes needs solid trust anchors: places where one can verifiably record who said what, about whom and when. A qualified chronological ledger (centralised or in the form of qDLT) is precisely one of those anchors. It can join the world of identity with the legal accountability of the eIDAS framework.

And all of this still rests on the first stone I mentioned at the beginning: the ability to preserve evidence over the long term and to migrate algorithms when needed. The arrival of post-quantum cryptography does not invalidate this architecture; on the contrary, it makes it more necessary. A ledger that orders documents in time must be, by design, a ledger capable of surviving the passage of time, including the time when today’s algorithms cease to protect us or the document-encoding formats are replaced by others.

That was, in essence, my thesis in Tallinn: that DLT and qDLT do not appear out of nowhere, but are the next natural rung on a ladder that began by preserving signatures, went on to archive documents, and is now learning to order facts. Seeing it this way helps a great deal not to get lost: each new standard does not replace the previous one, it adds a layer of ambition to it.

And here is my presentation summarising this article:

Try Cartulario

If you would like to experiment with these ideas on a real service, at EADTrust we make Cartulario available to anyone who wishes to try it. Its current nature is worth stating with full transparency: today it is offered as a non-qualified trust service and is pending audit to be considered a qualified service within the eIDAS framework. This distinction is no minor nuance (it is, precisely, the line that separates a trust service from a qualified trust service), and we prefer to make it clear from the outset.

Anyone who wishes to learn about it, propose a pilot project or discuss use cases (endorsability, cancellability, completeness or millisecond-precision time-stamping) can write to us at info@eadtrust.com or call us at +34 902 365 612 / +34 91 716 05 55. More information at www.eadtrust.eu.

De la conservación cualificada de firmas y sellos a los servicios cualificados de archivo con orden cronológico (qDLT)


El pasado 14 de septiembre de 2026 participé en Tallin (Estonia) en el evento ETSI ESI Certification Authority (CA) Open Session. Al principio como asistente, pero al final de la tarde participé como panelista.

La intervención estaba prevista para Steffen Schwalm, que finalmente no pudo asistir, y me pidieron que me incorporara para hablar de cómo evoluciona la estandarización de las tecnologías de registro distribuido (DLT) y, en particular, de lo que empezamos a llamar qDLT: el registro distribuido cualificado.

Acepté encantado, aunque conté mis ideas, no las del ponente anunciado, tras el corto plazo disponible para reflexionar sobre qué contar.

Y en este resumen recojo esas ideas sobre lo que está ocurriendo en la normalización de DLTs, no tanto como una revolución tecnológica que llega de fuera para reinventar la confianza digital, sino una evolución muy coherente de algo que llevamos casi una década construyendo en Europa. La cadena de razonamiento va desde la conservación de firmas y sellos cualificados a la ordenación de archivos respecto al momento en el que se pidió su custodia al Prestador de Servicios de Confianza. Así es como lo veo:

El punto de partida: conservar firmas y sellos cualificados

La primera pieza es la que lleva más tiempo normalizada y la que a veces olvidamos citar cuando hablamos de blockchain como si fuera terreno virgen. Bajo el paraguas del primer eIDAS, ETSI desarrolló la norma TS 119 511 (la que solemos citar simplemente como «511»), que fija los requisitos de política y de seguridad para los prestadores que ofrecen conservación a largo plazo de firmas electrónicas (o de datos en general) mediante técnicas de firma digital. Su compañera, la TS 119 512, define los protocolos para interoperar con esos servicios de conservación. Esta primera variante —la conservación cualificada de firmas electrónicas cualificadas y de sellos electrónicos cualificados— cuenta ya con su propio acto de ejecución: el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1946, dictado al amparo de los artículos 34, apartado 2, y 40 del Reglamento EIDAS. Conviene reparar en que estos son artículos originales de eIDAS y, por tanto, no llevan la numeración latina bis, ter, quater… propia de los preceptos que eIDAS2 fue insertando; su anexo remite a la ETSI TS 119 511 (con la TS 119 172-4) como norma de referencia.

El problema que resuelve la 511 es sutil pero enorme: una firma electrónica es válida hoy porque el certificado que la respalda está vigente, porque los algoritmos criptográficos empleados se consideran robustos y porque existe una infraestructura que lo confirma. Pero el tiempo erosiona todo eso. Los certificados caducan, las autoridades cambian, y (esto es cada vez más relevante) los algoritmos envejecen. Un servicio de conservación cualificado mantiene viva la evidencia: reafirma periódicamente la integridad y la validez mediante nuevos sellos de tiempo o técnicas de preservación (como hashes encadenados) y nuevas capas de protección criptográfica, de modo que dentro de veinte años se pueda seguir demostrando que aquel documento estaba firmado y que no ha sido alterado.

Aquí conviene detenerse, porque este es exactamente el terreno donde la criptoagilidad y la criptografía postcuántica dejan de ser un debate académico. Conservar a largo plazo significa, por definición, sobrevivir al momento en que los algoritmos actuales dejen de ser fiables. Un buen servicio de conservación es, en el fondo, una máquina diseñada para migrar de algoritmos sin perder el hilo probatorio. Quien entienda la 511 entiende ya la mitad de por qué el resto de esta historia importa.

El segundo paso: el archivado electrónico cualificado

El segundo eIDAS (el Reglamento (UE) 2024/1183) no tiró nada de lo anterior. Lo amplió. Entre los nuevos servicios cualificados de confianza aparece el archivado electrónico cualificado, lo que en la jerga anglosajona se abrevia como q-earchiving y que en el desarrollo normativo europeo se apoya en la especificación técnica CEN/TS 18170. Su acto de ejecución es el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2532, de 16 de diciembre de 2025, dictado al amparo del artículo 45 undecies, apartado 2, del Reglamento (el precepto que eIDAS2 añadió para el archivado electrónico cualificado), cuyo anexo remite precisamente a la CEN/TS 18170:2025 como norma de referencia.

La diferencia con la conservación de firmas es de alcance. La 511 se centra en mantener la validez de la evidencia criptográfica de un documento firmado. El archivado cualificado va un paso más allá y se ocupa del documento como objeto que debe conservarse íntegro, legible y disponible a lo largo del tiempo, esté firmado o no, incluyendo la garantía de su integridad, la trazabilidad de accesos y las políticas de retención. Es la traducción normativa de una necesidad muy antigua (el archivo) al lenguaje de los servicios cualificados de confianza. Por primera vez, un prestador puede ofrecer archivado con el mismo nivel de garantía jurídica que ya tenían la firma electrónica, el sello electrónico o el sellado de tiempo.

Y merece la pena deshacer un malentendido frecuente: el archivado no sustituye a la conservación de firmas, sino que se apoya en ella. La propia 511 sigue siendo la pieza que garantiza la pervivencia de la evidencia de firma, de modo que un prestador de archivado electrónico cualificado puede utilizar los servicios de un prestador de conservación para esa parte (recurrir a un servicio 511 para mantener vivas las firmas y sellos de los documentos que custodia). No estamos ante servicios que compiten, sino ante servicios que se complementan: el archivado orquesta la custodia del expediente y delega en la conservación el cuidado a largo plazo de la evidencia criptográfica. Es exactamente la lógica de capas que recorre todo este artículo.

Hay además una segunda función del archivado que merece destacarse porque a menudo pasa desapercibida: la conversión de formatos. Custodiar un documento durante décadas no consiste solo en que sus bits no cambien; consiste en que siga siendo legible. Y los formatos también envejecen. Un formato de fichero que hoy es universal puede quedar obsoleto y dejar de utilizarse en favor de otros, y cuando eso ocurra el servicio de archivado debe poder convertir el documento al nuevo formato preservando su contenido, su presentación fiel y su valor probatorio. Es, en el plano de los formatos, el paralelo exacto de lo que la conservación hace en el plano de los algoritmos: así como un servicio 511 migra de algoritmos criptográficos antes de que dejen de ser fiables, un servicio de archivado migra de formatos antes de que dejen de poder abrirse. Legibilidad futura de los datos y robustez futura de la criptografía son las dos caras de la misma promesa: que dentro de veinte años el documento no solo exista, sino que se pueda abrir y demostrar.

Si la conservación protege la firma, el archivado protege el expediente. Y el siguiente paso es preguntarse qué ocurre cuando lo que necesitamos proteger no es un documento aislado, sino la relación entre muchos hechos a lo largo del tiempo.

El tercer paso: orden temporal

Aquí entra la novedad más interesante del segundo eIDAS: los registros electrónicos (electronic ledgers) como nuevo servicio cualificado de confianza. La especificación de referencia es CEN/TS 18264, publicada en 2025.

Y su acto de ejecución, del mismo lote de diciembre de 2025, es el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2531, dictado al amparo del artículo 45 terdecies, apartado 3, del Reglamento (el precepto que eIDAS2 dedicó a los registros electrónicos cualificados).

Yo prefiero explicarlo con una idea sencilla: un registro electrónico es un archivo de orden cronológico. No solo guarda entradas de datos, sino que garantiza su secuencia temporal de forma que ninguna se pueda insertar, borrar o reordenar sin que se note. Es, si se quiere, un sellado de tiempo elevado a la categoría de estructura: no marcamos un único documento con una fecha, sino que construimos una cadena de acontecimientos cuya ordenación es en sí misma la prueba.

Y una vez que aceptamos que lo que aporta valor es la ordenación cronológica garantizada, surge la pregunta técnica que da nombre a la sesión: ¿cómo se construye ese orden? Y hay dos respuestas legítimas.

La primera es usando una infraestructura centralizada: un único prestador cualificado mantiene el registro, lo sella y responde de su integridad. Es sencillo de auditar y encaja perfectamente en el modelo de prestador cualificado que ya conocemos.

La segunda es usando una infraestructura de nodos interconectados que replican la información (a veces llamada infraestructura distribuida): el orden cronológico se construye mediante la conexión de los nodos que acuerdan entre sí (por las reglas de gobernanza) la secuencia de las entradas. Aquí es donde la tecnología de registro distribuido (DLT) entra en juego, no como una moda, sino como una forma concreta de lograr esa ordenación sin depender de un único punto. Cuando ese registro distribuido se presta con las garantías de un servicio cualificado de confianza, hablamos de qDLT: un registro distribuido cualificado.

Permítaseme aquí un apunte terminológico que vengo defendiendo desde hace tiempo. El Reglamento ha consagrado el término DLT (Distributed Ledger Technology, tecnología de registro distribuido), y a él me atengo por rigor normativo. Pero, puestos a bautizar la idea con precisión, yo preferiría hablar de RJT (Replicated Journal Technology). La razón es contable: en la partida doble, el orden cronológico de los hechos no se guarda en el ledger (el libro mayor, que agrupa los apuntes por cuenta), sino en el journal (el libro diario, que los anota uno tras otro según van ocurriendo). Y como lo que aquí estamos preservando es justamente la secuencia temporal, el nombre idóneo a adoptar para esta tecnología debería orientarse al diario replicado antes que al mayor distribuido. Es, seguramente, una batalla terminológica ya perdida frente al texto oficial, pero no por ello menos exacta.

Un buen ejemplo europeo de esta aproximación es EBSI, la infraestructura europea de servicios blockchain, hoy gobernada a través de la figura del Europeum-EDIC (un consorcio de infraestructura digital europea). EBSI muestra que el modelo distribuido no es incompatible con la confianza cualificada: los nodos pueden estar operados por administraciones y prestadores identificados, con anclas de confianza gubernamentales, de modo que el resultado combina la resiliencia de la distribución con la responsabilidad jurídica que exige el marco eIDAS.

Y vale la pena fijarse en un detalle del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2531, porque recoge con precisión esta dualidad. El acto de ejecución exige a todos los prestadores de registros electrónicos cualificados cumplir con la norma ETSI EN 319 401 (requisitos generales de política para prestadores de servicios de confianza) y añade requisitos específicos para la variante distribuida: cuando el registro se construye mediante nodos, el prestador debe cumplir además la ISO 23257:2022 (arquitectura de referencia de las tecnologías de registro distribuido) y la ISO/TS 23635:2022 (directrices de gobernanza). Dicho de otro modo, es el propio acto de ejecución el que reconoce las dos variantes y reserva las normas de consenso y gobernanza de DLT para el caso distribuido, que es cuando hablamos con propiedad de qDLT. La regulación, una vez más, no impone una tecnología: describe garantías y deja abierta la forma de alcanzarlas.

Merece la pena subrayar la continuidad normativa: de conservación (511) pasamos a archivado cualificado (18170) y de ahí a registro cronológico o qDLT (18264). No son tres mundos, sino tres capas de una misma idea que va ganando ambición: primero mantener con plenos efectos una firma electrónica, luego custodiar un documento (firmado o no) garantizando su recuperación futura, y finalmente ordenar y relacionar los hechos de forma verificable, cuando ese orden pueda producir efectos legales.

Lo que un registro cronológico permite hacer

La parte que más me interesa, y a la que dediqué buena parte de mi intervención, no es la tecnología del registro en sí, sino las funcionalidades que habilita cuando registramos no solo el documento, sino también su contexto: quién es su propietario, qué derechos incorpora y cómo evoluciona. Un registro cronológico bien diseñado abre la puerta a tres capacidades que hasta ahora eran difíciles de trasladar al mundo digital con plenas garantías.

La primera es la transferibilidad (o endosabilidad). Si el registro no anota únicamente que existe un documento, sino también quién es su titular, entonces puede anotar igualmente la transmisión de esa titularidad. Esto es lo que permite tratar un archivo electrónico como un bien que cambia de manos: pensemos en los efectos comerciales, en los títulos representativos de mercancías o en cualquier derecho que tradicionalmente se «endosaba» sobre un papel. El registro cronológico convierte la cadena de endosos en una secuencia verificable de entradas.

La segunda es la obliterabilidad (o cancelabilidad). Un derecho no solo se transmite: también se consume. Si un archivo representa una entrada de cine o el acceso a un espectáculo, necesitamos poder marcar que ese derecho ya se ha ejercido, de forma que no pueda usarse dos veces. El registro no borra la entrada (la evidencia permanece), pero anota de manera indeleble su cambio de estado: emitido, transferido, consumido. Es la diferencia entre tachar y tirar: el hecho de que un derecho se agotó es, en sí mismo, un hecho que merece quedar registrado. Es el caso del matasellos, por ejemplo.

La tercera es la completitud, que a mí me gusta describir como una grapa electrónica. Un documento raramente viaja solo. Un contrato lleva anexos; una escritura lleva anotaciones; un acuerdo evoluciona mediante versiones sucesivas. Pensemos en las novaciones contractuales, en las que las partes acuerdan modificar el clausulado: lo que importa jurídicamente no es solo el último texto, sino la relación completa entre el documento original, sus anexos y cada una de sus evoluciones. La completitud consiste en mantener unidos, de forma verificable, el documento y todo lo que le acompaña (anotaciones, anexos y sus propias versiones), de modo que el conjunto se conserve como una unidad indivisible y trazable. La grapa no solo junta papeles: registra en qué orden se fueron juntando.

Estas tres funcionalidades comparten un rasgo: solo son posibles si el registro guarda más que el documento. Guarda su titularidad, su estado y sus relaciones. Y solo son fiables si esa información está ordenada en el tiempo de forma que no pueda manipularse. Por eso el registro cronológico cualificado no es un capricho técnico, sino el sustrato sobre el que se pueden construir servicios que hasta ahora vivían atados al papel o a intermediarios de confianza cerrados.

Una base de datos con genealogía jurídica: las anotaciones en cuenta y el Cartulario de EADTrust

Para que estas tres funcionalidades sean algo más que una promesa, hace falta gestionar una base de datos asociada al servicio con unas propiedades muy concretas: que registre, para cada objeto archivado, quién es su titular, en qué estado se encuentra el derecho que incorpora (y donde o frente a quien se ejerce este derecho) y cómo se relaciona con otros documentos; y que lo haga de modo que cada cambio quede anotado en secuencia y resulte oponible frente a terceros. Quien conozca el Derecho del mercado de valores reconocerá el patrón de inmediato, porque es exactamente el que rige la representación de valores mediante anotaciones en cuenta: un registro contable en el que la titularidad, las transmisiones, los gravámenes y la extinción de los derechos no se documentan sobre un título físico, sino que se constituyen y se prueban por su inscripción. La transferibilidad es, en ese lenguaje, la transmisión de la anotación; la obliterabilidad, su cancelación; la completitud, el vínculo entre la anotación principal y sus accesorias. No es una coincidencia: el registro cronológico cualificado y el registro de anotaciones en cuenta resuelven el mismo problema —dar certeza sobre la titularidad y el estado de un derecho a lo largo del tiempo— con la misma herramienta: una base de datos fiable y ordenada.

En EADTrust llevamos tiempo trabajando sobre esta idea. Nuestro servicio Cartulario se diseñó hace ya bastantes años partiendo precisamente de esas premisas: tratar el archivo no como un simple depósito de ficheros, sino como un registro que anota titularidad, estado y relaciones, con la vista puesta en funcionalidades como la endosabilidad, la cancelabilidad y la completitud mucho antes de que el marco normativo europeo las recogiera de forma explícita.

Y ya que hablamos del nombre: un cartulario era, en la Edad Media, el códice en el que monasterios y cabildos copiaban y custodiaban sus escrituras, privilegios y donaciones para que no se perdieran (viene a ser el bisabuelo de la matriz notarial). Así que, bien mirado, en EADTrust llevamos en esto del archivo de orden cronológico desde varios siglos antes de que se inventara el PDF; la única diferencia es que hemos cambiado la vitela por un servidor digital y al monje amanuense por un sello de tiempo de precisión de milisegundo.

Y a esa base de partida Cartulario añade ahora un refinamiento que va justo al corazón de lo que discutíamos en Tallinn: sellos de tiempo de precisión de milisegundo (1 ms) asociados a cada solicitud de archivo. Cuando la prueba es la ordenación, la resolución temporal importa: disponer de una marca de tiempo con precisión de milisegundo en cada operación permite garantizar con mucha mayor finura el orden cronológico de las entradas, y resolver sin ambigüedad la secuencia incluso cuando varias solicitudes se acumulan en un intervalo muy breve. Es, en la práctica, la materialización de esa idea de «archivo de orden cronológico» de la que parte todo este razonamiento.

Por qué esto encaja con el resto del ecosistema

No quiero concluir el artículo sin conectar esta historia con la conversación más amplia sobre identidad digital europea. El ecosistema de la cartera europea (EUDI Wallet) y de las declaraciones electrónicas de atributos necesitan anclas de confianza sólidas: lugares donde asentar de forma verificable quién ha dicho qué, sobre quién y cuándo. Un registro cronológico cualificado (centralizado o en forma de qDLT) es precisamente uno de esos anclajes. Puede unir el mundo de la identidad con la responsabilidad jurídica del marco eIDAS.

Y todo ello sigue descansando sobre la primera piedra que mencionaba al principio: la capacidad de conservar la evidencia a largo plazo y de migrar de algoritmos cuando haga falta. La llegada de la criptografía postcuántica no invalida esta arquitectura; al contrario, la hace más necesaria. Un registro que ordena documentos en el tiempo debe ser, por diseño, un registro capaz de sobrevivir al paso del tiempo, incluido el tiempo en que los algoritmos de hoy dejen de protegernos o los formatos de codificación de documentos se sustituyan por otros..

Esa fue, en esencia, mi tesis en Tallinn: que las DLT y el qDLT no aparecen de la nada, sino que son el siguiente peldaño natural de una escalera que empezó conservando firmas, siguió archivando documentos y ahora aprende a ordenar los hechos. Verlo así ayuda mucho a no perderse: cada norma nueva no sustituye a la anterior, sino que le añade una capa de ambición.

Probar Cartulario

Si quieres experimentar con estas ideas sobre un servicio real, en EADTrust ponemos Cartulario a disposición de quienes deseen probarlo. Conviene precisar su naturaleza actual con total transparencia: hoy se ofrece como servicio de confianza no cualificado y está pendiente de auditoría para ser considerado servicio cualificado en el marco de eIDAS. Esa distinción no es un matiz menor (es, precisamente, la línea que separa un servicio de confianza de un servicio cualificado de confianza), y preferimos dejarla clara desde el principio.

Quien quiera conocerlo, plantear un proyecto piloto o comentar casos de uso (endosabilidad, cancelabilidad, completitud o el sellado de tiempo de precisión de milisegundo) puede escribirnos a info@eadtrust.com o llamarnos al 902 365 612 / 91 716 05 55. Más información en www.eadtrust.eu.

Criptocalipsis, criptoagilidad y transición postcuántica: preparando el marco legal


La amenaza cuántica a la criptografía ha dejado de ser un debate académico para convertirse en un problema de gobierno, de cumplimiento y de responsabilidad de los administradores. Y ya empiezan a confirmarse movimientos regulatorios. Y esos movimientos no son solo nacionales: mientras España perfila su plan de migración, la Unión Europea prepara su propio Quantum Act y el Parlamento Europeo debate cómo convertir su liderazgo científico en liderazgo industrial y en soberanía tecnológica.

Durante años, la computación cuántica se consideró una promesa lejana y los riesgos para la criptografía serían una amenaza remota. Ese relato ha cambiado. Uno de los aspectos, el riesgo relevante para la seguridad de la información no es que exista mañana un ordenador cuántico capaz de romper la criptografía asimétrica actual con el Algoritmo de Shor (RSA, curva elíptica), sino un fenómeno que ya está ocurriendo hoy: el «recolecta ahora, descifra después» (harvest now, decrypt later). Un adversario puede capturar y almacenar hoy tráfico y datos cifrados para descifrarlos cuando disponga de esa capacidad. Todo dato con vida útil larga —historias clínicas, expedientes, secretos industriales, información clasificada— está, en la práctica, ya expuesto. De ahí que una palabra clave que representa la preparación para resistir los ataques es criptoagilidad: la capacidad de una organización de inventariar, sustituir y actualizar sus mecanismos criptográficos con rapidez y sin traumas.

1. El CCN marca el paso, con foco en el sector público

El Centro Criptológico Nacional (CCN) ha actualizado estos días su doctrina criptográfica para orientar la adopción de la criptografía postcuántica, con especial atención al sector público. La guía de buenas prácticas CCN-TEC 009, «Recomendaciones para una transición postcuántica segura» (julio de 2026), se suma a la CCN-STIC 221 de mecanismos criptográficos autorizados (noviembre de 2025) y al aviso expreso del CCN-CERT sobre los graves riesgos que la amenaza cuántica supone para la seguridad de la información y la llamada a prepararse frente a ella. El mensaje institucional es inequívoco: la migración no admite demoras y debe planificarse ya, empezando por inventariar qué se protege, con qué algoritmos y durante cuánto tiempo.

En el plano técnico, el destino está razonablemente definido: los estándares de criptografía postcuántica del NIST ya publicados: FIPS 203 (ML-KEM), FIPS 204 (ML-DSA) y FIPS 205 (SLH-DSA) y el FIPS 206 (FN-DSA) pendiente de publicar, fijan los algoritmos de referencia, y organismos como ENISA y ETSI vienen empujando la migración. Lo difícil no es elegir el algoritmo, sino gobernar la transición en organizaciones con miles de sistemas y dependencias.

2. Hacia una cobertura legal: norma y sentido de urgencia

Lo relevante de este momento es que la iniciativa técnica está recibiendo cobertura legal. Se prepara una norma —previsiblemente un real decreto— que dé amparo jurídico a la transición postcuántica y, sobre todo, transmita sentido de urgencia a administraciones y operadores. No es un gesto aislado: en el 40.º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC, en Santander, el Gobierno anunció un plan de migración a criptografía postcuántica con horizonte de inicio en torno a 2030-2031 para los sistemas más críticos, articulado en cuatro ejes: inventario de sistemas a migrar (empezando por la Administración General del Estado), calendario de transición por criticidad de los datos, impulso de un ecosistema empresarial español y regulación y apoyo al desarrollo tecnológico propio, con el CCN como interlocutor técnico. Que se hable de calendario y de norma es la señal de que la criptoagilidad pasa de recomendación a obligación gestionada.

3. Las Cortes también analizan el riesgo

El impulso no es solo del Ejecutivo. En sede parlamentaria, la Comisión Mixta de Seguridad Nacional (Congreso-Senado) constituyó una Ponencia de análisis de las amenazas en el ciberespacio, en la era de la Inteligencia Artificial y la Computación Cuántica —creada el 19 de septiembre de 2024—, cuyo informe de riesgos y recomendaciones se aprobó el 24 de marzo de 2026. Que las Cortes hayan analizado formalmente estos riesgos —incluidos, de forma destacada, los que la computación cuántica proyecta sobre la criptografía— y hayan emitido recomendaciones es una señal potente: el asunto ha dejado de ser un tecnicismo del CISO para convertirse en materia de política pública y, potencialmente, de futura legislación.

4. Banca y DORA: la criptoagilidad como deber de buena administración

En el sector financiero, el marco ya existe y se llama DORA (Reglamento (UE) 2022/2554 de resiliencia operativa digital, aplicable desde el 17 de enero de 2025). DORA obliga a las entidades a una gestión rigurosa del riesgo TIC —incluidos el cifrado y la protección de datos— y crea el terreno natural para desarrollar iniciativas de criptoagilidad ante la inminencia del riesgo cuántico. Y lo hace con una lectura que interesa subrayar: la preparación frente a estos riesgos forma parte del deber de diligencia de los administradores, de lo que cabe llamar una «buena administración» digital. No anticipar un riesgo conocido, documentado por los organismos técnicos y con estándares ya disponibles, es difícilmente defendible desde el punto de vista de la responsabilidad de administradores y directivos. El énfasis, además, está en la protección de los usuarios bancarios, cuyos datos y operaciones no pueden quedar expuestos a la ventana del «recolecta ahora, descifra después».

5. El ecosistema español y AMETIC

La otra cara de la moneda es industrial: el sector de la computación cuántica se está desarrollando en España, y sus principales empresas se agrupan en torno al grupo de trabajo de Tecnologías Cuánticas de AMETIC. En el 40.º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones (Santander, #SANTANDER40, septiembre de 2026), AMETIC entregó sus Premios de Tecnologías Cuánticas 2026 —con reconocimientos a Kilimanjaro Quantum Tech y GMV— y concedió una mención especial a Garrigues por su coautoría de un informe pionero a nivel internacional sobre regulación, ética y gobernanza de las tecnologías cuánticas, acompañado del lanzamiento de un observatorio digital de acceso libre. Es un reconocimiento significativo, porque subraya algo que a veces se pasa por alto: la transición postcuántica no es solo un reto criptográfico, sino también jurídico y ético —gobernanza del riesgo, responsabilidad, protección de derechos— y ese marco hay que construirlo con rigor.

6. La dimensión europea: el Parlamento Europeo y el futuro Quantum Act

El movimiento no se limita a España. A comienzos de septiembre de 2026, el Parlamento Europeo acogió el encuentro de alto nivel «Europe’s Quantum Moment: From Lab to Leadership», organizado por el eurodiputado Sergey Lagodinsky, que reunió a representantes de la Comisión, el Consejo y el propio Parlamento con investigadores, líderes empresariales e inversores del ámbito cuántico. El diagnóstico compartido fue nítido: Europa es líder indiscutible en ciencia cuántica (aporta en torno al 80 % de los componentes que se emplean en los ordenadores cuánticos europeos), pero corre el riesgo de no traducir esa excelencia en tejido industrial. Tommaso Calarco, secretario del Consejo Asesor de Alto Nivel sobre Tecnologías Cuánticas, lo resumió en tres palabras: «dinero, velocidad y hacer las cosas juntos» y en una advertencia: «este es el último tren que pasa para Europa».

Sobre esa urgencia se proyecta el futuro Quantum Act, la norma europea que la Comisión prevé presentar hacia finales de 2026, con posible deslizamiento a 2027. No se concibe como una regulación restrictiva, sino como un «marco habilitador» que se apoya en la Estrategia Cuántica Europea y complementa iniciativas como el Chips Act, EuroHPC o IRIS². Persigue tres objetivos: impulsar la investigación y la innovación, escalar la capacidad industrial (líneas piloto e instalaciones de diseño y fabricación) y reforzar la resiliencia de la cadena de suministro y su gobernanza. Su consulta pública previa (la call for evidence) invitó expresamente a contribuir, entre otros, a los expertos en ciberseguridad y a los organismos de normalización, lo que enlaza directamente con el hilo de este artículo: la soberanía cuántica europea no es solo cuestión de fabricar hardware, sino también de gobernar la criptografía que protege los datos europeos.

Ahí es donde ambas caras de la moneda se encuentran. La cara industrial (consolidar un ecosistema hoy fragmentado en unas 78 startups sin campeones europeos comparables a Microsoft, Google o IBM, como reconoció Thomas Skordas de la DG CNECT) y la cara defensiva (la criptoagilidad y la transición postcuántica) forman parte del mismo objetivo de autonomía estratégica: «Europa puede liderar; podemos abastecernos a nosotros mismos; podemos decidir por nosotros mismos», en palabras de Cecile Perrault del «European Quantum Industry Consortium». El reto, además del capital (unos 2.000 millones de euros invertidos por la UE entre 2020 y 2025, más cerca de 9.000 millones de los Estados miembros), es de coordinación y de talento: como advirtió la profesora Eleni Diamanti, «el talento va donde están los líderes globales, no solo donde está el dinero». Para las organizaciones españolas, el mensaje es doble: el marco de referencia de la transición postcuántica ya no es únicamente el CCN o DORA, sino también un futuro Quantum Act que situará la seguridad, la resiliencia y la gobernanza cuánticas en el centro de la política industrial europea.

7. De la doctrina a la práctica: formación y acompañamiento

Garrigues es el principal accionista de EADTrust, y esa combinación —firma jurídica de referencia y agencia especializada en confianza digital— es exactamente la que hace falta para traducir todo lo anterior en acción. Desde EADTrust desarrollamos formación «In Company» que describe el marco legal que impulsa la adopción de la criptoagilidad: qué exige el CCN, qué implica DORA, qué responsabilidad recae en los administradores y cómo se convierte todo eso en un plan de inventario, priorización y migración criptográfica realista. Porque el obstáculo, en la mayoría de las organizaciones, no es la falta de algoritmos, sino la falta de gobernanza: quién es responsable, con qué calendario, con qué evidencias y bajo qué obligaciones.

Formación y Servicios Profesionales de EADTrust

La criptoagilidad y la transición postcuántica ya no son un ejercicio de futuro: el CCN marca el paso, se prepara cobertura normativa, el Senado analiza la necesidad de regular y DORA convierte la preparación en un deber de buena administración. En EADTrust (European Agency of Digital Trust) participada mayoritariamente por Garrigues, distinguida con una mención especial en los Premios de Tecnologías Cuánticas 2026 de AMETIC por su informe sobre regulación, ética y gobernanza de las tecnologías cuánticas, ayudamos a empresas y organismos a anticiparse.

Ofrecemos:

  • Formación «In Company» sobre computación cuántica y el marco legal que impulsa la criptoagilidad, con dos ponentes complementarios:
    • Jorge Christen, creador de la metodología ENSAR (Experience-Name-Speak-Apply-Repeat), lleva a los asistentes desde no saber nada de física cuántica hasta programar programas sencillos en el simulador de computación cuántica de IBM, sin requerir conocimientos previos.
    • Ainhoa Inza aborda el marco legal, la estandarización del NIST, la descripción de los algoritmos criptográficos (clásicos y postcuánticos) y el marco de criptoagilidad (CCN, DORA, responsabilidad de los administradores y hoja de ruta postcuántica).
  • Servicios profesionales de acompañamiento: análisis de impacto normativo, inventario de activos criptográficos, plan de criptoagilidad y priorización de la migración por criticidad.

Si tu organización puede verse impactada por la computación cuántica —sector público, banca y finanzas, sanidad, infraestructuras críticas o cualquier tratamiento de datos con vida útil larga—, hablemos. Contacta por correo electrónico en info@eadtrust.com o por teléfono en el 917 160 555 (también 902 365 612). Más información en eadtrust.com.

Fuentes