Los Premios Autelsi 2018 se entregarán con motivo de la celebración de  la XIV Convención Autelsi, el próximo 8 de marzo de 2018. Este evento congrega en torno a 200 profesionales del sector TIC, y y en el se lleva a cabo el reconocimiento público a instituciones y empresas que hayan destacado en las cinco categorías contempladas.

Para esta edición de los premios, se valoraron 26 proyectos que los asociados de Autelsi votaron para determinar los ganadores.

El Premio Autelsi al mejor proyecto para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, ha recaído ex-aequo a dos iniciativas que obtuvieron el mismo número de votos:  el proyecto ”Aragón Open Data” del Gobierno de Aragón y el proyecto ”Identidad y Confianza Digital” de Abanca.

En la categoría de Iniciativa Tecnológica en el Sector Público el proyecto ganador ha sido “Justicia Digital” del Ministerio de Justicia

En la categoría de Compromiso Social y Medioambiental el galardón recae en el proyecto: ”Formatos tecnológicos e innovadores para un Museo más social” del Museo Nacional de Arte Centro Sofía

El premio en la categoría de Labor de Divulgación y Difusión de las TIC, ha sido para el proyecto del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ”Protege tu empresa”.

En la página de asociación se recoge información sobre los diferentes proyectos presentados en sus Premios Autelsi 2018.

Por su interés para los lectores de este Blog se transcribe la información relativa al proyecto Justicia Digital.

En 2015, tras introducirse cambios relevantes en las leyes procesales y en la normativa conexa, como la relativa a Lexnet, se emprende en el Ministerio de Justicia de España el Programa Justicia Digital con el objetivo de desarrollar aplicaciones y servicios que faciliten la gestión procesal automatizada de los asuntos sometidos a los Tribunales, así como la implantación de nuevas metodologías de trabajo que mejoren la eficiencia de los procesos.

La solución tecnológica que se ha diseñado está compuesta por un conjunto de módulos que gracias a la interoperabilidad con el Sistema de Gestión Procesal (Minerva para los órganos judiciales o Fortuny para la Fiscalía) permite a los órganos judiciales y Fiscalías del «territorio Ministerio» el tratamiento electrónico de la información.

Se denomina «Territorio Ministerio» al conjunto de comunidades autónomas en las que la responsabilidad de provisión de medios materiales para la administración de Justicia se mantiene dentro del Ministerio de Justicia. El resto de comunidades autónomas tienen competencias en dicha provisión de medios y ofrecen soluciones informáticas compatibles.

La estructura de personal de los operadores jurídicos (jueces y magistrados, fiscales y letrados de la administración de justicia, entre otros) es nacional e independiente de otras administraciones. La administración de Justicia es un poder del estado y no se considera administración pública en el sentido de la Administración General del Estado.

En el proyecto presentado, «Justicia Digital«,  las comunicaciones (demandas, escritos, notificaciones y expedientes administrativos), las operaciones de firma, visionado y consulta de documentos son íntegramente digitales, de manera que se elimina el uso del papel del proceso y se otorgan mayores garantías a todos los actos jurídicos.

Los diferentes módulos desarrollados son los siguientes:

• Sistema de Gestión Procesal Minerva. Soporta la tramitación de la información relativa a los procedimientos judiciales y da servicio a los órganos judiciales.
• Fortuny. Sistema de gestión procesal de la fiscalía para la tramitación de asuntos. A su vez se interconecta con el sistema LexNET Justicia y el gestor documental.
• LexNET. Plataforma de intercambio seguro de información que posibilita la comunicación bidireccional electrónica entre las oficinas judiciales y los distintos operadores legales para la práctica de notificaciones y presentación de escritos.
• Hermes. Posibilita las comunicaciones electrónicas con la sanidad pública y los Cuerpos de Policía dependientes de las corporaciones locales.
• Cargador de expedientes administrativos electrónicos. Permite la incorporación automática de los expedientes administrativos remitidos electrónicamente por otras Administraciones Públicas
• Sede Judicial Electrónica. Presta el servicio de comunicación y notificación por comparecencia electrónica a ciudadanos y personas jurídicas
• Visor de Expedientes Judiciales Electrónicos Horus. Permite localizar y la consulta integral de la información de los expedientes electrónicos judiciales y administrativos, entre los que se encuentran documentos, vídeos, grabaciones de vistas judiciales etc..
• Portafirmas electrónico. Proporciona la firma electrónica.
• Otros sistemas. Proporcionan soporte a todas las necesidades adicionales que rodean al procedimiento judicial, como la elevación de un recurso a otros órganos judiciales, consulta y volcado de las resoluciones publicadas al Centro de Documentación Judicial y la grabación de juicios en salas de vistas u otras diligencias.

El procedimiento judicial deja de ser un conjunto de papeles atados con cordeles que se traslada de un órgano a otro y pasa a ser un Expediente Judicial Electrónico, referenciable desde cualquier lugar por vía electrónica. Se configura un registro único de entrada que se encarga de la recepción y catalogación de documentos, ya sean electrónicos o en papel (en este caso se digitalizan). Se normaliza, así la presentación de documentación independientemente de la vía de entrada de ésta y en todo momento existe un control y trazabilidad de la información.

Asimismo, se establecen metodologías de trabajo y de criterios de gestión homogéneos para facilitar el proceso de adaptación a las nuevas funciones del personal. Los Manuales de Operativas establecen los procedimientos que cubren las diferentes casuísticas de la operativa diaria en una sede judicial, adecuando los procesos de trabajo del Órgano Judicial con las herramientas tecnológicas necesarias que dan soporte al Expediente Judicial Electrónico.

Plan de Implantación de la Justicia Digital

El alcance de la implantación de la digitalización de la justicia circunscrito al ámbito territorial del Ministerio de Justicia (hay que considerar que en las comunidades autónomas no incluidas en este ámbito territorial también se están llevando a cabo diversas iniciativas de modernización) comprende:

• 112 partidos judiciales (659 órganos judiciales).
• 39 Fiscalías.
• Órganos centrales: Tribunal Supremo y Audiencia Nacional.

La puesta en funcionamiento de Justicia Digital se está llevando a cabo de forma progresiva en 3 fases:

• Fase I (enero a julio de 2016). El sistema se implantó en 23 partidos judiciales del territorio de su competencia: las nueve capitales de provincia de Castilla y León, las cinco de Castilla-La Mancha, las dos de Extremadura, Murcia, Palma de Mallorca, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como otros partidos judiciales de tamaño mediano como Ponferrada, Ibiza y Cartagena.
• Fase II (septiembre a diciembre de 2016). Extensión del sistema a las sedes judiciales de Talavera de la Reina, Mérida y Puertollano, además de completar Palma de Mallorca, Murcia y Valladolid en los órdenes jurisdiccionales civil y penal. Por lo que se refiere a las Fiscalías en noviembre de 2016 se puso en marcha una experiencia piloto en la Fiscalía Provincial de Valladolid.
• Fase III (2017 y 2018). La fase III integra a 86 partidos judiciales, los órganos centrales (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional) y 39 Fiscalías del ámbito territorial del Ministerio de Justicia. La complejidad de la implantación se incrementa durante esta fase debido a la dispersión geográfica y el elevado número de sedes aunque el volumen de tramitación sea menor al ya realizado en las Fases I y II. El proceso de despliegue en los órganos judiciales está previsto que finalice en el mes de marzo de 2018. La culminación en los órganos centrales y Fiscalías se realizará a lo largo de 2018 conforme al calendario que se establezca de forma consensuada. Actualmente se ha realizado la implantación en 78 partidos judiciales, orden penal y social del Tribunal Supremo y 17 Fiscalías.

De forma paralela, los Jueces, Magistrados, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia están recibiendo un moderno equipamiento para facilitar la movilidad de su puesto de trabajo mediante la dotación de ordenadores de tipo tableta con teclado, de alto rendimiento (dispositivos portátiles Microsoft Surface) y elementos asociados (dock station, teclado, lector tarjetas inalámbrico), para acceder a las herramientas de soporte al Expediente Judicial Electrónico de forma segura y desde cualquier lugar.

En 2017 se han distribuido 1.451 puestos de trabajo móvil (57%) de los 2.541 previstos para completar el proceso se instalación a lo largo del 2018.

Resultados del Plan Justicia Digital

Tramitación electrónica en los órganos judiciales

Entre el 22 de febrero de 2016 y el 4 de diciembre de 2017, la tramitación electrónica de los procesos judiciales se ha puesto en funcionamiento en el 84% del ámbito territorial competencia del Ministerio de Justicia.

Esto supone el 100% de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, así como en el 97% de los Órganos Judiciales unipersonales del territorio Ministerio (638 de 659). Respecto a los órganos centrales el avance es del 54%, el Orden Social y Penal del Tribunal Supremo (7 órganos de 20), y el orden social y Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (22 órganos de 34) trabajan en digital.

Para culminar la implantación de Justicia Digital, durante los meses de febrero y marzo de 2018 se va a desplegar la solución en 21 órganos judiciales (de 8 partidos judiciales de Castilla la Mancha y Murcia), mientras que la implantación del resto de órdenes de los Órganos centrales, se efectuará conforme al calendario que se establezca de forma consensuada.

Los datos de uso, a fecha 11 de enero de 2018, teniendo en cuenta el carácter progresivo de la implantación y por tanto, la entrada de datos a partir de la puesta en producción en cada sede:

• Presentación de escritos. Más del 79.9% de los escritos ya se presentan de forma electrónica (3.643.061 escritos electrónicos frente a 916.351 presentados en papel).
  13.480.553 documentos firmados digitalmente.
• Acceso y consulta del Expediente Judicial Electrónico a través del Visor de expedientes Horus:
  • Consultas: 2.609.500 documentos, 1.427.810 procedimientos y 12.349 vistas judiciales.
  • Descargas: 5.130.728 documentos, 95.895 procedimientos.

Tramitación electrónica en la Fiscalía

Actualmente el Programa se ha implantado en 17 fiscalías de las 39 previstas, lo cual supone un avance de un 43,6% de la implantación planificada. En 2018 culminará el proceso en el resto de Fiscalías del territorio del Ministerio.

Los datos de uso desde el 12 de diciembre de 2016 al 4 de enero de 2018, teniendo en cuenta la puesta en funcionamiento progresiva de cada Fiscalía, son: 190.376 notificaciones recibidas; 52.463 itineraciones telemáticas registradas (62,14 %), y 53.401 dictámenes firmados y enviados telemáticamente (67,56%).

Conclusiones

Con la implantación de la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales se mejora el servicio público que se presta en la Administración de Justicia adecuándose a lo estipulado en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia y se consiguen objetivos estratégicos como una Justicia más accesible, más transparente, ágil y mejor interconectada.

La implantación de Justicia Digital representa un nuevo modelo de prestación de servicios de la Justicia orientado a la sostenibilidad, la eficiencia y la expansión a toda la Administración de Justicia.

Se dispone de un modelo de trabajo que compatibiliza aspectos centralizados y distribuidos, adaptado a las distintas peculiaridades de la sede judicial (órgano unipersonal, colegiado, esquema de oficina judicial…).

Asimismo, se favorece el máximo aprovechamiento de las TIC en la actividad judicial, de modo que los sistemas pueden compartir datos e información que permiten una tramitación más ágil de los asuntos judiciales, contribuyen a reducir errores y a mejorar la calidad de las decisiones judiciales.

El proyecto Justicia Digital Supone un gran avance en la prestación de servicios de la Administración de Justicia que apuesta por una nueva forma de funcionamiento que aporta eficacia, eficiencia, productividad, seguridad y calidad en los mismos.