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Depósito Legal


En el mismo BOE en el que se publicaron recientemente las normas técnicas de interoperabilidad, se ha publicado la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, que entrará en vigor el 30 de enero de 2012.

El patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España es uno de los más ricos y representativos del mundo y debe ser preservado en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Para que éste pueda ser accesible a todos los ciudadanos y contribuya al desarrollo cultural, social y económico de España como sociedad libre y democrática, es preciso contar con la colaboración de editores, impresores, productores, así como del mundo bibliotecario, cuya actuación conjunta resulta imprescindible para conservar ese patrimonio, en unos casos, cediendo en depósito a las Administraciones Públicas ejemplares o copias de todos los recursos de información creados en cualquier soporte o medio que se distribuya públicamente, y en otros, gestionando la accesibilidad universal a esos recursos.

Inicialmente concebido sólo como una figura de control bibliográfico nacional, el depósito legal ha pasado a configurarse en los Estados democráticos como un servicio público gratuito al sector editorial para suministrar originales de obras en dominio público, y como una garantía de la libertad de expresión y del acceso a la información de los ciudadanos y, con el advenimiento de la sociedad del conocimiento, como una pieza del desarrollo económico y social de un país.

La figura del depósito legal fue introducida en España por primera vez en 1616 para las obras impresas en la Corona de Aragón y en 1619 para las obras impresas en la Corona de Aragón y el Reino de Castilla, cuando Felipe III, por Real Decreto de 12 de enero, concede a la Real Biblioteca de El Escorial el privilegio de recibir un ejemplar de cuantos libros se imprimiesen. Felipe V amplía este privilegio mediante Real Cédula de 26 de julio de 1716, a la recién fundada Librería Real, hoy Biblioteca Nacional de España.

Desde aquella fecha ha sido una preocupación constante el cumplimiento de esta obligación, dando lugar a diversas y sucesivas disposiciones. El Decreto de 23 de diciembre de 1957 amplió la variedad de los materiales sujetos al depósito legal y previó la incorporación de otros recursos entonces inexistentes. Con el número de depósito legal y el sistema administrativo desarrollado para su control, se consiguió por primera vez un cumplimiento eficaz del depósito de los materiales.

En el ámbito internacional han sido varios los estudios auspiciados por la UNESCO, siempre en la línea de la profundización y universalización del depósito legal, así como la actividad llevada a cabo en el mismo sentido y sistemáticamente por la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA).

Asimismo, las formas de expresión intelectual y artística han evolucionado, se han creado nuevos medios de publicación y hoy en día las publicaciones electrónicas forman parte habitual de muchos patrimonios nacionales de obras publicadas, haciendo imprescindible la revisión de las normativas sobre depósito legal.

Como novedad en el caso que nos ocupa cabe resaltar que la ley introduce un cambio de adaptación a la realidad del mundo de las publicaciones, que se basa en el nuevo papel que se atribuye al editor. La presencia del editor como sujeto depositante principal va a significar una gran mejora de las colecciones custodiadas por los centros depositarios, ya que permitirá que los documentos ingresen íntegros, que las publicaciones seriadas no queden faltas de fascículos y, finalmente, que se ingrese todo lo que se edita en España, aun cuando no haya sido producido en su territorio. Además, permitirá que las colecciones de las bibliotecas autonómicas respondan a su realidad editorial.

Por otra parte, conviene insistir en las ventajas que el depósito legal tiene para los obligados a constituirlo, dada su repercusión en el incremento de la visibilidad y publicidad de sus publicaciones, el mejor control bibliográfico que proporciona y la garantía a largo plazo de la disponibilidad de su material, lo que puede tener notable valor cuando el original se ha perdido o destruido.

Debe también destacarse que se ha buscado compatibilizar la prestación del servicio público de la institución jurídica del depósito legal con la reducción de las cargas administrativas al disminuir sustancialmente el número de ejemplares que el sector editorial debe aportar a la Administración.

Otro aspecto novedoso de esta ley es que contempla el depósito de los nuevos soportes de la edición y de los documentos en red. En el ámbito de la Unión Europea se ha propuesto y recomendado la adopción de iniciativas por los Estados miembros en el campo de la conservación digital del material cultural. Las instituciones de la Unión han advertido sobre los desafíos que plantea el depósito del patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital en un entorno digital y han propuesto soluciones cuyo objetivo es la exploración de nuevas técnicas de recogida de material en línea con fines de difusión y conservación.

En este contexto, la Estrategia Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas, entre otras, la Agenda Digital Europea y la Estrategia de Innovación, recogen el impulso que desde las principales instituciones europeas se pretende dar a la conservación de contenidos digitales con vistas a garantizar su acceso a las generaciones futuras. De este modo, en esta ley se contemplan los supuestos tanto de las publicaciones en forma de ejemplares digitales tangibles, como las publicaciones difundidas únicamente a través de redes electrónicas.

En España, a la necesidad de renovación de contenidos normativos se suma la de adecuar el ordenamiento jurídico del depósito legal al Estado de las Autonomías y a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Asimismo, la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, puso de manifiesto la importancia de elaborar una ley sobre la materia que se adaptase a estas nuevas circunstancias. De este modo, en su disposición adicional primera, se dice que el Gobierno, en el plazo máximo de un año, remitirá un proyecto de ley para adaptar la normativa vigente a la realidad del Estado de las Autonomías, a la aparición de nuevos soportes y a los cambios producidos en el sector editorial.

Desde el punto de vista de la archivística, una gran noticia.

La norma introduce algunas definiciones compatibles con otros desarollos normativos en curso:

  • Documento: Toda información o contenidos, cualquiera que sea su soporte o formato, así como su naturaleza o la forma de expresión utilizada (gráfica, sonora, visual, audiovisual, multimedia, etc.).
  • Documento electrónico: Información o contenido de cualquier naturaleza en soporte electrónico, archivado con un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
  • Dominio de Internet: Espacio en Internet de una empresa, organización, o de una persona física, asociado a un nombre o una dirección, que permite que su información o contenido, productos o servicios, sean accesibles.
  • Edición: Todos los ejemplares de un recurso bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital producidos sustancialmente desde el mismo original y editados por la misma agencia o grupos de agencias o por una persona.
  • Edición paralela: Conjunto de ejemplares de un documento que con el mismo contenido se publican en soportes distintos, tales como revista en papel y microficha, bases de datos en CD y en línea.
  • Editor: Persona natural o jurídica que, por cuenta propia, elige o concibe obras literarias, científicas y en general de cualquier temática, y realiza o encarga los procesos industriales para su transformación en libro o en otro recurso, cualquiera que sea su soporte, con la finalidad de su publicación y difusión o comunicación.
  • Ejemplar: Cada unidad completa dentro de una edición.
  • Impresión bajo demanda: Ejemplar o ejemplares de una edición realizados para responder a pedidos concretos.
  • Impresor: Persona natural o jurídica que, contando con las instalaciones y medios técnicos necesarios, se dedica, exclusiva o principalmente, a la realización e impresión de libros en papel o en cualquier otro soporte susceptible de lectura.
  • Libro: Obra científica, artística, literaria o de cualquier otra índole que constituye una publicación unitaria en uno o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en cualquier soporte susceptible de lectura. Se entienden incluidos en la definición de libro, a los efectos de esta Ley, los libros electrónicos y los libros que se publiquen o se difundan por Internet o en otro soporte que pueda aparecer en el futuro, los materiales complementarios de carácter impreso, visual, audiovisual o sonoro que sean editados conjuntamente con el libro y que participen del carácter unitario del mismo, así como cualquier otra manifestación editorial.
  • Mancheta: Lugar que, en las publicaciones periódicas, proporciona los datos principales de identificación de la publicación.
  • Productor: Persona física o jurídica que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de obras y contenidos sonoros, visuales, audiovisuales o digitales.
  • Publicación electrónica: Información o contenido de cualquier naturaleza, en un soporte electrónico, archivado con un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado, que sea objeto de difusión.
  • Publicación periódica: Toda publicación de cualquier naturaleza que aparece, se distribuye o comunica de forma continuada con una periodicidad establecida.
  • Publicación seriada: Toda obra científica, literaria o de cualquier índole que aparece o se comunica de forma continuada, editada en una sucesión de números o partes separadas, que lleva normalmente una numeración y que no tiene una duración predeterminada.
  • Recurso: Una entidad, tangible o intangible, que recoge el contenido intelectual, artístico o de cualquier índole y que está concebida, producida o editada como una unidad.
  • Recurso continuado: Publicación que se edita a lo largo del tiempo, sin duración predeterminada. Incluye las publicaciones seriadas y los recursos integrables ininterrumpidos.
  • Recurso integrable: Publicación que se completa o modifica por medio de actualizaciones, que no permanecen separadas, sino que se integran en un todo. Pueden ser finitos o continuados. Las hojas sueltas actualizables y los sitios web actualizables constituyen recursos integrables.
  • Recurso multimedia: Recurso constituido por dos o más medios distintos o por formas distintas de un mismo medio y que está concebido para usarse como una unidad.
  • Reedición: Edición que se distingue de las anteriores por algunas modificaciones introducidas en el contenido o en la presentación.
  • Sitio web: Punto de acceso electrónico formado por una o varias páginas electrónicas agrupadas en un dominio de Internet.
  • Soporte tangible: Soporte físico de una obra o contenido tales como papel, disco, etcétera.
  • Soporte no tangible: Soporte virtual de una obra o contenido difundidos a través de redes electrónicas.
  • Versión: Forma de un documento que ha sido modificado sin cambiar su identidad.

De entre los documentos que se depositan, cabe destacar:

k) documentos sonoros,

l) documentos audiovisuales,

m) microformas,

n) documentos electrónicos en cualquier soporte, que el estado de la técnica permita en cada momento, y que no sean accesibles libremente a través de Internet,

ñ) sitios web fijables o registrables cuyo contenido pueda variar en el tiempo y sea susceptible de ser copiado en un momento dado,

o) copia nueva de los documentos íntegros, en versión original, de toda película cinematográfica, documental o de ficción, realizada por un productor con domicilio, residencia o establecimiento permanente en el territorio español y un ejemplar del material publicitario correspondiente.

No serán objeto de depósito legal las siguientes publicaciones:

a) documentos de las Administraciones Públicas de carácter interno o que resulten susceptibles de integración en expedientes administrativos,

b) documentos de instituciones y organizaciones, incluidas las empresariales, que versen únicamente sobre asuntos internos y estén dirigidas al personal de las mismas, tales como circulares, instrucciones o manuales de procedimiento,

c) publicaciones destinadas a concursos de promoción o traslado de los cuerpos o escalas de las distintas administraciones públicas,

d) sellos de correo,

e) impresos de carácter social como invitaciones de boda y bautizo, esquelas de defunción, tarjetas de visita, carnés de identidad, títulos o diplomas,

f) impresos de oficinas, formularios, incluidos los oficiales, cuestionarios y encuestas no cumplimentadas excepto que complementen una obra cuyo contenido sea técnico o científico, por ejemplo, un volumen formado por una recopilación de formularios que acompaña a un libro sobre procedimiento administrativo,

g) publicaciones de impresión bajo demanda,

h) dossieres de prensa,

i) hojas comerciales publicitarias,

j) catálogos comerciales de todo tipo,

k) calendarios y agendas,

l) objetos tridimensionales, aunque acompañen a un documento principal,

m) manuales de instrucciones de objetos, electrodomésticos, maquinaria, o análogos,

n) todo producto de un sistema informático que contenga datos que afecten a la privacidad de personas físicas y jurídicas y cuantos estén incluidos en la normativa de protección de datos personales, y

ñ) programas audiovisuales emitidos por prestadores del servicio de comunicación audiovisual, salvo que sean objeto de distribución.

Constitución del depósito de publicaciones electrónicas.

1. Toda publicación electrónica será depositada de modo que no sea necesaria la introducción de clave alguna para su lectura y con todos los manuales, así como, en su caso, el software que acompañe a la misma, a los solos efectos de investigación y conservación.

2. El sujeto depositante está obligado a facilitar la información necesaria para transferir los datos del soporte original al soporte de conservación.

3. Las publicaciones electrónicas cuyo uso caduque en el tiempo deberán ser entregadas de modo que puedan ser consultadas sin límite de tiempo.

En el plazo máximo de un año el Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio de Cultura, regulará mediante Real Decreto y en el ámbito de sus competencias, oídas las Comunidades Autónomas y los sectores implicados, el procedimiento de constitución del depósito de las publicaciones electrónicas.

Aquí tengo mis dudas, porque el Gobierno o los titulares de los Ministerios implicados, nu suelen cumplir los plazos. Aun me acuerdo de los plazos para la obligatoriedad de las facturas electrónicas.

Funcionalidades de BackTrust


BackTrust es una plataforma de servicios (SOA)  asociados a la firma electrónica que puede ser utilizada en entornos de Administración Electrónica y también, en el sector privado, en el marco de las obligaciones de Interlocución Telemática.

Es un producto de Albalia Interactiva, con versiones para plataformas Mainframe (System z), entornos Linux y entornos Windows Server

Entre los servicios que presta BackTrust cabe citar los siguientes:

  • Servicio de Firma (DSS). El servicio de firma automatizada permite firmar documentos XML y PDF, respectivamente con firmas XAdES y PAdES. Los documentos de otro tipo pueden encapsularse en firmas CAdES o firmas XAdES, si bien requerirán de servicios de comprobación compatibles con la técnica de encapsulado.  Este servicio permite también  verificar las firmas de documentos ya firmados. El servicio permite utilizar diferentes claves y certificados, asociados a diferentes políticas, que se gestionan de forma centralizada en un HSM (Hardware Security Module). Se usa, por ejemplo, para automizar el uso de los sellos de órgano.
  • Ejecutable de firma en cliente: permite la firma de documentos por parte de un usuario, haciendo uso de su clave y sucertificado digital. Existen 2 variantes: firmador java (websigner) y firmador de escritorio.
  • Servicio de Sellado. Este servicio emite y verifica sellos de tiempo sobre protocolo RFC 3161 y (o)  webservice (DSS). Si se usa con un certificado de TSU de una CA apropiada, en el marco de un acuerdo de gestión, estos sellos de tiempo pueden tener valor legal.  El sistema permite sincronización mediante NTP (accediendo a ROA), GPS y DCF77.
  • Servicio de Validación Avanzada de Certificados. Este servicio permite comprobar la validez de un certificado y extraer la información contenida en él, relativa al titular del mismo (nombre y apellidos, NIF/CIF, correo electrónico, etc.).
  • Servicio de Copia. Este servicio añade información gráfica (Código QR) relativa a una firma electrónica sobre una copia constatable de un documento electrónico (albalá), facilitando así posteriores procesos de comprobación de documentos electrónicos impresos.
  • Servicio de Potestades. Este servicio permite gestionar y comprobar atribuciones en un marco de gestión de políticas de firma, o en relación con flujos de proceso (worlflows) de diferentes roles del organismo (cargos administrativos, firmantes finales por nombramiento oficial, responsables, apoderados, …).
  • Servicio de Custodia. Este servicio permite almacenar y recuperar documentos almacenados en el Sistema de Constancias (Cartulario). Existen varios tipos de custodia con diferentes restricciones de acceso (o sin restricciones). Se utiliza el concepto de Código Seguro de Verificación.
  • Servicio de Interconexión con otras Redes. Este servicio permite obtener información de validación de certificados y otras informaciones de redes asociadas. En particular existen integraciones con la Red SARA y con el sistema de acceso a información de certificados revocados definido por la AEAT (ycaestec).
  • Servicio de Publicación Fehaciente. Este servicio permite obtener certificados que acrediten fehacientemente el momento en el que los documentos son publicados en una Sede Electrónica. Utiliza el sistema de sello de tiempo y permite cumplir el artículo 42 de la Ley de Contratos del Sector Público (en el caso de las administraciones públicas) o la normativa de publicación de convocatorias de juntas de la Ley de Sociedades de Capital (en el caso del sector privado).

Además de la dispobilidad de funcionalidades en modalidad de servicio SOA, existen módulos que desarrollan las funcionalidades en forma de API (SDK) para ser invocadas por otras aplicaciones en entorno cliente o en entorno servidor. En particular, en entornos EDITRAN, permitiendo la firma y comprobación de firma de mensajes intercambiados entre plataformas de diferente tecnología.

El TESTRA de la DGT no es un sistema fehaciente


La organización de defensa de los derechos de los conductores, AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) ha detectado graves irregularidades en el funcionamiento del Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) al comprobar que el contenido de los edictos publicados varía de un día a otro y, en consecuencia, no está garantizada la integridad ni la inalterabilidad de los anuncios.

También AEA ha detectado la desaparición de ficheros conteniendo listas de infractores que fueron publicados en la página web de la DGT y que días más tarde fueron sustituidos por otros diferentes. A pesar de la sustitución, la fecha en que aparecen publicados corresponde con el fichero desaparecido y no con aquél finalmente sustituído, con lo que además se reducen arbitrariariamente al ciudadano los plazos para recurrir o pagar con descuento.

AEA pide la suspensión del TESTRA en tanto la DGT no garantice su inalterabilidad .

La organización de defensa de los conductores AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) pidió el pasdo 28 de septiembre de 2011 al ministro del Interior, señor Camacho, que con carácter urgente se suspendan las publicaciones edictales de las multas en el Tablon Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) en tanto no se garantice la integridad y la inalterabilidad de los anuncios.

En su petición al ministro, AEA ha aportado una copia de ficheros que contienen anuncios de multas publicados por diversas Jefaturas provinciales de Tráfico y que fueron descargados en fechas distintas de la pagína web de la DGT siendo diferente su contenido a pesar de que tienen el mismo número de edicto y el mismo código seguro de verificación.

“Esto evidencia –a juicio de AEA– que el contenido de los ficheros puede ser modificado y, por tanto, no está garantizada ni su integridad ni su inalterabilidad, tal y como determina la normativa reguladora del Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico y la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios publicos, que obliga a garantizar la autenticidad e integridad de este medio de comunicación y de los edictos que en el se publiquen mediante el empleo de los sistemas de firma electrónica”.

Ficheros alterados y sustituidos sin explicación alguna

En los ficheros aportados por AEA al ministro se puede observar, por ejemplo, cómo el domingo 11 de setiembre de 2011 se publicó en el TESTRA un anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca por el que se notificaban diversas notificaciones de denuncia. En el primer fichero descargado de la página web de la DGT la publicación constaba de 61 páginas, estaba firmada por el Jefe provincial de Tráfico de Madrid y tenía la siguiente numeración 4944-000001, constando el siguiente código seguro de verificación: TTRAPU-801M0E-YQVL22-ACC642.

Días más tarde al pretender descargarse ese mismo fichero conteniendo la publicación edictal del domingo 11 de setiembre, aparece un anuncio con el mismo número de edicto y de código seguro de veríficación, pero esta vez firmado por el Jefe provincial de Tráfico de Huesca (y no por el de Madrid) y las 61 páginas de las que constaba el anterior boletín se ha convertido en tan sólo dos, siendo absolutamente diferentes los nombres de los denunciados y los numeros de expedientes sancionadores que se publican.

Resulta evidente que a pesar de que en la página de la DGT se indica que la fecha de publicación de ese anuncio fue el 11/9/11, a las 13:34:15 h., su contenido fue alterado y el primer fichero publicado fue eliminado y sustituido por el actual, sin que exista ninguna aclaración al respecto ni garantía de que el contenido de dicha publicación pueda volverse a alterar.

Además de este ejemplo, AEA ha detectado otros casos en los que han también han sido alterados otros anuncios ordenados por otras Jefaturas provinciales de Tráfico, por lo que pide al ministro la revisión de todas la publicaciones realizadas desde la puesta en marcha del TESTRA.

“Ya que –para el presidente de AEA, Mario Arnaldo– estos hechos son de tal gravedad desde el punto de vista jurídico que no sólo invalidarían la notificaciones realizadas desde el pasado mes de noviembre por la DGT, el Gobierno Vasco, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Donostia, en cientos de miles de expedientes sancionadores, sino ponen en entredicho la autenticidad e integridad del sistema utilizado para notificar las multas que no pueden practicarse personalmente a los ciudadanos.”

irregularidades en testra

¿Qué es el TESTRA?
El Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico es una página de Internet desde donde cualquier ciudadano o empresa pueden consultar las notificaciones de multas que no les han podido entregar en su domicilio. Tiene carácter legal, y por ello desde el pasado 24 de noviembre de 2010 se convirtió en el medio oficial de publicación de los procedimientos sancionadores de Tráfico. La Dirección General de Tráfico como órgano gestor del mismo es responsable de garantizar la autenticidad e integridad de su contenido y de los edictos que en él se publiquen mediante el empleo de los sistemas de firma electrónica.

Desde su inicio AEA ya denunció irregularidades

Ya desde su inicio, la utilización del TESTRA fue cuestionada por AEA quién en el mes de diciembre de 2010 denunció que “se estaba haciendo un uso indebido de este nuevo sistema de notificaciones a través de internet, y no sólo porque se está aplicando a expedientes sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley -lo cual era manifiestamente ilegal-, sino porque se están reduciendo los plazos que tenían los ciudadanos para formular sus correspondientes recursos.»

A raiz de la denuncia de AEA, la DGT advirtió su error y modificó el texto de las notificaciones publicadas en el TESTRA así como el sistema para computar los plazos para recurrir o para pagar con descuento, que hasta entonces habían sido reducidos ilegalmente.

“Sin embargo –advierte Arnaldo- otras administraciones como el Ayuntamiento de Madrid siguen haciendo un uso indebido del Testra y ninguna de las publicaciones realizadas hasta ahora cumple con los requisitos establecidos legalmente, lo cual determina la nulidad de cientos de miles de multas municipales que el consistorio madrileño tendría que anular.”

La noticia recogida en diferentes medios:

 

«Sede Electrónica» en el sector privado


Aunque lo mencioné en un artículo reciente, Comprobación de la convocatoria a la Junta de Accionistas en Sede Electrónica, quiero insistir en el concepto de sede electrónica en el sector privado.

Para mi, la sede electrónica es uno de los componentes de la matriz digital, es decir, uno de los mecanismos que define la autenticidad de los documentos electrónicos junto con la firma electrónica.

La Matriz Digital está compuesta de:

  • Sede Electrónica
  • Código Seguro de Verificación
  • Metadatos convencionales
  • Metadatos con funcionalidad de completitud documental (anotaciones, diligencias, documentos conexos, obliterabilidad, endosabilidad, datos de cesionarios y cedentes, asociación a expedientes)
  • Sistemas de control de integridad de datos (indices -«foliado»-, control de precedencia, control de integridad procedimental -«auditabilidad»-, estampación temporal -«timestamping»-).
  • Representaciones originales y facsimilares de los documentos.

La matriz digital (que yo frecuentemente denomino cartulario electrónico) forma junto con la firma electrónica la base de la autenticidad de los documentos electrónicos, y permite llevar a cabo todas las funciones que permiten los documentos en papel y que no son posibles si solo se usa la firma electrónica.

En la normativa asociada al sector público ya existe un marco conceptual que determina un conjunto de presunciones respecto a la gestión de documentos electrónicos, pero ese marco no se ha definido de forma expresa para el sector privado.

Por eso la definición en el artículo 11 bis de la reciente Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas del concepto de sede electrónica, aunque con un alcance algo más limitado que el que se le da en la administración electrónica, permite trasladar al ámbito civil y mercantil muchas de las presunciones creadas por la normativa administrativa.

Y de esta forma, los conceptos de la diplomática digital (válidos por sí mismos, por estar basados en los elementos de las evidencias electrónicas) alcanzan en el sector privado el nivel de presunción del que ya gozaban en el sector público.

Autenticidad de documentos electrónicos con CSV (Código Seguro de Verificación)


Estas días pasados he colaborado en la discusión sobre CSV (Código Seguro de Verificación) y su encasillamiento dentro de las variantes de firma electrónica de la normativa de administración electrónica, que ha tenido lugar en un grupo de LinkedIn centrado en la eAdministración.

Aunque el debate, muy interesante, es más amplio, quisiera transcribir aquí mis ideas relativas al cartulario electrónico, que no es sino la actualización de la idea de cartulario medieval, conocido por los diplomatistas.

En primer lugar, pese a lo que establezca la letra de la ley 11/2007 (que bien puede deberse al resultado de un comité donde no todo el  mundo tuviera las ideas claras), el CSV no es un tipo de firma electrónica, aunque se pueda hacer encajar en la «firma simple» que no definía la Ley 59/2003 (efectivamente, la describía sin concederle un término legal, aunque se ha popularizado el de «firma simple»).

Por desgracia la inclusión del CSV en la Ley 11/2007 (y en la normativa de desarrollo RD 1671/2009) ha servido para aumentar la confusión de tecnológos y juristas. Y es una pena, porque el CSV es un concepto tremendamente importante cuando se acompaña del de «sede electrónica» y el de metadatos (por cierto, metadatos singulares menos obvios que «autor», «tipo de documento», o «fecha de creación»).

Aunque probablemente la mejor forma de gestionar el CSV o localizador es a través de un tercero de confianza (y un ejemplo clásico es el notario y su número de protocolo), es posible que una entidad que gestione de forma diligente el sistema de referencias auténtico con una base de datos en las que se apliquen unas correctas medidas de seguridad auditables (para lo cual el Esquema nacional de Seguridad da algunas ideas), pueda manejar los CSV de forma intachable.

En todo caso, un documento electrónico (firmado electrónicamente o no) puede ser referenciado con dos componentes:

  • La identificación de la sede electrónica y
  • el localizador del documento en la sede (CSV)

Si el localizador es predecible, lo denominamos CVE, Código de Verificación Electrónica (como en el BOE) y si es impredecible, lo denominamos CSV, Código Seguro de Verificación.

Cuando la información de URL de la sede electrónica y el localizador se incluyen en un documento en papel que incluye también la representación facsimilar del documento electrónico, estamos ante un mecanismo de transporte de la evidencia electrónica que llamamos «albalá» y que se puede utilizar como prueba directa en juicio. El término se ha rescatado del concepto clásico de Albalá, conocido por los historiógrafos (carta o cédula real, emitida por una cancillerá y en la que detallaba una merced o una provisión; el albalá se rubricaba con la firma real, mientras que en el albalá que transcribe un documento electrónico, la clave de su autenticidad radica en incluir la información sobre la sede electrónica y el CSV).

Si la parte perjudicada por su aportación pusiera en duda su autenticidad, el secretario judicial podría destruir la controversia cotejando el documento en su fuente, o generando un nuevo albalá correspondiente a la identificación Sede+CSV y, en cualquiera de los casos, generando la diligencia que certifica la autenticidad del documento ( de forma semejante a una compulsa digital).

Un mero «recibo» que solo recoja la URL de la sede y el localizador surtiría el mismo efecto.

Los sistemas basados en localizadores son imprescindibles en la gestión de documentos electrónicos auténticos ya que aportan 3 propiedades que no se pueden lograr con la mera aplicación de la firma electrónica:

  • Obliterabilidad
  • Endosabilidad
  • Completitud

Y para ello necesitan complementarse con metadatos específicos, que, por desgracia, nadie ha tenido en cuenta en la reciente publicación (en el BOE de 30 de julio de 2011) de las Normas Técnicas de Interoperabilidad asociadas al desarrollo del ENI (el Esquema Nacional de Interoperabilidad).

Muchos de los conceptos que aplicamos en relación con la identificación de sede electrónica y código localizador, tienen su origen conceptual en los cartularios medievales (denominados también «tumbos» o «becerros»), donde la ordenada llevanza de la colección documental se complementaba con las medidas convencionales de legitimación y aseguramiento de la identidad de los firmantes en la zona de cada documento denominada «escatocolo».

De modo que el cartulario digital y la firma electrónica son dos instrumentos distintos y complementarios de la gestión de la autenticidad de los documentos electrónicos, y la «diplomática digital» la disciplina que tiene en cuenta ambos (junto con algunos aspectos más) para analizarla.

Otros artículos en los que he tratado temas afines a este han sido:

Seminario de «Diplomática Digital»


El día 22 de Septiembre de 2011 se celebrará en las instalaciones de Atenea Interactiva, el seminario sobre la emergente disciplina “Diplomática Digital“, que se centrará en las siguientes áreas de conocimiento:

  • La Diplomática de Jean Mabillon
  • La Nueva Diplomática Digital del siglo XXI.
  • Normativas Aplicables.
  • Documentos Electrónicos y de Papel.
  • Digitalización Certificada.
  • Firma Electrónica.
  • Digitalización para Sector Público y Privado.
  • Entornos Jurisdiccionales.
  • Conceptos de Diplomática Digital presentes en la Ley 11/2007

El seminario no tiene coste si se bonifica a través de la Fundación Tripartita (450 € en caso contrario).

La diplomática es una ciencia auxiliar de la historia que se ocupa de la autenticidad de los documentos y que, aunque definidida inicialmente en 1681 con la obra “De re diplomática” de Jean Mabillon, ha dado lugar al concepto de “diplomática contemporánea”, uniformizada en el ámbito de las Administraciones Públicas gracias a la Ley 30/1992.

Aunque con la Ley 11/2007 se les ha dado un nuevo impulso a los aspectos digitales, a la hora de su implantación práctica se necesita manejar conceptos de forma  más holística de manera que sea posible resolver las dudas de aplicación más allá de la letra de la ley.

Asimismo, en el Sector Privado, la LSSI y el artículo 2 de la Ley 56/2007 consiguen proporcionar una orientación en la Gestión Electrónica de Documentos. Sin embargo, en muchas ocasiones surgen dudas sobre el valor jurídico de muchas de las iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia en la Gestión de Documentos, por lo que es preciso tener claros los conceptos detrás de los proyectos de desmaterialización documental, con los que, bien realizados, se experimentan ahorros de decenas de millones de euros (en función de la dimensión de los proyectos) y períodos de recuperación de la inversión de entre 9 y 12 meses.

Completando el conjunto de herramientas legales en el sector privado, la reciente  Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital define también la sede electrónica para las empresas, lo que permite consolidar las ideas de la diplomática digital en relación con la custodia digital.

En este seminario se desarrollan los conceptos claves a manejar, de la mano de expertos en Gestión Documental Electrónica de carácter probatorio, y se contextualizan en el marco jurídico español, aunque las ideas claves son de aplicación universal.

La Factura Electrónica en el Consejo de Ministros


El Consejo de Ministros del pasado 19 de agosto de 2011 aprobó iniciativas muy interesantes, y, entre ellas, dos relativas a la factura electrónica.

Un punto único recibirá todas las facturas electrónicas dirigidas a la Administración General del Estado.

  • Facilitará la relación de las empresas con la Administración y acelerará la implantación de la factura electrónica en los procesos administrativos.
  • El Ministerio de Industria y el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública promoverán el uso de la factura electrónica en el sector público y privado, principalmente entre las pymes.
  • Se creará el Foro Nacional Multilateral sobre facturación electrónica, de carácter consultivo, que representará a España en el Foro Europeo promovido por la Comisión Europea.

El Consejo de Ministros del 19 de agosto de 2011 ha aprobado un Acuerdo para impulsar la implantación y el empleo de la factura electrónica, apoyando su difusión en el ámbito público y privado, y creando un Foro Nacional Multilateral sobre facturación electrónica.

La factura electrónica es un documento electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, además, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su emisor.

La introducción de la factura electrónica en las organizaciones supone una mejora en la eficiencia en la gestión administrativa y contable, y posibilita ahorros de costes tanto de los emisores como de los receptores de facturas electrónicas. Los mayores beneficios se alcanzan cuando se produce la integración automatizada del proceso de facturación electrónica en los sistemas de gestión de las organizaciones.

Con este objetivo, el acuerdo de fomento de la factura electrónica aprobado hoy prevé la adopción de las siguientes medidas:

  • El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ejercerá las competencias estatales en materia de difusión del uso de la factura electrónica en España en el sector privado, en particular, en las Pyme.
  • El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública ejercerá las competencias en materia de difusión del uso de la factura electrónica en la Administración General del Estado.
  • Se crea, en el marco de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado de 1997, la Comisión Técnica para la difusión del uso de la factura electrónica, de carácter consultivo, con el objetivo de asistir a los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, y de Política Territorial y Administración Pública, en el desarrollo de las competencias antes señaladas.
  • El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, a través de la Secretaría de Estado para la Función Pública, liderará la definición y desarrollo en 2011 de un servicio central de gestión de la facturación electrónica, que incluye un «Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas», para el ámbito de los órganos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y agencias estatales definidas en la Ley del 18 de julio de 2006. Este servicio de gestión será el medio único para la recepción y distribución de facturas electrónicas, y podrá proporcionar funciones de almacenamiento y custodia de las facturas electrónicas.
  • Creación del Foro Nacional Multilateral sobre facturación electrónica.

Foro Nacional sobre facturación electrónica

Este Foro, creado bajo el marco de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado de 1997, tendrá carácter consultivo. Según el acuerdo, estará compuesto por los miembros de la Comisión Técnica para la difusión del uso de la factura electrónica mencionada anteriormente, así como por representantes del sector.

También podrán participar en el Foro Nacional los representantes en la Comisión Permanente del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de las Comunidades Autónomas y de la Federación.

Entre sus funciones destacan las siguientes:

  • Proponer iniciativas para promover la adopción de la factura electrónica en España en ámbitos tales como el normativo o la estandarización e interoperabilidad.
  • Asesorar en la elaboración y puesta en marcha de actuaciones para la difusión del uso de la factura electrónica en España.
  • Colaborar en las acciones para difundir el uso de la factura electrónica en España, en particular en el ámbito de las Pyme.
  • Facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el proceso de desarrollo e implantación de la factura electrónica en España.
  • Realizar, en su caso, análisis y estudios sobre la adopción de la factura electrónica en los diferentes sectores económicos.

A su vez, representantes del Foro Nacional formarán parte del Foro Europeo Multilateral sobre facturación electrónica (Foro Europeo), promovido por la Comisión Europea. El Foro Europeo estará compuesto por representantes de los Foros Nacionales y de asociaciones europeas vinculadas al desarrollo e implantación de la factura electrónica, así como por otras organizaciones y grupos de trabajo con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas y para asistir a la Comisión en la identificación de medidas que faciliten la adopción y generalización del uso de la factura electrónica en todos los Estados miembros.

Construíndo a identidade dixital


Ya mencioné hace unos días mi participación en el evento Construyendo la identidad digital que tuvo lugar el 26 de enero de 2011 impulsado por el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia y la Xunta de Galicia.

Relacionada con aquel evento se preparó una publicación (que elaboró la consultora Bahía Software) con reflexiones de los participantes en el evento sobre la posible evolución de la firma electrónica en un país tan puntero en ese tema como es España. Lo que sigue a continuación es la sección dedicada a Albalia Interactiva y a mi persona. En el enlace de más arriba se puede obtener el documento completo.

Albalia Interactiva

Albalia Interactiva é unha empresa de Consultaría e Servizos, de capital español, creada en 1997, con experiencia en ámbitos de alta tecnoloxía bancarios e de telecomunicacións.

Entre as súas especializacións están a seguridade, sinatura electrónica, factura electrónica, Administración electrónica, banca electrónica, medios de pagamento e mobilidade.

O enfoque seguido é de «Tecnoloxía Legal». É dicir, Albalia leva a cabo un intenso seguimento de todos os avances lexislativos que teñen implicacións tecnolóxicas no ámbito tanto das entidades financeiras coma noutros tipos de empresas nos que este enfoque sexa significativo. Deste xeito descóbrense interesantes posibilidades que poden ser aproveitadas polas entidades máis avanzadas ou máis preocupar polo servizo ao cliente e, noutras ocasións, identifícanse normas que implican obrigas para as entidades, o que se engloba nas necesidades de «Compliance» ou cumprimento normativo.

Albalia Interactiva desenvolve proxectos de Hacking Etico mystery shopping, Factura electrónica, UBL, XBRL, Siantura electrónica, Mobipay, DNI dixital, PDF intelixente, Voto electrónico, LOPD-LSSI, UNE 71502, ISO 17799, UNE 166001 e 166002, e-notario créditos persoais, e-notario hipotecario, tarxetas intelixentes, PKI, Single Sign On, Evidencias Electrónicas e Análise Forense.

Entrevista a Julián Inza

 «O noso valor engadido fundamental é a seguridade xurídica que achegamos en todos os procesos con documentos dixitais»

O presidente de Albalia Interactiva destaca como peculiaridade da compañía a sinerxía con empresas do grupo, en función das accións que realiza: de consultoría,de formación e de desenvolvemento de produtos e servizos.

Para Inza a complexidade das implementacións prácticas do uso do DNI electrónico están a atrasar o cambio esperado respecto ao descoñecemento ou indiferenza da cidadanía ante a certificación dixital.

A seguridade xurídica que ofrece Albalia Interactiva en todos os procesos nos que poida aplicarse a sinatura electrónica e certificación dixital é, segundo o presidente da entidade, Julián Inza, o valor engadido fundamental da marca. O grupo de consultoría e servizos relacionados coa certificación dixital e as novas tecnoloxías nace en 1997, como Libraría Interactiva. En 2003 créase Albalia Interactiva, enfocándose na consultoría técnica e xurídica e no desenvolvemento de solucións de seguridade, e a Libraría Interactiva transfórmase en Atenea Interactiva, a empresa do grupo especializada en formación. Albalia especialízase na seguridade, sinatura, factura, administración, comercio e banca electrónicas, así como en medios de pagamento e mobilidade. En 2009 nace EADTrust, a terceira empresa do Grupo, como PSC, Prestador de Servizos de Certificación. Especialmente dende 2003 o seu perfecto coñecemento da lei e da súa aplicación foi a clave da empresa, que ofrece aos seus clientes e usuarios esa seguridade xurídica en todas as súas accións. Ademais, outro valor que ofrece a compañía é o seu traballo como consultora e auditora en dixitalización certificada para empresas que desexan homologar as súas solucións ante a Axencia Tributaria. O proceso crea documentos dixitais a partir dos de papel e co seu mesmo valor. Ou, noutros contextos, é posible crear documentos que nacen de sinatura electrónica preservando o máximo valor probatorio, mesmo en instancias xurisdicionais centradas na presentación de probas en formato papel. «Podemos garantir que un documentoelectrónico ben xestionado iguala e supera en valor probatorio a un papel», explica Julián Inza.
Unha das peculiaridades do Grupo Interactiva é a súa organización estruturada en función das accións que realiza. Deste xeito, Albalia céntrase na consultoría, auditoría e prestación de servizos; Atenea Interactiva oriéntase á formación; e EADTrust é un PSC que usa e comercializa en forma de servizos os produtos desenvolvidos por Albalia. Segundo explica o presidente da compañía, o coñecemento e formación que ofrece Atenea céntrase especialmente nos campos da factura, sinatura e administración electrónicas, ademais de abordar calquera novidade legal relacionada directa ou indirectamente coa certificación dixital. O extenso e intenso labor de investigación que desenvolve esta organización permite despois aproveitar os seus avances en materia de auditoría e consultoría en Albalia. Pola súa banda, EADTrust traballa no campo do timestamping para completar a sinatura electrónica; na publicación fidedigna do perfil do contratante; na custodia de documentos electrónicos; na notificación fidedigna e no voto electrónico. Así, Julián Inza apunta que o Grupo ten dúas maneiras de enfocarse ao cliente: como consultora, que achega algúns produtos tecnolóxicos de confianza dixital, a través da firma Albalia, e como prestador de servizos de eConfianza na nube TIC a travésde EADTrust.

O enfoque de Albalia Interactiva é de tecnoloxía legal, é dicir, dende a empresa realízase un intenso seguimento de todos os avances lexislativos que teñen implicacións tecnolóxicas no ámbito das entidades financeiras, das administracións públicas e doutro tipo de empresas nos que este enfoque sexasignificativo. Deste xeito encóntranse posibilidades interesantes que poden ser aproveitadas polas entidades máis avanzadas ou máis preocupadas polo servizo ao cliente, ao tempo que se identifican normas que implican obrigas para as entidades, o que se engloba nas necesidades de cumprimento normativo.

Usos do certificado dixital

Respecto ao uso da certificación dixital, o presidente de Albalia Interactiva teno claro, é a Administración Pública «a que está a tirar do carro» e onde máis se impulsou esta nova tecnoloxía. «Os cidadáns aínda non son conscientes da versatilidade da sinatura electrónica», asegura Julián Inza, quen considera que a Administración Pública está sendo o tractor que impulsa o desenvolvemento destatecnoloxía e doutras conexas, como a custodia dixital representada pola sede electrónica e o código localizador CSV (Código Seguro de Verificación). De feito, para Inza a lenta adopción destas novas tecnoloxías entre a cidadanía explícanse tamén polo xeito tan complexo co que os implementadoresde solucións como o rexistro electrónico ou os sistemas de interlocución telemática tratan o DNIelectrónico, que provoca o rexeitamento ou indiferenza da poboación ante esta nova tecnoloxía. «Haique facelo máis sinxelo para o usuario, cos medios actuais pódense evitar fallos exasperantes ou tarefas repetitivas sen valor» insiste Inza.

Nesta liña, Julián Inza apunta a outros campos onde o uso do certificado dixital será interesante e terá grande importancia no futuro, como son a banca, a sanidade, a universidade e as empresas denominadas «de utilities», é dicir, que ofrecen servizos de telecomunicacións, luz, auga ou gas, entre outros. Son as entidades coas que os cidadáns interactúan frecuentemente e están obrigadas a dispoñer de sistemas de «interlocución telemática» ou a garantir o dereito dos cidadáns a relacionarse con elas por medios electrónicos.

Consultado sobre a transición do mundo do papel ao mundo electrónico, o presidente de Albalia Interactiva explica que ata o momento o mecanismo básico da xestión da sinatura está sustentado en «parábolas» dixitais do mundo físico, onde o paradigma é o formato PDF, » e practicamente o pouco que se fixo no sector privado é a sinatura de ficheiros PDF». Así, recorda que estes documentos enPDF teñen moitas carencias, que os do mundo do papel non teñen, e é que dependen do concepto de documento orixinal, que non existe no mundo dixital senón como convencionalismo. E é que, segundo explica Inza, cando tes un papel orixinal ese documento ten unha serie de calidades que o transcenden: a obliterabilidade; a endosabilidade e a completitude. Nos documentos electrónicos esas calidades desvincúlanse do concepto de orixinal e xestiónanse separadamente con sistemas decustodia dixital e unha definición intelixente dos metadatos axeitados, máis próxima á xestión informática transaccional, que á documental.

Neste contexto hai que sinalar o significado destes termos. A obliterabilidade implica a posibilidade de que un documento represente un dereito e deba quedar rexistrado se se fixo uso ou non do derei to. Por exemplo, un billete de autobús cancélase ao montar no autobús e non se pode reutilizar nofuturo. A endosabilidade implica a posibilidade de transferir a outro o dereito que reflicte un documento, algo relativamente doado de xestionar nos documentos nominativos e máis complexo nosdocumentos ao portador. O exemplo típico é o da letra de cambio ou os títulos valores (accións). A completitude é a capacidade de engadir anotacións á marxe, nos espazos libres ou engadindo follas,ou mesmo reflectindo elementos doutros documentos. Un exemplo é o dun contrato que reflicta aexistencia dun anexo posterior ou un poder no que se anote posteriormente que se revogou e se asocie a unha inscrición rexistral.

Para Inza, cando só queremos dar certeza de que un documento se asinou entre as partes un PDF é un documento válido. Por iso estamos a ver que o paso do mundo do papel ao electrónico e viceversa, por exemplo no ámbito da compulsa, se está a empezar a realizar través do PDFs asinados. Pero ad mite que no ámbito privado aínda falta un mecanismo que permita aos particulares exercer o dereitoá proba cando se trata da súa intervención en documentos electrónicos, que si poden xestionar os organismos e institucións que poñen en marcha os sistemas de relación telemática. Neste sentido, Inza destaca a interesante proposta posta en marcha poloGoberno Vasco, denominada Metaposta.Segundo a súa opinión, esta iniciativa pode evolucionar nun futuro cara a un sistema de correos electrónicos con mecanismos de custodia ou pode converterse nun dispositivo para centralizar asevidencias dos asinantes, «un modelo moi valioso». A dificultade, para Julián Inza, é que os cidadáns «aínda non interiorizaron o que supón unha sinatura electrónicano ámbito público e/ou privado».

Neste punto, Julián Inza recorda que o modelo electrónico de xestión de documentos require dous instrumentos: a sinatura electrónica e a custodia dixital. Segundo explica, a custodia dixital é esixente e complexa, xa que require a certeza a protección da información a longo prazo, e a súa dispoñibilidade ante instancias xurisdicionais, o que esixe a implantación de maiores mecanismos de seguridade; e implica a responsabilidade de organismo relacionado coa autenticidade do documento, deaí o concepto de sede electrónica. Os documentos precisan un control rigoroso de metadatos que reflicten a traza de anotacións ou vinculacións a identidades ou a outros documentos para garantir aobliterabilidade, a endosabilidade e a completitude. «A custodia dixital é máis complexa de xestionarque a sinatura electrónica que, aínda que tamén ten a súa complexidade, é unha materia na que todostemos máis experiencia», apostila.

No referente á introdución do certificado dixital no día a día dos cidadáns, o presidente de Albalia Interactiva considera que son «as xeracións novas as que realmente fomentarán o uso do certificado dixital de xeito habitual». A pesar desta optimista perspectiva de futuro, Inza tamén é consciente deque aínda «queda un tempo para madurar» e recoñece que hoxe en día só as persoas que teñen a obriga ou necesidade de utilizar o documento dixital no seu día a día o fan.

Documento notarial electrónico

No referente ao documento notarial electrónico, o presidente de Albalia Interactiva explica que esta tecnoloxía está considerada tanto no actual regulamento notarial, cuxa modificación foi moi recente,en 2007, como na Lei de Acompañamento dos presupostos doano 2002, Lei 24/2001. Así, explicaque este documento está pensado para determinadas comunicacións que se realizan entre notarios e rexistros, «que é onde teñen a súa maior virtualidade». Nesta liña tamén se enmarca o concepto de protocolo electrónico, que ofrece os parámetros básicos de como se debe facer unha custodia dundocumento dixital, «porque os conceptos de costura e de índice do protocolo son os mesmos que,aplicándoo ao mundo electrónico permiten a boa «levanza» da custodia dixital». Ademais, neste proceso, tal como recorda Julián Inza, os notarios,xuíces e secretarios xudiciais son figuras clave á hora de entender que é un documento electrónico, xa que son os profesionais do ámbito xurídico que máis claramente entenden o significado deste documento e os seus elementos básicos.

Para efectos prácticos actualmente aínda non se pode solicitar nunha notaría unha copia autorizada asinada electronicamente, salvo para o seu traslado a outro notario, a un rexistrador ou unha Administración pública, aínda que si unha copia simple, se o notario aprecia interese lexítimo, e esta posibilidade existe dende finais do ano 2001. É unha cuestión que, para Julián Inza, necesita aínda un tempo para a súa implantación, aínda que destaca o feito de que a día de hoxe»todos os notarios de España dispoñen da sinatura electrónica recoñecida».

Lexislación europea

O presidente de Albalia Interactiva é tallante en materia de lexislación e afirma rotundo que existe un déficit «moi grande» na Unión Europea procedente da mala aplicación do artigo 11 da Directiva 1999/93/CE do Parlamento Europeo e do Consello, pola que se establece un marco comunitario para a sinatura electrónica. Neste artigo esíxeselles aos países membros a comunicación á Comisión Europea do estado de supervisión dos prestadores de certificación dixital do seu ámbito. Malia esta obriga, Julián Inza lamenta que non se especificase de xeito claro a estrutura da información a subministrar, o que provocou que cada país o defina de xeito unilateral e envíe posteriormente a documentación á Comisión Europea. De feito, apunta que dúas cuestións clave na información a subministrar serían o certificado root da autoridade de certificación e o lugar onde consultar a validez dos certificados, o servizo OCSP (Online Certificate Status Protocol). Ademais, critica que, once anos despois de emitir esta directiva, se publicasen os protocolos TSL (Trust-service Status List), que deberían ter servido para facilitar o cumprimento da normativa e a elaboración dun listado común de prestadores de servizo, pero que, moi ao contrario, aínda manteñen carencias básicas, xa que, por exemplo, non inclúen información sobre os servizos de validación de cada un.

A falta de concreción da normativa europea provocou que actualmente non exista un listado común de todos os prestadores de servizos de certificación dixital de Europa, senón un simple listado de países e, dentro de cada un e nos seus respectivos idiomas, as indicacións de como encontrar cada undos prestadores nas súas propias páxinas web. Para Inzasería necesario dispoñer dun listado normalizado para que as ferramentas, por exemplo os navegadores, teñan o camiño máis doado para buscar a informaciónde prestadores de confianza e da validez de cada un dos seus certificados emitidos eredunde nunha mellor experiencia do usuario.

Nesta liña, o máximo representante de Albalia Interactiva apunta a unha alternativa a esta iniciativa da Unión Europea, e que consistiría nunha plataforma para acceder á lista de certificados revogadosdun xeito sinxelo. Nesta cuestión «España é pioneira e está a dar un exemplo a seguir», ao que axuda o feito de que sexa o país con máis prestadores de servizos de certificación daUnión Europea e,despois de Estados Unidos, o que máis prestadores de servizos de certificación ten rexistrados nosnavegadores.

Marco lexislativo español

«O ámbito de lexislación español está moito máis desenvolvido que o da maior parte doutros países do noso ámbito, é un dos mellores de Europa» «nestes momentos», expresa o presidente de Albalia Interactiva, ao tempo que concreta que este marco lexislativo está moi por diante do dos países anglosaxóns, e non tanto dos países de orixe latina, onde a necesidade da sinatura electrónica está máis clara e asumida. Aínda así, matiza que, a pesar de que hai un «bo nivel» en canto á cantidade de normativa referente a certificación dixital, se debería mellorar no referente á calidade. «Faría faltadesenvolver máis os conceptos do documento electrónico, incidindo na sistemática do documento»,apunta Julián Inza. Ademais, lamenta a descompensación lexislativa que existe para o sector público, con maior normativa, e para o sector privado, con menor detalle nas leis que impoñen o uso da sinatura electrónica.

Comunidades autónomas e certificación

Consultado sobre a decisión de determinadas comunidades autónomas de converterse en entidades de certificación ou prestadoras de servizos de certificación dixital, o presidente de Albalia Interactivadestaca con rotundidadea actitude que Andalucía tomou ao respecto. A pesar de non contar cunha autoridade de certificación dixital, ao seu xuízo, Andalucía entendeu ben a problemática da xestióndocumental electrónica, máis alá da relevancia que pode ter entre os seus organismos un prestadorde certificación propia ou non.

Por outra parte, para Julián Inza o peso que a identidade propia ten no ámbito das competencias é o que levou a comunidades como o País Vasco, a Comunidade Valencia ou Cataluña a desenvolver autoridades autónomas de certificación dixital. Neste aspecto Inza considera que en España existeniniciativas e experiencias «moi interesantes», así como profesionais altamente cualificados á frontedestas entidades autónomas. Non obstante, considera que o máis importante non é a capacidade paraprestar servizos de certificación, senón a capacidade de xestionar documentos electrónicos cos servizos de certificación que xa existen, » e aí o labor máis notable foi a que desenvolveu a AdministraciónPública andaluza».

Retos de futuro

O presidente de Albalia Interactiva ve como «case imprescindible» o feito de que no futuro todas as Administracións Públicas dispoñan de mecanismos de xestión de documentos electrónicos e de axuda no despregamento da administración electrónica. No referente á convivencia das entidades públicas e privadas de certificación dixital, Julián Inza consideraque o modelo de negocio da Fábrica de Moneda y Timbre (FNMT) debería cambiar e permitir o acceso sen custo á información decertificados revogados, o que implicaría tamén un cambio no seu mecanismo de financiamento. Por exemplo, cre que un cambio estratéxico sería incluír a CERES transitoriamente como parte da infraestrutura do Ministerio de Política Territorial e Administración Pública, o que lle proporcionaría unvalor engadido moi importante a un ministerio que, segundo destaca Inza, «está a facer un labor moi interesante na súa responsabilidade de dinamizador da modernización administrativa e na aperturado mercado da certificación».

«A longo prazo tería sentido que desaparecesen as iniciativas públicas de expedición de certificados dixitais», apunta tamén Julián Inza, quen considera que as necesidades de xestión de identidades dixitais de carácter público se cubrirán co DNIe, que permitirá xestionar a maior parte das necesidades de identificación a nivel persoal. Neste punto, Inzaexplica que en España existen na actualidadeao redor de 26 prestadores de servizos de certificación privados e públicos, polo que «sería interesante formularse se é necesario financiar con presupostos públicos iniciativas que teñen suficienteresposta por parte do sector privado, que pola súa banda se encontra en condicións de competencia desvirtuada polas iniciativas públicas».

Neste punto, o presidente de Albalia Interactiva considera que o principal reto do futuro dixital é rematar co problema da interoperabilidade das sinaturas electrónicas en Europa, o que se alcanzaría mediante a adopción xeneralizada de formatos baseados en XML; o uso de sinaturas XADES-XL; a inclusión de áncoras de confianza, dos certificados root dos PSC e URL dos servizos de consultas derevogación dos PSC nas TSL s; e a codificación correcta do campo de consulta de certificados revogados por parte dos prestadores de servizos de certificación. E nesta mesma liña, sería tamén necesario abordar o problema da interoperabilidade dos documentos electrónicos, un reto ao seu xuízo «moi difícil» cuxa solución pasaría por crear un repositorio sincronizado de formularios XML onde todos os formatos sexan subidos polo seu creador e modificado polos usuarios que os utilicen , se detectan carencias.

Unido a esta perspectiva de futuro dixital, o responsable de Albalia Interactiva recoñece que actualmente a implantación real da factura electrónica é outro dos grandes retos aos que se enfronta o cam po da certificación dixital e un avance tecnolóxico que supoñería importantes melloras de eficienciapara as empresas.

Albalia ante o futuro

Dende a súa creación, Albalia Interactiva formúlase como reto ir un paso por diante en materia de certificación dixital. Así, no plan estratéxico de futuro a compañía está a traballar a idea de crear unselo de calidade para o ámbito da dixitalización de sinaturas manuscritas, co que distinguir soluciónsque merecen ou non confianza, de tal xeito que se audite o sistema e avalen as solucións de xestióndocumental que asocian sinaturas dixitalizadas que cumpran certos principios, como a imposibilidade de reutilizar as sinaturas capturadas por parte das entidades que as captan, con comprimidos dixitalizadores ou por outros procedementos.

Ademais, entre os labores de Albalia Interactiva, Julián Inza formula a necesidade de estudar de que forma se recollen as evidencias para que a sinatura dixital teña o valor que lle outorga a lei, porque «calquera sinatura dixital non é válida». «O problema é que os usuarios non saben distinguir candohai por detrás sistemas que ofrecen confianza ou non», lamenta.

«A Administración Pública está facendo esforzos para inculcar no cidadán esa forma de exercer os seus dereitos a través da tecnoloxía, e o sector privado poderá subirse á onda e beneficiarse diso», conclúe Inza.

Documentos Electrónicos que Conviven con los de Papel (UPM TASSI 2008 Conferencia 5)


Jorge Ramió me ha comentado que ya está disponible en Youtube la conferencia que impartí en abril de 2008 sobre los documentos electrónicos, parte de una serie que ya comenté (TASSI: Temas Avanzados en Seguridad y Sociedad de la Información). Está disponible la presentación utilizada: Documentos electrónicos que conviven con los de papel

Hay que considerar que en aquellos momentos la Ley 11/2007 estaba recién publicada. Puede considerarse que algunas de mis ideas han tenido algo de influencia en desarrollos conceptuales posteriores, e, incluso, quiero creer, en algunos desarrollos normativos. Lo cierto es que algunas de las ideas de esta conferencia las había empezado a «evangelizar» en otros contextos, entre ellos en los seminarios del INAP que coordinaba Emilio Suñé.

Por cierto, añado algunas referencias sobre temas mencionados en el video:

Artículos interesantes del Código de Comercio de 1885

Artículo 51.

Serán válidos y producirán obligación y acción en Juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, la clase a que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el Derecho civil tenga establecidos. Sin embargo, la declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato cuya cuantía exceda de 1.500 pesetas, a no concurrir con alguna otra prueba.

La correspondencia telegráfica sólo producirá obligación entre los contratantes que hayan admitido este medio previamente y en contrato escrito, y siempre que los telegramas reúnan las condiciones o signos convencionales que previamente hayan establecido los contratantes, si así lo hubiesen pactado.

Artículo 52.

Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que precede:

Los contratos que, con arreglo a este Código o a las Leyes especiales, deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia.

Los contratos celebrados en país extranjero en que la Ley exija escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la Ley española.

En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas no producirán obligación ni acción en Juicio.

Artículo 54.

Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.

En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.

Normas Técnicas de Interoperabilidad


En el BOE del 30 de julio de 2011 se publican las normas del ENI – Esquema Nacional de Interoperabilidad cuyos borradores llevaban ya algo de tiempo circulando: