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«Sede Electrónica» en el sector privado


Aunque lo mencioné en un artículo reciente, Comprobación de la convocatoria a la Junta de Accionistas en Sede Electrónica, quiero insistir en el concepto de sede electrónica en el sector privado.

Para mi, la sede electrónica es uno de los componentes de la matriz digital, es decir, uno de los mecanismos que define la autenticidad de los documentos electrónicos junto con la firma electrónica.

La Matriz Digital está compuesta de:

  • Sede Electrónica
  • Código Seguro de Verificación
  • Metadatos convencionales
  • Metadatos con funcionalidad de completitud documental (anotaciones, diligencias, documentos conexos, obliterabilidad, endosabilidad, datos de cesionarios y cedentes, asociación a expedientes)
  • Sistemas de control de integridad de datos (indices -«foliado»-, control de precedencia, control de integridad procedimental -«auditabilidad»-, estampación temporal -«timestamping»-).
  • Representaciones originales y facsimilares de los documentos.

La matriz digital (que yo frecuentemente denomino cartulario electrónico) forma junto con la firma electrónica la base de la autenticidad de los documentos electrónicos, y permite llevar a cabo todas las funciones que permiten los documentos en papel y que no son posibles si solo se usa la firma electrónica.

En la normativa asociada al sector público ya existe un marco conceptual que determina un conjunto de presunciones respecto a la gestión de documentos electrónicos, pero ese marco no se ha definido de forma expresa para el sector privado.

Por eso la definición en el artículo 11 bis de la reciente Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas del concepto de sede electrónica, aunque con un alcance algo más limitado que el que se le da en la administración electrónica, permite trasladar al ámbito civil y mercantil muchas de las presunciones creadas por la normativa administrativa.

Y de esta forma, los conceptos de la diplomática digital (válidos por sí mismos, por estar basados en los elementos de las evidencias electrónicas) alcanzan en el sector privado el nivel de presunción del que ya gozaban en el sector público.

Orden JUS/1207/2011, de 4 de mayo, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia y se regula el procedimiento de emisión de apostillas en soporte papel y electrónico.


El concepto de copia constatable recibe un nuevo impulso en el ámbito de la gestión de los documentos autenticos con base electrónica con la reciente normativa del Ministerio de Justicia del que depende la Fe Pública, sobre la Apostilla de la Haya gestionada electrónicamente. La Orden Ministerial, muy interesante, la inserto a continuación:

El 5 de octubre de 1961 se firmó el Convenio XII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado por el que se suprimió la exigencia de legalización de los documentos públicos autorizados en el territorio de un Estado contratante y que debieran ser presentados en el territorio de otro Estado contratante. El citado Convenio, que fue ratificado en España por Instrumento de 10 de abril de 1978, configuró la Apostilla debidamente cumplimentada y expedida por la autoridad competente del Estado del que dimanase el documento como la única formalidad exigible para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento ha actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento está revestido.

El artículo 7 del citado Convenio de 1961 dispone que cada una de las autoridades competentes para la expedición de las Apostillas en los Estados contratantes, deberá llevar un registro o fichero en el que queden anotadas las Apostillas expedidas, indicando el número de orden y fecha de la Apostilla y el nombre del signatario del documento público y la calidad en que haya actuado o, para los documentos no firmados, la indicación de la autoridad que haya puesto el sello o timbre. Este mismo artículo prevé que, a instancia de cualquier interesado, la autoridad que haya expedido la Apostilla deba comprobar si las anotaciones incluidas en la Apostilla se ajustan a las del registro o fichero.

La Comisión Especial de la Conferencia de La Haya celebrada en el año 2003 para revisar el funcionamiento práctico de la Convención de la Apostilla, destacó que la utilización de las tecnologías de la información podrían tener efectos positivos en la aplicación del Convenio, y especialmente, en la disminución de costes y en la mayor eficacia de los procedimientos de expedición y registro de las Apostillas. En sus consideraciones, la Comisión Especial apuntó que la utilización de un registro electrónico de Apostillas podría simplificar el procedimiento de verificación de las mismas, al permitir despejar las dudas sobre una Apostilla concreta mediante la comprobación de los extremos inscritos en la Apostilla y que la conservación de la información en soporte electrónico podría mejorar el procedimiento al facilitar la consulta de los datos registrados.

En desarrollo de las anteriores recomendaciones, la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya lanzó en abril de 2006 el programa piloto de Apostillas Electrónicas (e-Apostille Pilot Program, e-APP) con el propósito de desarrollar, promover y facilitar la implementación de modelos de software operativos, seguros y de bajo coste para la emisión y la utilización de Apostillas electrónicas y la utilización de registros electrónicos de Apostillas. Este programa piloto propone un modelo de registro electrónico que permite a las autoridades competentes registrar electrónicamente, de una manera fácil y segura, toda Apostilla que expidan en soporte papel o electrónico. Asimismo, toda persona a quien se le haya presentado una Apostilla puede confirmar su origen a través de una verificación en línea.

Haciéndose eco de estas conclusiones, España ha promovido la implantación de un sistema de expedición de Apostillas electrónicas como fruto de una iniciativa conjunta con la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado que ha recibido el respaldo de la Unión Europea. Dicho sistema incluye tanto la emisión de Apostillas electrónicas como tal, así como la creación de un Registro Electrónico de Apostillas para la consulta por parte de cualquier interesado de las Apostillas emitidas por las autoridades competentes en España.

En el ámbito de nuestra legislación interna, el espíritu de este Registro Electrónico de Apostillas deviene congruente con la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, así como con el Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, que tienen como objetivo final acercar la Administración Pública a los ciudadanos mediante la incorporación de las Nuevas Tecnologías.

En aplicación de esas previsiones legales, la presente orden, sin suprimir la emisión de Apostillas en formato papel, tiene por objeto la regulación del procedimiento de emisión de Apostillas en formato electrónico y la creación y regulación del Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia.

Resulta preciso destacar que, pese a su denominación, este Registro Electrónico de Apostillas no coincide con el modelo de Registro Electrónico de entrada y de salida de documentos, solicitudes y comunicaciones contemplado en los artículos 24 y 25 de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, así como en el artículo 26 y 27 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Este Registro Electrónico de Apostillas, que será competencia del Ministerio de Justicia, tiene como objeto permitir el archivo de todas las Apostillas emitidas en España, así como la consulta, por los ciudadanos y autoridades destinatarias competentes de todas las Apostillas expedidas tanto en soporte papel como electrónico por las autoridades competentes en España.

La presente orden se divide en tres capítulos:

El primero define el objeto de esta orden Ministerial, acotando su ámbito de aplicación.

El segundo se refiere al Registro Electrónico, previendo los datos que deberán ser anotados en éste. Asimismo, este capítulo define las facultades de verificación de las Apostillas en el Registro Electrónico por los interesados y establece el órgano responsable de la gestión, disponibilidad y seguridad del mismo. De forma paralela, este capítulo prevé, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de enero de Protección de Datos de Carácter Personal, la modificación del anexo I de la Orden JUS/1294/2003, de 30 de abril, por la que se determinan los ficheros con datos de carácter personal del departamento y de sus organismos públicos, mediante la incorporación de dos nuevos ficheros: el fichero del Registro Electrónico y el fichero de solicitantes de Apostillas.

El capítulo III, por su parte, está destinado a regular el procedimiento de emisión de las Apostillas, tanto en soporte papel como electrónico.

Esta orden ha sido informada por la Agencia Española de Protección de Datos y por la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de Justicia.

En su virtud, y previa aprobación del Ministro de Política Territorial y Administración Pública, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes


Artículo 1.  Objeto.-La presente orden tiene por objeto la creación y regulación del Registro Electrónico de Apostillas en el Ministerio de Justicia, que registrará de forma centralizada las Apostillas emitidas, tanto en soporte papel como electrónico, por las autoridades competentes en España, así como la regulación del procedimiento de emisión de Apostillas en soporte papel y electrónico.

A este registro electrónico no le resultará de aplicación lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos ni lo previsto en los artículos 26 a 30 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, de desarrollo parcial de dicha Ley, en relación con los registros electrónicos.

CAPÍTULO II

Registro Electrónico


Artículo 2.  Creación y ámbito de aplicación del Registro Electrónico de Apostillas.-Se crea el Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia en el que se archivarán de forma centralizada y automática todas las Apostillas emitidas a partir de la entrada en vigor de la presente orden por las Autoridades competentes en España tanto en soporte papel como electrónico. Dicho registro permitirá, a través de la sede electrónica del Ministerio, la verificación de la validez de las Apostillas emitidas.

Artículo 3.  Anotaciones en el Registro Electrónico de Apostillas.-En el Registro Electrónico de Apostillas quedará constancia, en todo caso, del número y fecha de la Apostilla, del nombre y la capacidad en la que firma el signatario del documento público apostillado y, si el documento no está firmado, del nombre de la autoridad que haya sellado el documento.
Asimismo, deberá quedar constancia en todo caso de la imagen de la Apostilla emitida y, en su caso, de la huella electrónica de los documentos digitales o documentos digitalizados apostillados.

Artículo 4.  Verificación de las Apostillas en el Registro Electrónico de Apostillas.-1.  La persona o entidad a quien le ha sido presentada una Apostilla, así como cualquier interesado en los términos del artículo 31 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá solicitar de forma presencial ante las autoridades competentes en España, por escrito o por vía electrónica la verificación de la Apostilla correspondiente y la validez de la firma o sello de la autoridad competente durante un plazo de 25 años desde la fecha de emisión de la Apostilla.

Los interesados en acceder al Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia deberán hacerlo a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia. El Registro Electrónico de Apostillas funcionará para consultas las veinticuatro horas del día todos los días del año.

En todo caso, para poder solicitar la verificación de las Apostillas en el Registro Electrónico a través de la sede electrónica del Ministerio, esto es, por Internet, el interesado deberá disponer, al menos, del código seguro de verificación, la fecha y el número de la Apostilla que aparece en la misma.

2.  Será posible la validación del documento de Apostilla electrónica mediante la puesta a disposición del mismo en el Registro Electrónico de Apostillas.

3.  El Registro Electrónico de Apostillas generará un recibo acreditativo de la verificación realizada en el que constará la imagen de la Apostilla emitida.


Artículo 5.  Acceso al Registro Electrónico de Apostillas.-Los requisitos técnicos mínimos necesarios para el acceso y utilización del Registro Electrónico serán los recogidos en el anexo I de esta orden.

Artículo 6.  Gestión y seguridad del Registro Electrónico de Apostillas.-1.  La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia del Ministerio de Justicia será el órgano responsable de la gestión, disponibilidad y seguridad del Registro Electrónico creado y regulado en la presente orden.

2.  Estará disponible en el portal del Ministerio de Justicia, o en su sede electrónica, la relación de aplicaciones, medios y soportes, incluyendo un resumen de los protocolos de seguridad del registro y de las comunicaciones electrónicas y los sistemas operativos y navegadores de Internet, a través de los cuales se podrán efectuar las comunicaciones entre el Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio y cualquier persona física o jurídica.

3.  Serán de implantación en el Registro Electrónico las medidas de seguridad previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en su normativa de desarrollo.


Artículo 7.  Modificación de la Orden JUS/1294/2003, de 30 de abril, por la que se determinan los ficheros con datos de carácter personal del departamento y de sus organismos públicos.-Se amplía la relación de los ficheros del Ministerio de Justicia que figuran en la Orden JUS/1294/2003, de 30 de abril, por la que se determinan los ficheros con datos de carácter personal del departamento y de sus organismos públicos, mediante la incorporación a su anexo I, de los ficheros 118 y 119, cuya denominación y características se recogen en el anexo I de esta orden.

CAPÍTULO III

Del procedimiento de emisión de Apostillas


Artículo 8.  De la Apostilla de documentos públicos en soporte electrónico.-1.  Podrán ser objeto de Apostilla los documentos emitidos originalmente por la Administración General del Estado y la Administración de Justicia en soporte electrónico y las copias electrónicas de documentos emitidos en soporte papel, realizadas por los funcionarios competentes.
2.  El ciudadano podrá obtener el documento apostillado a través del acceso a la sede electrónica del Ministerio de Justicia mediante los códigos que a tal efecto le facilite la autoridad competente para la emisión de Apostilla.

Artículo 9.  De la firma sobre la Apostilla electrónica.-Para los supuestos en los que la legalización única o Apostilla se realice a través de medios electrónicos, se reconocerá igualmente válido el uso por parte de la Autoridad Competente del sello electrónico de Administración Publica, órgano o entidad de derecho público previsto en el artículo 18.1.a) de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 10.  Apostillas expedidas de documentos emitidos en soporte papel.-1.  Para la legalización única o Apostilla de documentos en soporte papel será necesario aportar el documento a apostillar ante la Autoridad competente.

2.  Para la adecuada digitalización de tales documentos emitidos en soporte papel se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en los artículos 44 y siguientes del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio y en los artículos 23 y 24 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y sus normas de desarrollo.

3.  Las Apostillas de los documentos en soporte papel figurarán en el mismo documento o en un anexo o prolongación del documento apostillado que deberá estar conectada al documento apostillado por un medio inalterable.


Artículo 11.  De las Apostillas sobre documentos autorizados por notario.-Los documentos autorizados por notario y los documentos privados cuyas firmas hayan sido legitimadas por notario únicamente podrán ser apostillados en soporte papel.

Artículo 12.  Forma de la Apostilla.-De conformidad con el anexo único al Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, la legalización o Apostilla tendrá la forma de un cuadrado de 9 centímetros de lado, como mínimo y expresará, al menos, las menciones que se incluyen en Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre, por el que se determinan los funcionarios competentes para realizar la legalización única o Apostilla prevista por el Convenio XII de la Conferencia de La Haya de 5 de octubre de 1961.

Artículo 13.  Validez de las Apostillas Electrónicas emitidas en el extranjero.-Tendrán plena validez en España las Apostillas Electrónicas válidamente emitidas por las Autoridades con competencia para realizar el trámite de legalización única o Apostilla de otros Estados contratantes del Convenio XII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, de 5 de octubre de 1961.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS


Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de las Apostillas emitidas por las autoridades competentes notariales.-El Consejo General del Notariado en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de esta orden deberá realizar a su costa los desarrollos tecnológicos precisos que permitan enviar las Apostillas realizadas por las autoridades competentes notariales al Registro Electrónico de Apostillas.

Disposición transitoria segunda.  Emisión de Apostillas en soporte electrónico.-La legalización única o Apostilla de documentos en soporte electrónico podrá solicitarse y expedirse presencialmente o por vía electrónica, de conformidad con las condiciones que se determinen en esta orden, y tan pronto como las disponibilidades técnicas así lo permitan.

DISPOSICIÓN FINAL


Disposición final única.  Entrada en vigor.-La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

ANEXO I

Ficheros que se incorporan al anexo I de la Orden JUS/1294/2003, de 30 de abril, por la que se determinan los ficheros con datos de carácter personal del departamento y de sus organismos públicos

Fichero 118.

Nombre del fichero: Registro Electrónico.

1.  Finalidad y usos previstos: Este fichero incorporará información sobre el número y fecha de la Apostilla, la identidad, condición y capacidad de la Autoridad firmante y, en su caso, la autoridad que sellase el documento, así como la imagen de la apostilla y, en su caso, la huella electrónica del documento apostillado.

Asimismo, este fichero incorporará imágenes digitalizadas de firmas ológrafas y sellos de los posibles firmantes de los documentos públicos a apostillar, así como claves públicas de certificados electrónicos de posibles firmantes de documentos públicos electrónicos para posibilitar su validación.

2.  Personas y colectivos afectados: Autoridades y funcionarios judiciales, Notarios, Autoridades y funcionarios de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos, Autoridades y funcionarios de la Administración Autonómica, Autoridades y Funcionarios de la Administración Local.

3.  Procedimiento de recogida de los datos: Los datos se administrarán desde una interfaz de usuario web y a través de servicios web.

4.  Estructura básica del fichero: Se trata de una tabla de base de datos. Los datos personales que se guardan son el nombre de la Autoridad Firmante del documento público, su firma, sello y credenciales digitales.

Se conservan también la imagen de la Apostilla y, para documentos públicos en soporte electrónico y documentos públicos en soporte papel digitalizados, la huella electrónica del documento apostillado.

5.  Cesión de datos que se prevé: Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.

6.  Los órganos de las Administraciones responsables del fichero:

La Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, San Bernardo 21, Madrid.

La Dirección General de Registros y del Notariado, Plaza de Jacinto Benavente 3, Madrid.

La Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios, Plaza de Jacinto Benavente 3, Madrid.

7.  Órganos ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: ante los órganos responsables del fichero.

8.  Medidas de seguridad: Alto.

Fichero 119.

Nombre del fichero: Base de Datos Solicitantes de Apostillas.

1.  La finalidad del fichero usos previstos: Fichero en el que se almacenan los datos de las personas que solicitan la legalización única o Apostilla de documentos.

2.  Personas y colectivos afectados: Los interesados que solicitan la legalización única o Apostilla de documentos.

3.  Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se introducen a través del propio sistema de emisión de Apostillas Electrónicas, al realizar las correspondientes solicitudes de legalización única o Apostilla de los respectivos documentos.

4.  Estructura básica del fichero: Se trata de una tabla de base de datos, que almacena información de todas las apostillas emitidas, tanto en soporte papel como electrónico. Los datos personales que se guardan de cada solicitante son: el nombre, apellidos, DNI, dirección postal y correo electrónico del solicitante de la Apostilla.

5.  Cesión de datos que se prevé: No hay cesiones a terceros.

6.  Órganos administrativos responsables:

La Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, San Bernardo 21, Madrid.

La Dirección General de Registros y del Notariado, Plaza de Jacinto Benavente 3, Madrid.

La Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios, Plaza de Jacinto Benavente 3, Madrid.

7.  Órganos ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: ante los órganos responsables del fichero.

8.  Medidas de seguridad: Alto.

ANEXO II

Características técnicas

Para el Registro Electrónico:

El acceso al Registro se realizará a través de Internet mediante el uso de un navegador web que cumpla la especificación W3C HTML 4.01 o superior y que soporte javascript o, en general, cualquiera que se considere como un estándar en la Administración General del Estado, de los que se dará publicidad en la página web http://www.justicia.es. El navegador deberá tener habilitada la descarga de archivos para poder visualizar las Apostillas.

El protocolo para la comunicación entre el navegador web del interesado y el sistema telemático será HTTP 1.1 o superior.

Para visualizar las Apostillas se necesitará tener instalado un lector de documentos en formato PDF.

El documento de requisitos técnicos actualizados se encontrará accesible en la Sede Electrónica del Ministerio.

Para el acceso a la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia para la descarga de la Apostilla electrónica:

La descarga de la Apostilla electrónica se realizará a través de Internet mediante el uso de un navegador web que cumpla la especificación W3C HTML 4.01 o superior y que soporte javascript o, en general, cualquiera que se considere como un estándar en la Administración General del Estado, de los que se dará publicidad en la página web http://www.justicia.es. El navegador deberá tener habilitada la descarga de archivos.

El protocolo para la comunicación entre el navegador web del interesado y el sistema telemático será HTTP 1.1 o superior.

Para abrir las Apostillas electrónicas y poder verificar su firma, se necesitará tener instalado un lector de documentos en formato PDF que permita la verificación de firmas electrónicas acordes al estándar PAdES (ETSI TS 102 778)

El documento de requisitos técnicos actualizados se encontrará accesible en la Sede Electrónica del Ministerio

Seminario de Diplomática Digital


La diplomática es una ciencia auxiliar de la historia que se ocupa de la autenticidad de los documentos, y que se definió inicialmente en 1681 a partir de la obra fundacional “De re diplomática” del benedictino Jean Mabillon.

En el ámbito de las Administraciones Públicas ha dado lugar al concepto de “diplomática contemporánea” que se ha uniformizado gracias a la Ley 30/1992.

Con la Ley 11/2007 se les da un nuevo impulso a los aspectos digitales de la diplomática, pero quienes tienen que implantarlos se encuentran frecuentemente con que no tienen el bagaje conceptual que permita resolver las dudas de aplicación más allá de la letra de la ley.

En el sector privado, la LSSI y el artículo 2 de la Ley 56/2007 marcan una orientación en la Gestión Electrónica de Documentos, pero hay dudas sobre el valor jurídico de muchas de las iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia en la Gestión de Documentos. Cuando los proyectos de desmaterialización documental se acometen, se experimentan ahorros de decenas de millones de euros (en función de la dimensión de los proyectos), y períodos de recuperación de la inversión de entre 9 y 12 meses.

Atenea Interactiva organiza el próximo 24 de marzo de 2010 en el Hotel Nuevo Madrid el Seminario «Diplomática Digital«, en el que se desarrollan los conceptos claves para manejar documentos electrónicos auténticos, de la mano de expertos en Gestión Documental Electrónica de carácter probatorio, y se contextualizan en el marco jurídico español, aunque las ideas claves sean de aplicación universal.

El coste del evento es de 350 € + IVA (18%). Total 413 € por asistente. Este es el formulario de inscripción. Y este es el programa:

CONCEPTOS DE DIPLOMÁTICA

  • Archivística, Paleografía, Sigilografía.
  • Cartularios, Códices Diplomáticos, Tumbos, Becerros
  • Autenticidad de los documentos en papel
  • Partes de un documento
  • Tipos de documentos

MARCO LEGAL

  • Normativa en relación con los archivos
  • Normativa en relación con la Firma Electrónica
  • Normativa de Administración Electrónica
  • Normativa sobre Contratación Electrónica
  • Estándares aplicables en la Gestión de Documentos Electrónicos

DIPLOMÁTICA DIGITAL

  • Autenticidad de los Documentos Electrónicos. Obliterabilidad, Endosabilidad, Completitud
  • Firma Electrónica. Firma Avanzada. Firma Completa
  • Custodia Digital. Cartulario Digital. Archivo de Constancias Electrónicas. Código de Verificación
  • Convivencia de Documentos Electrónicos y de papel. Albalá, Copia constatable, Digitalización Certificada. Localizador

GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SECTOR PÚBLICO

  • Sede Electrónica. Código seguro de verificación.
  • Registro de entrada, registro de salida, registro telemático, interconexión de registros. SICRES.
  • Expediente Electrónico
  • Digitalización de Documentos
  • Interoperabilidad de Gestión de Documentos entre Administraciones
  • Clasificación de documentos. Metadatos.
  • Notificaciones Fehacientes. Notificaciones Obligatorias.

GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SECTOR PRIVADO

  • Contratos. Novación Electrónica. Prestación del consentimiento.
  • Digitalización Certificada de facturas. Digitalización Certificada de otros tipos de documentos.
  • Uso de la Firma Electrónica.
  • Requisitos de la digitalización de la firma manuscrita para que sea considerada Firma Electrónica avanzada. Tabletas digitalizadoras, bolígrafos electrónicos.
  • Notificaciones Fehacientes. Correo Electrónico Certificado

GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN ENTORNOS JURISDICCIONALES

  • La Prueba Electrónica en la Ley de Enjuiciamiento Civil
  • Evidencias Electrónicas estructuradas y no estructuradas.
  • Informática forense.
  • Documentos privados. Documentos públicos. El informe pericial. El testigo perito.

A quien corresponde el tratamiento de Excelentísimo (Excmo) o Ilustrísimo (Ilmo) – Actualización de 2026


Cuando en un acto participan altos cargos de las instituciones, conviene dirigirse a ellos con el tratamiento que corresponde a su cargo. Es una cortesía que cada vez se cuida menos, pero, como dice el refrán, «lo bien hecho bien parece». Lo ideal es preguntar al entorno del invitado cuál es su tratamiento; si no es posible, las listas que siguen sirven de orientación.

Una advertencia previa: en España no existe una norma única de tratamientos. El Real Decreto 2099/1983 regula las precedencias, no los tratamientos. Estos proceden de normas dispersas (las Reales Ordenanzas militares, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, los reglamentos de las órdenes, los estatutos autonómicos…) y, en muchos casos, de la costumbre.

Hubo un intento de simplificación: el Código de Buen Gobierno de 2005 dispuso que los miembros del Gobierno y los altos cargos recibieran el tratamiento de «señor/señora» seguido del cargo. Pero se aprobó por acuerdo del Consejo de Ministros, que no podía derogar las normas anteriores, y la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo, lo derogó expresamente. Los tratamientos tradicionales siguen, por tanto, vigentes.

Nota de actualización (octubre de 2026). Esta entrada se publicó en octubre de 2006 y, como sigue siendo una de las más leídas del blog, la he revisado y actualizado. He corregido erratas y errores, y he puesto al día lo que ha cambiado desde entonces:

  • Se eliminan los jueces de distrito, suprimidos por la Ley de Demarcación y Planta de 1988.
  • Los secretarios judiciales son hoy Letrados de la Administración de Justicia (LO 7/2015), con tratamiento de Ilustrísimo o de Señoría según su puesto.
  • Se añaden los empleos de General de Ejército y Almirante General (Ley 17/1999), y los tenientes coroneles y capitanes de fragata pasan al tratamiento de usted, como establecen las Reales Ordenanzas.
  • Se actualizan las comunidades autónomas: desde 2019 el presidente y los consejeros de las Illes Balears reciben el tratamiento de «señor/señora», y en Navarra ha desaparecido el de Ilustrísimo para los consejeros.
  • Los decanos de los colegios de abogados se ajustan al Estatuto General de la Abogacía de 2021.
  • Los obispos aparecen con el tratamiento de Excelencia Reverendísima que se usa hoy.
  • El Instituto de España agrupa ahora diez Reales Academias.

Tratamiento de Excelencia: Excelentísimos/as Señores/as (Excmo./a. Sr./a.)

Casa de Su Majestad el Rey

  • Jefe de la Casa, secretario general y jefe del Cuarto Militar.

Poder Ejecutivo

  • Presidente y expresidentes del Gobierno.
  • Vicepresidentes y exvicepresidentes, ministros y exministros.
  • Secretarios de Estado y subsecretario de Asuntos Exteriores.
  • Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas.

Poder Legislativo

  • Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.
  • Vicepresidentes de las Mesas del Congreso y del Senado.
  • Senadores, con carácter vitalicio (art. 23.1 del Reglamento del Senado).
  • Diputados. Les corresponde el de Excelentísimo, aunque en el Congreso se usa el de Señoría.
  • Secretarios generales del Congreso (letrado mayor de las Cortes) y del Senado.
  • Presidentes y expresidentes de los parlamentos autonómicos, salvo el de Cataluña, que recibe el de «Muy Honorable».

Tribunal Constitucional

  • Presidente, vicepresidente y magistrados.

Poder Judicial y Ministerio Fiscal

  • Presidente, vicepresidentes, vocales y secretario general del Consejo General del Poder Judicial.
  • Presidente y magistrados del Tribunal Supremo.
  • Presidente de la Audiencia Nacional.
  • Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (art. 324 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
  • Fiscal General del Estado, fiscales del Tribunal Supremo y fiscales jefe de los Tribunales Superiores de Justicia (art. 33 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).

Consejo de Estado y Tribunal de Cuentas

  • Presidente, consejeros, secretario general y letrados mayores del Consejo de Estado.
  • Presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas.

Comunidades autónomas

  • Presidentes y expresidentes de los gobiernos autonómicos. Los de Cataluña y la Comunitat Valenciana reciben el de «Muy Honorable» (Molt Honorable), y desde 2019 el de las Illes Balears, el de «señor/señora».
  • Vicepresidentes y consejeros de los gobiernos de Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Murcia y Canarias. Los de Cataluña y la Comunitat Valenciana reciben el de «Honorable»; los de Asturias, el de Ilustrísimo; los de las Illes Balears, el de «señor/señora». En Andalucía, el País Vasco, Castilla-La Mancha y Navarra la normativa vigente no les asigna tratamiento expreso.
  • Alcaldes-presidentes de Ceuta y Melilla, y consejeros de ambas ciudades autónomas.

Administración local

  • Alcaldes de Madrid y Barcelona (art. 33 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales) y de los municipios de gran población (art. 124.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local). Según su art. 121, son municipios de gran población los de más de 250.000 habitantes y las capitales de provincia de más de 175.000. También pueden serlo, si lo acuerda el parlamento autonómico a iniciativa del ayuntamiento, las capitales de provincia, las capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas y los municipios de más de 75.000 habitantes con circunstancias especiales.
  • Presidente de la Diputación Provincial de Barcelona (art. 34).

Carrera diplomática

  • Embajadores y ministros plenipotenciarios de primera y de segunda clase.

Fuerzas Armadas

Todos los oficiales generales tienen tratamiento de Excelencia (art. 302 de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra, vigente con rango de orden ministerial):

  • Capitán General.
  • General de Ejército y Almirante General.
  • Teniente General y Almirante.
  • General de División y Vicealmirante.
  • General de Brigada y Contraalmirante.

También los poseedores de la Gran Cruz del Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con distintivo blanco (art. 303).

Otras autoridades y distinciones

  • Gobernador del Banco de España.
  • Presidente y consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear.
  • Vocales de la Comisión General de Codificación.
  • Presidente y miembros del Instituto de España; presidentes y académicos de número de las diez Reales Academias que lo integran.
  • Decanos de los colegios de abogados con sede en una capital de provincia (art. 3.2 del Estatuto General de la Abogacía Española de 2021).
  • Poseedores de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.
  • Caballeros y damas del Collar y de la Gran Cruz de las órdenes civiles y militares, y miembros de la Orden del Mérito Constitucional.
  • Grandes de España, sus cónyuges y sus primogénitos.
  • Arzobispos y obispos, nuncios y decano del Tribunal de la Rota (con el añadido de «Reverendísimo»; véase el apartado de tratamientos religiosos).

Tratamiento de Ilustrísima: Ilustrísimos/as Señores/as (Ilmo./a. Sr./a.)

Administración General del Estado

  • Subsecretarios, secretarios generales y directores generales.
  • Secretarios generales técnicos.
  • Subdelegados del Gobierno y directores insulares.
  • Interventor General de la Administración del Estado.
  • Delegados de Economía y Hacienda.

Poder Judicial y Ministerio Fiscal

  • Presidentes de Sala y magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales («Señoría Ilustrísima»), y en general todos los magistrados, cualquiera que sea el órgano que ocupen (art. 324 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
  • Fiscales de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscales jefes, fiscales jefes de área y fiscales (Reglamento del Ministerio Fiscal de 2022).
  • Letrados de la Administración de Justicia que ocupan puestos del grupo I: secretarios de Gobierno, secretarios coordinadores provinciales, secretario del Gabinete Técnico y letrados de Sala del Tribunal Supremo.
  • Decanos de los colegios de abogados con sede fuera de una capital de provincia (art. 3.2 del Estatuto General de la Abogacía Española).

Comunidades autónomas

  • Consejeros del Gobierno del Principado de Asturias.
  • Diputados de los parlamentos autonómicos, salvo los del Parlamento de Cataluña, que reciben el de «Ilustre».
  • Diputados de la Asamblea de Ceuta y viceconsejeros y miembros de la Asamblea de Melilla.

Administración local

  • Alcaldes de las capitales de provincia que no son municipios de gran población (art. 33 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales).
  • Alcaldes de Cataluña, salvo el de Barcelona y los de municipios de gran población, y consejeros comarcales de Cataluña (art. 169.2 del texto refundido de la Ley municipal catalana).
  • Presidentes de las diputaciones provinciales, salvo la de Barcelona, y de los cabildos y consejos insulares (art. 34).
  • Tenientes de alcalde de Madrid, Barcelona y los municipios de gran población (art. 125.2 de la Ley 7/1985).
  • Concejales de los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona.
  • Secretarios de los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona.

Carrera diplomática

  • Consejeros de Embajada y ministros plenipotenciarios de tercera clase.

Otras autoridades y distinciones

  • Director de la Agencia Española de Protección de Datos y presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central.
  • Caballeros y damas con la Encomienda con placa (encomienda de número) de las órdenes civiles y militares.
  • Duques, marqueses, condes y vizcondes sin Grandeza de España, sus cónyuges y sus primogénitos.
  • Abades mitrados, auditores de la Rota y otros cargos eclesiásticos (con el añadido de «Reverendísimo»; véase el apartado de tratamientos religiosos).

Tratamiento de Señoría o Usía (S. S.)

Poder Judicial y Ministerio Fiscal

  • Jueces de primera instancia e instrucción y, en general, quienes tienen la categoría de juez (art. 324 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
  • Abogados fiscales.
  • Jueces de paz.
  • Jueces militares, en el ejercicio de su cargo (art. 304 de las Reales Ordenanzas).
  • Letrados de la Administración de Justicia que no tienen el tratamiento de Señoría Ilustrísima.

Administración local

  • Alcaldes de los municipios que no son capital de provincia ni municipio de gran población (art. 33 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales).
  • Secretarios de los ayuntamientos de capitales de provincia.

Fuerzas Armadas

  • Coroneles y capitanes de navío (art. 302 de las Reales Ordenanzas). De palabra se usa «Usía»: «a la orden de Usía, mi coronel».
  • El resto de los miembros de las Fuerzas Armadas, desde teniente coronel y capitán de fragata, recibe el tratamiento de usted.

Otras autoridades y dignidades

  • Registradores de la propiedad y notarios de capital de provincia o de colegio, o de notarías de primera clase.
  • Comisarios de policía que desempeñan jefatura de servicio.
  • Secretarios de embajada de primera y segunda clase.
  • Directores de institutos de educación secundaria.
  • Barones y señores (títulos del Reino sin Grandeza) y sus cónyuges.
  • Comendadores sencillos de algunas órdenes civiles.

Tratamientos religiosos

ConfesiónCargoTratamiento
Iglesia católicaPapaSu Santidad; Beatísimo Padre
Iglesia católicaCardenalesEminencia (Emin. y Rvdmo. Sr.)
Iglesia católicaNuncios, arzobispos y obisposExcelencia Reverendísima (Excmo. y Rvdmo. Sr.)
Iglesia católicaAbades mitradosIlustrísima Reverendísima (Ilmo. y Rvdmo. Sr.)
Iglesia católicaCanónigosReverendo y Muy Ilustre (Rvdo. y M. I. Sr.)
Iglesia católicaPárrocos y sacerdotesReverendo (Rvdo. Sr.)
Iglesia anglicanaArzobispos de Canterbury y de YorkSu Gracia
Iglesia anglicanaObisposMy Lord (The Right Reverend)
Iglesia anglicanaCanónigosThe Reverend Canon
Iglesia anglicanaSacerdotesReverendo (The Reverend)
Iglesias evangélicasPastoresReverendo
Iglesia ortodoxaPatriarca ecuménico de ConstantinoplaSu Santidad
Iglesia ortodoxaDemás patriarcasSu Beatitud
Iglesia ortodoxaPopes (sacerdotes)Reverendo
JudaísmoGran RabinoExcelencia
JudaísmoRabinosReverendo Señor
IslamImamesSin tratamiento honorífico codificado; se usa el título del cargo

Los tratamientos de «Excelencia Reverendísima» para todos los obispos católicos, incluidos los auxiliares, se fijaron en 1930 y son los que emplea hoy la Conferencia Episcopal Española.

Fuentes y advertencia final

Estas listas tienen carácter orientativo. Muchos tratamientos descansan en la costumbre y no en una norma, y las comunidades autónomas, las órdenes y las instituciones pueden fijar los suyos propios. Ante la duda, lo correcto sigue siendo preguntar al gabinete o a la secretaría del invitado.

Normas consultadas para esta revisión:

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En este blog escribo sobre confianza digital: firma electrónica, identidad digital, criptografía y su marco jurídico. Algunas entradas recientes:

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