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Artículo: La factura electrónica


Se ha publicado en ISV Magazine un artículo mio. Lo reproduzco.

Normas de publicación reciente como la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información han puesto de manifiesto el interés de las instituciones en el desarrollo de la factura electrónica, que ha llegado al punto de establecer su obligatoriedad a partir del año 2008 para las empresas que no pueden presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Sin embargo este impulso se viene produciendo de forma intensa desde la publicación de la Directiva 2001/115, y su temprana trasposición a finales 2002 en una norma española que quedó finalmente subsumida en el RD 1496/2003, el Reglamento de Facturación.

En un contexto en el que la norma legal es flexible, el problema surge de la necesidad de hacer interoperables los sistemas y equipos de quienes emiten factura y quienes la reciben. Desde el punto de vista legal, el requisito de que la factura electrónica sea un documento con firma también electrónica puede cubrirse con un simple fichero PDF firmado electrónicamente con el aspecto de la factura en papel. Pero, cuando lo reciba, el receptor acabará tecleando los datos de la factura en el programa de gestión de facturas recibidas y en el de contabilidad, y no se habrán logrado los ahorros previstos. En cambio, si el mensaje se codifica en XML, el computador del receptor puede procesar de forma automática muchos pasos relacionados con la gestión de las facturas.

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Varias iniciativas internacionales trabajan para unificar formatos: en Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo Cross Industry Invoice, y en el Comité Europeo de Normalización, los grupos eInvoice Focus Group y Business Interoperability Interfaces on public procurement in Europe .

Un elemento común a estas iniciativas es el uso de un conjunto de especificaciones denominado “Core Components” de UN/CEFACT, cuya implementación más relevante se da en el formato Invoice de la especificación UBL, que en la versión 2.0 está siendo impulsado por la organización de estandarización OASIS. La futura v.3.0 será posiblemente el texto que recogerá los requisitos de todas las iniciativas, bajo la bandera de UN/CEFACT.

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En España, la especificación facturae, codificada en XML y evolucionada desde un formato diseñado por la banca, se oficializó en la Orden PRE 2971/2007 recibiendo el apoyo de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para su uso en la facturación destinada a las Administraciones Públicas, lo que lleva a prever un amplio uso. Mientras avanza su adopción, el estándar español evolucionará hasta convertirse en una personalización del UBL, de forma semejante al ilustre precedente del NES (Northern European Subset) que al incorporar a España e Italia redefine la denominación para ser NES: Neutral European Specification.

La firma electrónica es otro ámbito en el que hay que intentar la compatibilidad. Como cada entidad firmante puede elegir cualquier PSC (Prestador de Servicios de Certificación) para sus certificados, la entidad que acepta facturas se enfrenta a la complejidad de validar certificados de los que tiene poca información. Una solución que facilitará la aceptación de facturas es que éstas llegaran firmadas con la modalidad ES-X-L prevista en la norma TS 101 903, incluyendo un sello de tiempo y la información de validez del certificado expedido por su emisor: lo que se denomina “firma completa”, y significa que la firma y el certificado están validados en origen.

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Así, el receptor se ve exonerado de las obligaciones que impone aceptar firmas electrónicas y la posibilidad de que se utilicen certificados electrónicos expedidos por cualquier PSC europeo no supondrá un problema en países diferentes al del expedidor.

Aunque parece complicado, las pymes realizarán sus facturas electrónicas con plataformas como “Faccil” (accesible en http://www.faccil.com y que gestiona facturas en formato facturae 3.1 y firmas electrónicas ES-X-L) o las que desarrollan las entidades financieras, así que no tendrán que preocuparse de estos detalles, que serán resueltos por su proveedor tecnológico.

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Sin embargo, los propios desarrolladores de software de facturación y de planificación de recursos empresariales (en inglés ERP, enterprise resource planning) deben actualizarse y prestar atención a los estándares para evitar la actual situación en la que han desarrollado soluciones propietarias de algo que venden como “factura electrónica” que frecuentemente incumple la normativa aplicable, y que no considera las necesidades de interoperabilidad de sus clientes.

Con la idea de servir de modelo a los desarrolladores de soluciones y de solución de bajo coste a las PYMES, autónomos y profesionales, existe una versión gratuita de un programa de facturación electrónica básico que puede descargarse del portal facturae (http://www.facturae.es) gestionado de forma conjunta por la Agencia Tributaria y por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Este programa genera facturas compatibles con la versión 3.1 del formato facturae y genera firmas EPES (firmas básicas basadas en políticas de control de la vigencia de los certificados). Junto con el programa es necesario utilizar un certificado electrónico de prestadores de certificación como Camerfirma, Firmaprofesional o Ancert.

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La factura electrónica tiene múltiples ventajas: mejor aprovechamiento de la habilidad de los empleados, reducción de controversias, mejoras en la resolución de incidencias, reducción de plazos de cobro, mejoras en la negociación de los plazos de pago, posibilidad de acudir de forma ágil a servicios financieros como el confirming y el factoring, mejora de la relación comercial y de la imagen de la empresa. Sin olvidar el cumplimiento de obligaciones, puesto que la facturación electrónica es obligatoria por exigencia de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público en determinados supuestos.

En efecto, por la disposición final novena de la citada ley, desde el 1 de agosto de 2008, la presentación de facturas electrónicas es obligatoria en la contratación con el sector público estatal para las sociedades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y desde el 1 de octubre de 2009 el uso de la factura electrónica será obligatorio en todos los contratos del sector público estatal; no obstante, en los contratos menores, la utilización de la factura electrónica será obligatoria cuando así se establezca expresamente en estas Órdenes de extensión.

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Recordemos que pueden formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

  • Que el total de las partidas de activo no supere los once millones cuatrocientos mil euros.
  • Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los veintidós millones ochocientos mil euros.
  • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a doscientos cincuenta.

Y que las sociedades perderán la facultad de formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.

En definitiva, aunque sigue siendo potestad de la empresa receptora de facturas la decisión de aceptar facturas electrónicas, cuando el destinatario de la factura sea una administración pública, habrá que enviarlas electrónicamente en un plazo u otro según la dimensión de la empresa y el tipo de administración pública, pero siempre en plazos que concluyen el 1 de enero de 2010 (en esta ocasión por aplicación de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos).

Sorprende que con estos plazos, y con las indudables ventajas de su adopción, el nivel de uso de la factura electrónica sea tan reducido, tanto en el ámbito privado como en el público.

En todo caso, además de un reto, es una oportunidad para los desarrolladores que podrán diferenciar sus productos si los dotan de los adecuados interfaces de conversión de formatos y de creación y verificación de firmas electrónicas.

Malas prácticas de administración pública


Me duele decir esto porque considero que la Administración Pública Catalana es de las más avanzadas en la adopción de las tecnologías de la información para facilitar la vida al ciudadano y CatCert una institución ejemplar en ese sentido.

Pero cuando la pauta de adopción de estándares y de reglas de interoperabilidad se sacrifica ante otros objetivos, no del todo claros, se perjudica a los ciudadanos, y no se sabe qué se obtiene a cambio.

El comentario viene al hilo de una situación aflorada en el Blog de Arcadi Espada, que describe con detalle el caso y que se completa con las interesantes aportaciones de los comentarios.

Se trata de las trabas con las que tienen que lidiar los ciudadanos de fuera de Cataluña si tienen que acudir a un hospital catalán, y las que la administración pública autonómica impone a los ciudadanos catalanes si precisan de atención sanitaria fuera de Cataluña.

Podéis leer el artículo en el Blog de Arcadi Espada, pero reproduzco aquí los comentarios:

Correspondencias /Ángel Duarte
Apreciado Arcadi,

¿Podrías hacerte eco de mi caso, aunque sólo sea para contrastar?
Trabajo en Gerona. Allí cotizo. Allí estoy dado de alta. Por cuestiones de amor -ai-làs!- vivo en Tomares, en el Aljarafe sevillano. Pues bien, hace meses que me sirven las recetas que mensualmente preciso -que son bastantes- sin el menor problema. Excepto, claro está, las esperas que aquí como en cualquier parte de España son de rigor. Vamos, como que el viernes pasado, a pesar de ser San Fernando y librar en Sevilla capital, que no en Tomares, me hicieron las correspondientes al mes de junio. Por lo demás, me derivaron al Hospital de San Juan de Dios, en Bormujos, para el día 9 de junio a las 8,45 de la mañana. Ya sabes… de tanto en vez tengo que revisar el PIO (presión intraocular). Si quieres pruebas estaré en el servicio de oftalmología… con mi tarjeta en la mano. Quedas citado. Después te invito a desayunar.
En este país hay problemas, problemones y… problemáticos

Cordialmente

Ángel Duarte

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Correspondencias /Jesús de Baldomá

Apreciado Arcadi.
Mi primera reacción ha sido “¡No me lo puedo creer!”. Así que, raudo y veloz, cojo la cartera y miro mi tarjeta sanitaria. He alucinado con lo que me he encontrado.

Resulta que tenía 2 tarjetas sanitarias del CatSalut: una que caducaba el 11/2006 y que sí que tenía información del NASS (Número de Afiliación a la Seguridad Social) y otra que la sustituye y que, por lo visto, no caduca nunca pero y que no tiene el NASS. ¿!?. ¡Me he quedado estupefacto!

O sea, antes sí que lo tenía y ahora no. ¿La razón? Que alguien la explique porque no la entiendo. Para evitar males mayores, y a riesgo de que me la invaliden, ya me he apuntado el NASS en la tarjeta nueva.

No haré más comentarios al respecto, pero ya les vale.

Saludos cordiales

Jesús de Baldomá

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Correspondencias /Goslum

Hola, Arcadi:

Leída la carta en tu blog, te envío esto.

Un saludo.

Goslum

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Correspondencias /Daniel Tercero

Hola, profesor Espada:

Le remito la dirección web en la que hemos recuperado el vídeo de nuestro vicepresidente autóctono admitiendo que la tarjeta sanitaria del CatSalut es con lo que nos movemos los catalanes.

Un saludo.

Siga igual de libre.

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Correspondencias /J. Oriol Magrans

Gracias Arcadi por tu denuncia, una vez más, acertada.

Independientemente de las consecuencias prácticas (que algunos te discuten; y que, gracias a la diligencia de muchos funcionarios y a la inagotable disposición del Gobierno de España por satisfacer los más infantiles caprichos del nacionalismo catalán, son incluso probablemente más insignificantes que las relatadas en tu carta) lo de la ausencia del numero del INSS tiene una evidente intencionalidad política y ciegos son o ciegos nos quieren los que lo niegan. Por algo será que Carod propone la tarjeta sanitaria catalana como documento de identificación en el referéndum de independencia de 2014:

También tú, sigue con salud,

J. Oriol Magrans

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Correspondencias /Aulet

Estimado Arcadi:

Certera tu carta sobre el número de la SS. Es la vertiente administrativa. Ahora la vertiente médica: Cataluña fue referencia para la sanidad española. Miles de pacientes venían aquí a operarse o visitarse. Cada vez menos: las barreras administrativas para pasar de una comunidad a otra son ingentes y multilaterales. Como en otros ámbitos, lo que debiera ser solidaridad y buscar la mejor atención para el paciente, se convierte en una caótica guerra de guerrillas entre Autonomías. Parte del desgarrador “agravio catalán” está en que los enfermizos mesetarios tienen el mal gusto de venir a pasar las vacaciones al oasis y luego ponerse malos. Por no hablar de otros que tenían la pésima constumbre de venir a operarse a Cataluña pues consideraban que aquí había mejores profesionales. ¿Cómo se les había ocurrido? Vaya cutrez. El término administrativo para definir a estos insensatos ciudadanos no puede ser más humillante: “desplazados”. Algo similar a unos refugiados ruandeses. Resulta que los “desplazados” son los causantes de todos los males, y no, por ejemplo, los miles de informes inútiles que encarga la consejería. Durante un tiempo atendí a algunos “desplazados” en un hospital público y cada vez les ponían más trabas para venir a visitas de control, y no digamos para operarse. El ejemplo catalán ha cundido: las comunidades de origen les ponen todas las trabas posibles para venir.

En algún momento se dijo que, parte del problema de los desplazados, era debido a la ineficacia de los gobiernos autonómicos para reclamar el pago de dichos servicios. Así me lo han certificado (de palabra, nunca por escrito) gestores que trabajan en ello. Porque ya hemos aceptado que hay 17 sistemas de Sanidad que tienen que competir entre ellos.

Lo grave no es que haya 17 sistemas dispares. Ni que sean impermeables a la libre circulación de profesionales.En el sistema público, me es más fácil ir a trabajar a Londres que a Vigo, Bilbao o a Sevilla. No. Lo más grave es que a nadie parece importarle demasiado.

Y aún así, sorprende que sigamos con salud.

Orden PRE/1551/2003, de 10 de junio, por la que se desarrolla la disposición final primera del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.


Esta norma ha sido una de las más importantes en relación con la Administración Electrónica hasta la publicación de la Ley 11/2007. Recoge la forma de gestionar el registro telemático, las notificaciones telemáticas, y la dirección electrónica única. La transcribo, procedente de Noticias Júrídicas.

El Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos, dispone en su disposición final primera que, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del citado Real Decreto, se establecerán por Orden Ministerial, en el marco de los criterios de seguridad, normalización y conservación a los que se refiere el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, los requisitos de autenticidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de los dispositivos y aplicaciones de registro y notificación, así como los protocolos y criterios técnicos a los que deben sujetarse.

Dichos criterios de seguridad, normalización y conservación han sido objeto de informe favorable del Consejo Superior de Informática y para el impulso de la Administración Electrónica.

Así mismo, en la citada Orden se establecerán las condiciones que ha de reunir el órgano, organismo o entidad habilitada para la prestación del servicio de dirección electrónica única, así como las condiciones para su prestación.

Las condiciones de accesibilidad para las personas discapacitadas y de edad avanzada están sujetas a lo que dispone la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, en su disposición adicional quinta.

La presente Orden Ministerial tiene por objeto dar cumplimiento al mandato señalado en el Real Decreto. A tal fin, se han tenido en consideración las experiencias previas, las implicaciones técnicas de la unicidad de la dirección electrónica, la búsqueda de racionalidad y sencillez de uso para los interesados y el aprovechamiento de las ventajas de las economías de escala.

En su virtud, previo informe favorable del Consejo Superior de Informática y para el Impulso de la Administración Electrónica, a propuesta de los Ministros de Administraciones Públicas, de Ciencia y Tecnología, y de Hacienda, dispongo:

Primero. Objeto.

De acuerdo con lo establecido en la disposición final primera del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados de los ciudadanos, la presente Orden tiene por objeto establecer los requisitos de autenticidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de los dispositivos y aplicaciones de registro y notificación, así como los protocolos y criterios técnicos a los que deben sujetarse y, las condiciones que ha de reunir el órgano, organismo o entidad habilitada para la prestación del servicio de dirección electrónica única así como las condiciones de su prestación.

Segundo. Adopción de las medidas de seguridad, organizativas o técnicas, de los dispositivos y aplicaciones de registro, notificación y de la prestación del servicio de dirección electrónica única.

1. Con carácter general se aplicarán a los dispositivos y aplicaciones de registro, notificación y de la prestación del servicio de dirección electrónica única las medidas de seguridad, conservación y normalización que se detallan en los Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades aprobados por el Consejo Superior de Informática y para el impulso de la Administración Electrónica y accesibles en su sitio web.

Dichas medidas de seguridad, conservación y normalización vendrán determinadas por el resultado del análisis y gestión de riesgos que se realice, recomendándose a estos efectos la utilización de la metodología Magerit.

2. Lo dispuesto en esta Orden Ministerial se aplicará en todo caso de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable en esta materia.

Tercero. Requisitos de autenticidad de los dispositivos y aplicaciones de registro y notificación.

1. Los dispositivos y las aplicaciones de registro y notificación sólo admitirán la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido que cumpla la recomendación UIT X.509 versión 3 o superiores (ISO/IEC 9594-8 de 1997) de acuerdo con lo previsto en la legislación de firma electrónica.

2. La aceptación de una firma electrónica estará condicionada a que la utilización del servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados en los que se basen dicha firma electrónica no suponga un coste específico adicional para los órganos, organismos o entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Orden.

Cuarto. Requisitos de integridad de los dispositivos y aplicaciones de registro y notificación.

Los órganos de la Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de aquélla que pongan en marcha dispositivos y aplicaciones de registro y notificación, deberán contar con medidas organizativas y técnicas para garantizar la integridad de la información. En cualquier caso establecerán las siguientes medidas:

  1. Aplicación de técnicas de comprobación de la integridad de la información, como firma electrónica (con los requisitos señalados en el apartado tercero), funciones resumen o hash, y en su caso, de fechado electrónico.
  2. Procedimientos de copias de respaldo de ficheros y bases de datos y de protección y conservación de soportes de información.
  3. Protección de los archivos de información destinados a los interesados mediante atributos de solo lectura.
  4. Instalación de herramientas o procedimientos en las aplicaciones que ejecuten transacciones o procesos donde se produzcan múltiples actualizaciones de datos que se encuentren relacionados entre sí para prevenir el caso de que se produzca un fallo de proceso y no se pueda completar la transacción.
  5. Análisis periódico de los sistemas de información, de los accesos a la información y a las aplicaciones, de los registros de eventos o incidencias, de las operaciones, así como de los recursos utilizados.
  6. Adopción de medidas de protección frente a código dañino en los servidores de aplicación y en los soportes circulantes.
  7. Establecimiento de procedimientos para evitar la instalación de software no autorizado, el borrado accidental o no autorizado de datos y los accesos no autorizados.

Quinto. Requisitos de disponibilidad de los dispositivos y aplicaciones de registro y notificación.

1. En la página web de cada órgano u organismo notificador, y en su caso en el Portal del ciudadano, se encontrarán a disposición del interesado los programas necesarios que debe instalar en su ordenador personal para el correcto funcionamiento de los sistemas de registro y notificación en especial para la lectura de las notificaciones, para verificar la autenticidad del órgano notificador y para descifrar los escritos a él dirigidos.

Dichos programas habrán de ser compatibles con los medios técnicos de que dispongan las Administraciones Públicas.

2. Los órganos de la Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de aquella que pongan en marcha dispositivos y aplicaciones de registro o de notificación telemáticos establecerán las medidas organizativas y técnicas para que la disponibilidad del servicio sea de 7 días a la semana y 24 horas al día. En cualquier caso establecerán las siguientes medidas:

  1. Mantenimiento actualizado del software de base y específico sobre el que está soportado el sistema de registro y notificaciones telemáticas, siguiendo las recomendaciones indicadas en las listas de vulnerabilidades correspondientes.
  2. Actualización periódica o cuando sea necesario del software de base y corrección, en su caso, de las debilidades observadas en éste.
  3. Adopción de medidas de seguridad física en el entorno donde se encuentren los equipos que den soporte a las aplicaciones.
  4. Protección de los sistemas y las aplicaciones contra el código dañino y contra ataques de denegación del servicio y establecimiento en cualquier caso de las medidas oportunas.
  5. Se deberá preparar y mantener operativo un plan de contingencias.

Sexto. Requisitos de confidencialidad de los dispositivos y aplicaciones de registro y de notificación.

Los órganos de la Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de aquella que pongan en marcha dispositivos y aplicaciones de registro y notificación deben adoptar medidas de seguridad para la salvaguarda de la confidencialidad. En cualquier caso establecerán las siguientes medidas:

  1. Medidas de seguridad física.
  2. Control de los accesos a los dispositivos y aplicaciones de registro y notificación, en especial los que lleguen a través de las redes de comunicaciones.
  3. Protección de los soportes de información y copias de respaldo.
  4. Cifrado de las notificaciones, cuando así se establezca por la legislación sobre protección de los datos de carácter personal o lo estime necesario el órgano u organismo notificador.

Séptimo. Protocolos y criterios técnicos de los dispositivos y aplicaciones de registro y notificaciones.

1. La sincronización de la fecha y la hora de los servicios de registro telemático y de notificación telemática se realizará con el Real Instituto y Observatorio de la Armada, de conformidad con lo previsto sobre la hora legal en el Real Decreto 1308/1992, de 23 de octubre, por el que se declara el Laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la Armada como laboratorio depositario del patrón Nacional de Tiempo y laboratorio asociado al Centro Español de Metrología, y según las condiciones técnicas y protocolos que el citado Organismo establezca.

2. El registro telemático y el servicio de notificación telemática deberán cumplir los requerimientos en materia de accesibilidad establecidos por la Iniciativa para una Web Accesible (WAI) del Consorcio World Wide Web y en particular las especificaciones de la Recomendación de 5 de mayo de 1999 sobre Pautas de Accesibilidad del Contenido en la Web, versión 1.0, en su nivel AA.

3. El acceso del ciudadano a través de Internet a las notificaciones telemáticas y a los registros telemáticos se realizará mediante un navegador web que cumpla la especificación W3C HTML.4.01 o superior.

4. El protocolo para la comunicación entre el navegador web del interesado y el servidor de la Administración será http 1.0, o superior.

5. Los servicios de registro y de notificación telemática deberán poder utilizar en su canal de comunicaciones con los interesados cifrado simétrico de, al menos, 128 bits.

Octavo. Condiciones que ha de reunir el órgano, organismo, o entidad habilitada para la prestación del servicio de dirección electrónica única.

1. El órgano, organismo o entidad habilitada para la prestación del servicio de dirección electrónica única deberá poner los medios técnicos para desarrollar las siguientes funciones:

  1. Crear y mantener el directorio de direcciones electrónicas únicas.
  2. Almacenar y custodiar las notificaciones en la dirección electrónica única.
  3. Gestionar los acuses de recibo de los interesados y de los órganos u organismos notificadores.
  4. Mantener el registro de eventos de las notificaciones, el cual contendrá, al menos la dirección electrónica, la traza de la fecha y la hora de la recepción de la notificación en la dirección electrónica única y del acceso del interesado a la notificación y la descripción del contenido de la notificación.
  5. Establecer las medidas organizativas y técnicas para que la disponibilidad del servicio sea de 7 días a la semana y 24 horas al día.

2. Podrán añadirse otras funciones de mejora del servicio y complementarias de las expresadas, como es el caso de aviso de puesta a disposición de los interesados de las notificaciones.

Noveno. Condiciones de la prestación del servicio de dirección electrónica única.

1. La titularidad de la dirección electrónica a partir de la cual se construyan las direcciones electrónicas únicas de los interesados, corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas.

2. El prestador del servicio de dirección electrónica única estará sujeto a las medidas de seguridad, los requisitos de autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y a la utilización de los protocolos y criterios técnicos establecidos en esta Orden Ministerial.

3. El directorio del servicio de dirección electrónica única deberá recoger el nombre y apellidos o la razón o denominación social del interesado, el número del documento nacional de identidad o el código de identificación fiscal o cualquier otro equivalente y la dirección electrónica única.

4. El prestador del servicio de dirección electrónica única designará a un administrador de la seguridad, responsable de la realización y actualización del análisis y gestión de riesgos, del registro de incidencias de seguridad, de la correcta implementación de las salvaguardas de seguridad técnicas, organizativas, y de cuantas otras actuaciones en materia de seguridad sean necesarias para la protección de los sistemas a su cargo.

5. El prestador del servicio de dirección electrónica única deberá remitir al órgano u organismo notificador por cada notificación telemática:

  1. Certificación electrónica de la fecha y hora en la que recibe la notificación enviada por el órgano u organismo notificador.
  2. Certificación electrónica de la fecha y hora en la que se produce la recepción de la notificación en la dirección electrónica única asignada al interesado.
  3. Certificación electrónica en el que conste la fecha y hora en la que se produce el acceso del interesado al contenido de la notificación en la dirección electrónica.
  4. Certificación electrónica de cualquier incidencia que se produzca en la práctica de lo dispuesto en los apartados anteriores.

6. El prestador del servicio de dirección electrónica única deberá adoptar las medidas organizativas y técnicas, que garanticen la calidad de dicho servicio.

7. En el caso de cese de actividad o cambio del prestador del servicio de dirección electrónica única, las bases de datos, los programas informáticos asociados, el registro de eventos y el dominio de direcciones electrónicas con las notificaciones que existan en ese momento y la documentación técnica, deberán entregarse al Ministerio de Administraciones Públicas, o a la entidad que ésta designe debidamente actualizadas.

8. Los programas necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de notificación a los que se refiere el apartado quinto.1, serán suministrados a los órganos y organismos notificadores por el prestador del servicio de dirección electrónica única.

Décimo. Competencia del Ministerio de Administraciones Públicas para el establecimiento de parámetros de calidad y vigilancia de su cumplimiento.

1. Corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Superior de Informática y para el impulso de la Administración Electrónica establecer los parámetros de calidad de la prestación del servicio de dirección electrónica única y de cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la presente Orden Ministerial, así como las penalizaciones y demás medidas correctoras que sean de aplicación.

2. Corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas validar y vigilar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior.

Undécimo. Competencia del Ministerio de Administraciones Públicas para la actualización de requisitos y criterios técnicos.

La actualización de los requisitos y los criterios técnicos de esta Orden Ministerial, corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas, previo informe favorable del Consejo Superior de Informática y para el impulso de la Administración Electrónica.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Validez de las notificaciones telemáticas previstas en la normativa vigente.

Serán válidas las notificaciones telemáticas de los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos previstas en los procedimientos telemáticos publicados en el Boletín Oficial del Estado al amparo de la Ley 30/1992 y normativa de desarrollo que a la entrada en vigor de la presente Orden se encuentren vigentes.

No obstante, deberán adaptarse a lo previsto en la presente Orden Ministerial en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a excepción de las disposiciones relativas a la prestación del servicio de notificación en la dirección electrónica única que entrarán en vigor a partir del inicio de actividad del prestador del servicio de dirección electrónica única previsto en la disposición final primera del Real Decreto 209/2003.

Madrid, 10 de junio de 2003

Rajoy Brey.

Excmos. Sres. Ministros de Administraciones Públicas, de Ciencia y Tecnología y de Hacienda.

Websphere Datapower, appliance SOA para acelerar y securizar transacciones XML


Albalia Interactiva está impulsando  una nueva arquitectura  para empresas y para organismos públicos que permita gestionar documentos electrónicos de forma nativa, con total integración con los procesos transaccionales de la entidad.

Esto es muy oportuno en un contexto de «compliance» que en España implica el uso de firmas electrónicas, en particular las del DNI electrónico, y en el que las evidencias electrónicas generadas en la gestión documental electrónica sustituirán paulatinamente a las procedentes de la gestión documental en papel.

En este contexto, nos hemos fijado en un producto de IBM especialmente diseñado para ello, que gestiona de forma nativa los documentos electrónicos basados en XML y que se presenta en tres versiones:

Estamos colaborando con IBM para definir el uso de estos equipos en grandes proyectos de factura electrónica y firma electrónica, junto con otros interesantes productos sobre los que me extenderé en otro momento.

En general, son productos destinados a desplegar  una arquitectura SOA, con valor probatorio, con medidas de seguridad XML y con integración sobre sistemas que manejan múltiples formatos que finalmente confluyen en uno o más flujos SOAP / XML.

Nuevo software y servicios SOA

IBM ha integrado totalmente las tecnologías de DataPower (dispositivos SOA) y FileNet (software de gestión de contenidos y de gestión de procesos de negocio o BPM) en su oferta de soluciones SOA. Las nuevas herramientas anunciadas son las siguientes:

  • Nuevos productos para gestión de procesos de negocio (BPM).Soluciones como Expanded Business Activity Monitoring incluyen plantillas específicas para cada sector económico con metodologías clave y cuadros de mandos configurables que permiten supervisar las actividades del negocio y ajustarlas, según sea necesario. Además, ya están disponibles nuevos cuadros de mandos de BPM para hacer seguimiento y monitorizar los roles de las personas asociadas a una determinada actividad.
  • IBM WebSphere Registry and Repository (WSRR), un software que ayuda a los clientes a gestionar servicios web y procesos de negocio compartidos. Entre las nuevas funcionalidades de WSRR se encuentra la integración con el software Tivoli Composite Application Manager (ITCAM).
  • WebSphere DataPower Xi50 Integration Appliance. Solución compatible con DB2 versión 9 que se integra con IBM WebSphere Services Registry and Repository (WSRR) para ofrecer funcionalidades que mejoren la interoperabilidad y conectividad de los servicios.
  • Integración de WebSphere con FileNet P8 Business Process Manager.
  • Nueva versión de IBM Dynamic Warehouse que integra las estrategias de gestión de la información y SOA de IBM.
  • IBM Rational Asset Manager.Este nuevo software de gestión de activos en colaboración permite identificar, gestionar y controlar el diseño, desarrollo y consumo de servicios.
  • WebSphere Application Server, incluye asistentes para ayudar a los usuarios a construir y reutilizar más fácilmente los servicios web.
  • Nueva versión de WebSphere Process Server para System z.Este nuevo software automatiza los procesos de negocio y consolida los elementos de misión crítica de una empresa en un único sistema.
  • Cinco nuevos servicios profesionales SOA centrados en el diagnóstico, la gestión de procesos de negocio, la planificación y los servicios de modelado, montaje, puesta en marcha y gestión del modelo SOA.

Los servicios profesionales de Albalia Interactiva ayudan a adoptar de forma correcta estas tecnologías de IBM en proyectos centrados en la firma electrónica en los que también tienen cabida los productos Backtrust desarrollados para extender las funcionalidades de firma electrónica sobre variantes de la norma TS 101 903.

Documento electrónico


Mañana impartimos en Valencia el seminario «Gestión de Documentos Electrónicos en las Administraciones Públicas y Grandes Organizaciones» para Global Estrategias. Este seminario se repite en Barcelona el 12 de junio de 2008.

Estos son los principales aspectos que se tratarán:

1. Introducción a la firma electrónica.

  • Características de la firma manuscrita y paralelismo con la electrónica.
  • Fundamentos de criptografía de clave pública. Firma electrónica en base a la criptografía. Propiedades de la firma electrónica. Cifrado.
  • Autoridades de certificación y certificados. Jerarquías de certificación. SSL.
  • Tipos de firma electrónica.

2. Ejemplos de Firma electrónica paso a paso.

  • Obtención del software de firma. Obtención de un certificado.
  • Realización de una firma. Verificación de una firma. Firma en PKCS#7, Firma en PDF.

3. La Ley de Firma Electrónica y el DNI electrónico.

  • Desarrollos normativos en torno a la Firma Electrónica.
  • Ley 59/2003 de 19 de diciembre de Firma Electrónica. Certificados de personas jurídicas. Prestadores de servicios de certificación en España. Tipos de certificados.
  • DNI electrónico: Real Decreto 1553/2005.

4. Normativa relativa a los documentos electrónicos en la Administración y en el sector privado.

  • Normativa de Factura electrónica y Digitalización Certificada.
  • Los documentos electrónicos en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
  • Compulsa electrónica. Novación electrónica.
  • Normativa de Comercio Electrónico. Normativa de Contratación Electrónica.
  • Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información

5. Propiedades de los documentos en papel y su traslado el mundo electrónico.

  • Características de los documentos en papel.
  • Elementos esenciales que afectan a la autenticidad de los documentos electrónicos.
  • Transición del documento en papel a electrónico. Transición del documento en formato electrónico a papel. Validez de la transcripción a papel de los documentos electrónicos y de la digitalización electrónica del documento papel.
  • Modelo de Gestión de documentos electrónicos y digitalizados. Versiones en papel de documentos electrónicos.
  • Presentación de documentos electrónicos no firmados en las administraciones públicas.

6. Consideraciones técnicas sobre documentos electrónicos.

  • Organismos de estandarización.
  • Formatos de facturas: facturae y UBL.
  • Formatos de firma ES-T, ES-C, ES-X-L.
  • Uso de dispositivos seguros de creación de Firma. El HSM (Hardware Security Module).
  • Sistemas de Sello de Tiempo y de Validación de Certificados.
  • Generación y validación de firmas en PDF y XAdES.
  • Herramientas de desarrollo existentes.

7. Requisitos de Homologación del Software de Digitalización Certificada.

  • Artículo 7 de la Orden EHA/962/2007 de 10 de abril de 2007.
  • Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre procedimiento para la homologación de software de digitalización contemplado en la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril de 2007.

Santiago Segarra Tormo


Nació en la localidad castellonense de Vall d’Uixo en 1956. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, auditor de cuentas y funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

Su carrera profesional se ha desarrollado realizando funciones de inspección en Valencia y Madrid. Ha sido Subdirector General de Aplicaciones del Departamento de Informática de la A.E.A.T y Jefe de Unidad Regional de Inspección en la Delegación Especial de Madrid.

Los puestos desempeñados en la Administración del Estado han sido:

  • Inspector Financiero y Tributario. Delegación de Haciendade Valencia (1982-1985)
  • Consejero Técnico. Departamento de InformáticaTributaria – S.G. Aplicaciones (1985-1987)
  • Subdirector General de Aplicaciones. Departamento deInformática Tributaria (1987-1995)
  • Jefe de Unidad Regional de Inspección de Madrid (1995-1997)
  • Formó parte del GRUPO DE EXPERTOS PARA EL ESTUDIODE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (creado por Orden del Mº deAdministraciones Públicas con fecha 25 de abril 2003).

Desde 1997 hasta 2008 ha sido el director del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Actualización (Jun 2010). En su actual responsabilidad, en el ámbito de la Delegación de Grandes Contribuyentes de la AEAT, ha contribuido, en el semestre de la Presidencia Española de la Unión Europea al consenso sobre el texto de la futura Directiva que modificará la normativa de facturación electrónica.

Actualización (Nov 2010). En estos momento, Santiago es Responsable de desarrollo de negocio de IBM en el Sector Público en España, Portugal, Grecia e Israel

Santiago Segarra -  Mejor trayectoria TIC

Las distinciones y premios recibidos a lo largo de su trayectoria han sido múltiples:

  • 2007- Premio Profesionales IT de DINTEL a la “Trayectoria Profesional”
  • 2005 – Premio ASTIC 2005. al profesional TIC.
  • 2004 – Socio honorario de ASTIC
  • 2004 – Nombramiento «PERSONAJE DESTACADO» – (COLEGIO DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES DEVALENCIA
  • 2003 – Premio Especial de la Asociación AUI  a la trayectoria personal
  • 2003 – Socio honorario de ACTICA
  • 2003 – Premio COMPUTERWORLD: «Director de TI del año»
  • 2003 – MEDALLA DE LA ORDEN DE MÉRITO CIVIL, ENCOMIENDA DE NÚMERO (MINISTERIO DE HACIENDA 24-6-03)

El eco de su salida del departamento de Informática tributaria ha sido inmediato:

Y en el BOE de 30 de mayo de 2008:

  • Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Santiago Segarra Tormo como Director del Departamento de Informática Tributaria.
  • Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Ignacio Miguel González García como Director Adjunto de Vigilancia Aduanera en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
  • Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Director del Departamento de Informática Tributaria a don Ignacio Miguel González García.

La información como derecho accesible


Por Carlos Galán Pascual, doctor en informática y abogado.

El 25 de julio de 1992 arrancaban en Barcelona los XXV Juegos Olímpicos. Un acontecimiento a recordar, en el ámbito doméstico, por el reto que supuso diseñar métodos, procedimientos y herramientas que permitieran integrar el tratamiento de las informaciones de todas las instituciones co-responsables de la seguridad de tan delicado evento. Presidir su Comisión de Informática y Comunicaciones de la Seguridad Olímpica constituyó, para el que suscribe estas líneas, la definitiva inmersión en un concepto que, con el devenir de los años y la difusión de las tecnologías, ha pasado a ser moneda común en la gestión de las organizaciones: «la información como un bien y un derecho accesible a todos los que la necesiten y estén autorizados».

De ahí la inversión de las empresas, en el convencimiento de que no es posible la eficacia sin la ayuda de un tratamiento unificado e integral de los datos que recibe, remite, elabora o procesa. ¿Sucede lo mismo en las Administraciones Públicas? Sería muy injusto por nuestra parte afirmar aquí que las AAPP no están poniendo de su parte para estrechar la brecha entre lo real y lo deseable. Tan injusto como negar que, pese a las energías y la voluntad de los gobiernos, queda mucho camino por recorrer.

Un buen ejemplo: el esfuerzo que la Agencia Estatal de Administración Tributaria hace desde hace años para incorporar, con innegable éxito, los medios tecnológicos a su quehacer diario, tanto en su aplicación interna, como en sus relaciones con empresas y contribuyentes. Sin embargo, hay casos en los que la mejora es más que evidente. Por ejemplo, y en relación con la Administración de Justicia, permanecen en nuestra retina esas enormes pilas de legajos invadiendo las Oficinas Judiciales. Miles de papeles, de sentencias, autos, procedimientos, que pueden encerrar -y no es retórica- la diferencia entre la libertad y la cárcel; la justicia o la injusticia.

Y la solución, en muchos casos, no es difícil. Eliminar metros cúbicos de papel acumulado sobre las mesas de los funcionarios -o, peor aún, extraviados bajo los faldones de un sofá- no es más que optar, por ejemplo, por la digitalización de documentos con plenas garantías legales. ¿Para cuándo, por tanto, una oficina judicial sin papeles, primer eslabón hacia esa e-Justicia que nuestras leyes procesales ya han apuntado? Ha llegado el momento de, sin merma de la rigurosidad exigible, tomar decisiones valientes e imaginativas que coadyuven a colocar a nuestro país en el mismo lugar de eficacia que en lo económico ya posee.

Visto en El País

Informe Anual sobre la Sociedad de la Información 2008


Preparar el futuro digital de Europa. Revisión intermedia de la iniciativa i2010

La Comisión de las Comunidades Europeas ha publicado la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. (COM (2008 ) 199 final «Preparar el futuro digital de Europa. Revisión intermedia de la iniciativa i2010.»

Según dicha Comunicación las acciones previstas para 2008 son:

  • Elaborar un índice de rendimiento de la banda ancha e invitar a los Estados miembros a establecer objetivos nacionales para que el uso de la Internet de alta velocidad alcance un índice de penetración del 30 % entre la población de la UE de aquí a 2010.
  • Contribuir a preparar la sociedad de la información para la futura economía de Internet publicando una comunicación sobre el futuro de las redes y de Internet.
  • Facilitar la transición a las nuevas redes publicando una recomendación sobre el acceso de próxima generación.
  • Promover la «Internet de los objetos» a través de una recomendación sobre la RFID centrada en las cuestiones de privacidad y seguridad.
  • Proponer medidas que aseguren la solidez de las redes de comunicaciones e infraestructuras de información (como Internet) críticas y garanticen la continuidad de los servicios.

El anexo de dicha Comunicación está constituido por: el Informe Anual sobre la Sociedad de la Información 2008; i2010 Lista de acciones; TIC, Perfiles de los países (en inglés)

Visto en el Consejo Superior de Administración Electrónica

La AEAT a la cabeza de la administración electrónica


El 26 de abril se publicó un artículo en El País titulado «El Estado se enreda en la informática«, firmado por María R. Sauquillo.

El artículo es muy interesante pero plantea una visión que puede provocar una reducción de recursos en la Agencia Tributaria de la que advierte el Presidente de ACTICA (Asociación Profesional de los Directivos TIC de la Agencia Tributaria) Rafael Padilla Ruiz.

La nota original en el web de ACTICA.

En  su  artículo  «El  Estado  se  enreda  en  la  informática», publicado el pasado 26/04/2008, se mencionaba que no toda la Administración vive en la era digital y se destacaba a Hacienda como ejemplar, aludiendo en concreto a la Agencia Tributaria como modelo de buenas prácticas en la administración electrónica. 

Si  bien  esta  afirmación  puede  ser  cierta  en  el  momento  actual,  desde  ACTICA  (www.actica.org), Asociación  Profesional  de  Cuerpos  Superiores  de  Sistemas  y  Tecnologías  de  la  Información  de  la Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  tememos  que  esta  aparente  euforia  suponga  una disminución  de  las  inversiones  necesarias  para  mantener  y  aumentar  el  número  y  la  calidad  de  los servicios actuales.

A este respecto, cabe recordar que la innovación tecnológica que caracteriza a la informática de la AEAT no se ha visto correspondida con una actualización de su estructura organizativa, que data de 1993. Por poner también algún otro ejemplo, el constante aumento en la carga de trabajo que sufrimos no se ha visto compensado  con  los  recíprocos  incrementos  en  los  recursos  humanos,  y  el  mandato  legislativo  de creación de una carrera administrativa para los funcionarios de la Agencia aún no ha alcanzado a nuestro colectivo. El mensaje transmitido en su artículo y la actual coyuntura económica pueden llevar a pensar que  la  informática  de  la  Agencia  funciona  muy  bien  y  no  necesita  más  inversión.  Nada  más  lejos  de  la realidad.

El  escenario  al  que  asistimos  actualmente  los  informáticos  de  la  Agencia  es  el  de  nuevos  retos  a conseguir, cada vez de mayor envergadura y en menor plazo de tiempo. Como muestra baste citar, entre otros, las medidas destinadas a luchar contra la crisis económica actual como la rebaja de 400 euros para los ciudadanos, convertirnos en gestores de prestaciones sociales como el «cheque bebé», las medidas de lucha  contra  el  fraude  como  la  recepción  electrónica  y  procesado  de  los  libros  de  registro  de  IVA,  la aplicación  de  la  Ley  11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, etc. etc. Dichos  retos  van  a  suponer  una  carga  de  trabajo  muy  importante,  añadida  a  los  más  de  600  proyectos informáticos anuales que ya gestiona la Agencia, sin contar con el mantenimiento de los ya existentes. 

Por  todo  ello,  es  nuestro  deber  señalar  que  el  ritmo  creciente  en  el  número  y  complejidad  de  proyectos que se exige a la informática de la Agencia no se ve acompañado de la correspondiente dotación de los medios  y  recursos  necesarios  para  hacerlos  frente,  lo  que  está  provocando  una  lenta  pero  inexorable degradación en la respuesta informática a los mismos, con los consiguientes riesgos de todo tipo que esto supone.
Un saludo,
Rafael Padilla Ruiz
Presidente de ACTICA

El artículo de El Pais:

Cuando Mónica quiso sacarse la tarjeta de residente para poder aparcar el coche en su barrio le pidieron un volante de empadronamiento. Después le ocurrió lo mismo para obtener la tarjeta sanitaria y para cambiar el permiso de circulación del coche. Con su volante -válido sólo durante tres meses- a cuestas y enfadada por tener que presentar el mismo documento varias veces Mónica se preguntó lo que otros muchos ciudadanos: «¿Cómo es posible que en la era de las nuevas tecnologías la administración no tenga esos datos?». La falta de modernización de algunos organismos oficiales causa a diario situaciones incómodas como la que vivió Mónica. Pero esa desorganización también puede llevar a casos graves y alarmantes, como el de la pequeña Mariluz Cortés, asesinada por un pederasta que, pese a tener condena firme de cárcel, estaba en libertad.

Por qué el ciudadano recibe en su casa el borrador de la declaración de la renta con cuentas de las que ni se acordaba y en cambio no hay un registro digitalizado de causas pendientes. La administración pública española vive a caballo entre el siglo XIX y el XXI. «Algunos organismos están básicamente en la prehistoria tecnológica», sentencia el abogado Alonso Hurtado, del despacho especializado en Nuevas Tecnologías X-Novo. Un simple paseo por cualquiera de los 50 juzgados de Instrucción de Plaza Castilla en Madrid, inundados de legajos, sentencias y autos podría transportar al visitante siglo y medio en el tiempo.

La imagen de centenares de documentos apilados sobre las mesas, en estanterías, armarios o incluso en salas de vistas contrasta con la pulcritud de las oficinas en las que se encuentra la que los expertos bautizan como la administración ejemplar: la Agencia Tributaria. Allí, en una sala de unos 150 metros cuadrados una treintena de modernos ordenadores del tamaño de un armario de tres cuerpos custodian los datos fiscales de los españoles. Más de 900 terabites de información, el equivalente a 189 millones de volúmenes como la Biblia.

Son dos imágenes que muestran la cara y la cruz de la desigual adaptación de la administración a la modernidad. «Hacienda es la más avanzada. El dinero es el dinero», bromea Carlos Guadián, consultor de modernización de sistemas. «Al resto les hace falta un gran impulso. Y Justicia, es casi obvio, es un desastre, aunque también hay que tener en cuenta que sus competencias están muy repartidas y eso lo complica todo», explica. Este consultor, que escribe desde hace años el blog k-government.com, no es el único en criticar el funcionamiento de una administración obsoleta en el campo de las nuevas tecnologías. «Le hace falta modernizarse. Sin embargo, no se pueden comparar unas administraciones con otras cada una es distinta y compleja», opina Juan Miguel Márquez, director general para el Impulso de la Administración Electrónica.

Márquez insiste también en que el funcionamiento de la administración de Justicia es complicado. «El problema está en que es un cogollo muy complejo en el que las competencias están muy repartidas ente el Consejo General del Poder Judicial (para los jueces), el ministerio (para las oficinas) y las comunidades autónomas (para funcionarios y material)», explica Javier Martínez Lázaro, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Esto hace también que unas cosas estén más avanzadas que otras. El 90% de los documentos (partidas de nacimiento, defunciones, matrimonios…) de los registros civiles ya está informatizado. Y existe una base de datos en las que se pueden consultar a través de Internet tres millones de sentencias, a modo de jurisprudencia. Por el contrario, no existe un directorio digital el que un juez pueda consultar las causas pendientes que alguien a quien va a juzgar tiene en otras comunidades o su situación procesal. «Incluso dentro de la misma región no tenemos acceso a esta información. Sólo cuando el acusado está condenado y está apuntado en el registro de penados y rebeldes», explica un secretario judicial.

Hace una semana Augusto Méndez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, criticó el funcionamiento de la administración de Justicia y reclamó un sistema de interlocución de los juzgados con la Fiscalía o la Policía Judicial y un mecanismo que de cuenta de la situación de los presos preventivos. No sin motivo se ha creado esta legislatura la secretaría general para la Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. «Nos faltan sistemas de tramitación global. Hay que hacer sistemas más complejos para dar servicio al ciudadano. Los jueces reclaman además sistemas más eficaces», sostiene Martínez Lázaro.

Para muchos, todos estos problemas se solucionarían si se hiciese con todos sus sistemas informáticos y bases de datos algo similar al portal 060. Unificarlos y centralizarlos. «Objetivamente sería lo ideal, sin embargo, esto choca con la ley de protección de datos», asegura Beatriz Martínez. Artemi Rayo, director de la Agencia Española de Protección de Datos lo corrobora: «Acumular toda la información de los ciudadanos en una única base de datos no sólo es difícil de imaginar sino que no estaría bien. Además, la ley lo prohíbe».

Sin embargo, la normativa contempla los intercambios de información -que puede ser cedida en determinados supuestos- entre las distintas administraciones. Hacienda y Seguridad Social, por ejemplo, cruzan datos. No son las únicas. Justicia e Interior también lo hacen. Pero para Guadián la tan deseada conectividad de las bases de datos es algo que «tardará en llegar». «Primero hay que conectar muchos departamentos internos y luego pasar al resto».

No sólo Justicia se enfrenta al reto de modernizarse. Sanidad se enfrenta a lo mismo. Esta administración aspira a interconectar las bases de datos autonómicas con los datos de las tarjetas sanitarias (incluyendo quizá los principales datos diagnósticos). Además, dentro de cada comunidad plantea implantar la receta electrónica y el historial clínico informatizado. Sin embargo, también se encuentra con la dificultad de que los resultados, en cada uno de sus actores, es desigual. En un hospital grande de Madrid, como el Gregorio Marañón, las historias clínicas de los pacientes se almacenan en sobres y se archivan en un centro externo. Cuando un paciente ingresa en urgencias, los médicos se ven obligados a reconstruir junto a él o su familia sus antecedentes médicos. Tampoco hay prácticamente comunicación electrónica entre los centros de atención primaria y los especializados. En cambio, en Aragón el 80% de los centros de primaria tiene implantada la historia electrónica.

Vistos estos ejemplos son muchos los que se cuestionan el porqué de tantas diferencias entre administraciones. Y sobre todo por qué no aplican todos los mismos sistemas. «Nada tiene que ver la información numérica con la que precisa un auto judicial», responde el director general para el Impulso de la Administración Electrónica. Sin embargo, la comparación entre administraciones es inevitable. «Nuestro sistema no se puede exportar. En todo caso se podría adaptar», explica Santiago Segarra, director del departamento de Informática Tributaria.

En la sala desde donde se controla el funcionamiento de todas las oficinas de la Agencia Tributaria llama la atención una enorme pantalla donde cada lucecita es una de las oficinas. «Aquí vemos si hay alguna que falla. Se refleja todo», explica. «Son 25 años de trabajo para llegar a esto. Ahora cada día mil personas confirman su borrador de la declaración de la renta por SMS», dice. Un acto que, dentro de poco, no llamará tanto la atención.

El 31 de diciembre vence el plazo para cumplir la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones. «El reto es lograr que los ciudadanos puedan hacer sus gestiones de manera electrónica», explica Juan Miguel Márquez. Él reconoce que además de mejorar todos los sistemas técnicos y algunos procedimientos tendrá que cambiar la mentalidad de trabajadores y usuarios.

De momento se ha creado un punto de acceso único a las distintas administraciones. El portal http://www.060.es. «Un instrumento útil que evita que el ciudadano tenga que ir navegando por ahí», explica Márquez. La web, que ya tiene casi 41.000 usuarios registrados, permite consultar el saldo de los puntos del carné de conducir, solicitar un cambio de domicilio o, en algunas comunidades, la petición del carné de familia numerosa.

«La Administración es la locomotora de las nuevas tecnologías en España y así debe actuar», asegura Beatriz Martínez, consultora y auditora de seguridad de la información. Pero casos como el de Mónica y su volante de empadronamiento siguen sucediendo. Todo ello a pesar de que existe una normativa por la que, si se autoriza, la administración correspondiente puede comprobar el domicilio consultando el sistema de verificación de datos de residencia. Sin embargo, a ella nadie le pidió esa autorización. «Muchas oficinas no tienen la infraestructura para hacerlo», sostiene el consultor Carlos Guadián.

A pesar de la imagen del juzgado invadido por el papel, la Administración ahora anda al trote en la carrera tecnológica, según cuenta Juan Miguel Márquez. «Hace cuatro años, cuando llegamos al ministerio, no sabíamos ni siquiera cuántas web tenía la Administración. Tampoco había una red que conectase a la Administración General del Estado con las comunidades autónomas. Cada ministerio tenía su propia conexión, si podía, con las distintas autonomías».

Perfil del Contratante en Contratación Pública Electrónica


En la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público que ya he mencionado en otras ocasiones en relación con la obligación de facturar electrónicamente a los organismos del Sector Público Estatal se incluye un artículo, el 42,  de particular importancia.

“Perfil de contratante.-1. Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los casos exigidos por esta Ley o por las normas autonómicas de desarrollo o en los que así se decida voluntariamente, los órganos de contratación difundirán, a través de Internet, su perfil de contratante. La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en las páginas Web institucionales que mantengan los entes del sector público, en la Plataforma de Contratación del Estado y en los pliegos y anuncios de licitación. 2. El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos e informaciones referentes a la actividad contractual del órgano de contratación, tales como los anuncios de información previa contemplados en el artículo 125, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, las contrataciones programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de tipo general, como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de contratante la adjudicación provisional de los contratos. 3. El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el mismo. 4. La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los procedimientos de adjudicación de contratos surtirá los efectos previstos en el Título I del Libro III.

Es decir, se instaura la obligación de contar con mecanismos de sellado de tiempo o de tercera parte de confianza que aporten certeza a determinados tiempos del proceso de contratación.

El tema se ha tratado de forma muy completa en otros Blogs, como esPublico, y Compras Públicas Eficaces que en uno de sus artículos se refiere al sellado de tiempo.

En Albalia Interactiva hemos diseñado dos soluciones diferentes para resolver el reto planteado por el artículo 42 de la LCSP. En función de la infraestructura tecnológica del organo de contratación pública será más adecuada una u otra, e incluso variantes sobre los diseños básicos, de modo que estamos encantados de explicar el mejor uso de la firma electrónica en la contratación a los ayuntamientos y organismos que contactan con nostros.

Ya ha pasado la fecha que marcaba el inicio de la obligación de contar con soluciones (el 1 de mayo de 2008), pero las soluciones de Albalia permiten un despliegue rápido y de bajo coste.