Archivo de la categoría: Evidencias electrónicas

Las evidencias electrónicas son pruebas aportadas a un órgano jurisdiccional para demostrar que algo ha sucedido, o para identificar a su autor o las circunstancias en que aquello sucedió. Pero para que las acepte el juez, hay que cumplir algunos requisitos

Inscripción en el Congreso UBL y en los talleres


Hace unos días os comenté la próxima celebración en Madrid del Congreso Internacional UBL, que tendrá lugar el 4 de octubre.

En el marco del congreso, los principales expertos internacionales impartirán cursos técnicos de gran interés para personas y entidades que desarrollan soluciones de e-administración y e-factura.

La importancia del «lenguaje» XML como soporte de comunicaciones de ordenador a ordenador, permitiendo el acceso a los servicios de la administración o la gestión de pedidos y suministros, ha dado lugar incluso a normas de rango legal en diferentes países del mundo, y pronto en España, con la definición del formato «facturae» o los procesos de «e-procurement» establecidos por la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios .

Igualmente ya se está imponiendo el uso de formatos XBRL en el marco de las comunicaciones a la CNMV y al Banco de España por lo que cada vez es más necesario conocer como se definen de forma correcta los diccionarios de significados en los documentos electrónicos.

El formato UBL es uno de los desarrollos más importantes de la comunidad internacional en el diseño de comunicaciones entre empresas y con la administración, y sus diseñadores proporcionan en sus cursos las claves de diseño de mensajes XML, que van más allá de una específica implementación.

Os ruego hagáis llegar este mensaje a personas que puedan estar interesadas, ya que quedan pocos días para la celebración del evento.

El Congreso (que tiene interés para fiscalistas y juristas con especialización tecnológica, además de técnicos) es de asistencia gratuita y los seminarios (más orientado a técnicos) tienen un coste de 500 euros (una cantidad ridícula considerando el nivel de los ponentes).

Podéis ver más detalles en:

Secuestrar publicaciones en el siglo XX y 1


Juez Juan del OlmoA través de Libertad Digital he tenido acceso al texto íntegro del Auto del Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo-Gálvez.

Me consta que el Juez del Olmo es una persona sensata, muy formada y con una gran experiencia, y que ha tenido que lidiar con todo tipo de maleantes, criminales y terroristas en su actividad profesional.

Algunos de sus trabajos han sido complejos y extensos, y hay que reconocer todo ello.

En cuanto al secuestro del número 1573 de «El Jueves«, pienso que el intervino más en dilucidar si en su actuación era aplicable su competencia, que en la reflexión sobre las acciones establecidas en el Auto, que se promulgó a instancia del Ministerio Fiscal.

En todo caso, lo sucedido los dias pasados debe servir de reflexión para insistir en la importancia de que jueces y fiscales se empapen de «tecnología» al menos al nivel de un ciudadano formado. Seguramente algo más, del mismo modo que saben más sobre las especialidades (civiles, penales, laborales, mercantiles,…) en las que intervienen.

No se puede «secuestrar» el molde, porque no hay molde, y la difusión que se quiere minimizar, en realidad se maximiza, porque la «alarma social» no la constituye la viñeta en sí, sino la mera intervención judicial. E internet es una bibliotea universal, global, que en minutos permite replicar cualquier contenido digital en cualquier parte del mundo. Y la mayor parte de las veces no es ilegal hacerlo.

Este es el auto:

AUTO

En la Villa de Madrid, a veinte de julio de dos mil siete.

HECHOS

ÚNICO: En el día de hoy el Ministerio Fiscal interpone denuncia por presuntos delitos Contra la Corona, en atención a los artículos 490.3 y/o 491 del Código Penal, en base a los siguientes datos aportados en su denuncia, adjuntando un ejemplar de la publicación, y solicitando una medida cautelar aseguratoria.

Se señala así:

“En la publicación “EL JUEVES Nº 1573 de 18 de julio de 2007 aparece en su portada caricaturizados pero, fácilmente identificables, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias y su Alteza Real la Princesa de Asturias en actitud claramente denigrante y objetivamente infamante, pudiendo constituir la difusión de tal revista constitutivo de delito del art. 490.3 del Código Penal; resultando que, en todo caso, la imagen y diálogos atribuidos a Sus Altezas, provocan un grave menoscabo del prestigio de la Corona conforme al artículo 491 del Código Penal.

Al tratarse de hechos constitutivos de Delitos contra la Corona los mismos son competencia de la Audiencia Nacional de conformidad con el artículo 65.1º.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por estos hechos se formula expresa denuncia contra los responsables de la publicación y se solicita como medida cautelar urgente al amparo del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se proceda a la retirada y prohibición de difusión y distribución de los ejemplares de tal publicación.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO: El primer pronunciamiento obligados es la aceptación de competencia, en atención al artículo 65.1º.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que resulta manifiesto por la información aportada.

El segundo pronunciamiento es la valoración inicial que tal denuncia quepa realizar, ponderando el contenido de ésta y el ejemplar de la publicación adjunto.

El Código Penal vigente prevé, tanto en el artículo 490.3 como en el artículo 491, la protección, entre otros miembros de la Corona, al Príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo o con ocasión de éstas, o fuera de ese ejercicio, bien como injurias (el que injuriare –en artículo 490.3 y 491.1–), bien en el de la utilización de la imagen de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona (artículo 491.2.).

Atendiendo a ello, y apreciando el contenido gráfico y el mensaje de texto que acompaña a la caricatura de portada de la publicación EL JUEVES, fecha de 18 de julio de 2007, se aprecia en una primera fase de análisis (la que proceden este momento), que se trataría de una caricatura que afecta al honor y al núcleo último de la dignidad de las personas que en la misma se ven representadas y que resulta innecesaria y desproporcionada para la formación de la opinión pública.

Apreciado así un contenido mínimo indiciario de matiz incriminatorio, encuadrable en alguno de los tipos penales reseñados, rocede considerar la tercera fase de análisis.

El tercer pronunciamiento incide en la faceta relativa al medio comisivo, en este caso, la imprenta y la repercusión que la utilización de dicho medio tiene a nivel de relevancia penal.

Por una parte, tomando en consideración el artículo 30 del Código Penal, habrá de estarse a la averiguación del presupuesto responsable criminal de la actividad objeto de investigación.

Y, en segundo lugar, si procede, tal y como interesa el Ministerio Fiscal la siguiente medida: “se solicita como medida cautelar urgente al amparo del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al artículo 816 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se proceda a la retirada y prohibición de difusión y distribución de los ejemplares de tal publicación”.

Esta medida, prevista legalmente, hay que aplicarla atendiendo también al artículo 823 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que exige una valoración del principio de proporcionalidad.

En este sentido, procede plantearse que se apreciaría una inicial actividad presuntamente delictiva, cometida por medio de un medio de comunicación social (difusión), lo que lleva a considerar si procede, en aras de un derecho fundamental, el de la libertad de expresión, no adoptar la única medida que trataría de paliar los efectos de la presunta actividad delictiva.

Procede recordar la doctrina constitucional sobre el principio de proporcionalidad:

* fin constitucionalmente legítimo, como es el interés público propio de la persecución de un delito, y, más en concreto, la de proteger a los perjudicados u ofendidos por el delito, impidiéndose la continuidad de los efectos del delito;

* principio de legalidad, en cuanto a la necesidad de previsión legal específica para las medidas que supongan injerencia en los derechos fundamentales;

*jurisdiccionalidad, exigencia de monopolio jurisdiccional en la limitación de los derechos fundamentales;

* motivación de la resolución judicial, entendida como exigencia de plasmar el juicio de ponderación entre el derecho fundamental afectado y el interés constitucionalmente protegido de tres requisitos o condiciones: 1. si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto –juicio de idoneidad–, 2. si es necesario en el sentido de que no existe otra medida con igual eficacia –juicio de necesidad–, y, 3. si la misa es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto –juicio de proporcionalidad en sentido estricto–.

Atendiendo a dicho principio, es manifiesto que el objetivo de evitar la persistencia de los efectos del delito sólo cabe realizarla por la vía interesada por el Ministerio Fiscal; por otra parte, no existe otra medida menos lesiva o moderada para conseguir esa eficacia; y en cuanto a la misma es ponderada o equilibrada, cabría realizar la siguiente ponderación.

El derecho fundamental a la libertad de expresión es inexcusable en una comunidad libre, que garantiza los derechos fundamentales, atendiendo a un principio esencial de respeto a la dignidad personal que todo ciudadano ostenta, cualquiera que sea su condición personal, profesional o de otra índole.

Quien extralimita el ejercicio de un derecho fundamental (considerando que la crudeza de una crítica, que puede ser especialmente acerba, podría verse amparada en ese derecho fundamental), no puede verse amparado legalmente en el mismo para evitar las consecuencias de sus actos, como sería el caso, por lo que procede a autorizar el secuestro de la publicación (ejemplar de la revista EL JUEVES, año XXX, Nº1.573, del 18 al 24 de julio de 2007).

En consecuencia, se acuerda el secuestro de los ejemplares de la revista EL JUEVES, año XXX, Nº1.573, del 18 al 24 de julio de 2007, así como el molde de dicha publicación.

Líbrese oficio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de las Comunidades Autónomas, para que procedan a retirar de los puntos de distribución y/o venta todos los ejemplares de la citada publicación.

Así como oficiese expresamente para que se proceda a recoger el molde de la citada publicación en la sede editorial EDICIONES EL JUEVES, S.A., sita en C/Viladomat, 135, 3º 08015 Barcelona. Tel. 932922217. Faz 9323375824, e Imprime: Dédalo Altamira. Ctra. de Fuenlabrada, s/n. 28320 Pinto (Madrid). Distribución: Codeéis, S.A. . telf.936800360 Molins de Rei (Barcelona).

Por último, procede interesar del Director de la publicación EL JUEVES, año XXX, Nº1.573 del 18 al 24 de julio de 2007.

Vistos los razonamientos anteriores, preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITVA

DISPONGO: Aceptar la competencia para conocer de la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal, por presunto delito de injurias Contra la Corona.

Acordar el secuestro de la publicación correspondiente al ejemplar de la revista EL JUEVES, año XXX, Nº1.573 del 18 al 24 de julio de 2007, así como del molde de dicha publicación.

Líbrese oficio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de las Comunidades Autónomas, para que procedan a retirar de los puntos de distribución y/o venta todos los ejemplares de la citada publicación.

Líbrese oficio a la Jefatura Superior de Policía de Madrid y a la de Barcelona, para que procedan a recoger el molde de citada publicación en la sede de la editorial EDICIONES EL JUEVES, S.A. sita en C/Viladomat, 135, 3º 08015 Barcelona. Tel. 932922217. Faz 9323375824, e Imprime: Dédalo Altamira. Ctra. de Fuenlabrada, s/n. 28320 Pinto (Madrid). Distribución: Codeéis, S.A. . telf.936800360 Molins de Rei (Barcelona).

Ofíciese al Director de la publicación EL JUEVES para que indique el autor o autores de la caricatura de portada del ejemplar de la revista EL JUEVES, año XXX, Nº1.573 del 18 al 24 de julio de 2007.

Notifíquese este auto con indicación que contra el mismo cabe recurso de la reforma y/o de apelación, en un solo efecto, para ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Específicamente para el objeto del secuestro de la publicación y o molde, según el artículo 823 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá interponerse directamente recurso de apelación.

Así, por este mi autor, lo acuerdo, mando y firmo, Juan del Olmo Gálvez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción nº6.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

Revista del Colegio de Registradores Mercantiles y de la Propiedad


Revista RegistradoresEl Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España publica una interesante revista cuyos números anteriores pueden descargarse on-line (ir a +servicios > Prensa > Revista Registradores) en formato PDF.

Por cierto, en su web incluyen una referencia a la pasada celebración del Tercer Congreso de Registradores que tuvo lugar desde el pasado 30 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2006.  Aunque la navegación es compleja, es posible acceder a las ponencias y comunicaciones presentadas, y a algunas intervenciones en video.

PDF 417 y Facturas Electrónicas


https://inza.wordpress.com/2006/09/14/pdf-417-que-es-y-para-que-sirve/Hace algún tiempo escribí el post «PDF 417 ¿qué es y para qué sirve?» que ha logrado cierta popularidad.

Uno de los motivos de que se lleve a cabo la búsqueda del término PDF-417 en Google es sin duda la referencia a este tipo de codificación en la norma HAC-3134/2002 (hoy derogada) y en la EHA-962/2007 (precisamente la norma que la deroga).

Lo cierto es que no es complicado generar códigos de barras PDF-417, y para ello existen diferentes mecanismos, algunos de ellos gratuitos como el servicio de Jaxo Systems.

Sin embargo el problema aparece por la mayor complejidad de volver a obtener el documento electrónico original que es el que debe estar disponible en caso de auditoria o inspección tributaria (lo que exige contar con un lector de código de barras adecuado).

En realidad la utilidad del PDF 417 solo se da en el caso de que quisiéramos descartar el fichero recibido que contiene la factura electrónica (y su correspondiente firma electrónica), pero desde luego hay que reconocer que es más fácil conservar el fichero en otros soportes (memoria USB, CD-ROM, diskette,…) que en papel (que además es proclive a manchas, goterones, transferencias de tinta a la hoja contigua y otros  incidentes que pueden dificultar la lectura del papel) .

Y tampoco la manipulación del papel es más fácil que la de otros soportes. Intente resolver este reto: lea el código de barras que adunto a este post. Independientemente de que lo logre o no, ese es el reto a resolver cada vez que debamos gestionar una factura electrónica en papel: primero imprimirla con ese código, luego guardarla en papel de forma que se facilite su búsqueda, y depués ser capaz de leerla del papel e interpretarla para obtener el fichero original. 

Demasiado esfuerzo si solo queremos disponer de una hoja de papel con el contenido de la factura como evidencia en otras instancias. Porque está claro que si el contenido de la factura se puede leer en un papel, la presunción de validez se aproxima al 100%, independientemente de los detalles técnicos. Sin embargo, estos detalles técnicos que en un primer vistazo se ignoran,  al final son lo más importantes.

Pero hay otra solución prevista en el Artículo 6 de la Orden EHA-962/2007

(…)

5. Cuando el emisor y/o receptor de facturas y documentos sustitutivos electrónicos sea un tercero que actúa en nombre y por cuenta de los obligados tributarios, deberá cumplir con los requisitos expresados anteriormente. No obstante, cumplidos éstos, podrán poner a disposición de sus clientes aplicaciones informáticas que gestionen un repositorio de facturas y documentos sustitutivos emitidos o recibidos, según corresponda, junto con la firma electrónica generada o verificada en los términos de esta Orden, proporcionando un código de autenticación de mensajes asociado a cada documento. Este código permitirá el acceso al documento asociado existente en el repositorio y garantizará, al que accede, que cumple con los requisitos contemplados en esta Orden.

En el supuesto del párrafo anterior, un documento impreso a papel con este código es válido, como en el artículo 8, siempre que se mantenga el mencionado repositorio en el que se encuentra el documento y su firma electrónica, exista un mecanismo de verificación de la firma en el mismo y se pueda acceder de forma completa al documento mediante dicho código electrónico de autenticación.

Y en mi opinión, esta es la mejor solución: indicar en la factura impresa la URL o el LOCALIZADOR del documento electrónico del que procede la factura en papel. Así se cuenta con la misma validez intuitiva que puede aportar la impresión con PDF-417, pero la conversión a electrónico es inmediata, accediendo a la fuente, de forma que cualquiera puede cotejar el contenido del papel con el del documento electrónico.

(Adjunto seguidamente el artículo 8 en donde se explica la «otra» forma de conservar facturas electrónicas en papel, la del PDF 417)

Artículo 8. Impresión de facturas y documentos sustitutivos remitidos en formato electrónico.

En general, las facturas y documentos sustitutivos remitidos electrónicamente deben ser conservados por los destinatarios en el mismo formato electrónico de remisión, sin conversión alguna, junto con los medios que garanticen su autenticidad de origen e integridad del contenido. No obstante, cuando los documentos sean remitidos por medios electrónicos y firmados con firma electrónica en los términos de los artículos anteriores de esta Orden, los contribuyentes destinatarios que deseen conservarlas de forma impresa en papel, después de verificada la firma, podrán realizar dicha conversión de soporte mediante la correspondiente opción de software que permita la impresión a papel, junto a los contenidos del documento, de dos conjuntos de códigos PDF-417, considerados como sendas marcas gráficas de autenticación, en el primero de los cuales se incluirá íntegramente el contenido de los datos de la factura o documento sustitutivo, tal y como fueron firmados en su expedición, y en el segundo la firma electrónica del fichero anterior y todos los elementos que de forma estandarizada permitan, previa lectura, la verificación de la firma. En el supuesto de estar la firma electrónica embebida en el fichero que contiene la factura o documento sustitutivo o de que los datos del documento estén contenidos en el formato de firma electrónica, bastará con la impresión de un solo conjunto de marca gráfica que incluya todos los datos del fichero o formato de firma electrónica. 

Ecos del 4º Foro de las Evidencias Electrónicas


Se agradece el resúmen de Elisa García-Morales de Inforarea S.L. sobre el Foro de las Evidencias Electrónicas 2007 que ha publicado en el Blog de SEDIC (Asociación Española de Documentación e Información).

El 15 de junio de 2007 se celebró en el Hotel Ritz el 4º Foro de las evidencias electrónicas con la asistencia de más de 400 profesionales del mundo jurídico y de diversos sectores de las tecnologías de la información. Contó con un programa interesante y variado concentrado en una jornada de mañana muy intensa que fue amenizada con el humor de More, un miembro del Club de la Comedia cuyas intervenciones consiguieron arrancar la risa de los asistentes y relajar el ambiente. He considerado oportuno hacer un resumen de algunos de los temas que allí se trataron que pueden resultar de interés para nuestro ámbito profesional que se encontraba escasamente representado entre los asistentes.

D. Antonio Garrigues Walker introdujo el evento señalando que el foro de las evidencias electrónicas está planteando una cuestión de suma importancia ya que afecta a la seguridad jurídica, la ciudadanía y los derechos de los individuos. Coincidió en ello el presidente del Consejo General del Notariado D. José Marqueño que se mostró optimista sobre los avances en la materia y señaló la distancia en la que nos encontramos respecto a hace 4 años cuando comenzaron estas reuniones. Se ha producido un gran aumento del nivel de confianza en el soporte electrónico y como ejemplo señaló los billetes aéreos electrónicos. Pero ello aumenta los interrogantes alrededor de la validez de estos soportes a efectos probatorios.

La primera sesión el foro versó sobre la prueba electrónica. Desde el punto de vista jurídico Ángeles Manzano planteó que la existencia de pruebas electrónicas choca con el derecho procesal que regula la prueba. La Ley de Enjuiciamiento de 2000 reconoce la prueba electrónicas, pero no la considera prueba plena como es la prueba documental.

La Ley de Firma Electrónica es un paso importante para llegar a la equiparación de prueba plena, pero sólo reconoce los documentos electrónicos firmados con firma reconocida avanzada.

En la misma mesa se planteó el problema del carácter volátil de las evidencias electrónicas pues en general están en posesión de una de las partes y son de fácil alteración. Como medio de lucha contra esta volatilidad hay que proceder al aseguramiento de la prueba: por la vía privada, ante notario que levante acta sobre una evidencia electrónica (ej. una página web en un momento determinado) o realizando una “preconstitución probatoria” mediante sistema de muescas notariales en bases de datos o programas que garanticen la inalterabilidad de la información.

Sobre el empleo como prueba de información contenida en los ordenadores de la empresa en casos de uso indebido por parte de los empleados la jurisprudencia está siendo muy dispar.

El ponente del Consejo del Poder Judicial, Enrique López, reflexionó sobre el propio concepto de prueba electrónica. Considera que cuando se habla de prueba electrónica hay que distinguir entre los archivos de documentos y las comunicaciones. Señala que nadie ha cuestionado una grabación telefónica como medio de prueba (sí puede cuestionarse cómo se ha obtenido) y que por tanto no debiera cuestionarse cualquier otro medio que garantice la certeza de que una comunicación de ha producido. Las tecnologías de la información crean una nueva necesidad en el ámbito jurídico de conocer el estado de la técnica y adoptar conceptos nuevos sobre lo que es la prueba electrónica. Se necesitan conceptos generales claros y que se adopten de forma transnacional, asimismo se requiere el apoyo de peritos especializados. En este sentido hay un estudio interesante sobre el estado de la cuestión realizado por Cybex y algunos países europeos —como Austria— han avanzado ya en la legislación de estos nuevos conceptos.

Otra cuestión que plantea el magistrado del Tribunal Supremo D. Manuel Marchena es la de la retención de datos de las comunicaciones por parte de los operadores que actualmente está en entredicho por falta de plazos.

Julián Inza planteó a la mesa la pregunta sobre el contexto español para cumplir los criterios de cumplimiento Sarbanes-Oxley según los cuales las empresas deberían conservar los correos electrónicos de sus directivos como evidencia. Los ponentes opinaron que la retención de datos desde el punto de vista jurídico no puede ser sorpresiva, y que debe formar parte de una política de la empresa de conservar los medios que presta a disposición de los directivos y empleados. Por ello debiera existir un acuerdo formalizado con los directivos para separar el uso privado y el uso público del correo electrónico de la empresa u otros medios.

La segunda sesión del día versó sobre la Ciberdelincuencia y en ella participaron representantes de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior que coincidieron en señalar que las redes del crimen organizado utilizan intensivamente las tecnologías de la información y que ello es un fenómeno imparable y global. Frente a la ciberdelincuencia actúa la ciberinteligencia que requiere de altísimos conocimientos tecnológicos y una gran coordinación a nivel internacional entre las distintas policías, aspecto que funciona más por relaciones personales que por los canales oficiales que son generalmente lentos.

La tercera sesión abordó cuestiones relativas a la desmaterialización de la propiedad intelectual en el que representantes de sectores antipiratería y de la gestión de derechos de autor trataron la problemática de la piratería. Estamos en un momento de transición en los procesos de creación y distribución de la creación intelectual y artística que conduce a un cambio de modelo de negocio. Se señaló la incertidumbre que crea en las sociedades de derechos disposiciones como las de la ley de comercio electrónico que viene a decir que el agente no es responsable de las actividades ilícitas que se producen a su merced (por ejemplo un proveedor de albergue).

Por último, la mesa sobre aspectos técnicos de la prueba electrónica se articuló en torno a una serie de preguntas lanzadas por el moderador a los participantes que ofrecieron en mesa redonda breves pinceladas de distintos aspectos de la cuestión: en primer lugar se trató de la calidad de las pruebas disponibles que puede ser objeto de reconstrucción o investigación sobre todo cuando han existido intentos de borrado. Ello es materia de una nueva disciplina forense especializada en tecnología.

Respecto a la responsabilidad de que las empresas tengan las evidencias necesarias y con valor probatorio, se opinó que no debe recaer en los Departamentos de Sistemas sino que de la dirección que debe incorporar esta responsabilidad como algo explícito y distribuirla dentro de la organización. También en este sentido las compañías deben definir su política de retención de datos y documentos y los mecanismos para que no se rompa la cadena de custodia. Se indica que en Estados Unidos están muy implantadas estas disposiciones y aquí están por llegar. Este tema conecta con el auge de los documentos electrónicos citándose la nueva normativa que respalda la factura electrónica. Los participantes valoraron muy positivamente la iniciativa de la Agencia Tributaria de impulsar un formato común y también otras iniciativas legales como las disposiciones respecto a la digitalización certificada y el grado de implantación del DNI electrónico del que ya hay 600.000 expedidos, lo que coloca a España en muy buena posición en estos aspectos.

La conservación de documentos estructurados en soportes electrónicos supone nuevos retos. Si hay que guardar las evidencias durante n años es necesario preservar la cadena de custodia ante cambios o vulnerabilidad. También se plantea la conservación de las claves de firma y sellos de tiempo. Alguno de los participantes señala que esto no es un problema tecnológico sino organizativo ya que las organizaciones deben aplicar las buenas prácticas existentes planteando la gestión del ciclo de vida de sus evidencias.

La sesión se cerró con una exposición del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la política en materia de fomento de la Sociedad de la Información.

Para los que estén interesados en más información sobre este foro:
http://www.foroevidenciaselectronicas.org/objetivos.htm

Elisa García-Morales Huidobro
Inforarea S.L.

Francisco Ros clausura el 4º Foro de las Evidencias Electrónicas


Logo Foro EvidenciasMás de 400 personas asistieron al IV Foro de las Evidencias Electrónicas que se celebró el pasado 15 de junio de 2007 en el Hotel Ritz.

El acto, organizado por Albalia Interactiva y el despacho de abogados Garrigues, contó, en la conferencia de clausura, con la intervención del secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, quien incidió en el «protagonismo creciente» de la sociedad en internet, donde cada día se crean 100.000 nuevos «blogs» y el número de internautas -actualmente 2.000 millones de personas- se duplica cada cuatro años.

Según sus palabras, casi cinco millones de españoles harán su declaración de la renta a través de internet este año. El secretario de Estado subrayó el impacto de la red en los modelos de negocio y aseguró que España, «con más de 20 millones de internautas», es una comunidad «muy potente» que evoluciona «al ritmo europeo» en materia electrónica, aunque «aún quedan muchos retos en materia de seguridad», agregó.

Sobre esta cuestión, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Manuel Marchena criticó la «pereza institucional para asumir los compromisos normativos» que requiere la sociedad de la información, porque «los jueces necesitan un marco jurídico claro que aplicar, por ejemplo la intervención del correo electrónico».

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, abogó por un concepto de prueba electrónica de carácter trasnacional y por la formación de un grupo de peritos oficiales especialistas en materia informática que asesoren a los jueces.

Antonio Garrigues en el IV Foro de las Evidencias ElectrónicasPor su parte, el presidente del Foro, Antonio Garrigues Walker, afirmó que para avanzar en «democracia electrónica» y saber realmente «cómo está España» en materia de nuevas tecnologías con respecto a otros países, hay que mejorar «nuestros conocimientos y técnicas estadísticas».

Entre las medidas que se están implantando en España contra la «ciberdelincuencia», la mayor parte de los participantes en el acto coincidieron en alabar la implantación del DNI electrónico, que permitirá, entre otras cosas, identificar a los remitentes de los emails y evitar los correos-basura que expanden los virus.

El evento tuvo lugar gracias a la Colaboración de Red.es y al patrocinio de AnCert, Consejo General del Poder Judicial, Cybex, El Derecho, Informática El Corte Inglés, Postal Trust, Secuware, SGAE, Symantec y T-Systems.

La Presentación del 4º Foro de las Evidencias Electrónicas corrió a cargo de D. Antonio Garrigues Walker. Presidente del Foro y la Ceremonia de Apertura la protagonizó D. José Marqueño, Presidente del Consejo General del Notariado.

En la primera sesión sobre la Prueba Electrónica intervinieron Dña. Mª Ángeles Manzano, Socia de Garrigues, D. Enrique López, Vocal del Consejo General del Poder Judicial y D. Manuel Marchena, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con la moderación de D. César Belda, Notario y Director General de Feste.

En la segunda sesión sobre Ciberdelincuencia intervinieron D. Juan Salom, Comandante del Grupo de Delitos Telemáticos, en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, D. Jorge Martín, Jefe del Grupo de Seguridad Lógica de la Brigada de Investigación Tecnológica en la Comisaría General de Policía Judicial y D. Juan Carlos Ruiloba, Jefe del Grupo de Delincuencia Tecnológica y Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de Barcelona, con la moderación de D. Jorge Alcalde, periodista y Director de la Revista Quo.

Tras el café tuvo lugar la tercera Sesión, centrada en la Desmaterialización de la Propiedad Intelectual: el ejemplar electrónico, con las intervenciones de D. Pablo Hernández, Director de los Servicios Jurídicos de la SGAE, Dña. Bárbara Navarro, Directora Antipiratería de NBC Universal y D. Salvador Esteban, Director de Asesoría Jurídica de la Federación Antipiratería, y la moderación de D. José María Anguiano, Socio de Garrigues.

En la cuarta sesión centrada en los Aspectos Técnicos de la Prueba Electrónica y que moderé yo (D. Julián Inza, Presidente de Albalia Interactiva, como certeramente anunciaba el programa) dió apenas tiempo para hacer 2 rondas de preguntas a D. Vicente Calzado, Director de la División de Tecnología de Informática El Corte Inglés, D. Luis Jara. Director de Seguridad e-Security & Professional Services de T-Systems, D. Carlos Jiménez, Presidente de Secuware, D. Matías Bevilacqua, Director Tecnológico de Cybex y D. Juan Ramón Fontán, Advisory Services Manager de Symantec.

El bloque técnico se cerró con la intervención de D. Sebastián Muriel, Director General de Red.es centrada en las Actuaciones de Red.es en el Ámbito de la Seguridad Informática, que sirvió de referencia posteriormente a la intervención del secretario de estado.

Tras una breve intervención a modo de Resumen y Conclusiones por D. Antonio Garrigues Walker, el Foro acabó con la Ceremonia de Clausura en la D. Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio destacó los avances que se han producido recientemente en el desarrollo de la Sociedad de la Información en España.

Tras el acto formal, la fiesta continuó en los jardines del Hotel Ritz. Un cóctel en el que retomar contactos de colegas y que permite la relación entre técnicos y juristas.

La oportunidad del Foro de las Evidencias Electrónicas


D. Antonio Garrigues Walker escribe en el diario Cinco Días acerca de la oportunidad de celebrar el Foro de las Evidencias Electrónicas, que preside y cuya reunión anual tendrá lugar el próximo viernes 15 de junio en Madrid.

El próximo viernes, día 15 de junio, se celebra en Madrid la cuarta edición del Foro de las Evidencias Electrónicas. Cuando hace cuatro años iniciamos esta apasionante aventura no nos imaginábamos el éxito de esta iniciativa. Hablo de éxito porque el término evidencias electrónicas y toda la filosofía que este término lleva aparejado se ha ido haciendo un hueco entre técnicos y juristas.

Creamos este foro como plataforma de análisis y discusión jurídica y técnica sobre las consecuencias que se derivan del uso de las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. El principal objetivo fue crear un lugar de encuentro y de referencia para debatir aspectos tales como la prueba electrónica, la ciberdelincuencia, la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en la red, la necesaria generación de confianza en la percepción de la seguridad en las transacciones electrónicas, el documento electrónico, etcétera.

A lo largo de los últimos años, hemos intentado contribuir a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de potenciar la seguridad jurídica mediante la utilización de las pruebas electrónicas. Con la proliferación del uso de los sistemas informáticos y telemáticos, las pruebas de que determinadas actividades y negocios jurídicos han tenido lugar quedan archivadas en ficheros informáticos. Desde el foro llevamos años debatiendo sobre las características de la prueba electrónica y las medidas, tanto técnicas como jurídicas, adecuadas para su admisión, práctica y valoración en procesos judiciales.

En este sentido, siempre hemos intentado suscitar el interés de los diversos agentes jurídicos y policiales involucrados en esta problemática, contando hoy en día con una activa participación de jueces, fiscales, notarios, abogados, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y un largo etcétera de profesionales que se sienten atraídos y entusiasmados por estos fenómenos relacionados con lo electrónico.

La ciberdelincuencia ha sido otro de los temas centrales en los que el foro ha puesto el acento desde el inicio de sus actividades. Hemos podido leer en prensa hace unas semanas que las amenazas informáticas relacionadas con acciones fraudulentas crecieron un 36% en España en 2006.

Es un hecho que cada vez surgen más opciones de delincuencia en el uso de la red. Es preciso dotar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de más medios y capacidades porque identificar a los ciberdelincuentes es cada vez más complicado, tanto por la sofisticación de los medios utilizados como por el incremento en el uso de los medios telemáticos de comunicación. En esta línea de generación de seguridad, tenemos el orgullo de haber contribuido al conocimiento de mecanismos jurídico-técnicos tan importantes como el DNI electrónico, que sin duda se mostrará como un eficaz instrumento para la lucha contra el anonimato electrónico.

Por último, destacar que el foro tampoco ha escatimado esfuerzos para defender a los titulares de derechos de autor del expolio del que son objeto día tras día sin que a nuestro juicio se haya producido hasta la fecha una reacción social adecuada. Esto está suponiendo que los avances tecnológicos dejen, de facto, sin protección bienes jurídicos que hasta la fecha merecían la tutela legal.

Antonio Garrigues Walker es abogado y presidente del Foro de las Evidencias Electrónicas

ABANCE. Autoridad BANcaria de CErtificacion. PKI del sector financiero


Desde el año 2004 estoy presentando ABANCE en diferentes entornos.

Por ejemplo, en el CIT, el Congreso Internacional de Tarjetas que organiza IIR. A lo largo de esta última década, el evento ha sido testigo de la evolución y transformación del sector de las tarjetas y los medios de pago. Desde hace varios años. ABANCE se ha presentado o comentado en estos eventos:

Además, lo he mencionado en algunos eventos:

Y en algunos artículos:

  • Red Seguridad (noviembre 2006)
  • PC PYMES (ver)
  • VNU NET (ver)
  • Tribuna PC PYMES (ver)
  • Financial Tech Magazine (ver)

Y, por supuesto, en este Blog:

También he incluido información en la Presentación de Albalia Interactiva  (este PPT convertido a PDF incluye información sobre ABANCE)

El objetivo del proyecto es contribuir a la creación de una infraestructura de certificación común para la banca, que permita poner en valor inversiones anteriores y aprovechar las ventajas creadas por los desarrollos legislativos y la madurez de la tecnología.

Parte de los logros de iniciativas como Consorcio Iberion, GTA (Global Trust Authority) e Identrus, intentando aprovechar sus mejores aportaciones y soslayar los problemas por los que dichos proyectos no fueron un éxito.

Contribuye a ello el marco de desarrollo de servicios de firma electrónica, especialmente con el DNI electrónico que está siendo una realidad en España, y el despliegue de tarjetas EMV a partir de 2008 como compromiso de SEPA

Evidencias electrónicas y peritaje informático


Podemos definir informática forense (computer forensics) como la rama tecnológica y legal encargada de la investigación sistemática de medios informáticos y telemáticos en busca de evidencias electrónicas, presentes tras un acto delictivo o ilegítimo, así como la posterior gestión de las mismas.

Las evidencias electrónicas son rastros existentes en los equipos informáticos que, debidamente preservados, y puestos en relación con información existente en otros ordenadores o en el contexto de otras evidencias o de hechos probados permiten demostrar que se ha llevado a cabo una acción, por medios informáticos o no, e, incluso, quien o quienes la han llevado a cabo.

No se trata de  un arte al que solo afecte la tecnología, sino que, como muchas otras facetas de la Seguridad Informática y de las Telecomunicaciones, presenta importantes implicaciones legales.

El perito o informático forense, debe ajustarse a ciertas metodologías, frecuentemente apoyadas mediante actas notariales, para que las evidencias electrónicas sirvan como pruebas fehacientes de un posible delito ante eventuales procesos judiciales.

Estas metodologías pueden encuadrarse dentro de lo que se considera el procedimiento genérico de investigación forense, que consta de dos fases principales:

  1. Incautación Confiable de la Prueba y Preservación de la Cadena de Custodia.
  2. Análisis de la información disponible con arreglo al incidente investigado y Redacción del informe pericial

Uno de los elementos esenciales es la correcta incautación de la prueba, que respete los derechos de las partes y no de pie a que se descarte en un tribunal.

Otro aspecto que hay que cuidar es la correcta preservación de la cadena de custodia de todo el ciclo de vida de la evidencia, de forma que existan garantías de que la prueba no puede ser manipulada.

El análisis de la información se orienta al tipo de prueba y al tipo de incidente, y sus conclusiones se reflejan en el Informe Pericial, que el perito deberá, en caso necesario, ratificar ante el juez.

Con la información disponible se puede valorar la conveniencia o no de pleitear o de negociar.

Supuesto que se decide pleitear, el perito de parte colabora con la parte y su abogado informando sobre la especialidad tecnológica y los problemas probatorios.

El rol de perito de la demanda es el más deseable, ya que se dispone de tiempo suficiente para preparar el análisis. Sin embargo, el perito de la contestación, normalmente tiene la restricción de los plazos procesales, a la que se añade el tiempo de respuesta de la parte demandada y de su abogado en concluir que necesitan un perito.

Resumen del III Foro de las Evidencias Electrónicas (2006)


La tercera edición del Foro de las Evidencias Electrónicas ha tratado, entre otros asuntos, del DNI electrónico, las diferentes formas de ciberdelincuencia, la vulneración de los derechos de autor en Internet y el valor probatorio de la evidencia electrónica.

El evento, anunciado para el 30 de mayo, nos condujo a redactar algunas conclusiones.

La importancia de Internet como un todo no pasa desapercibida en el ámbito jurídico. Sin embargo, este estamento se enfrenta aún al reto de crecer en tecnología y al de avanzar en materia de seguridad jurídica para acabar con lacras como la ciberdelincuencia o el anonimato en la Red.

En base a esta realidad y con el objetivo también de acercar posturas entre técnicos y juristas, el 30 de mayo de 2006 tuvo lugar la III  edición del Foro de las Evidencias Electrónicas, una iniciativa que nació hace tres años para generar seguridad jurídica en el ámbito de las transacciones electrónicas, el intercambio de documentos y la creación y comercialización de contenidos que se producen diariamente en la Sociedad de la Información.

D. Antonio Garrigues Walker, presidente del Foro de las Evidencias Electrónicas, fue el encargado de inaugurar este acto, organizado por el despacho Garrigues que preside y Albalia Interactiva con la colaboración de  VNU Conferencias. El acto se estructuró en torno a cuatro areas temáticas: DNI Electrónico, Propiedad Intelectual y Ciberdelincuencia y aspectos técnicos en la prueba electrónica.

Así, y desde la perspectiva del atraso tecnológico en el que aún se haya sumido nuestro país, Antonio Garrigues comenzó su alocución aludiendo a la necesidad de avanzar en materia de seguridad jurídica, clave para el movimiento de capitales y acciones económicas pero también para todo lo que tiene que ver con la protección del individuo. En este sentido, el abogado expresó la necesidad de que España mejore en estos aspectos ya que «a nivel global el país sufre un déficit tecnológico muy importante y sí el sistema judicial se desconecta de este avance tecnológico no habremos hecho nada. Tenemos que ser sensibles a este tipo de temas para que la norma siga siendo importante».

Recogiendo sus palabras y considerando «la justicia como un servicio que no puede ser resistente a las innovaciones tecnológicas y a la seguridad jurídica», Francisco José Hernando, presidente del Consejo General del Poder Judicial, habló sobre la necesidad de que el juez sepa adaptarse a la nueva realidad social. «Debe ser moderno y con capacidad para percibir aquellas modificaciones que la realidad experimenta. Y esta modernización no es solo sociológica sino también tecnológica, son hechos que penetran en la sociedad y que el legislador también quiere que entren en su campo».

Tras la intervención del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Jorge Alcalde, director de la Revista Quo y moderador de la primera mesa sobre DNI Electrónico, dio paso a José María Anguiano, socio de Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, quien realizó un análisis del marco jurídico en el que se desarrolla el DNI Electrónico.

Reconociendo la realidad del documento electrónico y manifestando su apoyo a esta iniciativa que plantará cara a problemas como el anonimato electrónico y la ciberdelincuencia, el socio de Garrigues, citó, no obstante, algunas carencias que esconde.

Con el alegato de la defensa de los derechos de autor en Internet, Pedro Farré, director de relaciones corporativas de SGAE, expresó un punto de vista pesimista sobre esta cuestión, afirmando que a pesar de la tasa de crecimiento de las líneas ADSL y del número de PCs, el mayor interés que despierta hoy Internet es el P2P. “Hoy no se compran discos, la conducta desviada la tiene quien paga por adquirir cultura”.

En base a esto, Farré abogó por la implantación de disposiciones protectoras que castiguen a quien no cumpla, como ya se hace en el resto de Europa, además de por aumentar el número de efectivos policiales destinados a controlar estas prácticas.

Planteando el tema de la ciberdelincuencia desde un punto de vista policial, “ya se ha delimitado y se conocen las actividades delictivas que se hacen por Internet. Se ha llegado a un punto en el que hay que pasar de la mera observación a trabajar para impedirlo y combatirlo”, José Vicente Moreno, de la Brigada de Investigación Tecnológica, del Cuerpo Nacional de Policía, dependiente del Ministerio del Interior, realizó un anecdotario de los pasos que integran el delito informático, esto es: lo que hace el delincuente desde que inicia la estafa (phishing) hasta que consigue el dinero, para terminar concluyendo que “todos estos mecanismos pueden ser corregidos con pequeños parches en cada fase del proyecto. También, a través del DNI, que permitirá conocer la identidad de la persona, acreditándola”.

Cerrando esta segunda sesión, y atendiendo al valor probatorio de la evidencia electrónica conseguida tras el trabajo policial, Enrique López, vocal del Consejo General del Poder Judicial, reconoció la gran responsabilidad que supone el mantenimiento del orden social en el mundo de las tecnologías y, que ahora se está más cerca de conseguir gracias a pruebas que funcionan como evidencia electrónica.

López incidió en la necesaria colaboración entre países en materia legal además de destacar la importancia que tiene la tipificación de los delitos que se cometen a través de Internet ya que éstos tienen dificultades distintas a los integrados en el ámbito real, y muchas veces no encuentran la sentencia condenatoria merecida.

Tras las argumentaciones vertidas por los juristas llegó el turno de los técnicos, que debatieron en torno a varias cuestiones que yo planteé como moderador de la tercera mesa.

Así, el debate arrancó con la visión qué en Europa se tiene de las evidencias, y que según Fredesvinda Insa, directora de desarrollo estratégico de Prueba Electrónica de Cybex, “es un tema que tanto a nivel nacional como internacional despierta un gran interés”.

En este sentido, Insa explicó como ante la falta de estándares y a consecuencia de las lagunas que existen en esta materia, Cybex decidió acometer un estudio para averiguar el interés que en el continente se tiene sobre esto. Dividido en varias fases, el informe ha permitido conocer la legislación, recoger información sobre informática forense, identificar casos de excelencia y, por último, -esta fase aún no se ha iniciado-elaborar una guía de mejora, en este sentido.

Aportando su visión como experto en prevención e investigación de fraudes, Ricardo Noreña Herrera, director de KPMG Forensic, trató el tema de la informática forense, también en el ámbito internacional.

Cómo se preparan las empresas para lidiar con estos temas fue otra de las preguntas que realicé. Tomando la palabra, Rafael Ortega, vicepresidente de Azertia Consulting en el área de de Continuidad de Negocio y Seguridad destacó, en este punto, una transformación en la mentalidad de las empresas que empiezan a entender la problemática y los riesgos de sufrir un ataque informático.

El paso de lo tangible a lo digital, contratos que nacen en papel y pasan a ser digitales, y de la necesaria validación de los mismos fue otro de los temas tratados. En este sentido, y tras reconocer que ya hay un alto número de empresas que se encuentran en proceso de convertir documentación en papel a digital, Vicente Calzado, director de la división ECM de Informática de El Corte Inglés, advirtió los distintos casos que pueden darse así como las condiciones a aplicar en cada uno de ellos.

“Mientras que en el ámbito tributario ya existe un borrador del concepto de digitalización certificada, que encierra las distintas condiciones para que este pueda ser llevado a cabo, en el mundo público se hace a través de la compulsa y certificación por parte de un funcionario de registros. Todo ello acompañado de dispositivos técnicos”.

El requerimiento de una firma electrónica, tipificada en distintos niveles, y la necesaria codificación que la misma implica fue planteado a Jesús Alonso, consultor ejecutivo de Atos Origin.

“Se habla de la validación, porque tan importante es firmar como el hecho del que la reciba tenga capacidad de validarla”. De esta forma, Jesús Alonso distingue dos enfoques: uno, relacionado con el receptor, que tiene capacidad para validar la firma, y otro que tiene que ver con la validación realizada en el momento de la firma. “Esto supondría que además de la firma se incluyese un sello de tiempo además de algún certificado electrónico que indicase que en el momento de la firma ésta era válida en tiempo y forma”, concluye.

Reflexiones interesantes de técnicos y juristas que llaman la atención de las instituciones sobre el camino que queda por recorrer.