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Declaración de Granada para la Agenda Digital

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La Declaración de Granada se basa en ocho ejes: infraestructuras; uso avanzado de Internet y confianza; derechos de los usuarios; Mercado Único Digital; Servicios Públicos digitales; fortalecer la competitividad del sector TIC europeo; Dimensión Internacional de la Agenda Digital e Indicadores sobre la Sociedad de la Información

Los países de la UE consideran que hay que adoptar medidas para alcanzar un 100% de cobertura de banda ancha básica para todos los ciudadanos en 2013 y promover una amplia adopción de la banda ancha de alta velocidad en 2020

Son necesarios servicios públicos digitales que promuevan la reutilización de la información del sector público, que aumenten la eficiencia del Gobierno y reduzcan las cargas administrativas de los ciudadanos y las empresas

Es preciso reforzar la competitividad del sector TIC europeo apostando por la investigación, el desarrollo y la innovación mediante programas mejor adaptados a las empresas del sector, especialmente las pymes

Los ministros responsables de la política de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de los países miembros de la Unión Europea (UE), bajo la presidencia del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, han acordado el pasado 20 de abril de 2010 la Declaración de Granada para la Agenda Digital.

La Reunión Informal de Ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Unión Europea, que se celebró entre el 18 y el 20 de abril de 2010 en la ciudad andaluza, constituye la cita principal de la Presidencia española en el ámbito de la Sociedad de la Información.

La reunión ha podido llevarse a cabo gracias a un sistema de videoconferencia por RDSI, dado que gran parte de las delegaciones no han podido asistir presencialmente al encuentro como consecuencia de los problemas causados en el tráfico aéreo europeo por la erupción del volcán Eyjafjallajokull (pronunciado Eya-fiatla-yocult) en Islandia.

Teniendo como principales retos la recuperación económica y la competencia cada vez mayor de otras regiones del mundo, la Unión Europea debe hacer una reflexión en profundidad sobre las TIC como factor esencial para el crecimiento económico, la creación de empleo, la sostenibilidad y la integración social.

La Declaración pretende ser uno de los hitos de referencia en el desarrollo de la nueva Estrategia Digital, que promueve la Comisión Europea durante el semestre de la Presidencia española, y que contribuirá a afianzar el liderazgo tecnológico europeo en este sector estratégico, cuyos efectos deben extenderse a la ciudadanía en su conjunto, a las empresas y a las Administraciones Públicas.

La Declaración Ministerial de Granada incluye los principales ejes que son imprescindibles para lograr una verdadera sociedad y economía digitales, innovadoras, sostenibles e inclusivas.

La Declaración reconoce que el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) constituye un factor clave y estratégico para el crecimiento, tanto en este período de recuperación económica como más a largo plazo. Todos los Estados miembros están de acuerdo en que la Unión Europea necesita una nueva estrategia digital alrededor de las nuevas tecnologías y de la implantación de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

La Declaración de Granada considera que esta estrategia deberá basarse en los siguientes ejes.

  • Infraestructuras

La UE debe contar con infraestructuras sólidas, más rápidas y eficientes, especialmente respecto a la banda ancha y la redes de futuro.

Es preciso adoptar medidas concretas para superar la brecha digital alcanzando el objetivo del 100% de cobertura de banda ancha básica para todos los ciudadanos en 2013 y promover una amplia penetración de la banda ancha de velocidad ultrarrápida en 2020.

También es necesario dar un fuerte impulso al despliegue de redes de velocidad ultrarrápida de nueva generación, impulsando para ello la competencia entre proveedores de banda ancha y la implementación de un marco regulatorio predecible, que promueva la inversión eficiente en infraestructuras de banda ancha ultrarrápidas y en servicios relacionados.

  • Uso avanzado de Internet, seguridad y confianza

Europa necesita una Internet más segura, en la que los ciudadanos sean capaces de aprovechar todas las potencialidades a través de una adecuada alfabetización digital, especialmente de los sectores más desfavorecidos o reticentes a su uso. El sector público tiene aquí una labor fundamental como desarrollador de servicios públicos fundamentales en áreas como el e-Government o la e-Salud.

  • Derechos de los usuarios

La Declaración aboga por la elaboración y difusión de una Carta de derechos fundamentales de los ciudadanos en el entorno digital, fácilmente comprensible, que refuerce la seguridad jurídica y la transparencia, y sistematice los derechos que asisten a consumidores y empresas en el entorno digital.

También es preciso reforzar la protección de los datos y la privacidad de los usuarios de redes sociales y en sectores clave como la sanidad en línea o los servicios de Administración electrónica.

  • Mercado Único Digital

Un verdadero Mercado Único Digital, soporte fundamental de la economía del conocimiento en Europa, debe lograrse mediante la eliminación de los obstáculos reglamentarios, en particular en materia del acceso y de las transacciones transfronterizas.

Con respecto a los derechos de propiedad intelectual, hay que promover activamente el desarrollo de los mercados europeos de contenidos digitales, mediante soluciones prácticas que impulsen nuevos modelos de negocio y que, al mismo tiempo, protejan y aseguren la justa remuneración de los derechos de autor.

  • Servicios Públicos Digitales

Los países miembros están de acuerdo en la necesidad del desarrollo de nuevos y mejores servicos públicos digitales, que reactiven la demanda y hagan explícitas las ventajas de la economía digital y el gobierno abierto. Estos servicios públicos deben promover la reutilización de la información del sector público, incrementar la eficiencia de la Administración e impulsar una reducción significativa de las cargas administrativas de ciudadanos y empresas, así como contribuir a una economía más eco-eficiente.

En este ámbito, es preciso garantizar la implementación de estrategias de Administración electrónica, en términos organizativos, legales y técnicos, incluyendo al DNI electrónico y la firma electrónica.

  • Fortalecer la competitividad del sector TIC europeo

Hay que reforzar la competitividad del sector TIC apostando por la investigación, el desarrollo y la innovación mediante programas mejor adaptados a las especiales características de las empresas del sector, especialmente las pymes.

La Declaración también defiende que es necesario apoyar la innovación en TIC mediante la I+D en áreas en las que Europa tiene un gran potencial de mercado, como la sanidad, la movilidad ecológica, redes y medidores inteligentes y eficiencia energética, o en sectores estratégicos, tales como la Internet del Futuro o el cloud computing.

  • Dimensión internacional de la Agenda Digital

Los Estados miembros quieren reforzar la dimensión internacional de la UE en el sector TIC, muy especialmente en ámbitos como la gobernanza de Internet o la elaboración de normas internacionales.

  • Indicadores sobre la Sociedad de la Información

Por último, la Declaración resalta la necesidad de progresar en la elaboración de nuevos indicadores sobre la Sociedad de la Información, fiables y adaptados a la evolución tecnológica, y más alineados con los utilizados por otros organismos internacionales como la OCDE o la UIT.

Más información en el MITyC. Declaración de Granada para la nueva Agenda Digital

La UFV crea el GINTA, Grupo de investigación dedicado a las AA.PP.

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La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) crea «GINTA» Grupo de Investigación sobre Nuevas Tecnologías Aplicadas.

El Grupo GINTA está formado por Profesores de la Universidad y Profesionales del mundo Empresarial relacionados con las Nuevas Tecnologías

Ante la necesidad de aplicar intensivamente la tecnología en las administraciones públicas y otros sectores, se ha creado un grupo especializado en el conocimiento de las necesidades de estos, tanto a nivel tecnológico como jurídico y económico para ofrecer soluciones integrales.

El objetivo del grupo se centra en dos líneas: Administraciones Públicas Locales para su Gestión Interna y Entidades Financieras en su desarrollo de Business Inteligence (B.I.).

Para ello, el grupo preparará y entregará Proyectos de Innovación Tecnológica y Business Intelligence (Inteligencia de Negocio) relevantes, que sean del interés de las Administraciones Públicas: Ayuntamientos y Empresas Multisectoriales: Sector Financiero, Banca, Seguros, Sector de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Energía, Bienes de Consumo etc… y también se presentará a Concursos y Licitaciones de proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada en el mundo de las Administraciones Publicas, así como a convocatorias externas de ayudas específicas sujetas a los planes nacionales y regionales de fomento de ciencia y tecnología, contando para ello con el apoyo de la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) de la UFV.

En el ámbito de las Administraciones locales colaborará en el diseño, elaboracion e imparticion de cursos y seminarios organizados por la Administración a los colectivos sectoriales que estos determinen.

Equipo

El grupo bajo la dirección de Ignacio Temiño Aguirre está compuesto por Inmaculada Puebla Sánchez, Mara Sánchez Benito, Rodrigo Navalón García, Delia Nogales Uzabal, Natalia Cobos Lanáquera, Manuel Robredo Botella, así como por Julián Inza Aldaz y Miguel Ángel de Bas Sotelo.

El Grupo de Investigación GINTA ha identificado mediante reuniones con autoridades locales y empresas sectoriales necesidades en los campos en los que centrará su investigación:

  • Administraciones Públicas Locales para su Gestión Interna:
    • Incrementar su apertura Digital (Documentación, Expedientes Contratación Electrónica);
    • Registro Telemático;
    • Gestión Documental;
    • Plataforma de Licitación Telemática;
    • Virtualización,
    • Ordenación CPD;
    • Documentos electrónicos;
    • Sede electrónica;
    • Notificaciones fehacientes;
    • Publicación fehaciente en el perfil del contratante;
    • Custodia Digital;
    • Códigos Seguros de Verificación;
    • Certificación de Seguridad del organismo;
    • Certificados de sede electrónica, de sello electrónico y de empleado público;
    • Compulsa electrónica;
    • Pago telemático;
    • Interoperabilidad;
    • Dirección Electrónica Única;
    • Verificación de Datos de Identidad y Residencia;
    • Supresión de certificados en soporte papel;
    • Comunicación de Cambio de Domicilio;
    • Digitalización Certificada
  • Entidades Financieras en su desarrollo de Business Intelligence (B.I.):
    • Redes Avanzadas en B.I. y Tecnologías de la Información IT ;
    • Banca Virtual; Certificado Digital;
    • Factura Electrónica;
    • Firma Electrónica;
    • Marketing Social: ERP, CRM, Datamining, Datawarehouse ….;
    • Redes Sociales y Audiovisuales;
    • Diseño Gráfico de Interfaces y Usabilidad;
    • Herramientas Colaborativas, canal Web;
    • Plataformas orientadas a servicios (SOA);
    • Plan de seguridad y de sistemas;
    • Redes avanzadas en Movilidad; ……

Y todo ello con una especial aplicación de las normativas vigentes en los proyectos objetivo.

Referencia: Club de la Innovación

Información sobre los grupos de investigación de la Universidad Francisco de Vitoria

Practitioners call for immediate adoption of better eInvoicing rules

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Varios especialistas en factura electrónica de toda Europa hemos estado reflexionando estos últimos meses sobre algunas de las conclusiones recogidas en el Informe Final del Grupo de Expertos en Factura Electrónica de la Comisión Europea con las que no estamos de acuerdo y con las que se está presionando a los representantes de los paises miembros que están negociando bajo la Presidencia Española la nueva redacción de la modificación de la Directiva 112/2006.

Hemos preparado un texto que nos gustaría difundir y hacer llegar a los negociadores del futuro texto de la directiva.

Practitioners call for immediate adoption of better eInvoicing rules under the Spanish Presidence

Catálogo para el Intercambio y Transferencia de Aplicaciones (CITA)

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En estos dias el MITyC ha  publicado el Catálogo para el Intercambio y Transferencia de Aplicaciones (CITA).

Su objeto es que se desarrolle entre los actores del mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Actualmente incluye los proyectos cofinanciados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el Subprograma Servicios Públicos Digitales en las convocatorias de 2008 y 2009.

En breve estarán disponibles las segundas fases de las aplicaciones LocalWeb, Sigem y LocalGis que conforman la Plataforma Avanza Local Soluciones.

Hoja Informativa_CITA.pdf [PDF] [298 Kb]

Custodia digital: la protección de la integridad

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La protección de la integridad y de la autenticidad de la información es un elemento que poco a poco ha ido apareciendo como un concepto clave en el ámbito profesional de los directivos españoles. En este contexto aparecen términos como la protección de registros de auditoría (o logs) y la protección de su integridad.

Albalia Interactiva ha firmado un acuerdo como socio estratégico de Kinamik Data Integrity, empresa de software líder en el desarrollo de soluciones específicas para la protección de la integridad de la información en tiempo real. En el modelo de Albalia de Gestión de documentos electrónicos de carácter probatorio, una de las piezas claves es la firma electrónica y otra el sistema de custodia digital con metadatos. Hablaré en próximos artículos de las posibilidades de unir los dos conceptos, de su relación con la Ley 11/2007 y el cumplimiento de los recientemente publicados esquemas de Seguridad e Interoperabilidad, o el cumplimiento de la LOPD. En el artículo de hoy me centraré en las razones por las que es importante mantener registros de auditoría (o logs) correctamente protegidos, y que rol representa Kinamik para su correcta gestión.

Kinamik Data Integrity es una empresa de software especializada en la protección de la integridad de la información.

Han desarrollado una solución de software que recoge, asegura y centraliza en tiempo real los registros de auditoría (o logs) desde diversas fuentes. Al procesarlos les aplica un “sello digital” que permite evidenciar cualquier intento de manipulación, obteniendo por lo tanto pruebas irrefutables de su integridad. La solución de Kinamik, llamada Secure Audit Vault, aporta una serie de beneficios para las organizaciones, entre los que destacan la reducción de costes en procesos de auditoría (interna o externa), la gestión de pruebas electrónicas y/o procesos de investigación de informática forense. Asimismo, facilita el cumplimiento de leyes y estándares, como la Ley 11/2007, la LOPD, la norma utilizada en entornos de pago PCI-DSS o la norma ISO 27001, especialmente en lo que se relaciona con la prevención y detección de la manipulación de los registros electrónicos. Finalmente disuade el fraude, reduce el riesgo e impacto de la amenaza interna y sirve como soporte en procesos judiciales al aumentar el valor probatorio de los registros, dándoles una mayor validez legal y permitiendo su uso como prueba electrónica en caso de litigio.

Su principal diferencial respecto a otras tecnologías que intentan dar protección de la integridad (uso de autoridades de sellado de tiempo (TSA), dispositivos WORM (Write Once, Read Many), herramientas de gestión de eventos (SIM/SEM), hash simple, firma digital, etc) se centra en la capacidad de procesar y asegurar la información en tiempo real, aplicando un sello de inmutabilidad al mayor nivel de detalle. Cuando se desea proteger información en contextos de alto rendimiento, por ejemplo logs, las tecnologías existentes crean una ventana de oportunidad que permitiría que una manipulación de los ficheros no fuera detectada o, aún peor, podría dar una falsa sensación de seguridad. La existencia de esta ventana de oportunidad para la manipulación hace además que los ficheros pierdan valor probatorio, pues las organizaciones se encuentran con la imposibilidad de probar un negativo, es decir, probar que nadie ha hecho nada en los ficheros y que no han sido manipulados desde el momento de su creación.

Este hecho aparentemente trivial de demostrar la existencia en un momento dado y la integridad de un documento electrónico –por ejemplo con una firma digital– se transforma en imposible por los inmanejables costes computacionales que implicarían aplicar una firma por cada fracción de segundo, en forma constante. Este mismo contexto –alto rendimiento, aplicación de numerosas “sellos” por segundo, etc- hace impracticable el uso de los servicios de autoridades de sellado de tiempo (TSA), pues su carácter transaccional implica altísimos costes por el elevado número de transacciones a “sellar” y los altísimos niveles en el uso de recursos (en particular ancho de banda),

Discrepancia con el Informe del Grupo de Expertos

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Recientemente he hecho referencia al Informe final del Grupo de Expertos en Factura Electrónica enfatizando algunas discrepancias que he detectado entre lo que es opinión mayoritaria en España (y en algunos paises europeos) y lo que refleja el propio Final Report of the Expert Group on e-Invoicing .

Hoy he tenido ocasón de comentarlo en Radio Líder, emisora que se escucha en toda Galicia.

Este es el trozo del programa «Entre nosotros» que dirige la periodista Ana Valiño, y que se ha interesado por este tema:

Los puntos claves son el «equal treatment«, la firma electrónica y el formato de la factura, que debería ser UBL ya que CII (el formato identificado por el Grupo de Expertos), como ya he comentado en otra ocasión, no está todavía listo.

Informe final del Grupo de Expertos en Factura Electrónica

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El Final Report of the Expert Group on e-Invoicing es el resultado de más de un año de trabajo de más de 30 expertos de toda Europa.

Junto con conclusiones que verdaderamente pueden ser de consenso se incluyen otras que parecen sesgadas por determinados intereses políticos, y en defensa de algunas posiciones particulares.

El informe tiene partidarios y detractores como puede verse en estos blogs:

Las dos posiciones son relevantes porque de la tesis «triunfadora» depende el consenso para la modificación de la Directiva 2006/112/EC, cuyo borrador actual está disponible.

La posición mayoritaria en España es que no es conveniente cambiar las reglas del juego a mitad del partido, y que tampoco es aceptable, ni siquiera dar a entender que se pueden cambiar. El efecto que tendría es que todos los jugadores se pararan hasta que queden claras las reglas de nuevo, ralentizando la expansión de la factura electrónica. Otra posición mayoritaria en España es que tampoco se deben cambiar las reglas de forma que favorezcan a los más lentos (o a los más torpes) del mercado pero con gran potencia de lobby como algunas entidades financieras europeas (afortunadamente, no las españolas).

Entre todos los conceptos que se manejan, el más peligroso es el de «equal treatment» refiriéndose a un tratamiento igual de las facturas electrónicas respecto a las de papel. Y sin definir qué significa eso.

Para ser correcto, debería llevar la coletilla latina «mutatis mutandi», que significa que se aplica la semejanza cambiando lo que haya que cambiar, como consecuencia de la diferencia de soporte que conlleva formas diferentes de gestionar. Por ejemplo, en una factura en papel se le puede poner el sello «pagado» sobre el documento original. Eso no es tan fácil de representar en un documento electrónico, salvo que se tengan en cuenta parámetros de autenticidad electrónica que algunos de los expertos pretenden eliminar de la factura electrónica.

En todo caso, mi posición personal es que no se puede imponer un modelo que cada vez es menos seguro (el del papel) sobre otro que nace con cierto nivel de seguridad. Por el contrario, dado que las facturas en papel son fácilmente falsificables se debería imponer una exigencia de seguridad adicional (se me ocurren varias: usar papel con marcas de agua, usar papel timbrado, usar papel con marcas de trepado, por ejemplo indicando el CIF del emisor, usar papel con tintas ultravioletas,…)

Por todos estos argumentos y algunos más estoy preparando un documento que recoja la posición española a favor del mantenimento de la firma electrónica de las facturas electrónicas en la Directiva 2006/112/CE, y de la adopción internacional a corto de plazo del estándar UBL, sin perjuicio de una migración futura a CII, cuando la norma esté más madura. La idea es enviarlo a la UE en el marco de la consulta  «Consultation on the Final Report of the Expert Group on e-Invoicing».

Estoy abierto a que me envieis comentarios y sugerencias para su inclusión en el documento, pero recordad que el período de la consulta se extiende desde el 30.11.2009 hasta el  26.2.2010, por lo que tengo que enviar el documento en inglés antes del cierre del plazo. Si alguien quiere contactar conmigo para este tema, que llame al 902 365 612.

ISO 27001 para Albalia Interactiva

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Los últimos dias del año 2009 vieron como lográbamos un hito importante (para nosotros) tras un año de esfuerzo. La certificación UNE-ISO/IEC 27001:2007 expedida por AENOR, con el número SI-0094/2009

El estándar para la seguridad de la información UNE-ISO/IEC 27001 (Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements) fue aprobado y publicado como estándar internacional en Octubre de 2005 por International Organization for Standardization y por la comisión International Electrotechnical Commission. En España, en el año 2004 se publicó su antecesora, la norma UNE 71502 «Especificaciones para los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)» y fue elaborada por el comité técnico AEN/CTN 71. Era la adaptación nacional de la norma británica British Standard BS 7799-2:2002.

Con la publicación de UNE-ISO/IEC 27001 (traducción al español del original inglés) dejó de estar vigente la UNE 71502

La norma especifica los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) según el ciclo PDCA – acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Se relaciona con la adopción de buenas prácticas según se describe en la antigua norma ISO/IEC 17799 que ha pasado a ser la actual ISO/IEC 27002.

La implantación de UNE-ISO/IEC 27001 en una organización es un proyecto que suele tener una duración entre 6 y 12 meses, dependiendo del grado de madurez en seguridad de la información y el alcance (el ámbito de la organización que va a estar sometido al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información). En nuestro caso, nos ha costado casi 12 meses el esfuerzo de adecuación y certificación, considerando que además hemos renovado este año las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001. En cuanto al alcance, este ha tenido en cuenta la prestación de servicios de alojamiento de PKI y Prestadores de Servicios de Certificación (PSC), ya que prestamos servicios a otras empresas del grupo y quien sabe si llegaremos a prestar servicios de alojamiento y gestión de Autoridades de Certificación de otras entidades.

El Proyecto de Adecuación y Certificación  ha sido posible gracias al impulso del Plan Avanza, en el marco del Proyecto PYMESecurity, TSI-030200-2008-0030,  coordinado por CONETIC Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (que agrupa a 14 Asociaciones Territoriales). La empresa que nos ayudó en la adecuación fue S21Sec, y la Entidad de Certificación AENOR.

PymeSecurity es un proyecto de ámbito nacional que pretende establecer un factor de competitividad clave para la consolidación del sector TIC Español de mayor fragmentación, como es el de la MicroPyme y Pyme, cuya distinción por la calidad será determinante para su supervivencia empresarial.


Proyecto Invoicex

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El pasado verano del año 2009 se cumplieron las fechas definidas en la ley 30/2007 de contratos del sector público para la entrada en vigor de la obligación de los proveedores de las administraciones públicas de enviar a estas las facturas electrónicas correspondientes a sus servicios prestados o productos suministrados.

Aunque no se ha publicado ninguna norma formal en desarrollo de la disposición final novena de la Ley 30/2007, contamos con la Orden PRE/2971/2007 que definía el formato facturae y en cuya disposición final segunda se establecía su evolución en el plazo de dos años (que ya se han cumplido) al estándard UBL 2.0

Con la publicación de la arquitectura normalizada de recepción de facturas electrónicas en la Administración General del Estado se da un paso más en la disponibilidad de especificaciones técnicas para llevar a cabo la facturación electrónica al sector público.

Por otro lado, algunas comunidades autónomas ya han iniciado los trabajos para constituir plataformas que faciliten la recepción de facturas electrónicas en los organismo públicos de su ámbito. Entre ellas, Cataluña, País Vasco, la Comunidad de Valencia y La Rioja.

En todo caso el mercado es cada vez más maduro, y las diferentes plataformas de facturación electrónica están en mejor disposición que nunca para llevar a cabo esfuerzos cooperativos que faciliten la interoperabilidad.

Este es el objetivo del proyecto Invoicex, presentado por Albalia Interactiva al Programa de Ayudas del Plan Avanza, junto con ASIMELEC y otras 7 entidades, y al que se ha invitado a participar a un conjunto amplio de empresas y organismos relacionados con la factura electrónica, incluyendo a las entidades financieras. Al finalizar el año hemos recibido la resolución definitiva por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del proyecto identificado con el código TSI-020512-2009-69.

En total ya son 20 las entidades participantes y aun estamos abiertos a empresas y organismos interesados en impulsar la interoperbilidad de los intercambios de los documentos electrónicos (inicialmente facturas) entre empresas españolas y entre estas y las del resto del mundo. Las entidades interesadas en participar pueden contactar con el 902 365 612.