Es un título de post quizá un poco pretencioso, pero es lo que quisiera destacar del artículo que ayer publicó El Pais, con la pluma de Jesús García.
‘Colgar’ delitos en Youtube se paga
Los usuarios de Internet se creen libres, pero la Red ya no es el territorio de la impunidad – Policía e investigadores privados tienen cada vez más medios para rastrear huellas y cazar a los infractores
JESÚS GARCÍA 13/08/2008
Un novio despechado que cuelga fotos de su ex, ligera de ropa, en una página de contactos. Un joven que intenta batir récords de velocidad con su coche tuneado por una carretera comarcal, lo graba y lo comparte con la audiencia mundial de Youtube. O una mujer que exhibe, en su blog personal, fotos de sus amigos sin que éstos lo sepan. Estos comportamientos se han extendido con Internet. Por ignorancia o temeridad, sus autores se creen libres de actuar así sin que haya consecuencias. Pero los responsables policiales, los abogados expertos en delitos informáticos y las asociaciones de usuarios lo tienen claro: Internet no es un oasis de impunidad. Ojo porque, advierten, delinquir en la Red se paga.
«Al usar Internet, la gente cree que todo vale. Y ocurre lo contrario: se persigue cualquier delito», opina Jordi Bertomeu, abogado experto en la materia. Su confianza se basa en una certeza: la Red deja rastros. El más evidente, la dirección IP. Es un número que identifica el ordenador, una suerte de DNI con el que los investigadores llegan al lugar desde el que se envía la información y cazan a su autor.
Hay otras fórmulas. El contenido de una imagen delictiva (vídeo, fotografía) ofrece una ingente información que, analizada, resulta reveladora. El estilo de escritura también puede ser, en el caso de amenazas vertidas desde un correo electrónico o un foro anónimo, una pista definitiva.
El portal de vídeos Youtube, propiedad de Google, es ahora un depósito de material delictivo. No es el único, pero su popularidad lo ha situado como destino preferente para que cientos de usuarios vuelquen allí gamberradas que, a veces, resultan ser actividades castigadas en el Código Penal.
Ramón, una persona con esquizofrenia de 46 años, sufrió en sus carnes la perversión de la Red cuando, hace meses, unos chicos le grabaron con cámara mientras se burlaban de él. No tardaron ni dos minutos en colgarlo en Youtube. Su familia, de Móstoles (Madrid), consiguió que se retirara la ofensa. En abril pasó algo parecido en Martorell (Barcelona). Tres chicos obligaron a un discapacitado psíquico a romper baldosas con la cabeza, hacer flexiones y consumir droga, mientras captaban la escena con el móvil. Fueron detenidos y las imágenes, apartadas de la circulación.
«En las webs hay cosas que han pasado toda la vida, como los críos que se pegan en el colegio. La diferencia es que, ahora, eso se difunde por puro exhibicionismo», opina el abogado Carlos Sánchez Almeida. «Una paliza puede ser un delito de lesiones. Pero si esa paliza se publica en Internet, se convierte en un delito de incitación a la discriminación», señala.
La policía detuvo, semanas atrás, a unos jóvenes por mantener relaciones sexuales con una menor en un parque de Asturias. La adolescente accedió a practicar sexo, e incluso consintió que la grabaran. Los chicos, por tanto, no fueron detenidos por abuso sexual, sino por un delito contra el derecho a la propia imagen, ya que el vídeo corrió de un teléfono a otro hasta aterrizar en Internet.
Almeida y otros letrados reclaman que la Fiscalía intervenga de oficio en los casos más graves, los que afectan a menores y a discapacitados. «Lo primero es proteger su intimidad. Después ya se verá si hay o no delito», subraya. Hace unas semanas, la Fiscalía de Menores de Granada pidió a Google que indemnice con 1.300 euros a dos menores (un supuesto agresor y su víctima) que protagonizaron una riña en Armilla. Las imágenes fueron colgadas en Youtube, lo que, a juicio de la Fiscalía, supuso «un grave menoscabo de la dignidad» de los dos menores.
El volumen de material susceptible de ser perseguido penalmente crece día tras día. Lo mismo que la sensación de descontrol, de que el vídeo eliminado hace una semana puede estar ahora en otro portal de Internet. Los responsables policiales cuentan con ello. Y tratan de achicar terreno. El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha creado Grupo de Redes Abiertas. Bajo ese llamativo nombre trabajan decenas de agentes que se pasan el día enganchados a la Red. Hacen lo que buenamente pueden. Cuando no atienden la denuncia de un individuo o una empresa, bucean por el océano de Internet en busca de indicios.
«Esto es inacabable. Aunque fuésemos mil, no llegaríamos a todo. Los delincuentes van a más, por eso es importante que el ciudadano colabore y, si ve una agresión, lo denuncie», admite el jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía, Enrique Rodríguez. Los funcionarios de este grupo están pendientes de la actualidad. Se produce un curioso efecto llamada: «Esto va por modas. La gente ve una conducta en la tele y la imita. A raíz de un ataque a una tienda de chinos, empezamos a observar agresiones similares en otros locales. Lo mismo pasó con las peleas entre niños en clase, las palizas a mendigos o las carreras de coches».
Rodríguez asegura que, «contra la opinión común de la gente, Internet no es anónimo; siempre deja un rastro». Dice que la policía dispone de medios para perseguir cualquier delito, pero prefiere no dar detalles para «evitar que los malos tengan pistas».
La inmensidad de Internet ha abierto las puertas a los investigadores privados. Mientras la policía concentra sus recursos en casos con impacto criminal (distribución y consumo de pornografía infantil, grandes estafas online, agresiones a menores o discapacitados) el sector privado se ha volcado en las empresas. Éstas han multiplicado las denuncias por fuga de información, competencia desleal o injurias. Y los investigadores les echan un cable. Uno de los más reconocidos es Abraham Pasamar, perito informático y director general de la empresa de investigación digital Incide.
«Un individuo que sepa algo de informática puede lograr que los comentarios difamantes sobre una empresa aparezcan en Google antes que su web corporativa», sentencia Pasamar. Por eso, recomienda a las empresas que, antes que nada, acudan al notario «para dejar constancia de que esa injuria estaba ahí, en esa página, tal día y a tal hora».
La prueba del delito no es suficiente: hay que ir a por el autor. Y hay herramientas para dar con él. «En Youtube, el delincuente cuelga la prueba de su delito, y eso es una gran ventaja. Un analista forense puede sacar punta a cualquier cosa: si aparece un reloj o un calendario, podemos saber en qué país se ha grabado el material», indica Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva y coordinador del Foro de Evidencias Electrónicas. El autor exhibe, por lo general, su nombre de usuario. De modo que, «con un poco de picardía», se puede saber en qué otro lugar de la Red ha participado ese mismo usuario-ciudadano.
El cotejo de los escritos también ha ayudado a resolver decenas de casos. El abogado Bertomeu narra uno real: «Un clásico: el hombre que cuelga fotos provocativas de su antigua pareja en una web de contactos. Se hizo pasar por ella. Lo curioso es que siempre se despedía con la expresión ‘besicos’ y dejaba un espacio entre la última sílaba y el signo de interrogación. Comparamos esos mensajes con otros escritos de la mujer y dimos en el clavo». Otro recurso útil es estudiar la metadata, es decir, averiguar con qué programa se elabora un archivo.
Las investigaciones llevan, con frecuencia, hasta el responsable. Pero en el camino hay obstáculos y a menudo cuesta avanzar. Para empezar, la naturaleza de Internet: «Una vez que el contenido está en la Red, es difícil tener la certeza de que ha desaparecido del todo», señala el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez. Los afectados ven que «el contenido lesivo tarda mucho tiempo en retirarse, o que salta a otras páginas web», explica el jefe de la unidad de delitos informáticos de los Mossos d’Esquadra, Rubén Mora. Y entonces, el denunciante se cansa.
Cuando el prestador de servicios de Internet colabora con la policía, los tiempos de espera se acortan. Por colaborar se entiende aquí algo muy concreto: que Google (por ejemplo) retire, motu proprio, un contenido nocivo. En casos de alarma social (pederastia) las propias páginas web se prestan a ayudar de inmediato. Pero no siempre es tan fácil. Hay diferencias de clase. «En las grandes empresas todo está profesionalizado y se puede llegar a un acuerdo. Un blogger particular puede llegar a ser muy combativo», incide Sánchez Almeida.
Los prestadores de servicios suelen quedarse al margen en delitos como los de injurias o contra la propiedad intelectual. Y es normal que así sea, razona Alejandro Negro, abogado del bufete Cuatrecasas: «Ellos no supervisan contenidos, de modo que no tienen por qué responder de lo que el usuario publique en una página», subraya.
La clave, de todos modos, radica en conseguir la dirección IP: es lo que, al final, permitirá a los agentes llegar hasta el usuario. Es «el trabajo más laborioso», precisa Sánchez Almeida. Aunque los investigadores pueden conocer por sí mismos algunas IP, al final «siempre hay que pasar por el aro del requerimiento judicial», subraya Pasamar. Un juzgado debe solicitar a la compañía telefónica que facilite esa dirección. «Se produce una colisión entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la intimidad. Todo el mundo está de acuerdo que la protección de la intimidad de un delincuente ha de tener un límite», precisa el responsable del Foro de Evidencias Electrónicas.
Rodríguez, el jefe policial, asegura que en ocasiones hay que actuar de urgencia. Como en el caso de un chico que estuvo jugando 15 horas seguidas en la Red. El administrador le advirtió de que no podría seguir jugando. «Amenazó con suicidarse. El operador facilitó la información y se localizó al chaval». Con asuntos menores es más complicado. «Tenemos una ley de protección de datos muy garantista. Las empresas se ven entre la espada y la pared, porque si facilitan datos, la Agencia de Protección de Datos les regaña», argumenta Rodríguez.
Todo ello, sin tener en cuenta que los infractores disponen de vías de escape. Así, pueden conectar su ordenador a un sistema wifi (o sea, un acceso a Internet inalámbrico) para colgar los contenidos delictivos. Ya se han dado casos. «La gente usa el wifi gratis de los hoteles para hacer maldades. Te tomas algo desde el bar y, ¿quién te va a pillar? Lo mismo si vas a un cibercafé», bromea Pasamar. Eso ha llevado la confusión a algunas investigaciones. Se ha dado la paradoja de que un juez ha solicitado una dirección IP y se han visto implicados en una investigación personas que nada tenían que ver con los hechos. Por lo general, el enredo se resuelve rápidamente. A un hombre con conexión wifi le interrogaron sobre sus supuestas actividades ilícitas en una empresa. Fue como si le hablaran en chino: no entendía nada. Por fortuna para él, atinó a precisar que su vecino trabajaba, casualidades de la vida, en esa empresa. Voilà.
La escasa formación de la mayoría de jueces tampoco ayuda a resolver los casos, coinciden diversos letrados. Muchos magistrados ignoran el vocabulario y las cuestiones técnicas que sólo un perito informático les puede aclarar. Por eso reclaman que se creen juzgados especializados. «O, al menos, que los jueces dispongan de un grupo de expertos que les orienten», dice Pasamar.
Las populares redes sociales (tipo Facebook) ponen en contacto a amigos y promueven el intercambio de información. También estas webs se han convertido, sin pretenderlo, en un terreno espinoso. Existe la costumbre de colgar fotos de amigos en la Red sin su permiso. De nuevo, asoman la inocencia y la temeridad. «Partimos de la base de la buena fe de la gente. Otra cosa es que yo pida expresamente que se retire mi foto y no se haga. Eso podría ser una infracción al derecho a la imagen», indica Bertomeu, que pide «un equilibrio entre los nuevos usos de Internet, el Derecho y las nuevas tecnologías».
Otra fuente de conflicto son los foros, donde los usuarios suelen descargar su ira. Algunos comentarios que allí se vierten pueden constituir un delito. En opinión de los expertos, la justicia no puede pedir responsabilidades a los gestores de la web que los contiene: es imposible ejercer un control previo porque, además, se trata de sistemas automatizados de publicación de comentarios. El 70% de los casos que atiende la policía catalana son por injurias, calumnias o amenazas.
«Los jóvenes poseen herramientas potentes, pero no tienen claro qué límites no deben traspasar. Y se pueden encontrar con que, un día, la policía les vaya a buscar a casa y ellos no sepan qué han hecho mal. Es un problema de educación en la tecnología», dice el presidente de la asociación de usuarios. Y añade: «Hay que transmitir el mensaje de que la legalidad en Internet existe».
Julián Inza cita un ejemplo real que da a entender la magnitud del «rastro» dejado en Internet: el FBI investigó la muerte de la esposa de un pastor. En principio, parecía una muerte natural: para superar una dolencia, la mujer había consumido una medicación que resultó incompatible con los antibióticos que ya ingería para combatir otra enfermedad. «Los agentes rastrearon el ordenador de la familia. ¿Y qué encontraron? Pues que el pastor había buscado en Google información sobre esos medicamentos. La percepción de impunidad, de que nunca pasa nada, hace que la gente sea imprudente. Y no nos engañemos: para los que investigamos, ya nos va bien que sea así».
Las empresas, las que más denuncian
– Las empresas son las que más denuncias presentan ante los cuerpos policiales; la mayoría, por presuntas injurias y calumnias vertidas en la Red por usuarios anónimos.
– Los expertos recomiendan recabar pruebas físicas del presunto delito, copias de comentarios y vídeos.
– Algunas empresas disponen ya de una nueva figura profesional, el ?oficial de evidencias electrónicas?, encargado de preparar y custodiar las pruebas.
– Pese a la demanda de las empresas, la policía centra sus prioridades en los delitos más graves: pornografía infantil, grandes estafas en Internet y las agresiones a personas especialmente vulnerables, como ancianos, discapacitados y menores.
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