vía Abanfin he llegado a un artículo de Abiétar Consultores que reproduzco por su interés.

Se trata de uno de esos aspectos colaterales al de la factura (electrónica o convencional), que llegan a ser muy importantes en el día a día económico de las empresas. Se publicó el 24 de diciembre de 2004, unos días antes de la publicación en el BOE de la LEY 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La problemática que supone la morosidad requiere la aplicación de medidas que permitan contrarrestar sus efectos.

Basta pensar en las consecuencias de una operación fallida para tomar conciencia del problema. Con una operación fallida no sólo se pierde la posibilidad de cobrar el producto o servicio y recuperar la inversión, sino que además se paga a Hacienda el IVA del cliente moroso y nuestro impuesto sobre la renta correspondiente.

La Ley del IVA 37/1992 da cobertura legal al empresario o al profesional para aminorar los efectos negativos del impago. El art. 80 de la ley y el 24 de su reglamento establecen los supuestos y condiciones de modificación de la base imponible. El art. 80 ha sufrido una serie de reformas que lo han llevado a la redacción actual, mucho más favorable para el empresario y el profesional:

1) La primera reforma fue introducida por la Ley 66/1997, de presupuestos para 1998. En su exposición de motivos se decía que «…las medidas adoptadas atienden, principalmente, al fomento de la competitividad de las empresas. Así se hace posible la modificación de la base imponible en supuestos de imposible recuperación de las cuotas repercutidas no cobradas mediante el cumplimiento de ciertos requisitos…».

2) La segunda fue introducida por la Ley 62/2003, de presupuestos para 2004. Por un lado, esta ley adapta la ley del IVA a los términos de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, cuya aprobación supone la desaparición de los procedimientos de quiebra y suspensión de pagos y su sustitución por el procedimiento del concurso de acreedores; por otro, la Ley 62/2003 amplía los supuestos para poder recuperar el IVA. (Anteriormente era necesario que el moroso fuese un empresario o profesional, mientras que a partir del 1 de enero de 2004 se incluye también a los particulares. Se generaliza por tanto dicha posibilidad).

¿Cómo recuperar el IVA?

En la actualidad, la base imponible se puede reducir cuando las facturas correspondientes a clientes morosos son total o parcialmente incobrables. Para recuperar el IVA repercutido hay que tener en cuenta las siguientes prescripciones legales:

1. Que el crédito sea total o parcialmente incobrable. Se considera «incobrable» cuando reúne las siguientes condiciones:

• Que hayan transcurrido dos años desde la emisión de la factura sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte de la misma.
• Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este impuesto.
• Que el destinatario de la factura actúe como empresario o profesional, o -si no lo es o no actúa como tal, es decir en el caso de que sea un particular-, que la base imponible sea superior a 300 euros.
• Que el acreedor haya instado el cobro de la factura mediante reclamación judicial al deudor. Con el procedimiento monitorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil se puede reclamar hasta 30.000 € de forma sencilla y expeditiva, sin necesidad de abogado y procurador. Con todo, lo que resulta más interesante es el hecho de que no se exige acreditar si fue en su día admitida a trámite (¿Quién?, ¿Qué?) o no por el juez civil. En esta situación, interesa presentar la reclamación en las operaciones que resulten ya impagadas, con la finalidad de adquirir en el futuro el derecho a solicitar de la administración el IVA. Además, este derecho no puede resultar viciado por una inadmisión a trámite posterior de la demanda o por su desestimación mediante sentencia, ni tampoco por el hecho de que se llegue a cobrar total o parcialmente la deuda impagada.

2. La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses a contar desde la finalización del período de los dos años. ¿Cómo?: expidiendo y enviando al moroso una nueva factura en la que se rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercutida; es decir, una factura con signo negativo rectificativa de las anteriormente emitidas. El empresario o profesional habrá de consignar las fechas de emisión de las correspondientes facturas modificadas.

3. Hay que comunicar la modificación a la Administración Tributaria en el plazo de un mes a contar desde la fecha de expedición de la factura rectificativa. Es necesario hacer constar que la modificación no se refiere a créditos garantizados, afianzados o asegurados, a créditos entre personas o entidades vinculadas, a créditos adeudados o afianzados por entes públicos, ni a operaciones cuyo destinatario no está establecido en el territorio de aplicación del impuesto ni en Canarias, Ceuta o Melilla.

La reducción de la base imponible obligará al destinatario de la operación a practicar la minoración oportuna del IVA soportado en la declaración-liquidación correspondiente al período impositivo en el que la reciba. Desde ese momento, el cliente moroso será deudor por la cuota del IVA directamente ante la Administración.