Recientemente hemos intentado concurrir a un concurso de la ciudad de Sevilla, plagado de irregularidades, hasta que finalmente el organismo nos ha dejado fuera.
Cuando nos planteamos recurrir o impugnar algunas licitaciones (no es el primer caso en el que detectamos irregularidades) nos disuade por un lado el coste del proceso y «la mala fama» que se supone impregna a un licitador con antecedentes de impugnación, de cara a acceder a otros concursos.
Lo que sí detectamos es que a pesar de la existencia de leyes como la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, y de excelentes profesionales de compras en el sector público de ética intachable, quedan muchas fisuras en el sistema que favorecen la actuación irregular y, en definitiva, la corrupción.
Así que el entorno favorece actuaciones que justifican artículos como el siguiente:
¿Qué hacer con las licitaciones públicas?
Por Fernando Suárez Saavedra (periodista de CORREO DEL SUR) | Actualizado 04/11/2009
Las licitaciones públicas son, en muchos casos, un caldo de cultivo de la corrupción. En la última temporada, en los últimos años, se han vuelto cotidianos los famosos “quinciños”, sin embargo, estas actitudes deleznables tienen varias facetas y estilos, varios circuitos de corruptelas, pero, además, el círculo de los que se aprovechan de las licitaciones crece cada día.
Si la adjudicación tiene, por ejemplo, un costo de 10 millones de dólares, el desvío alcanza 1,5 millones de dólares, situación que de ninguna manera debiera ocurrir, porque el que pierde es el país, son los contribuyentes.
En las licitaciones y en la ejecución de las obras contratadas es donde más corrupción administrativa se da, no obstante que la legislación la declara delito y la sanciona a través de distintas figuras jurídicas. La mayoría de los empresarios casi nunca -o sólo algunas veces- tiene claridad sobre las reglas “claras”, “reales”, para licitar. La falta de claridad significa que el funcionario público goza de gran discrecionalidad para favorecer o entorpecer una gestión o actividad empresarial, lo cual deja al empresario en la incertidumbre.
Desde su experiencia cotidiana, los empresarios aseguran que los funcionarios públicos modifican a su antojo los términos técnicos y jurídicos de las licitaciones, así como también alteran los contratos ya firmados para favorecer a determinada persona o empresa.
“Hay varios caminos para llegar a Roma”, dice el refrán, y se puede señalar que también “hay varios caminos para llegar a la corrupción en materia de licitaciones”, desde proponer montos bajos y luego el ganador solicita incrementos (a veces al margen de las normas), hasta especificar trabajos inexistentes (por ejemplo en algunas licitaciones prefecturales se señalaron que había que efectuar un movimiento de tierras de cincuenta kilómetros, cuando en realidad sólo era de mover un kilómetro, por supuesto que de esa situación sólo conocía la empresa que canceló el “quinciño” y las demás, al no conocer ese “detalle”, subieron los montos de sus ofertas y, en consecuencia, perdieron la licitación).
Otro de los caminos para llegar a Roma o a la licitación corrupta, es que pese a esos “detalles” y a que gana una empresa que no había convenido el “quinciño”, no se firma el contrato de adjudicación, porque se busca algún resquicio para eliminar a esa empresa, pese a que la comisión calificadora ya dio su veredicto.
¿Qué hacer ante tanta corrupción? ¿Qué hacer cuando varias empresas se han acostumbrado a figurar en sus gastos los “quinciños” para ganar alguna licitación, inclusive cancelando en forma adelantada? ¿Qué hacer cuando los funcionarios públicos que participan en las licitaciones se pasean por las ciudades, orondos, con sus rostros de mosquitas muertas, como si nada hubiese pasado? ¿Qué hacer cuando algún participante de alguna licitación pública señala con su dedo al funcionario público corrupto y cuenta en voz baja a algún amigo, y este le responde: “¡No te puedo creer! ¡Debe ser una equivocación! ¡Parece tan honesto!”?, ¿Qué hacer cuando algún empresario perdedor hace conocer de la injusticia a la máxima autoridad de la institución y ésta la dice que los que mandan son los responsables de la licitación?
Entidades internacionales que analizan la corrupción consideran que se debe buscar mayor transparencia en las licitaciones. Si se busca la transparencia, el procedimiento de licitación debería ser más público, que contemple la construcción de salas de evaluación para verificar la transparencia, que participen entidades de reconocida credibilidad y que se creen otras disposiciones que impidan que los corruptos se enriquezcan a costa del impuesto de la ciudadanía.
Lamentablemente el fenómeno de la corrupción en la administración pública ha alcanzado dimensiones desproporcionadas que debiera preocupar a todos. Son muy escasos los funcionarios públicos que ejercen un cargo público y al término del mismo no sean ya millonarios, creando de esta forma un negativo precedente para las futuras generaciones, y socavando la moral de todo un pueblo que flaquea en la consistencia necesaria para mantener la lucha contra la corrupción.
Aunque el artículo se refiere a un país sudamericano, pensemos hasta qué punto es aplicable a España
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