Nombrado doctor «honoris causa» por la universidad de Salamanca, Ignacio Galán propone un decálogo de medidas para impulsar un sector «imprescindible para el crecimiento económico sostenido y sostenible»

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha propuesto el pasado viernes 2.11.2011, un nuevo modelo energético alternativo al oficial para 2020 «más barato, más sostenible, con menos emisiones y creador de más empleo», al tiempo que ha destacado la importancia de este sector «como tractor económico».

Sánchez Galán, que ha sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca (USAL), en reconocimiento a su trayectoria profesional y a la labor de mecenazgo de su empresa a la institución académica y al Campus de Excelencia Internacional, ha trazado en su discurso los ejes centrales de su propuesta energética.

A su juicio, de lo que se trata es de avanzar «hacia un modelo energético seguro, sostenible y competitivo», en torno a una serie de objetivos, entre los que ha destacado, «la garantía de suministro, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia económica».

Galán ha calificado de «equilibrado» su propuesta de mix energético, «con una contribución similar de las tecnologías térmica (24%), eólica (21%) y nuclear (18%), y una aportación del 12% de la hidroeléctrica y del 5% de la solar, quedando el 20% restante cubierto básicamente por cogeneración y biomasa».

En su opinión, este nuevo escenario conllevaría una mejora sustancial respecto a la planificación energética oficial prevista para 2020 y no sólo desde el punto de vista medioambiental, sino también desde la perspectiva económica.

Desde este ámbito, ha subrayado que «los costes serían un 20% inferiores y en igual medida (20%) se recortarían las inversiones -hasta los 36.000 millones de euros-, un factor especialmente importante en estos momentos de escasez de recursos financieros».

También, ha subrayado que «se mantendrían o crearían, además, cientos de miles de empleos estables, dado que la mayor parte del esfuerzo inversor se destinaría a industrias españolas, al apostar por tecnologías con un fuerte componente de contribución nacional».

Sánchez Galán ha subrayado que la política energética debe ser una «cuestión de Estado» y ha insistido en que más de la mitad de los costes incluidos en la factura «no están relacionados con el suministro de electricidad sino con decisiones administrativas».

También en clave económica, ha estimado en «más de 19.000 millones de euros las necesidades de inversión en las redes de distribución y de cerca de 11.000 millones para las de transporte de electricidad y la evacuación de la energía de las nuevas instalaciones renovables que construyan».

El nuevo Doctor Honoris Causa de la USAL, tras hacer un llamamiento a «la reflexión» y a la «toma de las correspondientes decisiones regulatorias», ha expresado la «necesidad» de que las fuerzas políticas «trabajen de forma conjunta para alcanzar un consenso que transmita estabilidad y seguridad de cara a hacer posibles las inversiones requeridas».

Por su parte, el rector de la USAL, Daniel Hernández Ruipérez, en su discurso, ha definido a Sánchez Galán como «uno de los más importantes ejecutivos de nuestro país», al tiempo que ha resaltado la «audacia» en la «apuesta decidida por la innovación y la investigación».

Todo ello ha permitido a Iberdrola, según ha concluido Hernández Ruipérez, «convertirse en una de las empresas líderes mundiales del sector energético y una de las firmas con más menciones en el ámbito de la sostenibilidad».

Propuestas para un nuevo modelo energético

POR IGNACIO GALÁN
03/12/2011

El diseño de un modelo energético seguro, sostenible y competitivo ocupa un lugar prioritario en la agenda política europea y española. Compartimos unos retos comunes con los países de nuestro entorno que tienen su origen en la necesidad de suministrar de forma eficiente y segura una demanda energética creciente en un escenario de precios al alza, derivados de la evolución de las materias primas y de las restricciones ambientales, que impactan en la competitividad de todos los sectores productivos. Pero, además, confluyen en nuestro país factores diferenciales agravantes; unos de carácter estructural, como la elevada dependencia energética del exterior y el escaso nivel de interconexiones eléctricas y gasistas existente; otros, derivados de decisiones estrictamente administrativas que han fomentado la producción con tecnologías poco eficientes, poco maduras y no siempre respetuosas con el medio ambiente.

Como consecuencia de estas decisiones han crecido exponencialmente las primas a las energías renovables y la cogeneración (el llamado régimen especial) que han elevado significativamente los costes eléctricos. Este aspecto, unido al mantenimiento de las tarifas de suministro oficiales sin reconocimiento de dichos incrementos de costes, ha generado un déficit de tarifa que es equivalente ya al 2% del PIB de nuestro país y que, por contar con el aval del Estado en su titulización, puede afectar directamente a la consideración de la deuda pública.

La necesidad acuciante de abordar los retos energéticos pendientes se produce, además, en un escenario de crisis económica sin precedentes, a cuya solución puede contribuir decisivamente el sector dado su carácter dinamizador del desarrollo económico, industrial y social. Se trata de un sector que invierte en España alrededor de 15.000 millones de euros anuales, destinados al desarrollo de infraestructuras determinantes para la competitividad del país y sin recurrir a los fondos de los Presupuestos Generales del Estado, y da empleo directo e indirecto a 400.000 personas. Además, realiza compras anuales por valor de 40.000 millones de euros a fabricantes y suministradores, con el consiguiente efecto tractor para el conjunto del tejido industrial.

Es urgente diseñar una estrategia para el sector clara y estable, que haga de la política energética una cuestión de Estado y en la que trabajen de forma conjunta todas las fuerzas políticas, para alcanzar un consenso que transmita estabilidad y seguridad al sector. Además, es fundamental establecer un marco jurídico y regulatorio predecible, que dé certidumbre a las inversiones energéticas y confianza para acometer nuevos proyectos.

Para llevar a cabo los cambios necesarios es esencial que se realice una planificación completa y detallada, que dote de visión de largo plazo y que permita adoptar decisiones sobre las distintas opciones que se plantean.

Esta planificación debe ser la base de un nuevo modelo energético que, a mi juicio, debe tener cinco objetivos principales: en primer lugar, la garantía de suministro, con el fin de asegurar la cobertura de la demanda; en segundo lugar, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, según los compromisos de nuestro país en materia de cambio climático; el tercer objetivo es la eficiencia económica, tanto en inversión como en costes, que mejore la competitividad de la economía; el cuarto, la reducción de la dependencia exterior, disminuyendo la vulnerabilidad en términos de riesgos de precio y geopolíticos; y finalmente, garantizar la contribución al crecimiento de la economía española, ya que el modelo energético puede y debe tener un impacto positivo sobre la balanza comercial, así como sobre el desarrollo industrial y la creación de empleo.

El balance eléctrico para 2020 se realizaría partiendo de una demanda nacional estimada en 300 TWh en 2020 (en lugar de los 350 TWh previstos en el PER 2011-2020), con una potencia punta de 55.000 megavatios y un índice de cobertura del 1,1, valor comúnmente aceptado como límite para garantizar la cobertura de la demanda. Además, tendría que cumplirse estrictamente el objetivo de renovables planteado por la Unión Europea para España, cifrado en el 20% sobre el consumo final, en lugar del 20,8% propuesto en el mencionado plan energético oficial, lo que implicaría rebajar la producción renovable de 146 TWh a 126 TWh, priorizando aquellas tecnologías más eficientes en función de su coste de producción e inversión.

El mix de producción resultante sería equilibrado, con una contribución similar de las tecnologías térmica (24%), eólica (21%) y nuclear (18%), y una aportación del 12% de la hidroeléctrica y del 5% de la solar, quedando el 20% restante cubierto básicamente por cogeneración y biomasa. Las inversiones necesarias para alcanzar esos objetivos de nueva capacidad ascenderían a 36.000 millones de euros, es decir, 20.000 millones menos que la cifra prevista en la planificación oficial.

Esta estructura de producción tendría un triple efecto positivo en términos de sostenibilidad ambiental (20% menos de emisiones con respecto al PER); menores costes de suministro (20% inferiores) y menores necesidades de inversión (-20%), un factor especialmente importante en estos momentos de escasez de recursos financieros y del que se podrían beneficiar otros sectores de nuestra economía.

A este notable incremento de eficiencia en el suministro de energía, habría que añadir los beneficios derivados del hecho de que la mayor parte del esfuerzo inversor se destinaría a industrias españolas, al apostar por tecnologías con un fuerte componente de contribución nacional. Ello permitiría el mantenimiento o la creación de cientos de miles de puestos de trabajo estables.

Además, sería necesario destinar más de 19.000 millones de euros a las redes de distribución, tanto para llevar a cabo las inversiones recurrentes como para desarrollar las llamadas redes inteligentes, y cerca de 11.000 millones de euros para las redes de transporte de electricidad, las interconexiones con nuestros vecinos y la evacuación de la energía de las nuevas centrales renovables que se construyan.

Esta propuesta de planificación debe ir acompañada de algunas reflexiones y, en su caso, decisiones regulatorias, dado que, a día de hoy, más de la mitad de los costes incluidos en la factura eléctrica no están relacionados con el suministro de electricidad, sino con decisiones políticas tales como el suministro eléctrico a las islas, la financiación de los déficit de años anteriores, los costes sociales de la minería del carbón o la tarifa social, además de un sinfín de tasas e impuestos de ámbito local, autonómico o estatal.

En definitiva, las reformas estructurales que necesita nuestro país en el ámbito energético deben ser abordadas desde una visión de Estado que vele por la solidez y la estabilidad del modelo, sin el dictado cortoplacista de las coyunturas económicas y políticas. Como recientemente decía el también Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, Luiz Inácio Lula da Silva, a propósito de la perspectiva con la que los gobiernos deberían afrontar la crisis: «el político no puede decidir pensando en las próximas elecciones. Tiene que pensar en las próximas generaciones».

En las páginas salmón de EL PAIS de ayer (27.11.2011) se incluía un artículo compuesto por Paulina Beato y Juan Delgado que recoge una buena parte de las conclusiones de nuestro grupo de debate en Saviálogos (la mesa la coordinaba Paulina Beato, y en ella participamos Blas Calzada, José Luis Erro,  Javier Díez Holchleitner, Julián Inza y Paul Isbell).

La fuente original en EL PAIS: La energía del futuro se decide hoy

Lo transcribo a continuación:

El panorama energético mundial ha cambiado en el último año debido fundamentalmente a dos acontecimientos: el accidente de Fukushima y el descubrimiento de nuevas y abundantes reservas de gas. Los retos de la política energética se mantienen: garantizar el suministro energético de forma competitiva y medioambientalmente sostenible; pero la senda para alcanzarlos ha cambiado. La estrategia para afrontar estos retos debe ponerse en marcha hoy.

El declive de la energía nuclear, el auge del gas y la insuficiencia de las políticas actuales para frenar el calentamiento global son tres de los aspectos más destacables del reciente informe sobre el futuro energético de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El futuro de la energía nuclear es incierto. El accidente de Fukushima ha supuesto un replanteamiento de la estrategia nuclear. Alemania, por ejemplo, se ha comprometido a cerrar sus centrales nucleares en 2022. Otros países, como China o Japón, han ralentizado sus inversiones. Además, las medidas adicionales de seguridad han encarecido notablemente la construcción de nuevas centrales.

El peso de la energía nuclear sobre el mix energético mundial se mantendrá en 2035 en los niveles actuales frente a las previsiones de crecimiento contempladas en el escenario pre-Fukushima. El 70% de la inversión tendrá lugar en países emergentes. El declive de la energía nuclear favorecerá el desarrollo de otras energías como el gas o las energías renovables.

La explotación de nuevas y abundantes reservas de gas cambiará el mapa energético mundial. Las nuevas reservas de gas no convencional, es decir, gas no extraíble mediante tecnologías hasta ahora convencionales, y el abaratamiento de las tecnologías de extracción permiten ser optimista sobre el futuro del gas.

En Estados Unidos y Canadá se están explotando yacimientos cuya viabilidad económica resultaba hasta ahora impensable. La extensión de estas tecnologías a otras regiones del mundo permitirá la explotación de cuantiosas reservas. El gas no convencional es especialmente abundante en Norteamérica, Rusia, China y Latinoamérica y, frente a la concentración del gas convencional, se encuentra geográficamente muy atomizado.

De acuerdo con la AIE, la proporción de gas en el mix energético ascenderá del actual 21% al 25% en 2035. El gas no convencional supondrá el 20% de la producción total frente al actual 12%. Las reservas de gas no convencional son suficientes para garantizar el consumo durante más de 250 años. Así pues, el agotamiento de los recursos energéticos no es uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta la humanidad.

La mayor disponibilidad de gas, la menor concentración geográfica frente al petróleo y el aumento del comercio, debido a innovaciones en el transporte y a nuevas infraestructuras de almacenamiento, harán que se modere su precio y se generalice su uso. Por ejemplo, China prevé en su plan quinquenal 2011-2015 una fuerte apuesta por el gas. La AIE también prevé un incremento del uso del gas en el sector del transporte. Además, la atomización de las reservas de gas suavizará los desequilibrios globales de las balanzas comerciales, uno de los elementos subyacentes en la crisis financiera actual.

Desde el punto de vista de las emisiones de dióxido de carbono, el gas es una opción más limpia que otros combustibles fósiles, pero ¿se traducirá el nuevo mix energético en una disminución de las emisiones respecto al escenario anterior? Sí, pero no de forma sustancial, ya que el gas sigue siendo una alternativa con más emisiones que la energía nuclear, a la que también reemplazará parcialmente.

Los combustibles fósiles seguirán teniendo un papel predominante en 2035. Según la AIE, el nuevo escenario energético con un aumento del uso del gas pero con un menor peso de la energía nuclear que el previsto anteriormente hace disminuir ligeramente las emisiones de CO2 respecto al escenario previo, pero conduce a un aumento de la temperatura en el largo plazo de 3,5 grados centígrados, cifra muy superior a los 2 grados centígrados acordados como objetivo global.

Las políticas actuales no son suficientes para frenar el calentamiento global. El mayor peso del gas no eliminará la necesidad de seguir desarrollando políticas activas contra el cambio climático basadas en las energías renovables, la eficiencia energética, las tecnologías de captura de dióxido de carbono y la adaptación a tecnologías más limpias. El gas puede contribuir a mejorar la seguridad energética y a la transición hacia un mundo libre de carbono pero no es la solución al calentamiento global.

Descarbonizar el mundo es un proceso progresivo y costoso. El margen de maniobra para situar el sector energético en una trayectoria sostenible es limitado. El 80% de las emisiones del sector energético permisibles en 2035 son difícilmente evitables debido a las inversiones ya realizadas.

Según la AIE, se necesitaría una inversión mundial de 28 billones de euros en infraestructura hasta 2035 para poder satisfacer la demanda creciente de energía, especialmente de China e India. Las inversiones deberán ser incluso mayores para mantenerse en una trayectoria sostenible. Las tecnologías actuales no son suficientes para reducir las emisiones de CO2. Es necesario no solo invertir en nuevas tecnologías, sino también hacerlas llegar a los países en fase de industrialización.

La AIE presenta un panorama relativamente favorable para la competitividad y la seguridad energética, pero desalentador en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿A qué retos se enfrenta España en este nuevo escenario? Las energías renovables y el gas natural están llamados a desempeñar un papel muy relevante en el sistema energético español. El futuro de la energía nuclear no está decidido, pero es poco probable que se lleven a cabo nuevas inversiones. El carbón nacional tenderá a desaparecer por su alto coste y elevadas emisiones.

La agenda energética del nuevo Gobierno en este nuevo escenario está repleta de retos ineludibles. En nuestra opinión, son tres los más prioritarios:

En primer lugar, la eficiencia energética debe convertirse en una de las claves de la política energética. Hay multitud de medidas con bajo coste que contribuyen a reducir el uso de energía. La eficiencia energética no solo reduce las emisiones de CO2, sino que hace disminuir el alto déficit energético español, que ejerce una gran presión sobre la balanza comercial.

En segundo lugar, se deben sentar las bases para crear un mercado nacional del gas y su integración en Europa. España se encuentra en una situación geográfica excelente para convertirse en un punto de entrada del gas en Europa occidental. El aumento del comercio mundial de gas requiere de infraestructuras apropiadas y de mercados líquidos para que ciudadanos y empresas se beneficien del mismo.

Por último, España debe apostar decididamente por la lucha contra el cambio climático suprimiendo las ayudas al uso del carbón y apoyando el despliegue de energías limpias. El apoyo financiero del sector público a la investigación y adopción de medidas contra el calentamiento global debe ser firme y continuado. La coordinación y optimización de los instrumentos de lucha contra el cambio climático se hacen más necesarias en épocas de restricciones presupuestarias.

La dilación en la puesta en marcha de estas medidas no hará más que encarecer el suministro futuro de energía y reducir las posibilidades de frenar el calentamiento global. Un precio muy alto para las generaciones venideras. La inacción no es una solución sino una condena.