Artículo publicado en la «Tercera de ABC» el 23 de marzo de 2012.

Autor: Felipe Benjumea Llorente, presidente de Abengoa

«No está bien que paguen justos por pecadores»

Estamos entre los países más avanzados en el desarrollo de energía eólica, y somos los primeros del mundo en termosolar.

«Atribuir a la energía termosolar el déficit de la tarifa eléctrica es simplemente falso; pretender evitar el déficit futuro matando esta actividad, un grave error».

El modelo energético que actualmente existe en España no podrá mantenerse durante mucho tiempo. Está basado en un 80 %, en energías de origen fósil (gas, carbón y petróleo), prácticamente todas ellas de importación. Esta dependencia exterior, supone un serio lastre para la balanza de pagos, la seguridad de suministro, y por tanto, para la seguridad nacional. Dependemos de un pequeño número de países poco estables, que manejan producciones y precios según intereses muy alejados de los nuestros. Pero siendo estas razones poderosas para propiciar un cambio de modelo, lo es más el hecho de que los combustibles fósiles son la causa de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que dan lugar al calentamiento global y el cambio climático. No combatir las causas del incremento de la temperatura del planeta, tendría un grave efecto sobre las especies que lo habitan, y unos costes económicos mucho mayores que las medidas necesarias para mitigarlo.

Por todo ello, la Unión Europea ha emprendido el camino hacia un sistema energético basado en las energías renovables. España se ha comprometido a alcanzar en el año 2020 una cuota del 20 % de renovables respecto al consumo total, lo cual supone duplicar la cuota actual. Asimismo, la Comisión Europea en su «Energy Roadmap 2050«, ha definido un nivel de penetración de energías renovables del 25 % en 2030 y del 55 % en 2050. Estos objetivos, están acompañados de un creciente papel de la electricidad, que deberá proceder en 2050, entre un 65 % y un 97 %, de fuentes renovables. Hemos de duplicar nuestra producción de renovables en la presente década e incrementarla en mayor medida hasta el 2050.

Ante la necesaria evolución hacia un modelo energético renovable, caben dos actitudes. Una, la más frecuente en nuestra historia, esperar a que otros hagan los desarrollos y luego adquirir de ellos la tecnología. La otra, la que históricamente ha convertido en líderes a los países más desarrollados, aprovechar la gran oportunidad que para la economía y el empleo supone participar en primera línea del desarrollo, y exportar a otros tecnología, equipos e instalaciones. En este momento, se dan las condiciones para poder adoptar con éxito la segunda de las opciones. España, por primera vez en su historia, ocupa una posición de liderazgo en un sector industrial y tecnológico de gran y creciente importancia mundial. El sector de renovables da empleo directo en nuestro país a más de 120.000 personas, genera el 1% del PIB, e invierte en I+D el 2,67% de su contribución al PIB, lo que representa más del doble de la media nacional. Este liderazgo español lo es en distinto grado para las diferentes tecnologías. Estamos entre los países más avanzados en el desarrollo de energía eólica, y somos los primeros del mundo en termosolar. El reconocimiento de este liderazgo puede encontrarse en numerosas publicaciones internacionales e incluso en discursos del presidente de los EE UU.

El liderazgo en tecnología solar termoeléctrica se debe a factores como: una alta irradiación solar, una buena política de I+D, una buena regulación, y unas empresas que invirtieron arriesgándose en ella. La actividad termosolar da empleo a 25.000 personas en España, la inmensa mayoría en las regiones con mayor índice de paro; permitió ahorrar en 2010 la importación de 150.000 toneladas equivalentes de petróleo, cantidad que será diez veces mayor en el año 2015; además de evitar en ese mismo año, la emisión de más de 300.000 toneladas de CO2. Las empresas españolas construyen en este momento más plantas termosolares fuera que dentro de España. Se produce en ellas el círculo virtuoso de mantener en nuestro país las actividades de mayor valor añadido con el consiguiente desarrollo en otros sectores, el pago de los correspondientes impuestos, la generación de empleo, y la exportación de tecnología avanzada.

En las últimas semanas se ha producido un intenso debate en torno al «Déficit Tarifario» del sistema eléctrico. Es decir, la acumulación de una deuda contraída con las grandes generadoras de electricidad, debida la diferencia entre los costes estimados del sistema eléctrico y los ingresos obtenidos de su explotación comercial. El monto del déficit acumulado, (más de 24.000 millones de euros) pone de manifiesto la magnitud del problema y la urgencia de una revisión general de costes e ingresos del sistema eléctrico. Ante esta situación, algunos han acusado interesadamente a las energías renovables, y especialmente a la termosolar, de ser las causantes del problema. Nada más lejos de la realidad. El déficit tarifario se viene produciendo desde el año 2000 cuando las energías renovables representaban el 5% de la generación. Si se comparan los 24.000 millones de euros de déficit con los 605 millones de euros recibidos por la termosolar hasta el año 2011, se comprende que atribuir a ésta el citado déficit es completamente absurdo. Como también lo es, pretender resolver el problema mirando al conjunto de las renovables cuyos ingresos totales representan únicamente el 15 % del total de costes del sistema eléctrico.

El origen del déficit se encuentra en una regulación inadecuada derivada de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, que ha permitido una brecha entre los precios del mercado y los costes reconocidos al sistema. Las compañías generadoras de entonces, aceptaron diferir sus ingresos en un contexto de condiciones muy favorables de regulación y financiación del déficit. Desde entonces existen una serie de pagos regulados al régimen ordinario de generación eléctrica, mucho más importante que las primas de las energías renovables, y que son los principales causantes del déficit. Entre ellos destacan los «Costes de Transición a la Competencia» reconocidos a las compañías eléctricas de la época, que los recibieron con un exceso de más de 3.000 millones de euros, y que nunca han sido liquidados por estas. O los grandes beneficios sobrevenidos (windfall profits) que reciben cada año las instalaciones nucleares e hidráulicas a las que se paga la producción a un precio muy superior a sus costes, ya que la inversión en instalaciones fue ya recuperada por las compañías con los mecanismos establecidos en la citada Ley. O los ingresos extraordinarios a estas instalaciones derivados del sistema de pagos por emisiones de CO2.

El conjunto de la generación eléctrica en nuestro país tiene procedencia diversa porque así se ha decidido y comprometido en el seno de la Unión Europea. Cada tecnología debe ser remunerada según sus costes y grado de madurez. El pago de unos precios como los que reciben la nuclear o la hidráulica, muy por encima de sus costes, es una subvención injustificada. La energía nuclear española, a pesar de la recuperación de la inversión por sus propietarios, aún recibe un 42 % más que la francesa y un 62 % más que se estimó para Alemania antes de suspender el programa nuclear. La hidráulica, extrae su energía de cauces públicos con concesiones que se prorrogan sin contrapartida alguna.

En este contexto, las energías renovables están reduciendo sus costes rápidamente recorriendo una curva de aprendizaje que hará que en pocos años, no sólo generen beneficios indirectos que compensan sus mayores costes, sino que estos sean menores que los de la obtenida de combustibles fósiles que marcan el precio del mercado. Según un informe del pasado noviembre de la Asociación de Academias de Ciencias de Europa, la generación termoeléctrica alcanzará costes menores que la de origen fósil en la próxima década. Este hecho está haciendo que numerosos países promuevan la construcción de plantas de este tipo y que empresas españolas estén llevando a cabo muchos de los proyectos. Para que sigamos aprovechando esta oportunidad de generación de empleo y desarrollo, es imprescindible una regulación que permita la construcción en España de plantas en las que las empresas puedan demostrar los avances en su tecnología. El desarrollo de las tecnologías renovables, es una apuesta de primer nivel por el empleo presente y futuro, por el medioambiente, la balanza de pagos, y por nuestra independencia. Atribuir a la energía termosolar el déficit de la tarifa eléctrica es simplemente falso; pretender evitar el déficit futuro matando esta actividad, un grave error.