Aunque reconozco mi preferencia por el equipo Cremades, finalmente ha sido el catedrático de Derecho Civil Antonio Hernández-Gil el ganador de las recientes elecciones a decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)  celebradas el 14 de diciembre de 2007 y junto a el, su equipo, integrado por trece miembros de un amplio espectro generacional, formará la Junta de Gobierno del Colegio.

Un total de 5.076 abogados de los casi 50.000 colegiados de la región acudieron desde primera hora a votar a la sede electoral habilitada en el Palacio de Congresos de Madrid, en el Paseo de la Castellana. En mi opinión una comparecencia escasa que demuestra poco interés, en general, entre los abogados madrileños, por lo que suceda en su Colegio, aunque a criterio de las fuentes del ICAM haya supuesto una «alta afluencia» de electores (lo es si pensamos en el 3% de votantes de elecciones anteriores). La movilización en bloque de los grandes despachos de la capital marcó probablemente el resultado, más que las expectativas despertadas por un equipo 2.0 que utilizó sabiamente los recursos de internet.

Según las fuentes consultadas, la candidatura de Hernández-Gil obtuvo 3.543 votos, frente a los 3.203 de la de Javier Cremades, socio director de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, que ha sido su principal rival en la carrera electoral. El tercer puesto lo ocupó la candidata Maria Jesus Díaz Veiga, de la Asociación Libre de Abogados, con 1.055 votos, y el cuarto fue para Santiago Luengo, con 695 votos. Un total de 8.496 votos que contrasta con el número de electores personados 5.076 (no sé si es que se podía votar más de una candidatura o hay algún error en las cifras proporcionadas por la organización).

El nuevo decano tomará el relevo de Luis Martí Mingarro, que deja el Decanato del Colegio tras 15 años al frente de la Institución. A partir de ahora, el ICAM abre una puerta a la modernización y a la mejora de las relaciones con la Administración de Justicia, una de las principales reivindicaciones de los letrados de la región.

A Hernández-Gil le acompaña Luis Rodríguez Ramos en el puesto de vicedecano. Este reconocido abogado pertenece al Colegio desde 1970 y ha sido miembro de la Junta de Gobierno de Antonio Pedro Rius y con Martí Mingarro como vicedecano en los dos últimos años.

También formará parte de la Junta José María Alonso, socio director de Garrígues. Otros nombres son José María Alonso Puig, Juan Antonio Cremades Sanz-Pastor, María Ángeles Amador Millán, Francisco García-Mon, José Ignacio Rodríguez Rodríguez, Rosa Bedregal Serrano, José María de Areilza Carvajal, Ana Clara Belío Pascual, Casandra Viñuela Beato, Mónica López-Monís Gallego –Tesorera–, Román de la Trinidad Gil Alburquerque –Bibliotecario– y Elena Zarraluqui Navarro –Secretaria–.

Antonio Hernández-Gil

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Hernández-Gil inició en 1975 la docencia en este mismo centro universitario y en 1976 obtuvo el Premio Extraordinario del Doctorado por su tesis sobre «La función de la analogía en el razonamiento jurídico».

En 1978 tomó posesión de la plaza de Profesor Adjunto de Derecho Civil en la UNED y en 1983 obtiene la cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Santiago. En 1986, recibe la Cátedra de Derecho Civil de la UNED.

El nuevo decano, que actualmente pertenece a los Consejos de Administración de Repsol YPF y Barclays Bank, forma parte del Colegio de Abogados desde 1974. Entre 1981 y 2005, integra la Junta de Gobierno de la Institución. Además, es miembro de la Junta Directiva del Club Español del Arbitraje.

El equipo

El equipo de Hernández-Gil apuesta por incrementar la colaboración del colegio con la Administración de Justicia, promover la participación activa del Colegio dentro del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y aumentar la participación de los abogados jóvenes en la vida colegial.

Otra de las propuestas del catedrático es someter el conjunto de servicios y funciones del Colegio a una evaluación interna para mejorar la adecuación de los mismos. Además, promoverá la cooperación con organizaciones internacionales comprometidas en la defensa de semejantes valores y principios.

También pondrá su punto de mira en la responsabilidad social del Colegio en «la defensa de valores constitucionales y jurídicos», tendiendo «vías de comunicación con la administraciones públicas», como apuntó durante la presentación de su candidatura.