Nuevo reglamento de radioaficionados


El pasado dia 5 de julio de 2011, la Subdirección General de Planificación  y Gestión del Espectro Radioeléctrico, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y  para la Sociedad de la Información del MITyC ha publicado la Respuesta a la consulta pública  sobre posibles modificaciones  a incluir en el nuevo Reglamento de Radioaficionados.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información agradece a cuantos han remitido sus observaciones u opiniones respecto de las modificaciones o mejoras que deberían ser introducidas en el nuevo reglamento de radioaficionados.

Se han recibido un total de 39 contribuciones, algunas de ellas especialmente valiosas dada la extensión y profundidad del análisis efectuado respecto del Reglamento actualmente en vigor.

Todas las contribuciones serán analizadas detenidamente y, en la medida de lo posible, incorporadas al nuevo texto que a partir de ahora inicia su tramitación.

Más información

El derecho al olvido y el derecho al recuerdo


Recientemente se ha publicado la noticia de que es BOE se verá obligado a impedir el rastreo de los buscadores.

Yo reconozco que en ocasiones me he quejado de que el BOE permita conocer más fácilmente a cualquiera que a mi mismo el hecho de que se publique la presunta comisión de una infracción (por ejemplo de tráfico), por el efecto de notificación de último recurso del BOE, y que esta circunstancia se potencie con la acción de los buscadores.

Sin embargo, estaría encantado que en el BOE figurara, por ejemplo, que he aprobado el exámen de radioaficionado y que si alguien busca mi nombre en un buscador pudiera tener constancia de esta publicación.

Yo tengo mi opinión sobre la forma de resolver estos problemas, y no coincide con el punto de vista de la Agencia Española de Protección de Datos, ni con la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Y en primer lugar, considero que el derecho al olvido se debe garantizar respecto a «las cosas malas» que se puedan decir de mi, pero no respecto a las «cosas buenas», sobre las que debe primar el derecho al recuerdo. Algo que tiene que ver más con el derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, que específicamente con la Intimidad o la Privacidad.

Y especialmente considero que el problema de base, no es que los buscadores hagan honor o no al archivo «robots.txt» sino que, en primer lugar, no se debería usar el BOE (ni, por supuesto, los tablones edictales) para notificar nada, una vez agotadas las vias convencionales de notificación.

Con la tecnología actual es muy sencillo crear bajo el auspicio del Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas un sistema de notificaciones individuales de último recurso (la dirección electrónica de notificación presunta), susceptible de ser prestada por las administraciones autonómicas a instancia del interesado. El MPTyAP gestionaría, en todo caso el punto de consulta central de los Directorios Coordinados que permiten identificar al prestador del servicio de DENP para un DNI dado.

Los órganos que concluyan sus intentos de notificaciones sin éxito (y que, con la normativa actual, acabarían por notificar por Boletín – BOE, autonómico,…- o Tablón Edictal), emitirían su notificación al sistema DENP.

El ciudadano, podría acceder a conocer las notificaciones que se presumen realizadas y que le involucran, sin más que utilizar el DNI electrónico accediendo al servicio. O, en caso de que no sepa usarlo, mediante la intermediación de un funcionario habilitado para ello en cualquier organismo público de cualquier nivel de la administración que cuente con oficina abierta al público.

En fin, que las malas noticias hay que dejar de darlas a través de sistemas que puedan ser  indexados por los buscadores.

Sigue en descenso el número de tarjetas de plástico


El número de tarjetas de pago cae a su nivel más bajo desde 2005

Banca y clientes echan el freno al dinero de plástico para controlar el gasto

Visto en El País. Autora: AMANDA MARS – Madrid – 04/07/2011

Hay menos dinero de plástico en las carteras. Esas dos, tres o incluso más tarjetas de pago que muchos españoles llevan consigo han ido a la baja desde que comenzó la crisis, pese a que el importe que mueven se ha recuperado desde la caída que sufrió en 2009, el año más negro de este largo declive. En concreto, más de ocho millones, tanto de crédito como de débito, han desaparecido de la circulación en España en poco más de dos años: los 76 millones de 2008 han caído a 68, un 10%, el pasado marzo, según los últimos datos del Banco de España. Hay que remontarse a 2005 para encontrar una cifra tan baja.

«Hay más voluntad de control del gasto por parte del cliente, y reducir el número de plásticos operativos es una vía para lograrlo: esa segunda o tercera tarjeta, la de la tentación, se elimina», señala como uno de los principales motivos Manuel Tresánchez, director de particulares del Banco Sabadell.

Tres de cada 10 tarjetas emitidas no se utilizan, según datos promedio de VISA, la marca responsable del grueso de este mercado en España, y las cuotas que se pagan por ellas al año, de 20 a 30 euros aproximadamente, ha empezado a escocer a los consumidores y ha dado lugar a cancelaciones.

«Con la crisis también hemos notado mucho el crecimiento del débito frente al crédito para controlar más el gasto, y cómo ha bajado el uso de los cajeros que no son propios o de la red propia y que conllevan una comisión«, explican fuentes de un banco español. Aun así, las tarjetas de débito han bajado más que las de crédito porque estas últimas se pueden utilizar de ambos modos: de pago instantáneo o de cargo aplazado.

Pero no solo los clientes han hecho números. Al sector financiero también le han empezado a quemar los costes y los riesgos del dinero de plástico y se ha apretado el cinturón. La migración de las tarjetas magnéticas tradicionales a las de chip, mucho más caras para la entidad financiera, está a punto de culminar «y muchas entidades han aprovechado para dejar de emitir las más inactivas«, apunta Luis García, director general de VISA Europe, división responsable de España y Portugal. «Los plásticos ociosos podían salir a cuenta antes, pero ahora no tanto», apunta Tresánchez, si bien algunas entidades no cobran cuota por algunas.

El consumo interno supone más de la mitad del producto interior bruto (PIB) en España y un buen termómetro es el humo que pueda echar la visa o mastercard de turno. La facturación cayó a finales de 2008 y en 2009, en plena recesión, por primera vez en la historia, y comenzó a recuperarse en 2010. Es decir, que se gasta más, pero con menos tarjetas en el mercado. Los más de 2.100 millones de operaciones en terminales de punto de venta de 2010 supusieron un volumen de 95.648 millones de euros, un 5% más que en ese 2009 de caída. Hasta marzo de este año, ha subido un 2%. La retirada de efectivo de cajeros también creció tras retroceder durante la recesión.

Los clientes, además, han tendido a concentrar el número de cuentas abiertas en distintos bancos y, por tanto, sus tarjetas vinculadas, advierte María Lorenzo, directora de Medios de Pago del Banco Popular.

La reestructuración del sector financiero también tiene mucho que ver en este cambio de signo. El número de cajas de ahorros ha pasado de 45 a 18. Además, las fusiones también han supuesto el cierre de oficinas y recortado el número de cajeros automáticos, de cerca de 62.000 en 2008 a unos 58.600 este año.

Lorenzo, además, advierte de que en España había ya cierta saturación. Los números que maneja VISA Europe también lo muestran. «En España tenemos 44 millones de tarjetas, un 3% menos que hace un año, pero con operaciones por importe de 80.000 millones, mientras que en Francia, por ejemplo, con 35 millones de tarjetas se mueven 200.000 millones de euros», explica Luis García.

Las entidades han echado el freno en sus campañas de comercialización de tarjetas, advierte un portavoz de CatalunyaCaixa, un medio de pago a crédito que no deja de suponer un riesgo asociado.

La sequía crediticia persiste en España. Las tarjetas que permiten el pago fraccionado de una compra mediante cuotas mensuales -las revolving, en la jerga financiera- a cambio de un interés es, de facto, una suerte de crédito al consumo rápido. En España este medio de pago tiene poca penetración, si bien la responsable de esta área en el Banco Popular señala que cada vez se utiliza más.

Pero de lo que dependen las grandes cifras de la economía española, en cualquier caso, no es del número de tarjetas, sino del trajín que se les dé. De momento, en el primer trimestre la tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro se situó en el 4,4% de su renta disponible en el primer trimestre, la más baja desde marzo de 2008.

Democracia 2.0


El primer artículo editorial de ayer, 8 de julio de 2011, del periódico ABC «La tercera» lo firma Milagros del Corral. Me ha parecido interesante por dos razones. Por un lado, porque toma en consideración la potencia de la tecnología actual (que en mi opinión contará con las especialidades relativas a la gestión electrónica de la identidad) para redefinir conceptos de participación de la ciudadanía en las instituciones nuevas y novedosas, lo que da título al artículo. Y por otro lado, porque el postulado más ambicioso del artículo, ya es hoy una realidad. Me refiero, a que ya es posible recoger la opinión de los ciudadanos para medir las inicativas que merecen más o menso impulso, en función de las adhesiones que logran. Esto lo hace Banca Cívica desde hace varios años y lo aplica en una especie de contabilidad analítica a la Obra Social, inicialmente de la CAN (Caja de Ahorros de Navarra) y ahora del conjunto de cajas de ahorro que forman la nueva institución Banca Cívica, que sale a Bolsa en los próximos días.

Transcribo el artículo y anticipo que hacerlo realidad es menos difícil de lo que parece:

EL pasado 21 de agosto, este diario (ABC) publicaba mi artículo Sociedad Digital. Repasaba entonces la extraordinaria revolución que las nuevas tecnologías han supuesto en nuestras vidas, asombrándome de que el único ámbito intocado fuera precisamente la política. Hubiera cabido esperar que, en su papel de orientadora de nuestros destinos, la política y sus actores intentaran explorar las oportunidades que ofrecen las tecnologías para mejorar su propia productividad y reducir costes. Pues bien, ha pasado casi un año — y qué año, ¡vive Dios!— pero nada. Claro que mis propuestas, quizás fruto de los calores de la canícula, eran bastante revolucionarias. Lo reconozco. Después ha venido todo lo que ha venido, y miles de «indignados», a partir de plataformas surgidas en las redes sociales, vienen expresando su hartazgo en una sinfonía cuyo último movimiento todavía está por venir.

Yo sigo instalada en mi desencanto y hoy me propongo adelantar otra pista, no menos rompedora, susceptible de dar un impulso a la participación ciudadana y de contribuir a la revitalización de nuestra anémica democracia capitalista sin capital. Dejo en mano de los economistas y de los expertos todo lo relacionado con las mareantes sumas que habremos de ahorrar a fin de restituirlas a quienes nos las prestaron durante esa borrachera general que asoló España durante los años del «gran botellón nacional» en el que todos —gobiernos, bancos, reguladores, empresas y ciudadanos de a pie— creímos ser ricos y nos apuntamos alegremente al «carpe diem», olvidando que eran otros los que pagaban la juerga y que algún día se acabaría el recreo.

Pero bueno, ahora que ya pasaron las elecciones y tenemos de nuevo una ingente pléyade de parlamentarios recién nombrados o confirmados y un techo presupuestario fijado a trancas y barrancas, sólo puede tener cierta actualidad repensar la preparación de los presupuestos y la distribución de asignaciones a las diversas partidas. Y ahí es donde quería yo llegar: nada menos que a la aplicación de la filosofía 2.0 a este reparto de la miseria presupuestaria, de forma que todos los ciudadanos pudiéramos colaborar expresando nuestras prioridades. Los tecnólogos hablan de las bondades de la inteligencia colectiva, y a lo mejor tienen razón.

La idea se me ocurrió al hacer mi declaración de Hacienda y tener que decidir si el 0,7 por ciento de lo que me corresponde pagar debería atribuirse a la Iglesia Católica, a fines sociales o sin asignación. Dada la inestimable capacidad de los equipos informáticos de la Agencia Tributaria y dado además que «Hacienda somos todos», se me ocurrió que el formulario del Borrador del IRPF debería incluir nuevas y más sofisticadas opciones de asignación que cada contribuyente debería poder cumplimentar. Quienes tengan total confianza en el Gobierno, no tendrían más que poner una cruz en la casilla «sin asignación». Por lo demás, se trataría de configurar en porcentajes las partidas de los presupuestos públicos, tanto de los del Gobierno central como de los autonómicos forales competentes en la recaudación tributaria. Cada uno de nosotros podría expresar en términos porcentuales más o menos elevados su particular interés/desinterés por la educación, la sanidad, la seguridad, los incentivos a la creación de empleo, la ciencia e innovación, las relaciones internacionales, la ayuda al desarrollo, la defensa nacional, las inversiones en infraestructuras, la gestión presupuestaria, la gestión administrativa, los servicios y equipamientos (luz, agua, limpieza, calefacción, equipos informáticos, etcétera), la justicia, las instituciones culturales, la ayuda a los dependientes, la igualdad de género, los espectáculos de calle, gastos imprevistos… En fin, estos no son sino simples ejemplos ilustrativos de la idea. Dejo fuera lo relativo a las Pensiones, fondo distinto que, en teoría, no se nutre de los presupuestos sino de las contribuciones. Estaría incluso dispuesta a que el Gobierno estableciera un porcentaje fijo a los gastos imprevistos. Cualquiera sabe lo difícil que es establecer su cuantía a priori. Pero eso sí, que no abusen. La cuestión es que el contribuyente reparta sus porcentajes como crea conveniente, asegurándose de que el total de los que asigna sume 100 enteros, ó 75 si la asignación para imprevistos establecida por el Gobierno fuera del 25 por ciento. Es un decir.

Llegados aquí, el sistema Padre de Hacienda, oportunamente adaptado, procesaría todos los datos, incluyendo las retenciones ya abonadas por cada contribuyente y el saldo a abonar. Sin más discusión ni trapicheo, quedarían así fijados los presupuestos anuales correspondientes a cada uno de los conceptos, asignándolos a los Ministerios, centros de gasto y autonomías, según proceda. Aquéllas que reciben los recursos presupuestarios del Estado, aplicarían escrupulosamente las mismas asignaciones según las opciones expresadas por los residentes en su Comunidad. O sea, como en el presupuesto familiar, pero en grande. Fácil, ¿no? El debate parlamentario sobre el presupuesto se limitaría a fijar el techo presupuestario para luego tomar nota y aprobar el resultado de la opinión de los ciudadanos, porque no creo yo que ningún partido democrático se atreviera a enmendarle la plana a toda la ciudadanía. Algo tan grave como si se traficaran los recuentos electorales.

Sería como un gran referéndum anual sobre algo tan importante como las cuentas públicas. Y desde luego, mucho más barato y eficaz. Los servicios públicos se esmerarían en atendernos debidamente por la cuenta que les trae, mejorándose indirectamente la productividad de todos y se crearía una sana competencia entre las instancias públicas que viven del presupuesto. Me dirá alguno que esta propuesta deja a los políticos relegados a un papel de meros gestores. No es verdad, ya que a ellos les corresponderá siempre implementar los presupuestos y eso implica la toma de miles de decisiones. A ello se sumaría una evaluación anual sobre los resultados obtenidos en la ejecución presupuestal —qué sesión parlamentaria tan jugosa—, permitiendo a los ciudadanos disponer de muchos más elementos para juzgar el buen hacer del Gobierno. Y, sin duda, tomaríamos buena nota. Como habrán notado los africanistas, esta democracia 2.0 se parece bastante a la «tontine», sistema que todavía hoy aplican muchas familias rurales africanas a la gestión de sus magros haberes. Eligen al miembro de la familia que les parece más inteligente o mejor dotado, le señalan sus prioridades, le entregan sus haberes y durante un período de tiempo le encomiendan su gestión. Transcurrido el plazo, los miembros de la tribu o de la comunidad de la «tontine» evalúan la gestión y además valoran si logró aumentar el rebaño de búfalos o si estos engordaron; según los resultados, prorrogan el encargo o cambian de gestor. El todo, al igual que con los presupuestos públicos, está basado en una cuestión de confianza, eso que ahora escasea tanto en nuestros pagos.

Como ya es demasiado tarde para poner en marcha esta modalidad de democracia 2.0, habría que esperar a la primavera 2012 para aplicarla a la Declaración de Hacienda 2011. Entre tanto, se podría avanzar una simulación para hacernos una idea de su funcionamiento. Comparto con los «indignados» el eslogan de «Mis sueños son vuestras pesadillas». Mis sueños son siempre surrealistas en las cálidas noches de verano.

MILAGROS DEL CORRAL FUE DIRECTORA GENERAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

Microsoft Case Studies: Albalia Interactiva


Spanish Software Developer Builds Free Invoicing Solution In Office 2010

Albalia Interactiva is a Spanish software development company which responded to new electronic invoicing standards in Spain by building an invoicing solution in Microsoft Office 2010, using the powerful Open XML standard. The free OffInvoice solution has won praise from the Government and users alike who laud it as an innovative and complete product.

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Importantes medidas aprobadas en el primer Consejo de Ministros de julio


El Consejo de Ministros del 1 de julio aprobó un conjunto de medidas para fomentar la protección social de los ciudadanos y la sostenibilidad

  • Se amplía el límite de inembargabilidad de los ingresos desde el actual 110% del salario mínimo interprofesional hasta el 150% (961 euros efectivos) para aquellos deudores que han perdido su vivienda habitual
  • Se faculta al ICO para establecer una línea de préstamos a las entidades locales para el pago de las facturas pendientes con empresas y autónomos a 30 de abril de 2011
  • Se fomenta la inversión en nuevas empresas mediante la exención fiscal a las plusvalías que se obtengan
  • Se reforma la Ley de Estabilidad Presupuestaria para introducir una regla de gasto en las administraciones públicas

El Gobierno aprobó el pasado 1 de julio un Real Decreto-Ley que contiene un amplio conjunto de actuaciones para fomentar de forma inmediata la protección social de los ciudadanos, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el apoyo a los emprendedores, tal como avanzó el presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación celebrado la misma semana en que tuvo lugar el Consejo de Ministros.

La norma ha sido publicada en el BOE del 7 de julio como Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS

La iniciativa busca una mayor protección de los segmentos sociales más vulnerables y más expuestos a la crisis, en línea con la propuesta de resolución aprobada ayer por el Congreso de los Diputados.

  • Inembargabilidad de rentas de deudores que han perdido su vivienda habitual en una ejecución hipotecaria 

    Mediante la reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha elevado el umbral de inembargabilidad en los casos en que el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Los elementos principales de la medida son:

    • Incremento del límite a la inembargabilidad desde el actual 110% del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 150% (961 euros efectivos).
    • Incremento del porcentaje adicional de inembargabilidad hasta el 30% por persona dependiente del núcleo familiar y no perceptora de ingresos.
    • Extensión del porcentaje adicional de inembargabilidad del 30%, no sólo a los miembros del núcleo familiar que no dispongan de ingresos, sino también a aquellos cuyos ingresos anuales no alcancen el cómputo anual del SMI (por ejemplo, pensiones no contributivas o personas con otros ingresos reducidos).
  • Adjudicación en subasta de bienes hipotecadosSe eleva del 50% al 60% del valor de tasación el límite mínimo para la adjudicación del bien en los casos en los que el acreedor solicite adjudicarlo por importe inferior a su valor en aplicación de su facultad discrecional. En los supuestos de subastas sin postor, se impide a partir de ahora cualquier adjudicación inferior al 60% del valor de tasación, independientemente de la cuantía de la deuda total.
  • Depósito en subasta 

    Dentro del proceso de ejecución hipotecaria de una vivienda, tiene una especial relevancia para la protección de los intereses, tanto del acreedor como del deudor, la correcta ejecución de la subasta del bien inmueble sobre el que recae la garantía de los préstamos hipotecarios.La Ley de Enjuiciamiento Civil hasta ahora exigía, para tomar parte en la subasta, que los postores efectuaran un depósito por importe del 30% del valor del bien ejecutado. Este porcentaje, en un contexto económico del mercado de la vivienda como el actual, puede estar configurando una barrera de entrada excesiva, que llega a impedir la intervención de quienes pudieran poseer verdadera voluntad de adjudicarse el bien subastado.Por ello, al objeto de mejorar la eficacia de las subastas, se reduce hasta el 20% dicho porcentaje exigido a los postores para participar en una subasta. De este modo, se facilita la presencia de postores y la mejor adjudicación de los bienes hipotecados.

MEDIDAS DE CARÁCTER FINANCIERO

  • Nueva Línea ICO-AyuntamientosEl Real Decreto  faculta a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a que encargue al Instituto de Crédito Oficial (ICO), en su condición de agencia financiera del Estado, la puesta en marcha de una línea de préstamos a las entidades locales en el marco de la línea ICO-Liquidez 2011, para el pago de las facturas pendientes con empresas y autónomos a 30 de abril de 2011, con el fin de facilitar liquidez a las empresas y autónomos que tengan créditos pendientes de cobro con las entidades locales.

    Las garantías de las líneas de crédito no podrán superar el 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011. Si, como consecuencia de la línea de crédito, una entidad local contrajera deuda firme con el Instituto de Crédito Oficial, impagada en el período voluntario fijado, el Ministerio de Economía y Hacienda efectuará a su favor las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado.

  • Regla de GastoEl Real Decreto-Ley incluye una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para introducir una regla de gasto que se aplicará a la Administración General del Estado y a la administración local.

    En concreto, los objetivos de estabilidad presupuestaria de las distintas administraciones se fijarán teniendo en cuenta que el crecimiento de su gasto computable no podrá superar la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española, que se define como el crecimiento medio del PIB, expresado en términos nominales, durante 9 años.

    Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, la tasa de crecimiento del gasto podrá aumentar en la cuantía equivalente. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, la tasa de crecimiento del gasto deberá disminuirse en la cuantía equivalente.

    En caso de incumplimiento, la administración pública responsable deberá adoptar medidas extraordinarias de aplicación inmediata que garanticen el retorno a la senda de gasto acorde con la regla establecida.

MEDIDAS DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

  • Apoyo fiscal a emprendedoresCon la finalidad de estimular las inversiones de terceros en proyectos impulsados por emprendedores, favoreciendo la creación de pequeñas y medianas empresas que permitan avanzar en el cambio de modelo productivo y la generación de empleo, se establecerá un tratamiento fiscal ventajoso en el IRPF para las plusvalías obtenidas como consecuencia de tales inversiones.

    Así, se declaran exentas las plusvalías obtenidas en la transmisión de las acciones o participaciones en dichas entidades, siempre que la inversión se efectúe mediante la suscripción de acciones o participaciones en entidades de nueva o reciente creación que desarrollen una actividad económica.

    En particular, la exención se aplicará a las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de las acciones o participaciones cuyo valor de adquisición no exceda de 25.000 euros anuales y cuando el tiempo de permanencia de los valores en el patrimonio del contribuyente sea superior a tres e inferior a diez años.

  • Facilidades en la constitución de sociedades.Para profundizar en las medidas ya adoptadas por el Gobierno dirigidas a agilizar los trámites para crear una empresa, se ha extendido el uso de los medios electrónicos para reducir plazos y abaratar costes a los emprendedores.

    A partir de ahora, cualquier emprendedor que así lo desee podrá obtener de forma directa y telemática la certificación negativa de denominación social que necesita para emprender su actividad mediante una sociedad. Con ello se profundiza en las medidas dirigidas a facilitar la iniciativa emprendedora y se generarán ganancias de eficiencia para el emprendedor, que es un elemento clave para la dinamización del tejido empresarial, y para acelerar la recuperación económica.

MEDIDAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

  • Silencio positivo y otras medidas.La Ley de Economía Sostenible estableció el silencio positivo como regla general en los trámites de cualquier ciudadano o empresa con las distintas administraciones, con un plazo de tiempo variable en función del procedimiento en cuestión. La existencia de procedimientos con silencio desestimatorio genera barreras, trabas y efectos disuasorios que pueden, en ocasiones, tener como consecuencia final el cierre del mercado a nuevos emprendedores.

    De esta manera, se han identificado 124 procedimientos administrativos en los que operaba el silencio desestimatorio, que mediante este Real Decreto pasan a positivo. Con ello se evitan retrasos, dilaciones e impedimentos que impidan desarrollar nuevas actividades y el crecimiento empresarial, fomentando la eficiencia de las empresas, la competencia y el desarrollo de la innovación.

Se mejora el intercambio electrónico de información entre las diferentes administraciones públicas, reduciendo las cargas administrativas, y se facilita a los ciudadanos la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones oficiales a través de los registros de sus entidades locales, que se constituyen como puntos de entrada del ciudadano a las Administraciones Públicas. Se estima que esta medida reducirá costes y cargas para más de 14 millones de ciudadanos.

Mediante la supresión de exigencias de licencias municipales contenidas en normas estatales y en cumplimiento del mandato de la Ley de Economía Sostenible, se facilita a las entidades locales la aplicación de medios de intervención más favorables al ejercicio de la actividad económica, como son las comunicaciones o las declaraciones responsables, sin necesidad de que tengan que recurrir a licencias de actividad u otros actos de control preventivo. El objetivo de esta medida es evitar dilaciones innecesarias en la creación de empresas.

Visto en el Ministerio de Economía y Hacienda y el BOE

Fiestas de San Fermín


Un tema interesante para los navarros es la coincidencia de salida a Bolsa de Banca Cívica en la que se integra la CAN (Caja de Ahorros de Navarra) con las fiestas de San Fermín que arrancan dentro de 1 hora y poco con el chupinazo desde la Plaza Consistorial de Pamplona.

Seguro que el Santo contribuye a que sea un éxito.

 

EADTrust, Tercero de confianza


Logo EAD Trust Un “tercero de confianza” es una figura definida en el artículo 25 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico española, norma que traspone  la Directiva 2000/31/CE,de 8 de junio del parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información y en particular del comercio electrónico (aunque la citada figura no se señala en la Directiva, cuya SECCIÓN III. CONTRATOS POR VÍA ELECTRÓNICA. solo contiene 3 artículos):

“Intervención de terceros de confianza.
1. Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. La intervención de dichos terceros no podrá alterar ni sustituir las funciones que corresponde realizar a las personas facultadas con arreglo a Derecho para dar fe pública.
2. El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado que, en ningún caso, será inferior a cinco años.”

Un precedente del tercero de confianza lo encontramos en el código civil, en relación con a figura del depósito (en los artículos 1758 y siguientes, TÍTULO XI. DEL DEPÓSITO) y con un sentido diferente en la efinición de la figura del mandato (artículos 1709 y siguientes, TÍTULO IX. DEL MANDATO).

Entre los diversos servicios que presta EADTrust, está el de tercero de confianza, especialmente en contextos de sistemas de firma digitalizada de contratos, custodiando, de forma independiente las evidencias electrónicas de los contratos cumplimentados de forma digital, con firma electrónica o firma digitalizada con tabletas capturadoras de firma.

EDITRAN y la Firma Electrónica


EDItran® es un conjunto de productos para la implantación de soluciones de comunicaciones avanzadas, que posibilitan la conectividad directa entre las aplicaciones informáticas de diferentes empresas, organismos y entidades públicas o privadas, etc.

Se trata de una plataforma de comunicaciones estructurada en diferentes capas funcionales, siguiendo las recomendaciones generalmente aceptadas para el desarrollo de sistemas de comunicaciones abiertos, que se materializa mediante la implantación de diferentes módulos.

Lo comercializa INDRA y permite la interconexión de plataformas heterogéneas, como las basadas en z/OS, las basadas en Unix (en sus diferentes variantes), las basadas en OS/400 y las basadas en Windows, y permite utilizar diferentes protocolos de transporte como X.25, LU6.2 (VTAM)  y TCP/IP.

Permite el intercambio de ficheros AEB (o CSB 19, 34, 43, 57, 58), los de XBRL, los de la AEAT (declaraciones 038, 156, 181, 183, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 291, 296, 345, 346, 347, 349, 611, 616) o los de la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS), Catastro, IGAE, INEM, IMSERSO.

Uno de los módulos de EDITRAN, denominado Criptolib/DES permite el cifrado simétrico de datos con los algoritmos DES y TDES (Triple DES) y un uso básico del cifrado RSA utilizado en el intercambio de claves.

Para el uso de la firma electrónica, EDITRAN incluye un soporte básico de firmas en formato PKCS#7 (el formato primitivo del que surgió CAdES) en el módulo EDITRAN/FF pero solo implementa la generación y comprobación de firmas en sistemas Unix y Windows,  dando soporte a certificados PKI en estas plataformas. Se puede utilizar desde MVS, OS/390 o  z/OS, siempre que se utilicen sistemas satélites (en Unix o Windows), a través de un interfaz de ficheros EDITRAN/G que permita también acceder a dichos ficheros por NFS. De esta forma el Mainframe deja accesibles los ficheros y las firmas (en modalidad «detached») tanto al entorno EDITRAN por un lado, como al entorno NFS por otro. Así un sistema windows o linux pueden acceder como clientes NFS a los mismos ficheros y generar o comprobar firmas electrónicas PKCS#7.

Albalia da soporte a las firmas XAdES y PDF (en las modalidades extendidas, según se describen en las normas TS 101 733 y TS 102 778) en entornos maiframe a través de la suite zBackTrust, siendo la única solución disponible para entornos como z/OS y otros derivados de OS/390. También da soporte a las firmas CAdES (firmas basadas en CMS: Cryptographic Message Syntax, formato evolucionado del veterano PKCS#7) según la especificación TS 101 733. Las firmas generadas y validadas por las soluciones de Albalia exhiben el mayor nivel de compatibilidad (según las pruebas CAdES/XAdES Plugtest) por lo que interoperan con las de otros fabricantes sobre cualquier plataforma.

Para usos avanzados de firma electrónica en entornos Mainframe, la solución zBackTrust es la única disponibles y está certificadas por IBM. Gracias a ellas es posible utilizar EDITRAN en Mainframe sin renunciar a la compatibilidad, y sin necesidad de definir complejos sistemas de conexión con equipos externos. De esta forma aumenta la eficiencia y es posible usar para firmar los equipos CryptoExpress 2 (4764) y Crypto Express3  (4765) habitualmente entregados en las configuraciones estándar de equipos como z10 o zEnterprise.

Los notarios darán nuevos servicios


Autora:  YOLANDA GÓMEZ. Publicado en ABC Empresa el 19 de junio de 2011.

Javier Guerrero, nuevo presidente del Consejo General del Notariado.

Javier Guerrero es presidente de los notarios españoles desde hace apenas dos meses . El estallido de la crisis ha reducido casi a la mitad la actividad de muchas notarías y aumentar los servicios que éstas prestan a los ciudadanos es ahora uno de sus objetivos. Guerrero expresa además su compromiso con la aplicación de la nueva norma que permitirá crear cualquier tipo de empresa en un solo día, y solo con lavisita al notario.

—El procedimiento para su elección fue muy rápido  e incluso hubo plante de cinco decanos.

—Yo era vicepresidente con Antonio Ojeda. Él se jubila en diciembre y por motivos personales y familiares decidió apartarse del primer plano en el último momento de su carrera. A partir de ahí yo puse en marcha un proceso electoral dentro del Consejo parare emplazar al presidente.

—Finalmente ganó la elección con el apoyo de cerca del 60% de los notarios. ¿Se han limado ya asperezas
con quienes no le votaron?

—Tuve un apoyo claramente mayoritario.Votaron 12 decanos afavor y 5 encontra. Y con estos últimos estamos tendiendo puentes.

—¿Pero podría cambiarse el sistema de votación para que haya una elección directa de los cargos directivos del Consejo como ellos pretendían?

—Hay una cierta tendencia a buscar la elección directa. Pero es difícil, porque la ley de colegios profesionales prevé que sea un decano, un voto. En todo caso, al tratarse de una modificación de la normativa electoral, tiene que hacerse de forma muy serena y con un altísimo nivel de consenso

—Tiene por delante año y medio has-ta las próximas elecciones, a finales de 2012 ¿Cuáles son sus retos?

—Mi objetivo es aumentar la importancia de la función notarial en sus dos vertientes, la de colaboración con las administraciones públicas y la de incrementar cada vez más los servicios que se prestan en beneficio de los ciudadanos.

—¿Están superando ya la crisis?

—Las notarías reflejan muy bien el ritmo de la actividad económica porque por nuestros despachos fluye toda la actividad societaria y de creación de empresas, toda la actividad inmobiliaria y toda la actividad crediticia. Las notarías están pasando momentos difíciles que se agudizan y se agravan a medida que va pasando el tiempo.

—¿Y buscan actividades alternativas para compensar la caída del negocio inmobiliario y crediticio?

—Hemos tendido la mano a la administración para colaborar con ella en todo aquello en que podamos ser de utilidad y de manera muy especial en todo lo que permita desjudicializar materias civiles, mercantiles, …Por otro lado, la idea es ir ofreciendo a los ciudadanos cada vez más servicios desde las notarías en la esfera más profesional.

—¿Cuánto hacaído el negocio notarial en estos años de crisis?

—Varía mucho dependiendo de las zonas territoriales. Pero podríamos hablar de una reducción de  en torno al 30%, al 40% o incluso al 50%.

—Los notarios se han convertido en protagonistas del nuevo proyecto del Ejecutivo para agilizar la creación de empresas.

—El Gobierno aprobó un decreto en diciembre en el que centraliza el proceso de creación de empresas en el notario y fija unos plazos muy ágiles para la puesta en marcha de cualquier tipo de sociedad. Y vamos  atratar de darle la mayor divulgación posible.

—Ahora ya sepodían crear algunas empresas en un día.

—Desde la época de Aznar el avance tecnológico ha sido muy importante.  Antes de este decreto ya en lasnotarías se podía obtener la denominación de la sociedad, constituir, saber el CIF, liquidar impuestos y presentar telemáticamente en el registro. Lo que ha hecho ahora el Gobierno es integrar el proceso, metiendo también al registro mercantil de modo que se permita que en un día esté constituida e inscrita la sociedad, sin acudir a fórmulas especiales, como era la nueva empresa, y consagrando la centralidad del notario en todo el proceso.  El emprendedor va a la notaría y desde aquí se realizan todos los trámites asociados al proceso y al día siguiente podrá recoger la escritura inscrita en el registro y con todas las bendiciones para empezar a funcionar.