Banca Cívica sale a bolsa con un precio de 2,7 euros la acción


Banca Cívica cotizará en los mercados desde mañana, jueves 21 de julio de 2011, tras una fuerte demanda de sus acciones entre todos los inversores

El Consejo de Administración de Banca Cívica ha aprobado esta tarde la fijación del precio de las acciones de la entidad en 2,7 euros por acción, una vez concluido el periodo de oferta pública del tramo minorista y de prospección de la demanda del tramo de inversores cualificados. Este precio se sitúa en la horquilla de precios orientativa y no vinculante recogida en el Folleto Informativo de la Oferta.

Con este precio Banca Cívica quiere dar recorrido a la acción para favorecer a los inversores que han depositado su confianza en la Compañía, y que han presentado una fuerte demanda de acciones en todos los tramos, tanto el minorista como el institucional.

Los títulos de Banca Cívica, que comenzarán a cotizar el próximo 21 de julio, han tenido una excelente acogida entre todos los inversores. La emisión de acciones realizada por Banca Cívica ha recibido peticiones por un importe superior a los 1.100 millones de euros

La demanda ha superado en 1,32 veces el tramo institucional, en 2,26 veces el tramo minorista y en 2,7 veces el tramo de empleados. La oferta inicial es de 222.142.800 acciones de nueva emisión, el 44,68% del capital social de Banca Cívica. La oferta es ampliable hasta en 26.657.200 acciones adicionales en caso de ejercicio de la opción de compra (‘green shoe’) que Banca Cívica ha otorgado a la entidad coordinadora global de la operación, hasta alcanzar el 47,5% del capital de la Entidad según el folleto aprobado por la CNMV.

Por otra parte, Banca Cívica y las entidades colocadoras y aseguradoras han firmado hoy el contrato de aseguramiento del Tramo para Inversores cualificados,  tal y como estaba previsto en el calendario de la operación.

Finalmente, el porcentaje de acciones ofrecido al tramo minorista ha representado el 58% del volumen de la oferta, lo que equivale a un total de 128.842.824 títulos, mientras que el porcentaje de la OPS destinada a los inversores cualificados ha sido del 40%: 88.857.120 acciones. Por otra parte, el número de acciones asignadas al Tramo de Empleados ha sido de 4.442.856 acciones, lo que equivale al 2% de la oferta. 

Demanda final de acciones por tramos

Tramo minorista

Órdenes recibidas                  60.112

Importe de la demanda         787,0 millones de euros

Número de veces suscrito     2,26 veces

 

Tramo empleados

Órdenes recibidas                   6.550

Importe de la demanda           32,5 millones de euros

Número de veces suscrito       2,71 veces

 

Tramo inversores cualificados

Órdenes recibidas                        230 órdenes

Importe de la demanda                316 millones de euros

Número de veces suscrito            1,32 veces

 

El próximo jueves día 21 de julio se iniciará la cotización de los títulos en la Bolsa española a partir de las 12 de la mañana.

La operación ha contado con Credit Suisse como Coordinador Global Único; Credit Suisse y Morgan Stanley como joint bookrunners; Ahorro Corporación, Banco Espirito Santo, Keefe Bruyette & Woods, N+1 y AFI como asesores colocadores mayoristas; y La Caixa y Banco Madrid como colocadores minoristas.

Sobre Banca Cívica

Banca Cívica es una de las diez principales entidades financieras españolas, líder en sus mercados naturales, con cuotas superiores en todos los casos al 20 por ciento, con 3,5 millones de clientes y unos activos de 72.000 millones de euros.

La entidad posee un total de 1.442 oficinas y cuenta con 7.800 empleados en 35 provincias de toda España. Da servicio a 3,5 millones de clientes: 3 millones de clientes particulares y más de 500.000 clientes corporativos. La cartera de créditos asciende a 49.819 millones de euros.

El proceso de integración de Banca Cívica es el más avanzado de todos los existentes en España y está previsto que genere unas sinergias de 800 millones de euros en los próximos cuatro años.

Banca Cívica tiene un gobierno corporativo ajustado a las mejores prácticas del sector, con un tercio de miembros de su consejo de administración independientes que ostentan además la presidencia de las comisiones de gobierno más importantes y cuentan con mayoría en ellas.

En el primer trimestre de 2011 Banca Cívica obtuvo un beneficio consolidado atribuido de 54,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 12% en comparación con el cierre pro-forma que se realizó del grupo en el mismo período el año pasado.

Esta salida a Mercados facilitará, sin duda, la expansión y el crecimiento del Grupo tanto a nivel nacional como internacional.

Cotrabajo, versión española del coworking


El coworking (cotrabajo) es una manera de trabajar que permite que varios profesionales independientes compartan una misma oficina o un mismo espacio de trabajo donde se fomenta la «polinización cruzada»,  compartiendo ideas de campos posiblemente diferenciados y se potencia la aparición de negocios conjuntos.

Frecuentemente, los centros de coworking los utilizan los profesionales de Internet, diseñadores, programadores, escritores, periodistas, aquellos trabajos que necesitan poco más que una mesa y un ordenador para ser productivos. En estos centros se cuenta con conexión a internet, teléfono,  café y refrescos (entre los que se incluyen los ricos en cafeína).

Con decenas de espacios ubicados en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Alemania, Australia, Argentina, entre otros, este tipo lugares es utilizado por profesionales nómadas o emprendedores que no quieren trabajar recluidos en sus casas. En ocasiones permiten ofrecer una fachada de profesionalidad cuando los proyectos están en sus fases iniciales.

El Grupo Interactiva promueve uno de estos espacios con Best Space. Una nueva experiencia de colaboración centrada especialmente en el mundo de la seguridad. Aunque es un espacio que está abierto a diferentes tipos de empresas y de emprendedores, las que se benefician más del «caldo de cultivo» logrado, son las que tienen que ver con la seguridad en los sistemas de información. Creadores de páginas web, diseñadores de servicios en entornos de «Cloud Computing», promotores de servicios de Comercio Electrónico, inventores de nuevos medios de pago, especialistas en firma electrónica, emprendedores centrados en la biometría, promotores de software libre, abogados, documentalistas, ingenieros, diseñadores, guionistas, equipos multidisciplinares centrados en los contenidos digitales o en los juegos multimedia.

El coworking es una forma más de innovar, a través de la convivencia de diferentes especialistas centrados en sus propios proyectos, pero con la posibilidad de acceder sobre la marcha a los conocimientos, experiencias y visiones de otros emprendedores.

 

 

Novacaixagalicia ha superado las pruebas de resistencia de 2011 propuestas por la EBA


Novacaixagalicia ha superado las pruebas de resistencia realizadas por la EBA (Autoridad Bancaria Europea) a 91 entidades financieras europeas con los datos de cierre del ejercicio 2010.

La entidad gallega alcanzaría un core tier 1 del 5,3% en el escenario económico más adverso para 2011 y 2012, capital que llega al 6,5% si se consideran las provisiones genéricas fijadas por el Banco de España. La caja con sede en Galicia también había superado el test de estrés realizado en 2010.

Se puede consultar el contenido original de la prueba de resistencia descargando este pdf.

Un aspecto que no miden estas pruebas financieras es la eficiencia de las entidades, que en el caso de la entidad gallega destaca especialmente, al ser una de las entidades financieras más avanzadas tecnológicamente, y con un potencial de ahorro de costes por la eficiencia tecnológica muy significativo. En un entorno económico adverso, la capacidad comercial, la flexibilidad tecnológica  y la estructura de costes pueden ser tan importantes para la evolución de una entidad como su estructura financiera.

Camerfirma, adjudicataria del servicio de certificación de la Comunidad de Madrid


Camerfirma ha resultado la  adjudicataria del servicio de certificación licitado por la Comunidad de Madrid.

El pasado mes de marzo de 2011, la Comunidad de Madrid publicó un concurso público para la adquisición de servicios de certificación electrónica. Dicho concurso abarca soluciones y servicios de firma electrónica para adaptar convenientemente a la Comunidad de Madrid a la Ley 11/2007.

Cinco han sido las entidades de certificación que se presentaron, siendo Camerfirma la ganadora y elegida por el órgano de contratación.

El pliego «Servicios de Certificación Electrónica» numero de expediente EXP:ECON/000889/2010, contempla la emisión de certificados de empleado publico no solo de la propia Comunidad de Madrid, sino también a Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, así como certificados de sello electrónico para actuación automatizada, certificados de sede electrónica, servicio de sellado de tiempo, y certificados para ciudadano, entre otros.

AC Camerfirma según requerimiento del pliego proveerá los servicios de registro de usuarios, emisión, renovación, revocación, suspensión y archivo de certificados reconocidos de clave pública, publicación de certificados y del registro de certificados, y registro de eventos significativos.

En el proyecto se van a crear 85 Autoridades de Registro delegadas de Camerfirma, que harán uso de la plataforma de gestión de certificados PKI que cubre la gestión del ciclo de vida de los certificados así como todos los aspectos adicionales relacionados con la distribución, tales como la gestión de incidencias, generación de evidencias, monitorización, gestión de usuarios, roles, etc

Camerfirma viene ofreciendo a distintas Administraciones, Instituciones y Organismos Públicos, soluciones de certificación digital y sellado de tiempo que permiten dar solución a los distintos requerimientos definidos por el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre que desarrolla la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y que implican autenticación, firma electrónica, cifrado y evidencias temporales. Los certificados de Camerfirma cumplen con el perfil del Consejo Superior de Administración electrónica para la Ley 11/2007 y es posible comprobar su validez a través de la plataforma gestionada por el Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas @firma.

Camerfirma ha emitido certificados de empleado público, sello electrónico para actuación automatizada, sede electrónica, sellado de tiempo, certificado de firma de código, soluciones de publicación certificada, etc. para multitud de Administraciones Públicas tales como Ministerios, Gobiernos regionales, Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos; Organismos públicos tales como Aena, Adif, Boletín Oficial del Estado, Consejo superior de Deportes, Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Autoridades Portuarias, Empresas Municipales de Aguas, Guardia Civil Dirección general de la Policía, etc.

Camerfirma viene trabajando con la Comunidad de Madrid desde el año 2006. La Comunidad de Madrid entonces, contrató a Camerfirma la emisión de certificados de atributos para sus empleados. Así mismo, la Comunidad de Madrid adquirió en Diciembre de 2009 el servicio de sellado de tiempo con el cual además de permitir el sellado de tiempo de culquier archivo electrónico, se firma el BOCAM – Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Tratamiento transfronterizo de los documentos firmados electrónicamente – Decisión de la Comisión 2011/130/UE


Se ha publicado la Decisión 2011/130/UE  de la Comisión de 25 de febrero de 2011 por la que se establecen los requisitos mínimos para el tratamiento transfronterizo de los documentos firmados electrónicamente por las autoridades competentes en virtud de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior.

Con aplicación desde el 1 de agosto de 2011, los Estados miembros implantarán los medios técnicos necesarios para procesar los documentos firmados electrónicamente por las autoridades competentes de otros Estados miembros con una firma electrónica avanzada XML o CMS o PDF, en formato BES o EPES, que se ajuste a las especificaciones técnicas contenidas en el anexo, que presenten los prestadores de servicios en el contexto del cumplimiento de los procedimientos y trámites a través de las ventanillas únicas, según lo previsto en el artículo 8 de la Directiva 2006/123/CE.

Los Estados miembros cuyas autoridades competentes firmen los documentos utilizando otros formatos de firma electrónica distintos de los mencionados, deberán notificar a la Comisión las posibilidades de validación existentes para que otros Estados miembros puedan validar en línea, gratuitamente y sin que sea necesario conocer la lengua original, las firmas electrónicas recibidas, a menos que la información requerida vaya incluida en el documento, en la firma electrónica o en el portador del documento electrónico. La Comisión pondrá dicha información a disposición de todos los Estados miembros.

Texto del Diario Oficial de la Unión Europea

Transcripción:

Decisión de la Comisión de 25 de febrero de 2011 por la que se establecen los requisitos mínimos para el tratamiento transfronterizo de los documentos firmados electrónicamente por las autoridades competentes en virtud de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior. [notificada con el número C(2011) 1081] (Texto pertinente a efectos del EEE) (2011/130/UE)

Aplicable a partir del 1 de agosto de 2011

LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior  (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36), y, en particular, su artículo 8, apartado 3,

Considerando lo siguiente:

(1)  Los prestadores de servicios cuyos servicios entren en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE deben poder llevar a cabo a través de ventanillas únicas y por vía electrónica los procedimientos y trámites necesarios para acceder a sus actividades y ejercerlas. Dentro de los límites establecidos en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2006/123/CE, puede darse aún el caso de que los prestadores de servicios tengan que presentar documentos originales, copias compulsadas o traducciones compulsadas cuando efectúen dichos procedimientos y trámites. En estos casos, es posible que los prestadores de servicios tengan que presentar documentos firmados electrónicamente por autoridades competentes.

(2)  La utilización transfronteriza de las firmas electrónicas avanzadas basadas en un certificado reconocido queda facilitada en virtud de la Decisión 2009/767/CE de la Comisión, de 16 de octubre de 2009, por la que se adoptan medidas que facilitan el uso de procedimientos por vía electrónica a través de las ventanillas únicas con arreglo a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 274 de 20.10.2009, p. 36.), que, entre otras cosas, obliga a los Estados miembros a llevar a cabo una evaluación de los riesgos antes de exigir estas firmas electrónicas a los prestadores de servicios y establece unas normas para la aceptación por los Estados miembros de las firmas electrónicas avanzadas basadas en certificados reconocidos, con o sin dispositivo seguro de creación de firma. No obstante, la Decisión 2009/767/CE no entra en los formatos de las firmas electrónicas en los documentos expedidos por las autoridades competentes que los prestadores de servicios deben presentar cuando lleven a cabo los procedimientos y trámites pertinentes.

(3)  Dado que las autoridades competentes de los Estados miembros utilizan actualmente diferentes formatos de firma electrónica avanzada para firmar electrónicamente sus documentos, los Estados miembros receptores que tienen que procesar dichos documentos pueden encontrar dificultades técnicas derivadas de la variedad de formatos de firma utilizados. Para que los prestadores de servicios puedan llevar a cabo sus procedimientos y trámites por vía electrónica a través de las fronteras, es necesario garantizar que los Estados miembros puedan dar soporte técnico al menos a cierto número de formatos de firma electrónica avanzada cuando reciban documentos firmados electrónicamente por autoridades competentes de otros Estados miembros. La definición de cierto número de formatos de firma electrónica avanzada a los que tendría que dar soporte técnico un Estado miembro receptor facilitaría la automatización y mejoraría la interoperabilidad transfronteriza de los procedimientos electrónicos.

(4)  Es posible que los Estados miembros cuyas autoridades competentes utilicen formatos de firma electrónica distintos de los comúnmente aceptados hayan implementado medios de validación que permitan verificar sus firmas también más allá de sus fronteras. Cuando tal sea el caso, y a fin de que los Estados miembros receptores puedan utilizar estas herramientas de validación, es necesario que la información sobre ellas esté disponible y sea de fácil acceso, a menos que la información necesaria vaya incluida directamente en los documentos electrónicos, en las firmas electrónicas o en los portadores de los documentos electrónicos.

(5)  La presente Decisión no afecta a la determinación por parte de los Estados miembros de qué constituye un original, una copia compulsada o una traducción compulsada. Su objetivo se limita a facilitar la verificación de las firmas electrónicas usadas en los originales, copias compulsadas o traducciones compulsadas que los prestadores de servicios puedan tener que presentar a través de las ventanillas únicas.

(6)  A fin de permitir a los Estados miembros que implementen las herramientas técnicas necesarias, conviene que la presente Decisión sea aplicable a partir del 1 de agosto de 2011.

(7)  Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de la Directiva de servicios.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:


Artículo 1.  Formato de referencia para las firmas electrónicas.

1. Los Estados miembros implantarán los medios técnicos necesarios para procesar los documentos firmados electrónicamente por las autoridades competentes de otros Estados miembros con una firma electrónica avanzada XML o CMS o PDF, en formato BES o EPES, que se ajuste a las especificaciones técnicas contenidas en el anexo, que presenten los prestadores de servicios en el contexto del cumplimiento de los procedimientos y trámites a través de las ventanillas únicas, según lo previsto en el artículo 8 de la Directiva 2006/123/CE.

2. Los Estados miembros cuyas autoridades competentes firmen los documentos a que se refiere el apartado 1 utilizando otros formatos de firma electrónica distintos de los mencionados en dicho apartado deberán notificar a la Comisión las posibilidades de validación existentes para que otros Estados miembros puedan validar en línea, gratuitamente y sin que sea necesario conocer la lengua original, las firmas electrónicas recibidas, a menos que la información requerida vaya incluida en el documento, en la firma electrónica o en el portador del documento electrónico. La Comisión pondrá dicha información a disposición de todos los Estados miembros.

Artículo 2.  Aplicación.— La presente Decisión se aplicará a partir del 1 de agosto de 2011.

Artículo 3.  Destinatarios.— Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

ANEXO

Especificaciones para que una firma electrónica avanzada XML, CMS o PDF sea soportada técnicamente por el Estado miembro receptor

Ver la norma en PDF

Nuevo reglamento de radioaficionados


El pasado dia 5 de julio de 2011, la Subdirección General de Planificación  y Gestión del Espectro Radioeléctrico, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y  para la Sociedad de la Información del MITyC ha publicado la Respuesta a la consulta pública  sobre posibles modificaciones  a incluir en el nuevo Reglamento de Radioaficionados.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información agradece a cuantos han remitido sus observaciones u opiniones respecto de las modificaciones o mejoras que deberían ser introducidas en el nuevo reglamento de radioaficionados.

Se han recibido un total de 39 contribuciones, algunas de ellas especialmente valiosas dada la extensión y profundidad del análisis efectuado respecto del Reglamento actualmente en vigor.

Todas las contribuciones serán analizadas detenidamente y, en la medida de lo posible, incorporadas al nuevo texto que a partir de ahora inicia su tramitación.

Más información

El derecho al olvido y el derecho al recuerdo


Recientemente se ha publicado la noticia de que es BOE se verá obligado a impedir el rastreo de los buscadores.

Yo reconozco que en ocasiones me he quejado de que el BOE permita conocer más fácilmente a cualquiera que a mi mismo el hecho de que se publique la presunta comisión de una infracción (por ejemplo de tráfico), por el efecto de notificación de último recurso del BOE, y que esta circunstancia se potencie con la acción de los buscadores.

Sin embargo, estaría encantado que en el BOE figurara, por ejemplo, que he aprobado el exámen de radioaficionado y que si alguien busca mi nombre en un buscador pudiera tener constancia de esta publicación.

Yo tengo mi opinión sobre la forma de resolver estos problemas, y no coincide con el punto de vista de la Agencia Española de Protección de Datos, ni con la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Y en primer lugar, considero que el derecho al olvido se debe garantizar respecto a «las cosas malas» que se puedan decir de mi, pero no respecto a las «cosas buenas», sobre las que debe primar el derecho al recuerdo. Algo que tiene que ver más con el derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, que específicamente con la Intimidad o la Privacidad.

Y especialmente considero que el problema de base, no es que los buscadores hagan honor o no al archivo «robots.txt» sino que, en primer lugar, no se debería usar el BOE (ni, por supuesto, los tablones edictales) para notificar nada, una vez agotadas las vias convencionales de notificación.

Con la tecnología actual es muy sencillo crear bajo el auspicio del Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas un sistema de notificaciones individuales de último recurso (la dirección electrónica de notificación presunta), susceptible de ser prestada por las administraciones autonómicas a instancia del interesado. El MPTyAP gestionaría, en todo caso el punto de consulta central de los Directorios Coordinados que permiten identificar al prestador del servicio de DENP para un DNI dado.

Los órganos que concluyan sus intentos de notificaciones sin éxito (y que, con la normativa actual, acabarían por notificar por Boletín – BOE, autonómico,…- o Tablón Edictal), emitirían su notificación al sistema DENP.

El ciudadano, podría acceder a conocer las notificaciones que se presumen realizadas y que le involucran, sin más que utilizar el DNI electrónico accediendo al servicio. O, en caso de que no sepa usarlo, mediante la intermediación de un funcionario habilitado para ello en cualquier organismo público de cualquier nivel de la administración que cuente con oficina abierta al público.

En fin, que las malas noticias hay que dejar de darlas a través de sistemas que puedan ser  indexados por los buscadores.

Sigue en descenso el número de tarjetas de plástico


El número de tarjetas de pago cae a su nivel más bajo desde 2005

Banca y clientes echan el freno al dinero de plástico para controlar el gasto

Visto en El País. Autora: AMANDA MARS – Madrid – 04/07/2011

Hay menos dinero de plástico en las carteras. Esas dos, tres o incluso más tarjetas de pago que muchos españoles llevan consigo han ido a la baja desde que comenzó la crisis, pese a que el importe que mueven se ha recuperado desde la caída que sufrió en 2009, el año más negro de este largo declive. En concreto, más de ocho millones, tanto de crédito como de débito, han desaparecido de la circulación en España en poco más de dos años: los 76 millones de 2008 han caído a 68, un 10%, el pasado marzo, según los últimos datos del Banco de España. Hay que remontarse a 2005 para encontrar una cifra tan baja.

«Hay más voluntad de control del gasto por parte del cliente, y reducir el número de plásticos operativos es una vía para lograrlo: esa segunda o tercera tarjeta, la de la tentación, se elimina», señala como uno de los principales motivos Manuel Tresánchez, director de particulares del Banco Sabadell.

Tres de cada 10 tarjetas emitidas no se utilizan, según datos promedio de VISA, la marca responsable del grueso de este mercado en España, y las cuotas que se pagan por ellas al año, de 20 a 30 euros aproximadamente, ha empezado a escocer a los consumidores y ha dado lugar a cancelaciones.

«Con la crisis también hemos notado mucho el crecimiento del débito frente al crédito para controlar más el gasto, y cómo ha bajado el uso de los cajeros que no son propios o de la red propia y que conllevan una comisión«, explican fuentes de un banco español. Aun así, las tarjetas de débito han bajado más que las de crédito porque estas últimas se pueden utilizar de ambos modos: de pago instantáneo o de cargo aplazado.

Pero no solo los clientes han hecho números. Al sector financiero también le han empezado a quemar los costes y los riesgos del dinero de plástico y se ha apretado el cinturón. La migración de las tarjetas magnéticas tradicionales a las de chip, mucho más caras para la entidad financiera, está a punto de culminar «y muchas entidades han aprovechado para dejar de emitir las más inactivas«, apunta Luis García, director general de VISA Europe, división responsable de España y Portugal. «Los plásticos ociosos podían salir a cuenta antes, pero ahora no tanto», apunta Tresánchez, si bien algunas entidades no cobran cuota por algunas.

El consumo interno supone más de la mitad del producto interior bruto (PIB) en España y un buen termómetro es el humo que pueda echar la visa o mastercard de turno. La facturación cayó a finales de 2008 y en 2009, en plena recesión, por primera vez en la historia, y comenzó a recuperarse en 2010. Es decir, que se gasta más, pero con menos tarjetas en el mercado. Los más de 2.100 millones de operaciones en terminales de punto de venta de 2010 supusieron un volumen de 95.648 millones de euros, un 5% más que en ese 2009 de caída. Hasta marzo de este año, ha subido un 2%. La retirada de efectivo de cajeros también creció tras retroceder durante la recesión.

Los clientes, además, han tendido a concentrar el número de cuentas abiertas en distintos bancos y, por tanto, sus tarjetas vinculadas, advierte María Lorenzo, directora de Medios de Pago del Banco Popular.

La reestructuración del sector financiero también tiene mucho que ver en este cambio de signo. El número de cajas de ahorros ha pasado de 45 a 18. Además, las fusiones también han supuesto el cierre de oficinas y recortado el número de cajeros automáticos, de cerca de 62.000 en 2008 a unos 58.600 este año.

Lorenzo, además, advierte de que en España había ya cierta saturación. Los números que maneja VISA Europe también lo muestran. «En España tenemos 44 millones de tarjetas, un 3% menos que hace un año, pero con operaciones por importe de 80.000 millones, mientras que en Francia, por ejemplo, con 35 millones de tarjetas se mueven 200.000 millones de euros», explica Luis García.

Las entidades han echado el freno en sus campañas de comercialización de tarjetas, advierte un portavoz de CatalunyaCaixa, un medio de pago a crédito que no deja de suponer un riesgo asociado.

La sequía crediticia persiste en España. Las tarjetas que permiten el pago fraccionado de una compra mediante cuotas mensuales -las revolving, en la jerga financiera- a cambio de un interés es, de facto, una suerte de crédito al consumo rápido. En España este medio de pago tiene poca penetración, si bien la responsable de esta área en el Banco Popular señala que cada vez se utiliza más.

Pero de lo que dependen las grandes cifras de la economía española, en cualquier caso, no es del número de tarjetas, sino del trajín que se les dé. De momento, en el primer trimestre la tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro se situó en el 4,4% de su renta disponible en el primer trimestre, la más baja desde marzo de 2008.

Democracia 2.0


El primer artículo editorial de ayer, 8 de julio de 2011, del periódico ABC «La tercera» lo firma Milagros del Corral. Me ha parecido interesante por dos razones. Por un lado, porque toma en consideración la potencia de la tecnología actual (que en mi opinión contará con las especialidades relativas a la gestión electrónica de la identidad) para redefinir conceptos de participación de la ciudadanía en las instituciones nuevas y novedosas, lo que da título al artículo. Y por otro lado, porque el postulado más ambicioso del artículo, ya es hoy una realidad. Me refiero, a que ya es posible recoger la opinión de los ciudadanos para medir las inicativas que merecen más o menso impulso, en función de las adhesiones que logran. Esto lo hace Banca Cívica desde hace varios años y lo aplica en una especie de contabilidad analítica a la Obra Social, inicialmente de la CAN (Caja de Ahorros de Navarra) y ahora del conjunto de cajas de ahorro que forman la nueva institución Banca Cívica, que sale a Bolsa en los próximos días.

Transcribo el artículo y anticipo que hacerlo realidad es menos difícil de lo que parece:

EL pasado 21 de agosto, este diario (ABC) publicaba mi artículo Sociedad Digital. Repasaba entonces la extraordinaria revolución que las nuevas tecnologías han supuesto en nuestras vidas, asombrándome de que el único ámbito intocado fuera precisamente la política. Hubiera cabido esperar que, en su papel de orientadora de nuestros destinos, la política y sus actores intentaran explorar las oportunidades que ofrecen las tecnologías para mejorar su propia productividad y reducir costes. Pues bien, ha pasado casi un año — y qué año, ¡vive Dios!— pero nada. Claro que mis propuestas, quizás fruto de los calores de la canícula, eran bastante revolucionarias. Lo reconozco. Después ha venido todo lo que ha venido, y miles de «indignados», a partir de plataformas surgidas en las redes sociales, vienen expresando su hartazgo en una sinfonía cuyo último movimiento todavía está por venir.

Yo sigo instalada en mi desencanto y hoy me propongo adelantar otra pista, no menos rompedora, susceptible de dar un impulso a la participación ciudadana y de contribuir a la revitalización de nuestra anémica democracia capitalista sin capital. Dejo en mano de los economistas y de los expertos todo lo relacionado con las mareantes sumas que habremos de ahorrar a fin de restituirlas a quienes nos las prestaron durante esa borrachera general que asoló España durante los años del «gran botellón nacional» en el que todos —gobiernos, bancos, reguladores, empresas y ciudadanos de a pie— creímos ser ricos y nos apuntamos alegremente al «carpe diem», olvidando que eran otros los que pagaban la juerga y que algún día se acabaría el recreo.

Pero bueno, ahora que ya pasaron las elecciones y tenemos de nuevo una ingente pléyade de parlamentarios recién nombrados o confirmados y un techo presupuestario fijado a trancas y barrancas, sólo puede tener cierta actualidad repensar la preparación de los presupuestos y la distribución de asignaciones a las diversas partidas. Y ahí es donde quería yo llegar: nada menos que a la aplicación de la filosofía 2.0 a este reparto de la miseria presupuestaria, de forma que todos los ciudadanos pudiéramos colaborar expresando nuestras prioridades. Los tecnólogos hablan de las bondades de la inteligencia colectiva, y a lo mejor tienen razón.

La idea se me ocurrió al hacer mi declaración de Hacienda y tener que decidir si el 0,7 por ciento de lo que me corresponde pagar debería atribuirse a la Iglesia Católica, a fines sociales o sin asignación. Dada la inestimable capacidad de los equipos informáticos de la Agencia Tributaria y dado además que «Hacienda somos todos», se me ocurrió que el formulario del Borrador del IRPF debería incluir nuevas y más sofisticadas opciones de asignación que cada contribuyente debería poder cumplimentar. Quienes tengan total confianza en el Gobierno, no tendrían más que poner una cruz en la casilla «sin asignación». Por lo demás, se trataría de configurar en porcentajes las partidas de los presupuestos públicos, tanto de los del Gobierno central como de los autonómicos forales competentes en la recaudación tributaria. Cada uno de nosotros podría expresar en términos porcentuales más o menos elevados su particular interés/desinterés por la educación, la sanidad, la seguridad, los incentivos a la creación de empleo, la ciencia e innovación, las relaciones internacionales, la ayuda al desarrollo, la defensa nacional, las inversiones en infraestructuras, la gestión presupuestaria, la gestión administrativa, los servicios y equipamientos (luz, agua, limpieza, calefacción, equipos informáticos, etcétera), la justicia, las instituciones culturales, la ayuda a los dependientes, la igualdad de género, los espectáculos de calle, gastos imprevistos… En fin, estos no son sino simples ejemplos ilustrativos de la idea. Dejo fuera lo relativo a las Pensiones, fondo distinto que, en teoría, no se nutre de los presupuestos sino de las contribuciones. Estaría incluso dispuesta a que el Gobierno estableciera un porcentaje fijo a los gastos imprevistos. Cualquiera sabe lo difícil que es establecer su cuantía a priori. Pero eso sí, que no abusen. La cuestión es que el contribuyente reparta sus porcentajes como crea conveniente, asegurándose de que el total de los que asigna sume 100 enteros, ó 75 si la asignación para imprevistos establecida por el Gobierno fuera del 25 por ciento. Es un decir.

Llegados aquí, el sistema Padre de Hacienda, oportunamente adaptado, procesaría todos los datos, incluyendo las retenciones ya abonadas por cada contribuyente y el saldo a abonar. Sin más discusión ni trapicheo, quedarían así fijados los presupuestos anuales correspondientes a cada uno de los conceptos, asignándolos a los Ministerios, centros de gasto y autonomías, según proceda. Aquéllas que reciben los recursos presupuestarios del Estado, aplicarían escrupulosamente las mismas asignaciones según las opciones expresadas por los residentes en su Comunidad. O sea, como en el presupuesto familiar, pero en grande. Fácil, ¿no? El debate parlamentario sobre el presupuesto se limitaría a fijar el techo presupuestario para luego tomar nota y aprobar el resultado de la opinión de los ciudadanos, porque no creo yo que ningún partido democrático se atreviera a enmendarle la plana a toda la ciudadanía. Algo tan grave como si se traficaran los recuentos electorales.

Sería como un gran referéndum anual sobre algo tan importante como las cuentas públicas. Y desde luego, mucho más barato y eficaz. Los servicios públicos se esmerarían en atendernos debidamente por la cuenta que les trae, mejorándose indirectamente la productividad de todos y se crearía una sana competencia entre las instancias públicas que viven del presupuesto. Me dirá alguno que esta propuesta deja a los políticos relegados a un papel de meros gestores. No es verdad, ya que a ellos les corresponderá siempre implementar los presupuestos y eso implica la toma de miles de decisiones. A ello se sumaría una evaluación anual sobre los resultados obtenidos en la ejecución presupuestal —qué sesión parlamentaria tan jugosa—, permitiendo a los ciudadanos disponer de muchos más elementos para juzgar el buen hacer del Gobierno. Y, sin duda, tomaríamos buena nota. Como habrán notado los africanistas, esta democracia 2.0 se parece bastante a la «tontine», sistema que todavía hoy aplican muchas familias rurales africanas a la gestión de sus magros haberes. Eligen al miembro de la familia que les parece más inteligente o mejor dotado, le señalan sus prioridades, le entregan sus haberes y durante un período de tiempo le encomiendan su gestión. Transcurrido el plazo, los miembros de la tribu o de la comunidad de la «tontine» evalúan la gestión y además valoran si logró aumentar el rebaño de búfalos o si estos engordaron; según los resultados, prorrogan el encargo o cambian de gestor. El todo, al igual que con los presupuestos públicos, está basado en una cuestión de confianza, eso que ahora escasea tanto en nuestros pagos.

Como ya es demasiado tarde para poner en marcha esta modalidad de democracia 2.0, habría que esperar a la primavera 2012 para aplicarla a la Declaración de Hacienda 2011. Entre tanto, se podría avanzar una simulación para hacernos una idea de su funcionamiento. Comparto con los «indignados» el eslogan de «Mis sueños son vuestras pesadillas». Mis sueños son siempre surrealistas en las cálidas noches de verano.

MILAGROS DEL CORRAL FUE DIRECTORA GENERAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

Microsoft Case Studies: Albalia Interactiva


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Albalia Interactiva is a Spanish software development company which responded to new electronic invoicing standards in Spain by building an invoicing solution in Microsoft Office 2010, using the powerful Open XML standard. The free OffInvoice solution has won praise from the Government and users alike who laud it as an innovative and complete product.

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