Agradezco a Blockchain España su invitación para participar en los cursos de Experto Legal en Blockchain, Smart Contracts, ICOs y DAOs que se han celebrado hasta la fecha.
Es un lujo compartir estrado con los ponentes participantes y un placer el intercambio de pareceres con los alumnos, que demuestran un nivel de preparación muy alto.
Hasta la fecha he participado en 3 ediciones:
Posiblemente se anuncien nuevas ediciones. Estad atentos.
El Comité técnico PKCS #11 de OASIS desarrolla mejoras del consolidado estándar PKCS #11 diseñado originalmente por los Laboratorios RSA, y con información aportada por Cryptsoft , para su uso en bibliotecas de programación, aplicaciones de código abierto, mecanismos de invocación entre programas y productos informáticos. Trabaja en aspectos tales como directrices de implementación, material formativo (tutoriales) de uso, escenarios de prueba y conjuntos de aplicaciones de prueba, pruebas de interoperabilidad, coordinación de pruebas funcionales, desarrollo de perfiles de conformidad e, incluso, desarrollo de implementaciones de referencia.
La interfaz PKCS #11 (Interfaz de dispositivo criptográfico -«Cryptographic Token Interface» o cryptoki) define un API genérico de acceso a dispositivos criptográficos. Se utiliza en todo tipo de sistemas para que las aplicaciones informáticas accedan a las claves de custodiadas en los dispositivos conectados, tales como HSM (Hardware Security Module) y tarjetas criptográficas, como la del DNI electrónico.
La API define los tipos de objetos criptográficos más comúnmente utilizados (claves RSA, certificados X.509, claves DES / Triple DES, etc.) y todas las funciones necesarias para usar, generar, modificar y eliminar esos objetos.
Gran parte de los sistemas informáticos utilizados para implementar «autoridades de certificación» usa PKCS # 11 para acceder a la clave secreta de firma de la CA o para generar certificados de usuario. El software de diferentes entornos que necesita usar tarjetas inteligentes usa PKCS # 11 (o, alternativamente funciones CSP-Cryptographic Service provider. a través de la denominada «Crypto API»), para gestionar sus funciones criptográficas.
Entre otros tipos de software, los conocidos Mozilla Firefox y OpenSSL (con una extensión). Tanto Oracle Solaris como Red Hat Linux contienen implementaciones de la interfaz PKCS # 11 para el uso de las aplicaciones que se ejecutan en esos entornos.
Como se ha indicado, una forma alternativa de acceder a las funciones criptográficas de los dispositivos en entornos Microsoft Windows es el uso de la API MS-CAPI específica de la plataforma.
El estándar PKCS # 11 lo creó originlamnete RSA Security junto con sus otros estándares PKCS en 1994.
En 2013, RSA contribuyó con el último borrador 2.30 de revisión del estándar al organismo de estandarización OASIS para que este continuara el trabajo de mantenimiento del estándar a través del recién creado Comité técnico de PKCS11.
La siguiente lista recoge las principales versiones:
El estándar actualizado proporciona soporte adicional para casos de uso de computación móvil y en la nube: para aplicaciones distribuidas y federadas que involucran funciones de administración de claves (generación de claves, distribución, traducción, depósito en custodia, cambio de claves); modelos basados en sesiones; dispositivos virtuales y almacenes de claves virtuales; aplicaciones inalámbricas / de sensores en evolución usando comunicación de campo cercano (NFC), RFID, Bluetooth y Wi-Fi.
Los miembros del Comité Técnico PKCS#11 también están diseñando nuevos mecanismos para la instrumentación de la API, adecuados para su uso en prototipos, perfiles y pruebas en entornos de aplicaciones con recursos limitados. Estas actualizaciones permiten la compatibilidad para facilitar la integración de PKCS # 11 con otros estándares de administración de claves criptográficas (cryptographic key management system – CKMS), que incluyen una gama más amplia de algoritmos criptográficos y modelos de servicio.
Según declara el propio comité, en su página web de OASIS, el objetivo del Comité Técnico PKCS11 es la mejora y el mantenimiento continuos del estándar PKCS # 11, ampliamente utilizado en toda la industria como una especificación básica para servicios criptográficos. El estándar PKCS # 11, desarrollado originalmente bajo el liderazgo de RSA Laboratories, especifica una API, llamada Cryptoki, para dispositivos que contienen información criptográfica y funciones criptográficas. La API sigue un enfoque simple basado en objetos, aborda los objetivos de independencia tecnológica (cualquier tipo de dispositivo) y el uso compartido de recursos (múltiples aplicaciones que acceden a múltiples dispositivos), presentando a las aplicaciones una vista común y lógica del dispositivo llamado token criptográfico.
Otras áreas de actividad incluyen la especificación de la nueva funcionalidad PKCS # 11 en apoyo de la integración con otros estándares, en concreto el Protocolo de interoperabilidad de gestión de claves de OASIS (Key Management Interoperability Protocol – KMIP). El comité también participará en actividades que apoyen la implementación efectiva e interoperable de PKCS # 11, incluyendo actividades tales como el desarrollo de orientación sobre el uso de PKCS # 11, el soporte de pruebas de interoperabilidad y la coordinación de implementaciones de referencia.
Ahora que la plataforma de Inteligencia Artificial de Telefónica se identificará con esta denominación «AURA», me viene a la memoria la época en la que como estudiante del Colegio Irabia de Pamplona y con el rol de director de la revista de alumnos, lancé la revista «AURA«. Corría el año 1976.
En 2018 Telefónica presenta AURA, un nuevo modelo de relación con sus clientes basado en inteligencia cognitiva pionero en el sector
En 1976, la revista se redactaba con una máquina de escribir sobre un papel especial con 3 capas incluyendo una similar a un calco (el cliché).
La maquetación no podía jugar con diferentes tipos de letra.
Y había que teclearlo todo sin errores, porque de lo contrario había que descartar la hoja completa, relativamente cara. El sistema de tipo «Ciclostil» permitía generar múltiples copias cuando todavía no estaba inventada (o generalizada) la fotocopiadora.
El ciclostil o mimeógrafo se utilizó como medio barato para producir copias de un texto, sobre todo en escuelas. Estas máquinas, inventadas al final del siglo XIX (se atribuye a Edison su creación) eran manuales inicialmente, aunque después fueron perfeccionadas al añadirles un motor eléctrico.
Era una época en la que muy pocos redactores formaban el equipo editorial de la revista. Y los propios redactores debían encargarse de preparar las hojas para la ciclostil.
Otros sistemas alterativos de impresión, las «vietnamitas» la usaban grupos «clandestinos» para imprimir sus folletos de difusión y propaganda con técnicas parecidas.
No hace mucho (diciembre de 2017) se ha producido una triste noticia relativa a los sistemas de impresión que se van tornando obsoletos. La despedida de la rotativa del periódico «El Pais»
Biometric Vox, startup murciana que ofrece soluciones de autenticación y firma electrónica avanzada a través de biometría vocal, ha logrado captar un millón de euros de capital semilla procedente de diferentes inversores: InnoCapital –el vehículo de corporate venture de InnoCells, asociado a Banc Sabadell–, Murcia Emprende SCR, Serban Biometrics y un consorcio de conocidos empresarios de la Región de Murcia (business angels).
InnoCapital realiza inversiones estratégicas de carácter digital y tecnológico en negocios en fase seed (semilla) , series A y B, relacionados con áreas de interés estratégico para el Grupo Banco Sabadell.
Julio Martínez, director ejecutivo de InnoCells, entiende que «las soluciones que ofrece Biometric Vox satisfacen la creciente demanda de personalización, inmediatez y seguridad en la contratación de servicios financieros y no financieros. En InnoCells apostamos por startups como Biometric Vox que persiguen el liderazgo tecnológico y digital, y trabajan con visión estratégica sobre un modelo de negocio sustentado en tendencias de mercado claras».
Biometric Vox surgió en Murcia en 2015, captando talento de la universidad próxima para resolver problemas de gestión de identidad identificados inicialmente en el campo murciano.
La investigación en técnicas biométricas abrió múltiples posibilidades, especialmente en el ámbito de la voz, que está especialmente caracterizada para la prestación del consentimiento pero que plantea interesantes retos La startup ofrece en la actualidad varios productos basados en biometría vocal construidos a partir de técnicas de machine learning adaptables a cada contexto y cliente:
Joaquín Cros, fundador de Biometric Vox, subraya la importancia de esta inversión «para acelerar la expansión internacional de la compañía y en beneficio del equipo humano involucrado en el proyecto». Además reconoce que «esta nueva etapa supone un gran impulso hacia nuevas líneas de investigación».
El equipo humano de Biometric Box. Joquín Cros debe ser el fotógrafo, porque no lo veo en la foto.
Me siento muy honrado de haber contribuido al proyecto, y respaldo sus logros, ya que he tenido ocasión de auditar una de sus plataformas en 2016.
Este es un tema que suelo tratar con alguna frecuencia, por lo que se pueden ver otros artículos relacionados en esta lista:
En esta ocasión me limitaré a traducir la Portaria n.o 1370/2000 (2.a série). Esta norma portuguesa establece las exigencias sobre el seguro de responsabilidad civil de los Prestadores de Servicios Electrónicos de Confianza radicados en Portugal. Se enmarca, por tanto en el desarrollo nacional del Reglamento UE 910/2014 (EIDAS).
Esta traducción puede servir para comparar con la normativa equivalente publicada en España y a la que me he referido reiteradamente en los articulos citados al principio.
Esta es la norma:
Tras la entrada en vigor del Decreto-ley n° 290-D/99, de 2 de agosto, por el que se aprueba el ordenamiento jurídico de los documentos electrónicos y de la firma digital, es necesario definir las características del contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil al que se refiere el apartado d) del artículo 12 del mismo decreto.
Se dio audiencia a la Asociación Portuguesa de Seguros.
Así:
En virtud del artículo 17 del Decreto-Ley Nº 290-D/99 del 2 de agosto:
Manda al gobierno, por el Ministro de Hacienda, lo siguiente:
b). sin perjuicio de lo dispuesto en la letra c) del presente apartado, el contrato de seguro garantiza únicamente el pago de indemnización por daños y perjuicios derivados de las reclamaciones que se produzcan en su período de validez.
c) en los casos de expiración o retirada de la acreditación o cese de actividad de la autoridad certificadora, el contrato de seguro se efectuará hasta el final del período establecido en el mismo.
2. el contrato de seguro cumplirá los siguientes requisitos:
a) Ser celebrado por un determinado período, nunca inferior a un año, y renovable;
b) tener un capital mínimo anual de 125 000 €, independientemente del número de partes lesionadas y reclamaciones.
3. En el contrato de seguro se podrán estipular franquicias no oponibles a terceros perjudicados o a sus herederos que no superen los 10 000 €.
4. El contrato de seguro previsto en el apartado 1 deberá excluir siempre la cobertura de los daños que deban ser cubiertos por otros seguros obligatorios, aunque no hayan concluido.
5. el contrato de seguro previsto en el apartado 1 podrá excluir la cobertura de los daños y perjuicios:
a) causados a socios, administradores, representantes legales o agentes de la persona jurídica cuya responsabilidad esté garantizada;
b) causados a cualquier persona cuya responsabilidad esté garantizada por este acuerdo, y al cónyuge, que viva de hecho en unión con el asegurado, ascendente y descendente o personas que hayan cohabitado o vivan a cargo de ella;
c) ocurridos como resultado de la guerra, huelga, bloqueo, disturbios, conmociones civiles, agresiones, sabotaje, terrorismo, actos de vandalismo, levantamientos civiles o militares o decisiones de autoridades o fuerzas usurpadoras de autoridad;
d) resultantes del incumplimiento por la autoridad certificadora de los deberes derivados del artículo 26 del Decreto-ley n° 290-D/99 del 2 de agosto;
e) Correspondientes a lucros cesantes
6. el contrato de seguro previsto en el apartado 1 podrá prever el derecho de devolución de la empresa de seguros en los siguientes casos:
a) cuando los daños resulten de una acción intencional o de un acto de calificación como delito o administrativo del asegurado o de la persona por quien se civilmente responsable;
b) cuando los daños resulten de actos u omisiones efectuados por el asegurado o por la persona de quien sea civilmente responsable, en estado de demencia o bajo la influencia del alcohol, estupefacientes u otras drogas o productos tóxicos.
29 de agosto de 2000. — Por el Ministro de Hacienda, António do
Pranto Nogueira Leite, Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças
Los documentos de filiación (breeder documents) son documentos básicos que un individuo debe presentar para obtener otros documentos, como documentos de identidad, licencias de conducir o pasaportes. Los documentos de filiación incluyen las partidas de nacimiento y bautismales.
Los documentos de filiación, en particular los certificados de nacimiento, representan el vínculo básico entre un individuo y la comunidad donde nace y vive un individuo, y es la prueba documental básica de nacionalidad y ciudadanía.
En la mayor parte del mundo, los documentos de filiación son documentos con pocas medidas de seguridad pese a constituir la base de la identidad de los ciudadanos. Esta falta de seguridad ha llevado a un defecto inherente en todos los procesos de creación de identidad utilizando los documentos de filiación como prueba de identidad o de fuente de la prueba.
ARCADIO SUAREZ – C.270508 – R. MATERNO IDENTIFICACION DE BEBE -SP_20080527
Los dermatoglifos del pie de los recién nacidos (información biométrica en forma digital de la huella plantar) basados en procedimientos consolidados llevados a cabo por los hospitales, podrían asociarse a registros de nacimiento usando criptografía para proteger aún más los documentos de filiación, y, en particular, los registros de registro civil digital.
Los Premios Autelsi 2018 se entregarán con motivo de la celebración de la XIV Convención Autelsi, el próximo 8 de marzo de 2018. Este evento congrega en torno a 200 profesionales del sector TIC, y y en el se lleva a cabo el reconocimiento público a instituciones y empresas que hayan destacado en las cinco categorías contempladas.
Para esta edición de los premios, se valoraron 26 proyectos que los asociados de Autelsi votaron para determinar los ganadores.
El Premio Autelsi al mejor proyecto para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, ha recaído ex-aequo a dos iniciativas que obtuvieron el mismo número de votos: el proyecto ”Aragón Open Data” del Gobierno de Aragón y el proyecto ”Identidad y Confianza Digital” de Abanca.
En la categoría de Iniciativa Tecnológica en el Sector Público el proyecto ganador ha sido “Justicia Digital” del Ministerio de Justicia
En la categoría de Compromiso Social y Medioambiental el galardón recae en el proyecto: ”Formatos tecnológicos e innovadores para un Museo más social” del Museo Nacional de Arte Centro Sofía
El premio en la categoría de Labor de Divulgación y Difusión de las TIC, ha sido para el proyecto del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ”Protege tu empresa”.
En la página de asociación se recoge información sobre los diferentes proyectos presentados en sus Premios Autelsi 2018.
Por su interés para los lectores de este Blog se transcribe la información relativa al proyecto Justicia Digital.
En 2015, tras introducirse cambios relevantes en las leyes procesales y en la normativa conexa, como la relativa a Lexnet, se emprende en el Ministerio de Justicia de España el Programa Justicia Digital con el objetivo de desarrollar aplicaciones y servicios que faciliten la gestión procesal automatizada de los asuntos sometidos a los Tribunales, así como la implantación de nuevas metodologías de trabajo que mejoren la eficiencia de los procesos.
La solución tecnológica que se ha diseñado está compuesta por un conjunto de módulos que gracias a la interoperabilidad con el Sistema de Gestión Procesal (Minerva para los órganos judiciales o Fortuny para la Fiscalía) permite a los órganos judiciales y Fiscalías del «territorio Ministerio» el tratamiento electrónico de la información.
Se denomina «Territorio Ministerio» al conjunto de comunidades autónomas en las que la responsabilidad de provisión de medios materiales para la administración de Justicia se mantiene dentro del Ministerio de Justicia. El resto de comunidades autónomas tienen competencias en dicha provisión de medios y ofrecen soluciones informáticas compatibles.
La estructura de personal de los operadores jurídicos (jueces y magistrados, fiscales y letrados de la administración de justicia, entre otros) es nacional e independiente de otras administraciones. La administración de Justicia es un poder del estado y no se considera administración pública en el sentido de la Administración General del Estado.
En el proyecto presentado, «Justicia Digital«, las comunicaciones (demandas, escritos, notificaciones y expedientes administrativos), las operaciones de firma, visionado y consulta de documentos son íntegramente digitales, de manera que se elimina el uso del papel del proceso y se otorgan mayores garantías a todos los actos jurídicos.
Los diferentes módulos desarrollados son los siguientes:
El procedimiento judicial deja de ser un conjunto de papeles atados con cordeles que se traslada de un órgano a otro y pasa a ser un Expediente Judicial Electrónico, referenciable desde cualquier lugar por vía electrónica. Se configura un registro único de entrada que se encarga de la recepción y catalogación de documentos, ya sean electrónicos o en papel (en este caso se digitalizan). Se normaliza, así la presentación de documentación independientemente de la vía de entrada de ésta y en todo momento existe un control y trazabilidad de la información.
Asimismo, se establecen metodologías de trabajo y de criterios de gestión homogéneos para facilitar el proceso de adaptación a las nuevas funciones del personal. Los Manuales de Operativas establecen los procedimientos que cubren las diferentes casuísticas de la operativa diaria en una sede judicial, adecuando los procesos de trabajo del Órgano Judicial con las herramientas tecnológicas necesarias que dan soporte al Expediente Judicial Electrónico.
El alcance de la implantación de la digitalización de la justicia circunscrito al ámbito territorial del Ministerio de Justicia (hay que considerar que en las comunidades autónomas no incluidas en este ámbito territorial también se están llevando a cabo diversas iniciativas de modernización) comprende:
La puesta en funcionamiento de Justicia Digital se está llevando a cabo de forma progresiva en 3 fases:
De forma paralela, los Jueces, Magistrados, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia están recibiendo un moderno equipamiento para facilitar la movilidad de su puesto de trabajo mediante la dotación de ordenadores de tipo tableta con teclado, de alto rendimiento (dispositivos portátiles Microsoft Surface) y elementos asociados (dock station, teclado, lector tarjetas inalámbrico), para acceder a las herramientas de soporte al Expediente Judicial Electrónico de forma segura y desde cualquier lugar.
En 2017 se han distribuido 1.451 puestos de trabajo móvil (57%) de los 2.541 previstos para completar el proceso se instalación a lo largo del 2018.
Entre el 22 de febrero de 2016 y el 4 de diciembre de 2017, la tramitación electrónica de los procesos judiciales se ha puesto en funcionamiento en el 84% del ámbito territorial competencia del Ministerio de Justicia.
Esto supone el 100% de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, así como en el 97% de los Órganos Judiciales unipersonales del territorio Ministerio (638 de 659). Respecto a los órganos centrales el avance es del 54%, el Orden Social y Penal del Tribunal Supremo (7 órganos de 20), y el orden social y Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (22 órganos de 34) trabajan en digital.
Para culminar la implantación de Justicia Digital, durante los meses de febrero y marzo de 2018 se va a desplegar la solución en 21 órganos judiciales (de 8 partidos judiciales de Castilla la Mancha y Murcia), mientras que la implantación del resto de órdenes de los Órganos centrales, se efectuará conforme al calendario que se establezca de forma consensuada.
Los datos de uso, a fecha 11 de enero de 2018, teniendo en cuenta el carácter progresivo de la implantación y por tanto, la entrada de datos a partir de la puesta en producción en cada sede:
Actualmente el Programa se ha implantado en 17 fiscalías de las 39 previstas, lo cual supone un avance de un 43,6% de la implantación planificada. En 2018 culminará el proceso en el resto de Fiscalías del territorio del Ministerio.
Los datos de uso desde el 12 de diciembre de 2016 al 4 de enero de 2018, teniendo en cuenta la puesta en funcionamiento progresiva de cada Fiscalía, son: 190.376 notificaciones recibidas; 52.463 itineraciones telemáticas registradas (62,14 %), y 53.401 dictámenes firmados y enviados telemáticamente (67,56%).
Con la implantación de la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales se mejora el servicio público que se presta en la Administración de Justicia adecuándose a lo estipulado en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia y se consiguen objetivos estratégicos como una Justicia más accesible, más transparente, ágil y mejor interconectada.
La implantación de Justicia Digital representa un nuevo modelo de prestación de servicios de la Justicia orientado a la sostenibilidad, la eficiencia y la expansión a toda la Administración de Justicia.
Se dispone de un modelo de trabajo que compatibiliza aspectos centralizados y distribuidos, adaptado a las distintas peculiaridades de la sede judicial (órgano unipersonal, colegiado, esquema de oficina judicial…).
Asimismo, se favorece el máximo aprovechamiento de las TIC en la actividad judicial, de modo que los sistemas pueden compartir datos e información que permiten una tramitación más ágil de los asuntos judiciales, contribuyen a reducir errores y a mejorar la calidad de las decisiones judiciales.
El proyecto Justicia Digital Supone un gran avance en la prestación de servicios de la Administración de Justicia que apuesta por una nueva forma de funcionamiento que aporta eficacia, eficiencia, productividad, seguridad y calidad en los mismos.
El secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle, ha anunciado el pasado 7 de febrero de 2018 la creación de una mesa de trabajo para abordar el desequilibrio de representatividad por sexos (que denomina «brecha de género») en el ámbito tecnológico tras reunirse con las principales asociaciones de mujeres del sector.
Al encuentro celebrado en la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital han asistido Cristina Aranda y Sara Alvarellos de Mujeres Tech; Marina Serrano y Lucía Manzano de Girls in Tech Spain; Sara Gómez de Mujeres e Ingeniería; Rocío Tomé de FemsDevs; Milagros Sainz de Grupo de Investigación Género y TIC de la Universidad Oberta de Catalunya; Gisela Vaquero de Women In Games y Laila El Qadi por parte de Inspiring Girls.
La mesa de trabajo, que incluirá a representantes de las instituciones y la sociedad civil, tendrá por objetivo plantear soluciones a cuestiones como el descenso de la matriculación de mujeres en estudios tecnológicos de secundaria y en la Universidad, la escasa presencia de mujeres en puestos de trabajo tecnológicos, las actitudes machistas y de acoso de género en el consumo de contenidos digitales y la influencia sociocultural de los roles y patrones de género en el nuevo entorno tecnológico.
Además, el departamento elaborará un Libro Blanco sobre la situación de las mujeres en el ámbito tecnológico y reforzará las encuestas que realiza el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI) sobre la situación de las mujeres en el sector TIC.
El fomento de vocaciones STEM es un reto, especialmente en lo relativo a crear referentes y modelos inspiradores para las chicas, infrarrepresentadas en las diferentes disciplinas académicas de ciencias, ingeniería y matemáticas
Ayer, 7 de febrero de 2018, se constituyó el Consejo Asesor para la Innovación en la Justicia, que funcionará como un grupo de trabajo que asesorará al Ministerio de Justicia en el diseño y ejecución de programas de innovación y, a petición del ministro, podrá pronunciarse sobre las medidas y los proyectos normativos que impulse el departamento en esta materia.
Tiene por objeto promover la colaboración con el sector privado y la participación de la sociedad civil en las políticas de Justicia.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido a los miembros del Consejo Asesor para la Innovación en la Justicia que aporten su visión estratégica y experiencia en los ámbitos de la tecnología, la innovación y la gestión de organizaciones para impulsar la acción del Gobierno en la transformación digital de la Justicia.
Durante su intervención, Rafael Catalá ha destacado el desafío que supone para las administraciones públicas el empleo de la tecnología que está transformando los modelos de prestación de servicios y las relaciones con los ciudadanos. Las aportaciones y recomendaciones de los miembros de este consejo asesor, todos ellos profesionales que han promovido avances importantes en sus organizaciones, ayudarán, ha señalado Catalá, a trazar las líneas de trabajo del Ministerio de Justicia en su estrategia de transformación del servicio público, atendiendo a las demandas y tendencias que en cada momento marcan la sociedad y el progreso tecnológico.
Forman parte del Consejo Asesor para la Innovación en la Justicia, a título personal,
Las palabras Blockchain y Bitcoin han aparecido por primera vez en el BOE el dia 23 de enero de 2018.
Ha sido en la Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices
generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018.
En este Plan, la Agencia Tributaria de España, señala que
en 2018, continuarán las líneas de investigación iniciadas en años anteriores y se incorporarán otras nuevas. En particular, podemos destacar:
(…)
Se estudiará la incidencia fiscal de nuevas tecnologías, como blockchain, y, en
especial, las criptomonedas.
Esta referencia se encuadra en el apartado segundo, de ‘Investigación y actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero’. Dentro del ‘Control de Tributos Internos’, en la sección ‘D’, donde se analiza el análisis de nuevos modelos de negocios mediante distintas tecnologías de la economía digital.
El punto cuarto dentro del apartado segundo, habla al respecto de la prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales. Al respecto se desarrollarán varias actuaciones, entre ellas:
La utilización por el crimen organizado de la internet profunda, o «deep web», para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo «Bitcoin» o similar como medios de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad. Para afrontar esta amenaza, se potenciará el uso por las unidades de investigación de la Agencia Tributaria de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes.
Algo es algo.
Por desgracia, la referencia destila un matiz negativo en relación con las criptodivisas, que requeriría otras menciones que equilibren la concepción general aclarando sus aspectos positivos.
Todo es electrónico 