El sector bancario ha sido, junto con el académico, el que más tempranamente acogió los conceptos de criptografía de clave pública y certificación digital como componentes de seguridad de soluciones por desplegar. Lo cierto es que también el sector financiero ha sido promotor de la criptografía de clave simétrica desde mucho antes, adoptando el DES (Data Encryption Standard) como  base de sus sistemas de cifrado en todos los dispositivos relacionados con los medios de pago, como TPVs y Cajeros automáticos.

Sin embargo, iniciativas tan prometedoras como “Negocios Cibernéticos”, ACE, Iberion, GTA o Identrus han quedado por el camino como testimonios de “failure case” : soluciones para problemas que no existían. Y como corolario la sentencia “Las PKI no funcionan en banca”.

En banca, ha sido frecuente justificar la escasa adopción de técnicas seguras de identificación con argumentos como “el usuario no lo demanda”, “añade complejidad al sistema”, “no hay casos de fraude”, “es complejo de gestionar” o “es caro”.

Todos esos argumentos, que en realidad son falaces, no han sido óbice para que la banca impulsara en el pasado el despliegue de canales, productos y servicios de gran aceptación por los usuarios, lo que se ha demostrado años después de que se “impusieran” a los clientes sin que existiera demanda, sin que importara la complejidad añadida, o el coste de despliegue. En particular el rentable (hasta hace unos meses) mundo de la tarjeta de crédito  se ha desarrollado con un nivel razonable de seguridad en el mundo físico (muy basado en los servicios de autorización en tiempo real) hasta el punto que, en España,  hacían poco necesaria la adopción de medidas adicionales.

En cambio, en el despliegue  del canal Internet, el relajamiento excesivo en la adopción de medidas de seguridad, tras el argumento de que “otras entidades están peor”, “se frena el crecimiento de usuarios” , “genera llamadas al call center”, ha retrasado el consenso en la adopción de estándares comunes hasta que se ha producido una avalancha de incidentes asociados a téminos como “phishing”, “pharming” “keyloggers” y “troyanos” que están creando una verdadera alarma social y ponen en peligro no solo la credibilidad del nuevo canal, sino incluso el buen nombre de la banca en su conjunto, con quiebra de conceptos como el de “confianza” que son la base del negocio bancario.

Todos estos incidentes eran previsibles, y de hecho algunas voces llevan años advirtiéndolo. Sin embargo, ahora son una realidad y hay que tomar medidas. Y las medidas las está tomando cada entidad a su manera, unas con mensajes a móviles, otras con tarjetas de coordenadas, algunas con teclados en pantalla (afortunadamente, las menos), otras con dispositivos de clave fungible (OTP, One Time Password) y las más sofisticadas con Certificados Electrónicos.

La primera crítica a todas estas soluciones proviene de que los usuarios son clientes de varias entidades y diferentes “experiencias de usuario” son caldo de cultivo para que puedan producirse intentos de fraude basados en “ingeniería social” engañando a los usuarios, como de hecho sucede en técnicas como el Phishing. De modo que una recomendación sería consensuar aspectos comunes en la operativa de las distintas entidades para que las excepciones a la operativa (lo que suponen las técnicas de ingeniería social) al menos sea “sospechoso” para los usuarios.

Si se llega a consensuar la operativa, se estará muy cerca de disponer de infraestructuras comunes de autenticación. Aquí se puede limitar el coste de iniciativas que, desarrolladas individualmente por cada entidad, podrían ser muy caras. Por ejemplo, cabe pensar en disponer de servidores comunes de autenticación OATH de forma que los tokens OTP desplegados por todas las entidades sean compatibles, y no exijan que los usuarios carguen con varios dispositivos anillados a su llavero. O que las “calculadoras” generadoras de claves OTP  a partir de tarjetas EMV (Europay Mastercard, VISA, tarjetas con chip) sean compatibles, de forma que se pueda aprovechar el despliegue de tarjetas EMV impuesto por las condiciones de gestión SEPA (Single Euro Payment Area) en el sentido de que la operatividad y el coste de uso de las tarjetas sea equivalente a operaciones domésticas (las que llevan a cabo las entidades en su propio país).

El consenso tendría efectos beneficiosos, por ejemplo, en el despliegue de la firma electrónica a partir del DNI y otros certificados cualificados. En efecto, uno de los retos que supone aceptar firmas electrónicas respaldadas por sus correspondientes certificados electrónicos es que, según la Ley 59/2003 y la Directiva 93/1999, cualquier firma electrónica cualificada (la que se expide cumpliendo ciertos requisitos entre los que destaca la verificación presencial de la identidad del solicitante del certificado asociado) tiene equivalencia funcional con  la firma manuscrita, y por tanto impone la obligación de verificar su validez al tercero que confía en los certificados. En la práctica cualquier prestador de servicios de certificación europeo puede cumplir los requisitos y esto implica que las entidades financieras deben ser capaces de acceder a los servicios de información de validez de los certificados (a través de diferentes modalidades como OCSP – Online Certificate Status Protocol, CRL – Certificate Revocation List , o SCVP – Server-based Certificate Validation Protocol )  de CUALQUIER prestador de servicios de certificación. De modo que la gran oportunidad que representa el DNI electrónico (cuyo despliegue, que supone un gran esfuerzo, ha sido asumido por la Administración) se amplía y se complica por la necesidad de aceptar cualquier certificado emitido por cualquier PSC (Prestador de Servicios de Certificación)  español o europeo.  Esta tarea puede ser compleja para una sola entidad pero puede ser resuelta fácilmente desde  un organismo común que permita compartir sus costes. En el fondo no es muy distinto de lo que supone el sistema de validación “SARA” (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) desplegado por el Ministerio de Administraciones Públicas  para cualquier organismo de la administración.

Otra ventaja del consenso: la unificación en la estrategia de despliegue de EMV. Es obligatorio el despliegue completo de tarjetas EMV por parte de las entidades emisoras de tarjetas VISA y MasterCard (entre otras) antes de fin del año 2010 como consecuencia de los requisitos impuestos por la iniciativa SEPA. Dentro de las especificaciones EMV hay dos modalidades principales de funcionamiento que determinan la tecnología de la tarjeta chip: autenticación estática y autenticación dinámica. Sin tomar en cuenta algunos puntos débiles de los sistemas de autenticación estática, preferidos por los delincuentes, los de autenticación dinámica incluyen por un coste adicional poco significativo la posibilidad de gestionar claves privadas en la tarjeta, dentro de un infraestructura de clave asimétrica (PKI, Public Key Infrastructure). Hay algunas tarjetas que permiten su uso de forma simultánea como tarjeta EMV y como Dispositivo Seguro de Creación de Firma  (DSCF, SSCD, Secure Signature Creation Device), y son aptas, por tanto para que las propias entidades financieras puedan desplegar sus propios certificados cualificados. Entre estas tarjetas, cabe citar, por ejemplo la Advantis Crypto de SERMEPA y la M.MAR de Microelectrónica, aunque todos los fabricantes están desarrollando tecnologías convergentes.

El hecho de unificar la estrategia de despliegue de la tarjeta (incluso sin unificar su tecnología), permite compartir estrategias en la distribución del driver CSP o PKCS#11, que pueden facilitarse desde un organismo de comunicación común. Aquí convendría hacer algunos esfuerzos adicionales: la unificación del perfil de los certificados adoptando OID comunes y consensuando el significado de estos allí donde no hay un estándar, la colaboración en la gestión de una autoridad de certificación raíz común para los certificados de todas las entidades, que facilite el establecimiento de la cadena de confianza, el desarrollo común del Web Service de la AEAT para facilitar la generalización del uso en el ámbito tributario…

Con un coste marginal, respecto al que tiene el despliegue de tarjetas EMV convencionales, se puede conseguir la completa disponibilidad de certificados cualificados para los titulares de tarjetas, a un ritmo más rápido que el que puede lograr el DNI electrónico. De esta forma las entidades podrían establecer estrategias de comunicación que enfatizaran la disponibilidad de múltiples servicios (los mismos que se vayan desarrollando para el DNI) por el solo hecho de tener una tarjeta de crédito de la entidad.

La estrategia de colaboración en certificación ha recibido el nombre de “ABANCE” (Autoridad BANcaria de CErtificación) durante los  últimos años, pero en la actualidad es solo una de las múltiples áreas de colaboración de  bancos y cajas más allá de la interconexión de redes de medios de pago. Efectivamente, la posibilidad de colaboración en sistemas de claves de un solo uso (OTP) compartiendo el servidor de autenticación bajo el modelo OATH (Initiative for Open Authentication), amplía el alcance de ABANCE.

Pero hay más. Las entidades están preocupadas ahora por el phishing, el pharming, los keyloggers o los troyanos, porque son amenazas muy claras que ya se han hecho presentes en nuestros días y se contabilizan en las estadísticas. Pero saben que cada nuevo paso que se da en la securización de las transacciones lleva aparejado una nueva modalidad de ataque o de fraude, la posibilidad de explotar una nueva vulnerabilidad  o de idear un nuevo tipo de engaño. Y es necesario un grupo de especialistas que permita reaccionar ante cada nueva situación. Sin restar mérito a las ofertas de empresas privadas que resuelven algunos de los retos o aportan soluciones parciales, sigue haciendo falta una acción integradora que sea un recurso de las entidades financieras. Es necesario un CERT (Computer Emergency Response Team) o, por usar un término más actual, un CSIRT (Computer Security Incident Response Team), es decir, un Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática Bancario.  

Desde hace algunos meses esta es una idea que he intentado promover, y finalmente parece que ya existe un grupo de entidades que están dispuestas a acometer su creación. Este órgano se está estructurando como una de las líneas de actuación de una nueva Fundación que tiene objetivos adicionales. En efecto, otra las líneas de actividad identificada como esencial ha sido la que lleve a término la determinación de luchar contra la impunidad en la red. Ha llegado el momento de pasar de una situación defensiva, en la que la máxima aspiración de una entidad es minimizar el quebranto y posicionarse en seguridad sólo un poco mejor que los competidores (la gacela no pretende correr más que el león, sólo más que la víctima, otra gacela) a otra ofensiva en la que sea posible localizar al delincuente y que este pague por el delito, restituyendo la confianza al medio.

La iniciativa, aunque novedosa, tiene un antecedente notable en la BSA (Business Software Alliance). Esta institución de carácter multinacional, con presencia en 80 países,  propugna el uso legal del software y promueve diferentes iniciativas adaptadas a la situación del país en el que actúa. De forma similar, la Fundación para la Confianza Digital promueve un uso seguro de la red actuando contra los delincuentes en cualquier lugar del mundo, apoyándose en abogados e investigadores que actúen en los países en los que esté presente. Permitiendo una reacción ágil ante ataques internacionales, apoyándose en la legislación y los medios del país desde el que actúa, colaborando con la policía y la justicia hasta lograr la condena y el cumplimiento de la pena de los atacantes. Proporcionando medios y formación a la policía y a los miembros de las diferentes instancias jurídicas, de todos los países. Reforzando la seguridad de las redes, la idemnidad de los usuarios y la confianza en el medio y en las instituciones. Las entidades Fundadoras están en estos momentos revisando los estatutos y estructurando su participación con la idea de constituirla a lo largo de 2007. Si se cumplen las previsiones, se habrá dado forma al adagio “La mejor defensa, el ataque”.