Las cajas rurales en el contexto de concentración bancaria


En el cuadernillo «Empresa» de la edición dominical de ABC se publica hoy, 8 de enero de 2012, una interesante reflexión firmada por José Luis García Palacios, Presidente del Banco Cooperativo Español:

Cajas Rurales, una isla en el panorama financiero español.

Solo el 6% de la actividad financiera permanecerá en manos de las entidades de carácter social, que deberán afrontar el futuro con nuevas estrategias

En el agitado panorama económico español, como en el contexto global, el sector financiero ocupa un lugar protagonista y los medios informativos le vienen dedicando importantes espacios de información y de opinión. Su imagen se asocia en muchos casos con la génesis de la crisis y con su persistencia por las limitaciones al crédito que dificultan la recuperación. También se ha puesto de manifiesto la delicada situación interna por la que atraviesan determinadas entidades, que ha llegado a hacer peligrar su propia supervivencia y obligado a actuar enérgicamente a las autoridades financieras a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Esta percepción de carácter general es susceptible de ser matizada si consideramos la gran variedad de casos y circunstancias existentes. Así, a título de ejemplo, podemos apreciar que existen entidades gravemente afectadas en su cuenta de resultados por la elevada morosidad, causada por una arriesgada política de concesión de créditos, bien en el sector inmobiliario o en otros con un elevado componente especulativo, frente a otras que sobrellevan dignamente la situación. Ciertamente también la crisis es afrontada de modo diferente por los bancos o cajas según su dimensión y consiguiente ámbito geográfico de actuación, que puede ir desde entidades pequeñas con fuerte implantación en zonas concretas de extensión limitada, hasta las grandes que actúan en el campo nacional o en el internacional.

Entre las medidas que se están adoptando para superar las dificultades, sin duda la que presenta una mayor visibilidad es la concentración de cajas de ahorros, que pasan a operar como bancos. Esta afectación de la crisis a las cajas de ahorros está ocasionando una profunda transformación en la estructura del sector financiero. Efectivamente, en el año 2008 la actividad de depósitos correspondía en un 45 % a los bancos; en un 49 % a las cajas de ahorros y en un 6 % a las cooperativas de crédito. Es evidente que al final de la reestructuración en curso, las cajas de ahorros, ahora integradas en un grupo reducido de bancos de nueva creación, junto con los bancos tradicionales, coparán la mayor parte de la actividad financiera.

Este hecho supone un cambio cualitativo de enorme trascendencia que, en mi opinión, no ha sido suficientemente puesto de relieve ante la opinión pública. Es decir, el 94 % del sector financiero corresponderá a los bancos, sociedades mercantiles con ánimo de lucro, al haberse incrementado su cuota de 2008 con la que poseían entonces las cajas de ahorro, que revisarán su estatuto de fundaciones, que excluía la persecución de lucro mercantil. Por tanto, en estos momentos solo el 6 % de la actividad permanecerá en manos de las entidades de carácter social, las cooperativas de crédito, representadas básicamente por el grupo de cajas rurales.

Este porcentaje, que a primera vista podría parecer residual, ofrece algunas particularidades dignas de atención. En primer lugar se trata de entidades con una base social muy amplia, que alcanza 2,3 millones de socios en el conjunto nacional. Tienen 11 millones de clientes que son atendidos por 20.700 empleados en 4.600 oficinas. Nacidas para prestar servicios financieros en el medio rural, su campo de actuación se ha ido extendiendo paulatinamente a las zonas urbanas, pero manteniendo una dedicación preferente a las economías familiares, profesionales y pequeñas y medianas empresas.

Han sabido mantener su independencia respecto a las administraciones públicas, lo que si bien ha limitado sus posibilidades de negocio, ha favorecido el hecho de que se mantuvieran al margen de determinadas inversiones “políticas”. Por otra parte, sorteando tentaciones especulativas, su participación en la financiación de operaciones inmobiliarias ha sido en general mantenida en límites razonables. Finalmente, sin perjuicio de su implantación territorial limitada, crearon un grupo nacional que les otorgaba cohesión y las economías de escala necesarias para competir en un mercado enormemente complicado y competitivo.

Estrategia de futuro

En un escenario de reforma en profundidad de nuestro sistema crediticio, iniciada recientemente por el Banco de España, que transcurre con pasos acelerados, es oportuno plantear la cuestión de cuál es la estrategia de futuro más conveniente para que las cooperativas de crédito continúen prestando sus servicios a la sociedad española como entidades de crédito de proximidad. Vamos a intentar esbozar lo que estimamos pueden ser líneas directrices de esta estrategia.

Primera. Continuar el proceso de concentración de entidades, con una especial atención para preservar el arraigo al territorio de las mismas. En sintonía con este objetivo, se encuentra el reciente acuerdo entre las Cajas Rurales del Sur, de Extremadura y de Córdoba para formar en el suroeste español el Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito, o los similares que se están produciendo en otras regiones españolas. Este proceso puede culminar en una intensificación del ya notable nivel de coordinación actual y una generalización del mismo al conjunto del cooperativismo de crédito nacional, respetando, como es lógico, la vocación de cada entidad.

Segunda. Confirmar la función de la Asociación Española de Cajas Rurales, como garante del equilibrio interno entre las entidades asociadas, evitando el predominio de grupos hegemónicos y salvaguardando una proporcionalidad equitativa en la que todas las Cajas Rurales se deberían sentir representadas.

Tercera. A través del Banco Cooperativo Español, participado por las cajas rurales y el DZ Bank alemán, profundizar en la coordinación interna del grupo, que también incluya a las sociedades participadas Seguros RGA, Rural Servicios Informáticos y otras. Las labores delegadas de supervisión y control interno podrían realizarse por la Asociación Española de Cajas Rurales, según el modelo que con gran eficacia se lleva a cabo en el crédito cooperativo en Alemania, o bién por la propia Asociación con la colaboración del Banco Cooperativo Español.

Cuarta. Cultivar la dimensión europea e internacional del grupo, que ya se expresa a través de la participación societaria del DZ Bank, el banco cooperativo alemán, en el 12% del Banco Cooperativo Español. Por cierto, que el DZ Bank, en contra de lo que viene siendo habitual y casi inédito en Europa, acaba de ver elevada su calificación crediticia por Standard & Poor´s, desde A+ a AA-. Esta entidad, que ocupa el tercer puesto en el ranking del sistema financiero alemán, coordina la actuación de las 1.150 cooperativas de crédito existentes en Alemania, con una cuota de mercado conjunta superior al 25%. El esquema de solidaridad y los mecanismos de soporte mutuo entre todo el sistema, junto con un modelo de negocio de marcado carácter local, han demostrado su eficacia en estos años de dificultades para la economía europea y para su sistema financiero.

Quinta. La labor social de las cajas de ahorros ha alcanzado general reconocimiento, en su doble aspecto de apoyo a actividades benéficas y patrocinio de iniciativas culturales, especialmente en aquellas de alcance local que suponían un importante factor de dinamización de las comunidades respectivas. Tememos fundadamente que esa misión se va a ver afectada a causa de la integración de las cajas de ahorros en bancos, que muestran una evidente inclinación a aplicar sus fondos con puros criterios de marketing. De hecho, ya se han empezado a observar estos efectos. En contra de esta tendencia, las cajas rurales deben preservar su espíritu social y continuar siendo, como hasta ahora, no solo protagonistas del desarrollo de las zonas rurales, sino también entidades comprometidas decididamente con las iniciativas surgidas de la sociedad circundante.

Sexta. Hasta este momento, en lo que a imagen se refiere, puede decirse que las cajas rurales han tenido un papel extraordinariamente discreto, en el que el contacto directo con socios y clientes ha primado sobre las campañas de publicidad a través de los distintos medios. Además, al no estar situadas en el ojo del huracán de la crisis económica, tampoco han suscitado la atención mediática como otras entidades, por fortuna en este caso. Posiblemente ha llegado el momento de que la potencia y las singularidades del crédito cooperativo se den a conocer al público en general como una alternativa plenamente fiable, que aúna la prudencia que siempre debe presidir el negocio financiero con la visión social inherente al mundo cooperativo.

Terminaré estas reflexiones expresando mi convicción de que el cooperativismo, en el sector crediticio como en otros sectores de actividad, es en los tiempos actuales un movimiento dotado de gran vitalidad, que conecta a la perfección con una aspiración generalizada de la población: que las decisiones que van a influir de forma significativa en su forma de vida no se impongan desde inalcanzables centros de decisión, cuyos mecanismos y motivaciones se desconocen, sino que se atengan a una transparencia saludable y democrática, en la que se escuche su voz y sus aspiraciones justas sean debidamente atendidas.

José Luis García Palacios es Presidente del Banco Cooperativo Español y Miembro de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía

Alberto Rodríguez Raposo, nuevo director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información


El Consejo de Ministros del 5 de enero de 2012 ha aprobado el nombramiento Alberto Rodríguez Raposo, que trabaja desde 2008 en la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, como director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, según ha informado el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Rodríguez Raposo es ingeniero de Telecomunicación y ha cursado estudios de Ciencias Económicas. Desde 1992, el nuevo secretario general de telecomunicaciones es funcionario de la Administración del Estado.

En concreto, ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, con una «activa» participación en el proceso de liberalización del sector.

Así, entre 2000 y 2004 ha sido director general de la entidad pública Red.es, encargada de la gestión de los programas para el fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información en España y, desde enero de 2008, Rodríguez Raposo trabaja en la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia.

Este nombramiento se produce casi una semana después de que el Gobierno anunciará el nombramiento de Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín como secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información


Víctor Calvo Sotelo Ibáñez-Martín, es el nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

Nacido el 24 de noviembre de 1961 en Madrid .

Es ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA en Gestión de Empresas por el INSEAD de Fontainebleau (Francia).

Entre 1989 y 1996 trabajó en Bechtel España y en Airtel.

De 1996 al año 2000 fue subsecretario del Ministerio de Fomento.

En 2001 pasó a ser director de Relaciones Institucionales de AUNA. Ha sido también presidente de Correos y Telégrafos y director del Gabinete de Análisis de Presidencia del Partido Popular.

En la actualidad es diputado por Zamora en la  X legislatura.

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El seguro obligatorio de los PSC


La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica establece en su artículo 20.2:

Los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos deberán constituir un seguro de responsabilidad civil por importe de al menos 3.000.000 de euros para afrontar el riesgo de la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar el uso de los certificados que expidan.

La citada garantía podrá ser sustituida total o parcialmente por una garantía mediante aval bancario o seguro de caución, de manera que la suma de las cantidades aseguradas sea al menos de 3.000.000 de euros.

Las cuantías y los medios de aseguramiento y garantía establecidos en los dos párrafos anteriores podrán ser modificados mediante real decreto.

Este apartado, es una reminiscencia del existente en el derogado Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica. (Vigente hasta el 20 de marzo de 2004) en su artículo 12.g:

Disponer de los recursos económicos suficientes para operar de conformidad con lo dispuesto en este Real Decreto-ley y, en particular, para afrontar el riesgo de la responsabilidad por daños y perjuicios. Para ello, habrán de garantizar su responsabilidad frente a los usuarios de sus servicios y terceros afectados por éstos. La garantía a constituir podrá consistir en un afianzamiento mercantil prestado por una entidad de crédito o en un seguro de caución.

Inicialmente, la garantía cubrirá, al menos, el 4 % de la suma de los importes limite de las transacciones en que puedan emplearse el conjunto de los certificados que emita cada prestador de servicios de certificación. Teniendo en cuenta la evolución del mercado, el Gobierno, por Real Decreto, podrá reducir el citado porcentaje, hasta el 2 %.

En caso de que no se limite el importe de las transacciones en las que puedan emplearse al conjunto de los certificados que emita el prestador de servicios de certificación, la garantía a constituir, cubrirá, al menos, su responsabilidad por un importe de 1.000.000.000 de pesetas (6.010.121,04 euros). El Gobierno, por Real Decreto, podrá modificar el referido importe.

Ambas consideraciones proceden de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999 por la que se establece un marco común para la firma electrónica, en particular del apartado h de su Anexo II:

disponer de recursos económicos suficientes para operar de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, en particular para afrontar el riesgo de responsabilidad por daños y perjuicios, por ejemplo contratando un seguro apropiado;

Está clara la desproporción entre lo exigido en la Directiva y lo reflejado en ambas normas españolas.

Por otro lado, ni el aval ni el seguro de caución son instrumentos adecuados para  afrontar el riesgo de responsabilidad por daños y perjuicios, ya que exigen designar un beneficiario (no se me ocurre otro que el MITyC, pero de ser así debería indicarse explícitamente) y la ejecución del aval o de la caución implica la recaudación de la cuantía total a favor del beneficiario, sin relación con el damnificado ni con el importe que suponga la compensación del daño.

Es curioso que, al parecer, nadie haya reflexionado sobre este tema y no se haya cambiado la redacción de la norma desde 1999.

También es curioso que ninguna aseguradora española cuente con este servcicio. Durante el año 2003 y 2004, en la época en la que estaba en Camerfirma, solicité por escrito a todas las aseguradoras españolas censadas en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones una cotización por el seguro obligatorio indicado en la Ley 59/2003. Muchas no contestaron. Las que lo hicieron indicaron que no contaban con ese tipo de seguro.

Al solicitar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la identificación de una aseguradora que prestara este tipo de seguros, contestaron indicando que pudiera no ser necesario al existir otras vías de cumlimiento del mandato legal (los ya mencionados aval y seguro de caución, que, como he indicado, realmente no sirven para el fin dictado por la Directiva). 

Ya expliqué hace unos años, en el artículo   (y en el relacionado con este,  ) que la solución es acudir a una aseguradora extranjera.

En todo caso, ya va siendo hora de modificar la norma y dejar el artículo 20.2 de Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica con una redacción más adecuada:

Los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos deberán constituir un seguro de responsabilidad civil adecuado para afrontar el riesgo de la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar el uso de los certificados que expidan. Alternativamente, deberán elaborar una valoración actuarial que justifique que pueden responder por sus propios medios ante culquier incidente que afecte a su actividad de prestador de servicios de certificación, indicando el análisis de riesgos efectuado. La documentación que recoja esta valoración se comunicará al Ministerio de igual forma que la especificada en el artículo 30 apartado 2.

En caso de que se contrate el seguro, al no indicarse una cuantía concreta, el coste de la prima se ajustará al análisis actuarial que realice la entidad aseguradora, y será, por tanto, más barato.

Por otro lado, los PSC que expiden certificados reconocidos, deberían identificar en su web el seguro que han contratado y la forma de realizar reclamaciones, tanto por parte de los titulares de los certificados como por parte de los terceros que confían en los certificados. Es un requisito legal de la Directiva y de la Ley de Firma Electrónica que muy pocos prestadores de servicios de certificación cumplen.

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Firma electrónica en EDITRAN, Pelican, SwiftNet


Aunque las versiones de PC de EDITRAN permiten desde hace varios años generar y comprobar firmas PKCS#7 (la forma primitiva de las firmas CMS avanzadas que hoy en dia se extienden desde la CAdES-BES hasta la CAdES-A), en la actualidad los estándares de firma electrónica han evolucionado y se han consolidado especialmente en torno a las especificaciones CAdES y XAdES, y no existe soporte del fabricante de EDITRAN para estos tipos de firma.

Esto lo vemos en Albalia como una oportunidad para nuestras soluciones de firma electrónica multiplataforma (BackTrust)  que funcionan en entornos Mainframe (zLinux y z/OS, con soporte de la última versión de la arquitectura de IBM: zEnterprise), en entornos Solaris, HP-UX, AIX y diferentes variantes de Linux y BSD en diferentes plataformas, en entornos Windows Server (con una implementación .net nativa, o con un porting java, a aelegir por el cliente).

Efectivamente, sea cual sea la versión del sistema de intercambio de ficheros (ftp, sftp, ftps, EDITRAN, Pelican /Inter.Pel / XFB / CFT, SwiftNet-FileAct) o de los sistemas de mensajería (MQ-Series, SwiftNet-InterAct), la gestión multiplataforma de la firma electrónica avanzada (AdES) se resuelve mejor con la versión de BackTrust apropiada.

Además, la posibilidad de utilizar protocolos como OASIS DSS, APIs (Aplication program Interface) y Wrappers, permite gestionar las firmas electrónicas desde diferentes lenguajes de programación.

Otros artículos relacionados:

CAdES y XAdES en los ficheros de la TGSS


Las entidades que utilizan EDITRAN y que reciben ficheros de la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) ya tienen la posibilidad de comprobarlos cuando están firmados en base a los formatos CAdES (TS 101 733) y XAdES (TS 101 903).

La solución zBackTrust es la adecuada para implementaciones en Mainframe IBM, la solución BackTrust se instala en sistemas medios y el appliance xBackTrust permite un depliegue rápido.

Además los servicios de Albalia permiten resolver rápidamente los retos de despliegue. Todo ello con la garantía de INSA e IBM.

Conviene valorar si en la entidad financiera existen dispositivos HSM (Hardware Security Module) porque en ese caso, pueden reprovecharse, para uniformizar la gestión de claves, certificados y firmas electrónicas.

Comentarios sobre la norma TS 102 640


El Blog Mail Certificado de Noticeman incluye incluye un resumen sobre la norma TS 102 640

La norma se recoge en varios documentos:

Esta norma permite la interconexión de sistemas de notificaciones electrónicas (correo electrónico certificado, registered electronic mail). Originalmente está pensada para que las instituciones especializadas (originalmente las que prestan el servicio postal universal), puedan gestionar en su ámbito de actuación la entrega de notificaciones que se inician en otro prestador, habitalmente en otro país.

Es una norma de compleja implantación que irá adquiriendo valor conforme otros prestadores la vayan adoptando, tal y como predice la Ley de Metcalfe.

Esta ley establece que el valor de una red de comunicaciones aumenta proporcionalmente al cuadrado del número de usuarios del sistema (n^2),  y la formuló por primera vez en 1976  Robert Metcalfe en relación con Ethernet. La ley de Metcalfe explica muchos de los efectos de red de diferentes tecnologías  como Internet o la World Wide Web. cLa ley suele ilustrarse con el ejemplo de aparatos de fax: una única máquina de fax es inútil, pero su valor se incrementa con el número total de máquinas de fax de la red, debido a que aumenta el número de personas con las que se puede comunicar.

Expresiones más precisas de esta ley pueden ser :

  • n· (n-1)/2
  • n ·  log n (corrección de Odlyzko-Tilly)
  • 2^n – n – 1 (ley de Reed)

Filón tecnológico en la banca española


Un aspecto que no suelen tener en cuenta las agencias de rating es la infraestructura tecnológica de las entidades financieras españolas.

Al margen de otras consideraciones, como las provisiones anticíclicas, que posicionan a la banca española en una situación fianciera mejor de lo que permite valorar el análisis del Banco Central Europeo, y sobre lo que el Banco de España debería insistir más, la banca española es, tecnológicamente, una de las más avanzadas del mundo.

Insisto sobre esto porque un ratio clave de las entidades financiceras es el ratio de eficiencia, que es el porcentaje de gastos que supone cada euro de ingresos. Y aunque en este cociente influyen muchos parámetros, no cabe duda de que un buen desarrollo informático contribuye a medio y largo plazo a mejorar el dato.

En este sentido, hay que recordar el gran negocio que supuso para el  Santander la compra de Banesto en 1994. Al margen de otras consideraciones y de los criterios que pueda haber en cuanto a la valoración de activos, puede considerarse que el precio pagado por la entidad que preside Emilio Botín era aproximadamente el monto de las inversiones que en los años anteriores Banesto había realizado para lograr una de las infraestructuras tecnológicas más punteras de la banca.

En estos momentos, la valoración de NCG Banco, por ejemplo, no tiene en cuenta que su infraestructura tecnológica (procedente de Caixa Galicia) es una de las más eficientes y avanzadas de la banca española, y la base de un enorme potencial de crecimiento de negocio. ¿Cómo tienen en cuenta este aspecto entidades como Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch?

Y eso sin contar que el resto de la banca, en promedio, supera tecnológicamente a la de casi cualquier país. ¿hasta qué punto analizan estos aspectos los «analistas» de las entidades de rating?

¿cómo te gustaría que fuera un cajero automático?


Desde 1939 fecha de creación del primer cajero automático, muchas personas han estado pensando en como debe ser el cajero automático ideal. Una de las últimas aportaciones ha sido el proyecto ABIL de BBVA.

Sin embargo, no todo el mundo tiene las mismas necesidades, y lo que es bueno para unos no es tan bueno para otros.

Hace unos 20 años Citibank desplegó una red de cajeros con pantalla táctil que fueron el primer precedente de uso de esta tecnología de interfaz de usuario que ya es prácticamente universal, aunque convive con la clásica de cuatro teclas de función a cada lado de l pantalla (el paradigma de la usabilidad hace 30 años).

¿Qué le pedirías a un cajero automático?

En Albalia Interactiva estamos realizando un estudio sobre el cajero del futuro. Si quieres opinar sobre el asunto, contacta con nosotros en el 902 365 612 o envía un email a julian(arroba)inza.net

Mantendremos una charla (y, si quieres, nos ayudas a cumplimentar un cuestionario) para dejar constancia de tu opinión.

Y, por supuesto, puedes dejar tu opinión en los comentarios de este blog.

Banco Santander inaugura el nuevo Centro de Proceso de Datos del Grupo en Santander


  • El complejo, a la vanguardia de la tecnología, albergará la infraestructura e información necesaria para garantizar el crecimiento del grupo y reducir al mínimo el riesgo operacional de 100 millones de clientes.
  • Emilio Botín destaca la importancia estratégica del proyecto y su contribución al tejido industrial de Cantabria.
  • El nuevo CPD se une a los ya existentes en Madrid, Londres, São Paulo y Querétaro, una red mundial corporativa con capacidad para procesar más de 10.000 transacciones por segundo.

El Presidente de Banco Santander, Emilio Botín, inauguró oficialmente  el pasado 16 de diciembre de 2011 el nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD) localizado en el área industrial de Marina y Medio Cudeyo y que se suma a la red mundial de CPDs de última generación que el Grupo ha desarrollado en la última década, red que cuenta con los que actualmente prestan servicio desde Madrid (España), Londres (Reino Unido), Querétaro (México) y São Paulo (Brasil). En la inauguración estuvieron presentes el Presidente de Cantabria, Ignacio Diego, así como la alcaldesa de Medio Cudeyo, Maria Antonia Cortabitarte, y el rector de la Universidad de Cantabria, Federico Gutiérrez-Solana.

Los CPDs son búnkers de alta seguridad construidos según los estándares más exigentes desde el punto de vista de la eficiencia energética y de la seguridad, con las mejores certificaciones internacionales de fiabilidad y sostenibilidad de edificios y preparados para mantenerse en funcionamiento de forma autónoma e ininterrumpida.

El nuevo CPD en Cantabria garantiza el crecimiento de actividad del grupo, al aportar más flexibilidad en la incorporación de nuevas entidades, y reduce al mínimo el riesgo operacional con los clientes, una estrategia que ya se ha mostrado efectiva en el caso de desastres naturales como el terremoto en Chile, en el que Banco Santander fue la única entidad bancaria que en circunstancias extremas siguió operando tras el seísmo.

La construcción de este CPD, que ha supuesto una inversión total de 240 millones de euros, se integra en la red de Comunicaciones de alta capacidad del Grupo (GSNET), con interconexión directa a los nodos de Madrid y Londres.

Tras la inauguración de este complejo tecnológico, Banco Santander tiene capacidad para procesar más de 10.000 transacciones por segundo, prestando sus servicios a los 100 millones de clientes del grupo, que realizan más de tres billones de transacciones de negocio anuales.

El Presidente, Emilio Botín, destacó hoy la importancia estratégica del proyecto y lo puso como ejemplo de eficacia, innovación tecnológica y optimización de recursos. Botín aseguró que el modelo tecnológico del banco ayuda a multiplicar nuestra capacidad de hacer banca para clientes y subrayó que “el CPD confirma el compromiso del banco con la seguridad de los datos de nuestros clientes”. El modelo tecnológico de Banco Santander, un modelo de negocio único, ha contribuido de manera decisiva a la eficiencia del Grupo.

Banco Santander es la empresa española y el banco europeo que más invierte en I+D, según el ranking publicado por la Comisión Europea.

Emilio Botín subrayó, además, la generación de valor del CPD de Cantabria en el tejido industrial de la región, que se convierte gracias a la inauguración de este centro en un referente nacional e internacional de conocimiento e innovación tecnológica, y destacó las sinergias que generará a su alrededor. “Estoy seguro de que este centro va a aportar trabajo y riqueza a Cantabria y servirá para atender otros grandes proyectos”, señaló Botín. La construcción de este complejo ha generado ya más de 600 empleos y cuando esté en pleno rendimiento generará 250 empleos estables de alta especialización.

Más info: El presidente regional ha asistido a la inauguración de esta instalación que ha supuesto una inversión de 240 millones de euros y creará 250 puestos de trabajo