Comentarios a la Ley de Administración Electrónica


Recientemente y hasta el 30 de septiembre de 2006 el Ministerio de Administraciones Públicas ha abierto un par de Foros para recoger opiniones de temas que debería ser cubiertos en esta Ley. El primer foro es el de Administración Electrónica y el segundo el de Firma Electrónica.

He enviado algunos comentarios que edito para ampliarlos aquí.

Firma de órgano administrativo como asimilada de la de persona jurídica 

Por la normativa de Potestades, la firma del órgano se deriva de la firma de quien tiene atribuciones para representarlo. No traslademos a la Administración Pública lo que es un error flagrante de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica: la atribución de la «capacidad» de firmar a las Personas Jurídicas. Las Personas Jurídicas no tienen firma, lo tienen sus representantes. Otra cosa sería que se publicara una «Ley del Sello Electrónico» que atributa ciertos efectos (pero no los de equivalencia funcional con la firma manuscrita, obviamente)al uso de la criptografía de clave pública de forma automatizada, o con un control laxo de la identidad de quien activa esta modalidad de «firma», tal y como sucede en la actualidad con los sellos de caucho.

Firma electrónica con diferentes sistemas operativos y navegadores 

Tanto Safari para Mac como Konqueror para KDE tienen soporte para la gestión de certificados, al menos en la variante de «Client Certificate» de SSL 2.0. Al igual que Firefox y todas las variantes de Mozilla, al igual que IE y Opera. En todos los casos se pueden instalar los ficheros PKCS#12 que generan varios Prestadores de Servicios de Certificación. En mi opinión, el PSC (de entre los que emiten «Certificados Cualificados») que lo hace más sencillo para los usuarios es Camerfirma. También se pueden hacer «pruebas» con certificados gratuitos en Mac, Linux o Windows con los disponibles en este sitio de Certificados de Prueba. No obstante, para obtener un certificado cualificado (el que otorga valor de firma manuscrita a la electrónica) se debe pasar por un procedimiento que obligatoriamente supone verificación presencial de identidad.

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