DIRECTIVA 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

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Desde el año 2007 estaban pendiente de transposición a la normativa española  algunos aspectos de la DIRECTIVA 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, que se han quedado reseñados en la LEY 25/2011, de 1 de agosto.

Uno de los aspectos que más o menos sí estaban planteados en nuestro ordenamiento, es la posibilidad de que las sociedades de capital puedan ofrecer el voto electrónico societario a sus accionistas. La normativa española sobre voto societario se remonta al año 2003, por lo que sorprende la escasa adopción del voto electrónico entre las diferentes sociedades, cotizadas o no, dadas sus ventajas.

Así y todo, la importancia que la mencionada directiva da al voto electrónico hace prever un nuevo impulso a este concepto en la normativa española, por lo que es probable que se traduzca en una normativa que imponga al menos a las sociedades cotizadas la puesta en marcha de sistemas de voto electrónico, de igual forma que hace obligatorio contar con foros electrónicos de accionistas.

Transcribo la Directiva:

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 44 y 95,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1) En su comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo «Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea — Un plan para avanzar», de 21 de mayo de 2003, la Comisión indicó que debían adoptarse nuevas iniciativas adaptadas con objeto de reforzar los derechos de los accionistas en las sociedades cotizadas y que los problemas relativos a la votación transfronteriza debían solucionarse urgentemente.

(2) En su Resolución de 21 de abril de 2004 (3), el Parlamento Europeo apoyó el propósito de la Comisión de consolidar los derechos de los accionistas, en especial a través de la ampliación de las normas sobre transparencia, los derechos de voto mediante representación, la posibilidad de participar en juntas generales por medios electrónicos y el ejercicio transfronterizo de los derechos de voto.

(3) Los titulares de acciones con derechos de voto deben poder ejercer estos derechos, dado que se reflejan en el precio de adquisición de las acciones. Además, el control efectivo por parte de los accionistas es un requisito indispensable para el buen gobierno de las empresas, y debe, por lo tanto, facilitarse y fomentarse. Resulta, pues, necesario adoptar medidas para aproximar las legislaciones de los Estados miembros con este fin. Deben suprimirse los obstáculos que disuaden a los accionistas de votar, como la supeditación del ejercicio de los derechos de voto al bloqueo de acciones durante un tiempo determinado antes de la junta general. Sin embargo, la presente Directiva no afecta a la legislación comunitaria existente sobre las participaciones emitidas por los organismos de inversión colectiva o sobre las participaciones adquiridas o cedidas por estos organismos.

(4) La legislación comunitaria vigente no es suficiente para lograr este objetivo. La Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos valores (4), se centra en la información que los emisores tienen que comunicar al mercado, por lo que no trata del proceso de votación de los accionistas en sí. Además, la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado (5), impone a los emisores la obligación de facilitar cierta información y documentos pertinentes para las juntas generales, pero esta obligación solo se aplica en el Estado miembro de origen del emisor. Por consiguiente, conviene introducir unas normas mínimas para proteger a los inversores y promover el ejercicio ágil y efectivo de los derechos de los accionistas vinculados a acciones con derecho a voto. En lo que se refiere a los derechos distintos del derecho de voto, los Estados miembros tienen libertad para hacer extensivas esas normas mínimas también a las acciones sin derecho a voto, en la medida en que dichas acciones no se beneficien ya de dichas normas.

___________

(1) DO C 318 de 23.12.2006, p. 42.

(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 15 de febrero de 2007 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 12 de junio de 2007.

(3) DO C 104 E de 30.4.2004, p. 714.

(4) DO L 184 de 6.7.2001, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE (DO L 79 de 24.3.2005, p. 9).

(5) DO L 390 de 31.12.2004, p. 38.

(5) Un porcentaje importante de las acciones de sociedades cotizadas obra en poder de accionistas que no residen en el Estado miembro en el que dichas sociedades tienen su domicilio social. Los accionistas no residentes deben poder ejercer sus derechos en relación con la junta general con la misma facilidad que los accionistas que residen en el Estado miembro en el que tiene su domicilio social la sociedad. A tal efecto, es necesario que se supriman los obstáculos que dificultan en la actualidad el acceso de los accionistas no residentes a la información pertinente para la junta general y el ejercicio de los derechos de voto sin asistencia física a la junta general. La supresión de estos obstáculos también debe beneficiar a los accionistas residentes que no deseen o no puedan asistir a la junta general.

(6) Es importante que los accionistas, con independencia de su lugar de residencia, puedan votar con conocimiento de causa en la junta general, o antes de ella. Todos los accionistas deben tener tiempo suficiente para examinar los documentos que vayan a ser presentados en la junta general y determinar el sentido de su voto. A tal fin, es necesario que la junta general se anuncie de manera oportuna y que los accionistas reciban toda la información que se vaya a presentar a la junta general. Deben aprovecharse las posibilidades que ofrecen las tecnologías modernas para hacer que la información esté inmediatamente disponible. La presente Directiva parte del supuesto de que todas las sociedades cotizadas disponen ya de un sitio Internet.

(7) Es conveniente que los accionistas tengan, en principio, la posibilidad de incluir puntos en el orden del día de la junta general y de presentar proyectos de resolución en relación con los puntos del orden del día. Sin perjuicio de los diversos plazos y modalidades que actualmente se aplican en los distintos países de la Comunidad, el ejercicio de estos derechos debe supeditarse a dos normas básicas, a saber, que el umbral exigido para el ejercicio de estos derechos no exceda del 5 % del capital social de la sociedad y que, en cualquier caso, todos los accionistas reciban la versión definitiva del orden del día con tiempo suficiente para preparar los debates y la votación de cada uno de sus puntos.

(8) Todo accionista debe tener la posibilidad de formular preguntas en relación con los puntos del orden del día de la junta general y recibir una respuesta, si bien los Estados miembros deberán decidir las normas de desarrollo relativas a cómo y cuándo han de formularse las preguntas y recibirse las respuestas.

(9) Las sociedades no deben encontrar obstáculos jurídicos a la hora de ofrecer a sus accionistas cualquier forma de participación por medios electrónicos en la junta general.

El ejercicio del voto sin asistencia personal a la junta general, ya sea por correo o por medios electrónicos, no debe estar sujeto a restricciones, con excepción de las necesarias para la verificación de la identidad y la seguridad de las comunicaciones electrónicas. No obstante, esto no debe impedir a los Estados miembros adoptar normas destinadas a garantizar que los resultados de la votación reflejan las intenciones de los accionistas en todas las circunstancias, incluidas normas destinadas a tratar situaciones en las que se produzcan o se revelen circunstancias nuevas después de que un accionista haya emitido su voto por correo o por medios electrónicos.

(10) El buen gobierno de las empresas exige un proceso ágil y eficaz de voto por representación. Por consiguiente, deben suprimirse las restricciones y trabas existentes que hacen que el voto por representación resulte difícil y costoso. Sin embargo, el buen gobierno de las empresas exige también garantías suficientes frente a posibles abusos relacionados con los votos por representación. En este sentido, la persona en quien se haya delegado el voto debe estar obligada a seguir las instrucciones que pueda haber recibido del accionista, y los Estados miembros deben tener la posibilidad de adoptar medidas adecuadas para garantizar que el representante del accionista no promueva más intereses que los de este último, con independencia de la cuestión que haya dado lugar al conflicto de intereses. Las medidas contra posibles abusos pueden consistir, en concreto, en regímenes que los Estados miembros adopten para regular la actividad de las personas que se dedican activamente a la captación de votos por delegación o que, de hecho, hayan recogido un número importante de delegaciones, que exceda de un determinado nivel, en particular para garantizar un nivel adecuado de fiabilidad y transparencia. Con arreglo a la presente Directiva, los accionistas tienen un derecho sin restricciones a designar a tales personas como representantes para que asistan a las juntas generales y voten en ellas en su nombre. No obstante, lo dispuesto en la presente Directiva no afecta a las normas o sanciones que los Estados miembros puedan imponer a tales personas cuando hayan emitido los votos haciendo un uso fraudulento de las delegaciones recogidas. Por otra parte, la presente Directiva no obliga en modo alguno a las sociedades a comprobar que los representantes emiten su voto con arreglo a las instrucciones de voto de los accionistas a quienes representan.

(11) Cuando estén implicados intermediarios financieros, la eficacia de la votación con arreglo a instrucciones depende en gran medida de la eficacia de la cadena de intermediarios, puesto que los inversores a menudo no están en condiciones de ejercer los derechos de voto que confieren sus acciones sin la cooperación de cada uno de los intermediarios de la cadena, que pueden no tener un interés económico en las acciones. Para permitir que el inversor ejerza sus derechos de voto en situaciones transfronterizas es, pues, importante que los intermediarios faciliten el ejercicio de dichos derechos. La Comisión debe seguir estudiando este asunto en el contexto de una Recomendación, a fin de garantizar que los inversores tienen acceso a servicios de votación efectivos y que los derechos de voto se ejercen de conformidad con las instrucciones dadas por los mencionados inversores.

(12) Como el momento elegido para comunicar al órgano administrativo, de gestión o de supervisión, así como al público, con anterioridad a la celebración de la junta general, el recuento de los votos emitidos electrónicamente o por correo es una cuestión importante de gestión empresarial, podrá ser determinado por los Estados miembros.

(13) Los resultados de la votación deben determinarse utilizando métodos que reflejen la intención de voto manifestada por los accionistas; también conviene asegurar su transparencia tras la junta general, con su publicación, como mínimo, en el sitio Internet de la sociedad.

(14) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, permitir que los accionistas hagan uso efectivo de sus derechos en toda la Comunidad, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros sobre la base de la actual legislación comunitaria, y por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de las medidas, puede lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(15) De conformidad con el apartado 34 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» (1), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de incorporación al Derecho interno, y a hacerlos públicos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Directiva establece requisitos referentes al ejercicio de determinados derechos de los accionistas vinculados a acciones con derecho a voto, en lo que atañe a las juntas generales de sociedades que tengan su domicilio social en un Estado miembro y cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado que esté situado u opere en un Estado miembro.

2. El Estado miembro competente para regular las cuestiones tratadas en la presente Directiva será el Estado miembro en el que tenga su domicilio social la sociedad, y las referencias a la «legislación aplicable» se entenderán como referencias a la legislación de dicho Estado miembro.

3. Los Estados miembros podrán eximir de la presente Directiva a los siguientes tipos de sociedades:

a) organismos de inversión colectiva en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (2);

b) empresas cuyo único objeto sea la inversión colectiva de capital proporcionado por el público, que actúen siguiendo el principio de diversificación de riesgos y que no pretendan tomar el control legal o de gestión de ningún emisor de sus inversiones subyacentes, a condición de que estos organismos de inversión colectiva estén autorizados y sujetos a la supervisión de las autoridades competentes y cuenten con un depositario que ejerza funciones equivalentes a las que establece la Directiva 85/611/CEE;

c) sociedades cooperativas.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «mercado regulado»: mercado según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (3);

b) «accionista»: la persona física o jurídica que la legislación aplicable reconozca como tal;

c) «representación»: habilitación de una persona física o jurídica por un accionista para que ejerza algunos o todos los derechos del accionista en una junta general en su nombre.

Artículo 3

Otras medidas nacionales

La presente Directiva no impedirá a los Estados miembros imponer obligaciones adicionales a las sociedades ni adoptar otras medidas para facilitar a los accionistas el ejercicio de los derechos a que se refiere la Directiva.

CAPÍTULO II

JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Artículo 4

Igualdad de trato a los accionistas

La sociedad garantizará la igualdad de trato de todos los accionistas que estén en la misma posición por lo que se refiere a la participación y al ejercicio de derechos de voto en la junta general.

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(1) DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

(2) DO L 375 de 31.12.1985, p. 3.

(3) DO L 145 de 30.4.2004, p. 1.

Artículo 5

Información previa a la junta general

1. Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 9, apartado 4, y en el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición (1), los Estados miembros velarán por que las sociedades anuncien la convocatoria de la junta general mediante alguno de los medios indicados en el apartado 2 del presente artículo y al menos 21 días antes de la fecha fijada para su celebración.

Los Estados miembros podrán establecer que, cuando la sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad de votar por medios electrónicos accesibles a todos los accionistas, la junta general de accionistas pueda decidir anunciar las convocatorias de las juntas generales distintas de las juntas generales anuales de una de las formas que se especifican en el apartado 2 del presente artículo, a más tardar 14 días antes del día de la junta. Esta decisión deberá tomarse, como mínimo, por una mayoría no inferior a dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o al capital suscrito que representen, y por un período que no podrá superar la fecha de la junta general anual siguiente.

Los Estados miembros podrán no aplicar los plazos mínimos a que se refieren los párrafos primero y segundo al anuncio de la segunda o subsiguientes convocatorias de una junta general motivadas por la falta de quórum para la junta convocada en primera convocatoria, siempre que en la primera convocatoria se haya cumplido lo dispuesto en el presente artículo y que no se añada ningún nuevo punto al orden del día, y que transcurran al menos diez días entre la convocatoria final y la fecha de la junta general.

2. Sin perjuicio de otros requisitos de notificación o publicación que establezca el Estado miembro competente según se define en el artículo 1, apartado 2, las sociedades tendrán la obligación de anunciar la convocatoria a que se refiere el apartado 1 del presente artículo de un modo que garantice un acceso rápido y no discriminatorio a la misma. El Estado miembro exigirá a la sociedad que se sirva de medios de comunicación de los que quepa razonablemente esperar una difusión efectiva de la información al público en toda la Comunidad.

El Estado miembro no podrá imponer la obligación de utilizar solamente medios de comunicación cuyos operadores estén establecidos en su territorio.

Los Estados miembros podrán no aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior a las sociedades que puedan determinar el nombre y la dirección de sus accionistas a partir de un registro de accionistas actualizado, siempre que dichas sociedades tengan la obligación de enviar la convocatoria a cada uno de los accionistas registrados.

En cualquier caso, las sociedades no podrán cobrar ningún gasto específico por anunciar la convocatoria de la forma prescrita.

3. La convocatoria a que hace referencia el apartado 1 contendrá, al menos, lo siguiente:

a) una indicación precisa de cuándo y dónde se celebrará la reunión de la junta general y el orden del día propuesto;

b) una descripción clara y exacta de los procedimientos que los accionistas deben cumplir para poder participar y emitir su voto en la junta general, en la que se incluya información sobre:

i) los derechos de los accionistas en virtud del artículo 6, siempre que tales derechos puedan ejercerse tras la convocatoria, y del artículo 9 y los plazos para ejercerlos; la convocatoria podrá limitarse a señalar los plazos para el ejercicio de los mencionados derechos, siempre que en ella se indique que en el sitio Internet de la sociedad puede obtenerse información más detallada sobre los mismos,

ii) el procedimiento para el voto por representación, en especial la indicación de los formularios que deberán utilizarse para la delegación de voto y de los medios que deben emplearse para que la sociedad pueda aceptar una notificación por vía electrónica de las representaciones conferidas, y

iii) en su caso, los procedimientos para la emisión del voto por correo o por medios electrónicos;

c) en su caso, la fecha de registro definida en el artículo 7, apartado 2, junto con una aclaración de que solo tendrán derecho a participar y a votar en la junta general quienes sean accionistas en esa fecha;

d) una indicación de dónde y cómo puede obtenerse el texto completo, no resumido de los documentos y de los proyectos de resolución a que se refiere el apartado 4, letras c) y d);

e) una indicación de la dirección del sitio Internet en el que estará disponible la información mencionada en el apartado 4.

4. Los Estados miembros garantizarán que durante un período ininterrumpido que se iniciará, al menos, 21 días antes de la fecha de la junta general y durará hasta el día de celebración de la junta inclusive, la sociedad coloque en su sitio Internet a disposición de sus accionistas la siguiente información como mínimo:

a) la convocatoria a que se refiere el apartado 1;

b) el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria (con desglose de los totales para las distintas clases de acciones, cuando el capital de la sociedad esté dividido en dos o más clases de acciones);

c) los documentos que se presentarán en la junta general;

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(1) DO L 142 de 30.4.2004, p. 12.

d) un proyecto de resolución o, cuando no se haya propuesto la adopción de resolución alguna, un comentario de un órgano competente de la sociedad, designado con arreglo a la legislación aplicable, sobre cada uno de los puntos del orden del día propuesto para la junta general; además, los proyectos de resolución que presenten los accionistas se añadirán al sitio Internet en cuanto sea posible una vez la sociedad los haya recibido;

e) cuando corresponda, los formularios que deberán utilizarse para el voto mediante representación y para el voto por correspondencia, salvo que estos formularios sean enviados directamente a cada accionista.

Cuando los formularios mencionados en la letra e) no puedan publicarse en el sitio Internet por causas técnicas, la sociedad indicará en su sitio Internet cómo pueden obtenerse los formularios en papel. En este caso, la sociedad estará obligada a enviar los formularios por correo gratuitamente a todos los accionistas que lo soliciten.

Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 4, o en el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2004/25/CE, o a tenor del apartado 1, párrafo segundo, del presente artículo, la convocatoria de la junta general se anuncie con menos de 21 días de antelación a la reunión, el período especificado en el presente apartado se reducirá en consecuencia.

Artículo 6

Derecho a incluir puntos en el orden del día de la junta general y a presentar proyectos de resolución 1. Los Estados miembros se asegurarán de que los accionistas, actuando de forma individual o colectiva:

a) tengan derecho a incluir puntos en el orden del día de la junta general, siempre que dichos puntos vayan acompañados de una justificación o de un proyecto de resolución que se presente para adopción a la junta general, y

b) tengan derecho a presentar proyectos de resolución sobre puntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta general.

Los Estados miembros podrán disponer que el derecho a que se refiere la letra a) únicamente pueda ejercerse en relación con la junta general anual, siempre que los accionistas, actuando de forma individual o colectiva, tengan derecho a convocar, o a pedir a la sociedad que convoque, una junta general que no sea una junta general anual en cuyo orden del día figuren al menos todos los puntos que dichos accionistas soliciten.

Los Estados miembros podrán disponer que el ejercicio de estos derechos se lleve a cabo por escrito (mediante presentación por correo o por medios electrónicos).

2. Cuando alguno de los derechos especificados en el apartado 1 esté supeditado a la condición de que los accionistas pertinentes posean una participación mínima en la sociedad, esta participación mínima no excederá del 5 % del capital social.

3. Cada Estado miembro fijará una fecha única, expresada en un número concreto de días de antelación a la junta general o a la convocatoria, hasta la cual los accionistas podrán ejercer el derecho previsto en el apartado 1, letra a). Del mismo modo, cada Estado miembro podrá fijar la fecha para el ejercicio del derecho considerado en el apartado 1, letra b).

4. Los Estados miembros se asegurarán de que cuando el ejercicio del derecho indicado en el apartado 1, letra a), dé lugar a una modificación del orden del día de la junta general ya comunicado a los accionistas, la sociedad dé a conocer un orden del día revisado, por el mismo procedimiento utilizado para el orden del día anterior, con antelación a la fecha de registro aplicable definida en el artículo 7, apartado 2, o, de no aplicarse ninguna fecha de registro, con la suficiente antelación a la fecha de la junta general como para permitir que otros accionistas nombren a un representante o, en su caso, voten por correo.

Artículo 7

Requisitos para poder participar y votar en la junta general

1. Los Estados miembros garantizarán:

a) que el derecho del accionista a participar en una junta general y ejercer el derecho de voto correspondiente a cualquiera de sus acciones no esté sujeto al requisito de que dichas acciones estén depositadas ante otra persona física o jurídica, o le sean transferidas o sean registradas a nombre de dicha persona, antes de la junta general, y

b) que el derecho del accionista a vender o transferir de cualquier otro modo sus acciones durante el período comprendido entre la fecha de registro, tal como se define en el apartado 2, y la de la junta general correspondiente no esté sujeto a restricciones distintas de las aplicables en cualquier otro momento.

2. Los Estados miembros dispondrán que el derecho del accionista a participar en una junta general y a ejercer el derecho de voto correspondiente a sus acciones se establezca con respecto a las acciones que obren en poder de dicho accionista en una determinada fecha antes de la junta general («la fecha de registro»).

Los Estados miembros no tendrán que aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior a las sociedades que puedan determinar el nombre y la dirección de sus accionistas a partir de un registro de accionistas actualizado el día de la junta general.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que se aplique a todas las sociedades una fecha de registro única. Sin embargo, un Estado miembro podrá fijar una fecha de registro para las sociedades que hayan emitido acciones al portador y otra fecha de registro distinta para las sociedades que hayan emitido acciones nominativas, siempre que se aplique una fecha de registro única a las sociedades que hayan emitido ambos tipos de acciones. La fecha de registro no podrá preceder en más de 30 días a la fecha de la junta general correspondiente. A la hora de aplicar esta disposición y el artículo 5, apartado 1, los Estados miembros velarán por que el lapso entre la fecha límite permitida para la convocatoria de la junta general y la fecha de registro sea de ocho días como mínimo, sin que estas dos fechas se tengan en cuenta en el cálculo del número de días. Sin embargo, en las circunstancias que cita el artículo 5, apartado 1, párrafo tercero, un Estado miembro podrá exigir que transcurran por lo menos seis días entre la última fecha límite permitida para la segunda convocatoria, o las convocatorias sucesivas, de las juntas generales y la fecha de registro, sin que estas dos fechas se tengan en cuenta en el cálculo del número de días.

4. La prueba de la condición de accionista solo puede supeditarse a los requisitos necesarios para garantizar la verificación de la identidad de los accionistas y únicamente en la medida en que resulten proporcionados para alcanzar este objetivo.

Artículo 8

Participación en la junta general por medios electrónicos

1. Los Estados miembros permitirán a las sociedades ofrecer a sus accionistas cualquier forma de participación en la junta general por medios electrónicos, en especial alguna o todas las formas de participación siguientes:

a) la transmisión en tiempo real de la junta general;

b) la comunicación bidireccional en tiempo real para que los accionistas puedan dirigirse a la junta general desde un lugar distante;

c) un mecanismo para emitir votos bien antes, bien durante la junta general sin necesidad de nombrar a un representante que esté físicamente presente en la junta.

2. El uso de medios electrónicos para permitir a los accionistas participar en las juntas generales solo podrá supeditarse a los requisitos y restricciones necesarios para garantizar la verificación de la identidad de los accionistas y la seguridad de las comunicaciones electrónicas y únicamente en la medida en que resulten proporcionados para alcanzar dichos objetivos.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las normas jurídicas que los Estados miembros hayan adoptado o puedan adoptar en lo relativo al proceso decisorio aplicable en las sociedades a la introducción o utilización de cualquier forma de participación por medios electrónicos.

Artículo 9

Derecho a formular preguntas

1. Todo accionista tendrá derecho a formular preguntas relacionadas con los puntos del orden del día de la junta general. La sociedad responderá a las preguntas formuladas por los accionistas.

2. El derecho a formular preguntas y la obligación de responder estarán sujetos a las medidas que los Estados miembros puedan adoptar o permitir que adopten las sociedades, con el fin de garantizar la identificación de los accionistas, el correcto desarrollo y la preparación de la junta general y la protección de la confidencialidad e intereses empresariales de las sociedades. Los Estados miembros podrán permitir a las sociedades dar una respuesta conjunta a las preguntas de igual contenido.

Los Estados miembros podrán disponer que no sea necesario responder a una pregunta cuando la información solicitada figure en formato pregunta-respuesta en el sitio Internet de la sociedad.

Artículo 10

Voto mediante representación

1. Todo accionista tendrá derecho a designar a cualquier otra persona física o jurídica como representante para asistir y votar en una junta general en su nombre. El representante disfrutará de los mismos derechos a hablar y a formular preguntas en la junta general que tendría el accionista al que representa.

A excepción del requisito de que el representante posea capacidad jurídica, los Estados miembros deberán suprimir toda norma jurídica que establezca o que permita a las sociedades establecer restricciones para la designación de una persona como representante.

2. Los Estados miembros podrán limitar la validez de la designación de un representante a una sola junta o a las juntas que puedan celebrarse durante un período determinado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, apartado 5, los Estados miembros podrán limitar el número de representantes que un accionista puede nombrar en relación con cualquier junta general. No obstante, cuando un accionista posea acciones de una sociedad en más de una cartera de valores, esa limitación no impedirá que el accionista nombre a un representante aparte para las acciones incluidas en cada cartera de valores, en relación con cualquier junta general. Esta posibilidad se entenderá sin perjuicio de aquellas normas que establezca la legislación aplicable que prohíban votar de forma diferente en cuanto a las acciones que posea un mismo accionista.

3. Con excepción de las restricciones expresamente autorizadas en los apartados 1 y 2, los Estados miembros solo podrán establecer o permitir que las sociedades establezcan, en lo que respecta al ejercicio de los derechos del accionista a través de su representante, restricciones encaminadas a resolver posibles conflictos de intereses entre el representante y el accionista en cuyo beneficio este debe actuar, sin que los Estados miembros puedan imponer más requisitos que los siguientes:

a) los Estados miembros podrán exigir que el representante revele ciertos hechos específicos que puedan ser pertinentes para que el accionista evalúe el riesgo de que el representante promueva intereses distintos de los del accionista;

b) los Estados miembros podrán restringir o no admitir el ejercicio de los derechos de los accionistas mediante un representante sin instrucciones de voto precisas para cada una de las resoluciones sobre las que el representante tenga que votar en nombre del accionista;

c) los Estados miembros podrán restringir o no admitir la transferencia de la delegación de voto a un tercero, sin que ello impida que un representante que sea una persona jurídica ejerza las competencias que le han sido conferidas a través de uno de los miembros de su órgano de administración o de gestión o de uno de sus empleados.

Puede haber conflicto de intereses en el sentido del presente apartado, en particular, cuando el representante:

i) sea un accionista de control de la sociedad o bien otra entidad controlada por dicho accionista,

ii) sea miembro del órgano de administración, de gestión o de supervisión de la sociedad o de un accionista de control o de la entidad controlada a que se hace referencia en el inciso i),

iii) sea un empleado o un auditor de la sociedad o de la entidad controlada a que se hace referencia en el inciso i),

iv) tenga una relación de parentesco con una de las personas físicas indicadas en los incisos i) a iii).

4. El representante emitirá los votos con arreglo a las instrucciones del accionista al que representa.

Los Estados miembros podrán exigir que los representantes conserven las instrucciones de voto del accionista durante un período mínimo establecido y que confirmen, previa petición, que han cumplido las instrucciones de voto.

5. Una persona que actúe como representante podrá tener una representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, la legislación aplicable le permitirá emitir votos de signo distinto en función de cada accionista.

Artículo 11

Formalidades para nombrar representante y notificar el nombramiento

1. Los Estados miembros permitirán que los accionistas nombren representante por vía electrónica. Además, permitirán que las sociedades acepten por vía electrónica la notificación del nombramiento, y velarán por que todas las sociedades ofrezcan a sus accionistas al menos un método efectivo de notificación por esta vía.

2. Los Estados miembros velarán por que el nombramiento de los representantes y la notificación del nombramiento a la sociedad solo puedan efectuarse por escrito. Aparte de este requisito formal básico, el nombramiento de representante, la notificación del nombramiento a la sociedad y la comunicación al representante de las instrucciones de voto, caso de haberlas, únicamente podrán estar sujetas a los requisitos formales que sean necesarios para garantizar la identificación del accionista y del representante, o para garantizar la posibilidad de verificar del contenido de las instrucciones de voto, respectivamente, y solo en la medida en que dichos requisitos resulten proporcionados para alcanzar esos objetivos.

3. Las disposiciones de presente artículo se aplicarán mutatis mutandis a la revocación del nombramiento de un representante.

Artículo 12

Voto por correo

Los Estados miembros permitirán que las sociedades ofrezcan a sus accionistas la posibilidad de votar por correo antes de la junta general. El voto por correo solo podrá estar sujeto a los requisitos y restricciones necesarios para garantizar la identificación de los accionistas y únicamente en la medida en que resulten proporcionados para alcanzar este objetivo.

Artículo 13

Supresión de ciertos obstáculos al ejercicio efectivo del derecho de voto

1. El presente artículo se aplicará cuando una persona física o jurídica reconocida como accionista por la legislación aplicable actúe a título profesional en nombre de otra persona física o jurídica («el cliente»).

2. Cuando la legislación aplicable supedite el ejercicio del derecho de voto de un accionista en el sentido del apartado 1 a obligaciones de información, dichas obligaciones no podrán exceder la comunicación de una lista en la que se indique a la sociedad la identidad de cada cliente y el número de acciones respecto de las cuales se ejerce el derecho de voto en su nombre.

3. Cuando la legislación aplicable imponga requisitos formales en cuanto a la autorización de un accionista en el sentido del apartado 1 para ejercer el derecho de voto, o en cuanto a las instrucciones de voto, dichos requisitos formales no excederán de lo necesario para la identificación del cliente, o para poder verificar el contenido de las instrucciones de voto, respectivamente, y resultarán proporcionados para alcanzar dichos objetivos.

4. Un accionista en el sentido del apartado 1 estará autorizado a emitir votos de distinto signo en función de las acciones a las que estén vinculados.

5. Cuando la legislación aplicable limite el número de representantes que puede nombrar un accionista de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, dicha limitación no impedirá a un accionista en el sentido del apartado 1 del presente artículo otorgar una delegación de voto a cada uno de sus clientes o a un tercero designado por un cliente.

Artículo 14

Resultados de las votaciones

1. Para cada resolución, la sociedad determinará, como mínimo, el número de acciones respecto de las cuales se han emitido votos válidos, la proporción de capital social representado por dichos votos, el número total de votos válidos, el número de votos a favor y en contra de cada resolución y, cuando proceda, el número de abstenciones.

No obstante, los Estados miembros podrán disponer o permitir que las sociedades dispongan que, si ningún accionista solicita los resultados completos de las votaciones, bastará con establecer los resultados de las votaciones solo en la medida necesaria para garantizar que se ha alcanzado la mayoría necesaria para cada resolución.

2. En un plazo, que se determinará en la legislación aplicable y que no excederá de 15 días a partir de la fecha de la junta general, la sociedad publicará en su sitio Internet los resultados de las votaciones conforme a lo dispuesto en el apartado 1.

3. El presente artículo se entiende sin perjuicio de las normas jurídicas que los Estados miembros hayan adoptado o puedan adoptar en lo relativo a las formalidades necesarias para que una resolución sea válida o a la posibilidad de que los resultados de la votación sean objeto de recurso jurisdiccional.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15

Incorporación al Derecho interno

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el 3 de agosto de 2009. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, aquellos Estados miembros en los que a 1 de julio de 2006 estuvieran vigentes disposiciones nacionales que restringen o prohíben el nombramiento de representantes para el voto por representación en el caso a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 3, párrafo segundo, inciso ii), deberán poner en vigor las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas necesarias para cumplir lo dispuesto en el artículo 10, apartado 3, en lo que se refiere a dichas restricciones o prohibiciones a más tardar el 3 de agosto de 2012.

Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión el número concreto de días fijado de conformidad con el artículo 6, apartado 3, y el artículo 7, apartado 3, así como cualquier modificación posterior, para que esta información sea publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones a que se refiere el párrafo primero, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 16

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 17

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 11 de julio de 2007.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

H.-G. PÖTTERING

Por el Consejo

El Presidente

M. LOBO ANTUNES

Más allá de lo conseguido

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En el periódico ABC de 6 de septiembre de 2011 se ha publicado  un interesante artículo de Jesús Banegas Núñez, en el relevante espacio de opinión «La tercera de ABC»: Más allá de lo conseguido

Durante los últimos veinticinco años,  España ha venido acumulando, con el esfuerzo de todos, un más que notable capital tecnológico y humano que, junto con las grandes inversiones en infraestructuras y un creciente esfuerzo innovador, sienta los pilares de la necesaria recuperación a largo plazo de nuestra paupérrima economía.

La profundidad y alcance de la crisis económica y sobre todo financiera que hoy asola nuestro país, y el consecuente y justificado pesimismo institucional y social en el que vivimos, no pueden servir de excusa para no afrontar el futuro con esperanza.

Nuestra crisis, más allá de la volatilidad circunstancial de los mercados financieros, tiene tantas razones de fondo como soluciones a la vista. Se podría decir, incluso, que protocolizadas. Porque sabemos perfectamente l0 que hay que hacer. Así que bastaría con hacerlo, y cuanto antes. A saber: reducir severamente los gastos públicos de las administraciones central y autonómicas para reducir el déficit y normalizar la financiación de la economía; liberalizar los mercados -laboral, comercial, etc.- para generar confianza empresarial y en consecuencia propiciar el crecimiento económico; y facilitar las actividades empresariales librándolas de las numerosas y absurdas barreras normativas que limitan su franco desarrollo.

Las citadas medidas son en todo caso necesarias para mejorar nuestra calidad institucional, pero no suficientes para garantizar una sana y sostenible recuperación de nuestra economía.

El crecimiento futuro de la economía española solo será posible si se lleva a cabo hacia el exterior, pues la demanda interna de consumo e inversión no será suficiente para impulsarlo, al menos a un nivel que permita la creación de empleo, clave esencial de una sólida recuperación.

Por fortuna, la economía mundial -especialmente los países emergentes, con Asia a la cabeza- sigue creciendo con vigor, de manera que las oportunidades de exportar e implantarse en el exterior están garantizadas.

España presenta un muy pobre balance exportador, de los más bajos de Europa: poco más de un 25% del PIB, frente al 40% del PIB conjunto de la UE. Además, la industria española apenas compite con las importaciones, cuando podría y debería hacerlo. No nos va tan mal, sin embargo, en la exportación de servicios: desde el turismo a la consultoría tecnológica, la posición competitiva de nuestro país, aunque mejorable, presenta un balance positivo.

Llegados este punto, resulta evidente que lo que necesitamos es una nueva política industrial que impulse la competitividad de nuestros tejidos productivos de la mano de la tecnología y la innovación, para que vuelquen sus actividades más allá de nuestras fronteras, amén de competir en nuestro propio mercado con las importaciones de otros países por innovación y calidad, además de costes competitivos.

La tecnología y la innovación, de la mano del capital humano, son los factores clave del mejor futuro posible para nuestro país: un crecimiento económico sostenible generador de empleo cualificado y bien remunerado.

¿Y qué cabe hacer, en términos concretos, para llevar a cabo tan noble empeño?

En materia tecnológica, aunque España parte de un buen nivel de equipamientos, hay que redoblar los esfuerzos para convertirnos en un país pionero y líder, porque está a nuestro alcance, al menos en tres ámbitos: nuevas redes de telecomunicaciones de muy alta velocidad, ahorro energético basado en la innovación tecnológica y administración pública electrónica. En los tres casos se mejorarían sustancialmente la eficiencia y la competitividad de nuestra economía, sin que hagan falta tanto recursos públicos como perspicacia legisladora para llevarlos a cabo.

En el ámbito innovador son varios los frentes de batalla: convertir los logros científicos universitarios -que han alcanzado un considerable nivel últimamente- en tecnología, es decir, en actividad empresarial. Propiciar, mediante mecanismos fiscales ya experimentados con éxito en otros países, una verdadera industria de capital riesgo para facilitar el soporte financiero de nuevos proyectos y empresas innovadoras, no solo originados por españoles, sino como polo de atracción de talento extranjero innovador, algo inexplotado pero de mucho futuro.

El sostenimiento a largo plazo de un crecimiento basado en la tecnología y la innovación, el único que puede proyectarse más allá de nuestras fronteras, solo será posible si nuestro capital humano es capaz de soportarlo por cantidad, calidad y versatilidad.

Aquí es fundamental que la formación profesional se desarrolle seriamente y se oriente a profesiones con más futuro que pasado. Que la oferta de titulados universitarios -por cantidad y calidad- responda a 1as demandas empresariales. Que la educación primaria y la secundaria estén sustentadas en valores -hoy abandonados- como el esfuerzo, la disciplina y el mérito, y liberada de enseñanzas perniciosas acerca de la empresa y la economía de mercado, como las contenidas en la mal llamada «Educación para la ciudadanía».

Por supuesto que el actual e inservible marco de relaciones laborales para una economía intensiva en innovación y en proceso de cambio continuo debe ser sustituido por otro más flexible y adaptativo a los nuevos tiempos. Sin esta imperativa reforma, el crecimiento económico que necesitamos no será posible, y sin él, la confianza de los mercados -es decir, nuestros acreedores financieros- difícilmente regresará.

Puesto que las empresas que en la España de hoy más crecen en actividad y empleo son las que innovan y exportan, todo lo que facilite su expansión debería tener la máxima prioridad. Nuestra política exterior debe cambiar por completo para implicarse a fondo a favor de la exportación y la internacionalización de nuestros tejidos productivos.

La imagen de una nueva España dinámica, innovadora, competitiva y volcada al exterior debe ser cultivada por todas las instancias gubernamentales. Además, los apenas disminuidos y todavía ingentes recursos dedicados a algo tan vacuo como «la cooperación» deben dedicarse a la promoción comercial exterior. ¿Tiene sentido acaso que sigamos dedicando a la «ayuda exterior» veinticinco veces más recursos que al presupuesto del Instituto de Comercio Exterior que sirve, justamente, para apoyar las actividades exteriores de nuestras empresas?

Puesto que todo lo dicho hasta aquí no arrastra mayor gasto público y representa la única salida posible a la pésima situación económica que atraviesa nuestro país, ¿a qué esperar para hacerlo?

No todo es electrónico

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En mi «otro» blog, no todo es electrónico, publico artículos de temas que me interesan pero que normalmente no tienen cabida en este blog.

Estos son algunos de los artículos que he publicado (actualización a abril de 2012)

 

Pego dejará la dirección de Novacaixagalicia, que incorporará a un nuevo consejero delegado para NCG Banco

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Visto en la web de Novacaixalicia

  • El director general se prejubilará coincidiendo con el nacimiento del banco
  • NCG adapta su estructura directiva a la nueva etapa de la entidad

12.09.2011. José Luis Pego anunció el 12 de septiembre de 2011 al comité de dirección de Novacaixagalicia que dejará la dirección general de la entidad, como consecuencia de la necesaria reordenación de la entidad para la constitución de NCG Banco SA. El banco de Novacaixagalicia se constituirá esta misma semana y nacerá con la incorporación de un nuevo consejero delegado a la entidad que presidirá José María Castellano. Aunque el nombramiento del nuevo consejero delegado no será oficial hasta el nacimiento de NCG Banco, Novacaixagalicia ya ha informado de que se trata de un ejecutivo procedente del sector bancario con el cometido de gestionar la nueva etapa de la entidad.

Con el fin de agilizar el proceso de transición en la actividad de la caja al banco, el futuro consejero delegado ejercerá sus funciones desde el inicio de dicha actividad. José Luis Pego dejará todos sus cargos en Novacaixagalicia para facilitar el proceso, siguiendo en el desempeño de sus funciones hasta la efectiva constitución de NCG Banco, para posteriormente acogerse a la prejubilación como directivo de Novacaixagalicia.

José Luis Pego Alonso (Ferrol, 1957) es director general de Novacaixagalicia desde diciembre de 2010, cargo para el que fue designado tras la fusión de Caixanova y Caixa Galicia. Desde el año 2006, Pego fue director general de Caixanova. Con su decisión, el economista ferrolano, anuncia el final de una etapa de 27 años de brillante trayectoria profesional en el sector de las cajas de ahorro gallegas, primero en Caixavigo, posteriormente en Caixanova y ahora en Novacaixagalicia. Residente en Vigo, casado y con dos hijos, José Luis Pego es licenciado en ciencias económicas y empresariales por la Universidade de Santiago, donde realizó los cursos de doctorado en económicas. Durante su etapa docente, José Luis Pego ha sido profesor asociado de las universidades de Santiago y Vigo, así como de la Universidad a Distancia (UNED) de Pontevedra. Pego se incorporó a Caixavigo en 1985. En Caixanova desempeñó diferentes puestos directivos antes de acceder a la dirección general, entre los que se incluyen las direcciones de Planificación, Control Financiero o la de Riesgo de Crédito.

Durante los nueve meses de existencia de Novacaixagalicia, Pego ha sido el primer ejecutivo de la entidad y principal responsable del proceso de transformación en NCG Banco que está a punto de culminar y cuyo principal objetivo es el de garantizar la transformación de la principal entidad financiera gallega a través de un proyecto propio, en el profundo proceso de reconversión que está produciéndose en el sector financiero español.

La energía. Lo que Fukushima desveló. ¿Qué energía necesita el mundo?

3 respuestas

En la próxima edición de Saviálogos participaré en la Mesa que coordina Paulina Beato ‘La energía. Lo que Fukushima desveló. ¿Qué energía necesita el mundo?’ y en la que también participan   Paul Isbell, Isabel Tocino, Juan Urrutia, José Luis Feito, Ángel Berges, Antonio Garrigues Walker  y José Luis García Delgado.

El desastre de Fukushima (nivel 7) actualiza la corriente de recelos sobre la energía nuclear que se produce con cada uno de los grandes accidentes nucleares y que tiene precedentes tan aterradores como Chernóbyl (nivel 7) , o, a menor nivel, Three Mile Island, en Harrisburg (Nivel 5).

Las energías renovables, suenan bien, pero no es posible ajustar la generación a la demanda, ya que dependen de los ciclos o de las circunstancias de su generación (la exposición al sol, la incidencia del viento, los flojos de las mareas,…). Y además son caras.

Los combustibles fósiles, carbón, gas  y petróleo implican cierto grado de contaminación ambiental y sus niveles de reservas los situan como soluciones de tránsito mientras se acierta con los suministros energéticos a largo plazo. Pero ese tránsito bien puede implicar que sean la principal fuente de energía durante los próximos 20 años. Y su coste determina hoy en dia la evolución de las economías.

Los biocombustibles se identifican hoy en día, acertada o equivocadamente, con el desvío de la producción de cereales (entre otros protocombustibles) del consumo humano hacia los sistemas de producción energética, con un severo impacto en la capacidad de suministro de alimentos a países desfavorecidos o a las capas más vulnerables de la población de los países del primer y del segundo mundo.

No cabe duda de que la energía representa un foco de debate con profundas implicaciones económicas que explican algunos de los aspectos de la crisis que estamos viviendo.

Pido a los lectores de este artículo que aporten sus comentarios que llevaré conmigo al debate de Saviálogos de los dias 29 y 30 de septiembre de 2011 en Pamplona.

El FROB entrará en Novacaixagalicia mientras se consolida el accionarado de NCG Banco

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Visto en ABC el 08/09/20011 con el título El FROB cubrirá el 100% de las necesidades de capital de NCG Banco

El retraso en la entrada de capital procedente de inversores privados, que tendrán de plazo hasta el próximo mes de diciembre, se debe a que NCG aún no ha recibido la valoración (‘due diligence’) del grupo encargada por el FROB, según informaron el 8 de septiembre de 2011 fuentes de la entidad financiera tras la reunión del Consejo de Administración.

La idea del futuro presidente ejecutivo de NCG Banco, José María Castellano, era solicitar una prórroga de tres meses para completar el proceso de capitalización, pero finalmente se ha optado por que el FROB cubra momentáneamente todas las necesidades, cifradas en 2.465 millones de euros.

Ahora la prioridad es conocer cuánto reduce la «due diligence» del FROB la valoración del grupo Novacaixagalicia, con una cifra contable de partida de 1.716 millones de euros, ya que de ello depende la proporción de la representatividad de la caja, de los inversores privados y del FROB en el capital de NCG Banco.

El consejero Manuel Añón ha avanzado a los periodistas a la salida del Consejo de Administración celebrado en Vigo que manejan una previsión de reducción de entre un 75 y un 85 por ciento, y ha añadido: «estamos muy mal».

Mientras, el consejero José García Costas ha reseñado que al no haber recibido la «due diligence» encargada por el FROB -cree que llegará «en los próximos días»- lo único que se puede hacer es «tomar como referencia» las caídas del 60% de Bankia y Banca Cívica en sus salidas en Bolsa.

García Costas ha reseñado que «no había otra solución» que la entrada del FROB al cien por cien para cubrir las necesidades de capital, y ha matizado que ese dinero público «no se contabiliza como porcentaje de participación», pues se trata de «un préstamo a devolver» en un plazo máximo de cinco años.

La caja gallega ha informado a través de un comunicado que aportará a su futuro banco un patrimonio neto consolidado de 1.714 millones de euros; que el activo ascenderá a los 75.773 millones, y que las sedes social y fiscal estarán en A Coruña y la institucional y la dirección efectiva del negocio, en Vigo.

La entidad ya cuenta con las autorizaciones del Ministerio de Economía, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y espera recibir en breve las de la Xunta y Bruselas, con las que «no se vislumbran dificultades», ha apuntado el consejero García Costas, quien ha ratificado que José María Castellano seguirá al frente de la captación de capital privado.

Además de la aprobación del plan de recapitalización, el Consejo de Administración de Novacaixagalicia ha dado luz verde a la reducción de su estructura organizativa una vez transferido su negocio financiero a NCG Banco, ya que suprimen las cuatro comisiones dependientes y otros tantos consejos territoriales.

Novacaixagalicia garantiza en su comunicado que mantendrá su naturaleza de caja de ahorros, con personalidad jurídica y condición de entidad de crédito, en una nueva etapa que afrontará con unos activos valorados en 344 millones de euros, entre los que se incluyen 97 centros e infraestructuras socioculturales en Galicia.

Una de las incógnitas que quedan por despejar es el futuro de los actuales directivos José Luis Pego y Javier García Paredes.

Según García Costas, esta cuestión no se trató en la reunión de hoy y está «en manos» de Castellano, aunque ha opinado que ambos deberían tener «un amplio futuro» en la entidad gallega.

«Espero que imperen el buen criterio y el sentido común, porque son dos personas de extraordinaria valía», ha aseverado.

Actualización

En la noticia contada por El País, se señala que el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, se deshizo en elogios al plan de recapitalización de NCG, que calificó de «positivo, razonable, bien hecho, serio y solvente». En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Blanco expresó además «muchísima confianza» en la persona de José María Castellano» para sacar adelante la caja.

Referencia.

La noticia también es accesible en la web de la entidad, con el título NCG Banco se recapitalizará con 2.465 millones para alcanzar el 10,45% de capital principal.

 

  • NCG incorporará nuevos accionistas una vez quede fijada su valoración
  • La caja aligera al máximo su estructura y elimina 4 comisiones y 2 consejos

 

08.09.2011 El consejo de administración de Novacaixagalicia ha aprobado en su reunión extraordinaria de esta mañana el plan de recapitalización del futuro NCG Banco, que recibirá inversiones externas por importe de 2.465 millones de euros. La caja gallega aportará a su futuro banco un patrimonio neto consolidado de 1.714 millones de euros. La suma del capital aportado por Novacaixagalicia y la captación externa de 2.465 millones permite alcanzar un capital principal del 10,45%. El capital externo será aportado por inversores privados y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una vez que esté fijada la valoración de la entidad.

Para la elaboración del plan de recapitalización se han tenido en cuenta el deterioro del entorno económico en los últimos meses, las medidas de capitalización interna realizadas (que en seis meses han incrementado el capital principal de la caja del 5,21% al 5,57%), las prescripciones del Banco de España, el cumplimiento del real decreto de recapitalización de febrero de este año y las recomendaciones de la Comisión Europea.

La recapitalización del futuro NCG Banco le permitirá situarse entre los índices de solvencia más elevados del sistema financiero europeo, con un capital principal del 10,45% y un coeficiente de solvencia del 15,67% (el coeficiente de solvencia actual de Novacaixagalicia es del 10,78%). Calendario NCG Banco NCG Banco se constituirá la semana próxima una vez que la entidad disponga de todas las autorizaciones legales que están siendo tramitadas.

La nueva entidad será inicialmente 100% propiedad de la caja gallega, hasta la realización de las ampliaciones de capital en las que el FROB y los inversores privados aportarán los 2.465 millones de euros comprometidos. Durante la reunión, los copresidentes de la caja dieron cuenta al consejo del cumplimiento de las condiciones suspensivas a que estaba sujeta la efectividad de la segregación de activos, a la espera de recibir las últimas comunicaciones oficiales. La creación de NCG Banco ya cuenta con las autorizaciones del Ministerio de Economía, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

NCG Banco nacerá con un activo de 75.773 millones de euros y un volumen de capital de 1.714 millones. Al igual que sucede con la caja, la sede social y fiscal de NCG Banco estará en A Coruña y la sede institucional y la dirección efectiva del negocio, en Vigo. El consejo de administración acordó también una ambiciosa reducción de la estructura organizativa de la caja gallega, una vez transferido el negocio financiero a NCG Banco.

La caja suprime todas las comisiones dependientes del consejo de administración (cuatro), así como los consejos territoriales. La reestructuración se adapta a las nuevas funciones de Novacaixagalicia, como gestora de la acción sociocultural y como tenedora de acciones de NCG Banco. De acuerdo con la legislación de cajas de ahorros, permanecen como órganos de gobierno la asamblea general, el consejo de administración y la comisión de control. Novacaixagalicia mantiene la naturaleza de caja de ahorros, con su personalidad jurídica y su condición de entidad de crédito. La caja iniciará su nueva etapa con unos activos valorados en 344 millones de euros, entre los que se incluyen 97 centros e infraestructuras socioculturales en Galicia.

 

Nueva edición de Saviálogos en Pamplona

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Banca Cívica celebrará los próximos 29 y 30 de septiembre de 2011 en Pamplona la sexta edición de Saviálogos, un cónclave en el que 64 expertos debatirán sobre ‘La metamorfosis de un sistema’ y realizarán sus aportaciones en seis mesas de trabajo que tocarán temas como la democracia, el estado de bienestar, la educación, la empresa, la función pública y la energía.

Hasta la capital navarra se trasladarán Blas Calzada, Eduardo Serra, Daniel Innerarity, Manuel Conthe, Maravillas Rojo, Santiago Carbó, Rafael Arias Salgado, Ignacio Santillana, Arantza de Areilza, Emilio Ontiveros, Guillermo de la Dehesa, Ángel Corcóstegui, Carlos Solchaga, José Barea, Isabel Tocino o Antonio Garrigues Walker.

Reunidos por Banca Cívica, bajo el título «La metamorfosis de un sistema», participarán en seis mesas de trabajo que debatirán sobre la democracia, el estado de bienestar, la educación, la empresa, la función pública o la energía:

  • «El Estado del Bienestar. Fin de una era»;
  • «La Democracia. Ciudadanía de Alta Intensidad»;
  • «La educación. ¿Qué educación necesitamos para un mundo incierto?»;
  • «La Función Pública. Hacia una arquitectura sostenible» o
  • «La energía. Lo que Fukushima desveló»

son algunos de los asuntos que de tratarán en esta cita, que se resumirá sus conclusiones en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona.

Este encuentro corresponde a la sexta edición de «Saviálogos», que convoca Banca Cívica, y, como en las anteriores, sus conclusiones se recogerán en un libro, que se presentará en un acto público en Madrid.

Las mesas de trabajo se desarrollarán durante la tarde del día 29 y la mañana del 30 de septiembre de 2011, mientras que la presentación pública de las conclusiones tendrá lugar el mismo día 30 a las 13.00 horas en un acto que tendrá lugar en el Baluarte de Pamplona.

Mesas de trabajo, coordinadores y componentes

Bajo el titulo ‘La metamorfosis de un sistema’, las mesas de trabajo son las siguientes:

  1. ‘La democracia. Ciudadanía de alta intensidad. Crisis y transformación de la democracia representativa’. Coordinada por Daniel Innerarity, está integrada por Manuel Aragón, Enrique Dans, Blas Calzada, Eduardo Serra, Rickard Sandell, Javier Díez Holchleitner, Ladislao Azcona, Emilio Lamo y José Ignacio Torreblanca.
  2. ‘El estado de bienestar. Fin de una era. ¿De qué puede hacerse cargo el Estado?’. Coordinada por Concha Osácar, está formada por Adrian Tschoegl, Aldo Olcese, Antón Costas, Carsten Moser, Jesús Quijano, José Antonio Herce, Manuel Conthe, Maravillas Rojo, Pilar del Castillo, Rafael Arias Salgado y Santiago Carbó.
  3. ‘La educación. ¿Qué educación necesitamos para un mundo incierto? De información y datos a desarrollos y habilidades’. Coordinada por Francisco Aldecoa, intervienen Carlos Martínez, Ignacio Santillana, Ángel Gómez Montoro, Sebastián Muriel, María Garaña, Arantza de Areilza, Rafael Myro, Salvador García Atance y Joaquín Garralda.
  4. ‘La empresa. El papel social de la empresa: ¿cómo redistribuir la riqueza?’. Coordinada por Emilio Ontiveros, la componen Ángel Corcóstegui, Emilio Novela, Guillermo de la Dehesa, Jaime Montalvo, Juan José Toribio, José Luis Erro, José Pérez, Julio Rodríguez, Rodolfo Carpintier y Soledad Núñez.
  5. ‘La Función Pública. Hacia una «arquitectura sostenible» del Estado’. Coordinada por Ricardo Martí Fluxá, participan Alberto Alonso Ureba, Íñigo Méndez de Vigo, Carlos Solchaga, José Barea, Felipe Oriol, Eduardo Ramírez, Álvaro Rodríguez Bereijo, Araceli Mangas, José Luis Piñar, Alberto Terol y Carmen Alonso Ledesma.
  6. ‘La energía. Lo que Fukushima desveló. ¿Qué energía necesita el mundo?’. Coordinada por Paulina Beato, participan Paul Isbell, Isabel Tocino, Juan Urrutia, José Luis Feito, Ángel Berges, Antonio Garrigues Walker, Julián Inza y José Luis García Delgado.

La voluntad del notariado

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Autor: JOSEP-MARIA URETA. Original publicado por El Periódico de Cataluña el 07/09/2011

CONGRESO PROFESIONAL

El colectivo ha celebrado en Sitges una de las sesiones conmemorativas de los 150 años de su fundación

Los procedimientos concursales, entre los temas más debatidos

Si hay dos expresiones que siempre están presentes en el discurso de un notario cuando explica la vigencia de su profesión son las de seguridad jurídica preventiva y autonomía de la voluntad. De cómo se concretan estos dos principios en el acervo legal español, cada vez más cambiante por la presión de la globalización y de las nuevas tecnologías, el colectivo de los notarios españoles ha elegido la convocatoria de varias sesiones.

La razón de fondo está en que en mayo del 2012 se va a conmemorar el 150 aniversario de la ley del notariado, que es presentada como una especie de decana de las leyes españolas, no precisamente por su inmutabilidad sino lo contrario, por la capacidad de adaptación. Así puede compartir el título de suceso destacado de 1862 con la invención del cinematógrafo o la abolición de la esclavitud en EEUU por Abraham Lincoln.

Las sesiones que vienen celebrándose en varias ciudades españolas desde marzo han ido acotando diversos ámbitos en los que está presente el notario: el derecho de familia, el derecho patrimonial o los conflictos interregionales. Las sesiones celebradas en Sitges desde el sábado pasado hasta ayer se han dedicado al derecho mercantil.

La conferencia principal fue de ámbito más político. El exvicepresidente Pedro Solbes habló de la crisis con una conclusión clara: «Los problemas siguen sin resolverse». Para el que fue máximo responsable de la economía española en varias etapas, hay dos impactos externos que marcarán el futuro: «Nunca volveremos a entrar en el euro y su política monetaria tan laxa, ni nunca viviremos un proceso de inmigración tan intenso». Ambos determinaron un crecimiento ininterrumpido de 13 años. «Para recuperar esa senda hacen falta más reformas estructurales».

En este capítulo, los notarios han aportado sus propuestas para que se revisen dos leyes de las que tienen una visión pormenorizada: la ley de sociedades de capital y la de concurso de acreedores. El presidente del Notariado, Manuel López Pardiñas, y el vicepresidente, Joan Carles Ollé, defendieron estas propuestas en el acto de clausura.

En coincidencia con el congreso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) difundió una nota en la que denunciaba a notarios y registradores por el cobro abusivo en la cancelación de hipotecas. Según la OCU, en algunos casos lo que debería costar 70 euros a veces alcanza los 260. En una breve respuesta, los notarios aseguraron que sus tarifas se ajustan a lo dispuesto por la dirección general de registros y notarías.

EU Trusted Lists of Certification Service Providers

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On 16 October 2009 the European Commission adopted a Decision setting out measures facilitating the use of procedures by electronic means through the ‘points of single contact’ under the Services Directive. One of the measures adopted by the Decision consisted in the obligation for Member States to establish and publish by 28. 12.2009 their Trusted List of supervised/accredited certification service providers issuing qualified certificates to the public. The objective of this obligation is to enhance cross-border use of electronic signatures by increasing trust in electronic signatures originating from other Member States. The Decision was updated several times since 16.10.2009, the last amendmentwas made on 28.7.2010.

The «human readable version» includes useless and redundant information, and also shows a low «quality control», since there are some links missing. Of all included information, I have extracted the parts that are really relevant and incuded in this post.

List of Trusted List information as notified by Member States

EU:List containing, in accordance with Art. 2 (4) of Commission Decision 2009/767/EC of 16 October 2009 setting out measures facilitating the use of procedures by electronic means through the ‘points of single contact’ under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market, as amended by Commission Decision 2010/425/EU, the information notified by Member States pursuant to Art. 2 (3) of Commission Decision 2009/767/EC.

In accordance with Art. 2 (4) of Commission Decision 2009/767/EC of 16 October 2009 setting out measures facilitating the use of procedures by electronic means through the ‘points of single contact’ under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market, as amended by Commission Decision 2010/425/EU, the present list contains the information notified by Member States pursuant to Art. 2 (3) of Commission Decision 2009/767/EC.

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I have informed about Spanish TSL recently (article in spanish)

Notarios y registradores esperan a que se concrete el coste de cancelación de la hipoteca

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MADRID, 6 Sep. 2011 (EUROPA PRESS) Ver artículo original

Los notarios y registradores de la propiedad han explicado que están a la espera de que la Justicia determine la aplicación de los aranceles que deben cobrar al consumidor por la cancelación una hipoteca, según explicaron en sendos comunicados.

Así han pronunciado el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores, tras conocer la acusación formulada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra ellos por cobrar hasta 93 millones de euros de forma indebida por cobros superiores a los aranceles establecidos en la reforma de 2007.

Los registradores explicaron que la «falta de claridad» del criterio introducido en dicha reforma ha motivado que se hayan dictado resoluciones administrativas contradictorias respecto a la aplicación de los aranceles.

Estas resoluciones son las que están recurridas ante los distintos tribunales -las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Cataluña, País Vasco, Málaga y Sevilla- pendientes de resolución. Los honorarios de los registradores están controlados por un procedimiento de impugnación de minutas establecido en el Real Decreto 427/1989.

Por su parte, el Notariado añadió que hasta que los tribunales se pronuncien, sus colegiados deben aplicar la doctrina de la Dirección General de los Registro y del Notariado (DGRN) en materia de cancelación de hipotecas, que en los últimos meses se ha pronunciado en el sentido de que son documentos sin cuantía (con coste mínimo para el consumidor).

Por el momento, solo se conoce la sentencia dictada el pasado 24 de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que dio la razón a un particular frente a un registrador por la disputa de una minuta por cancelación hipotecaria, a la que tuvo acceso Europa Press. Esta resolución es firme.

El registrador de la propiedad cobró al cliente 122,53 euros por la cancelación de un préstamo hipotecario, cuando, según concluye la sentencia, debía cobrar un arancel de 24,04 euros con una reducción del 90%, resultando un importe de 2,4 euros, al tratarse de una hipoteca sin capital pendiente (como era el caso) o cuando éste sea de entre 0 euros a 6.010 euros.